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  • Desplazaron de Dock Sud a gerentes sospechados de hacer negociados y hay conflicto con un gremio

     

    El cambio de mando en el Puerto Dock Sud disparó un choque con gerentes que vienen de la pasada estructura y que ahora fueron desplazados por sospechas de negociados y de una intervención irregular en la licitación clave del dragado.

    La reestructuración que encaró Mónica Litza al asumir como titular del consorcio portuario fue rechazada por la Unión de Personal Superior Ferroviario (UPSF), gremio en el que están encuadrados los gerentes desplazados y que denunció un «avasallamiento» a los trabajadores de carrera.

    Por eso, UPSF convocó para este martes a una movilización «en solidaridad a los compañeros de carrera del Consorcio Dock Sud» y «por la defensa de la carrera administrativa».

    «No mencionan despidos porque no hay ninguno», señalaron a LPO cerca del directorio portuario, donde sostienen que tampoco se tocará la carrera administrativa de los desplazados ya que solo se trata de un cambio de funciones.

    En Dock Sud sostienen que la marcha es motorizada por el ex miembro del directorio Leonardo Salom, quien conformó el sindicato UPSF tras perder la interna y ser expulsado del gremio de los trabajadores jerárquicos Apdfa, que está en el convenio del consorcio y tiene una silla en el directorio.

     En Dock Sud, fuentes cercanas a la nueva conducción del consorcio manifestaron a LPO que «no se despidió a nadie y hay ningún agravio desde el punto de vista laboral» y que las reasignaciones de funciones fueron apoyadas por unanimidad  en el directorio. 

    Fuentes de Apdfa señalaron a LPO que no sólo no se sumarán a la movilización de este martes contra Litza, sino que aseguran que se trata de «una movida que está armando Salom» para sostener como gerente de Legales al desplazado Ignacio Leonardi, que a la vez es el delegado del gremio en el puerto.

    En Apdfa lo ubican a Leonardi como el brazo ejecutor de Salom y lo culpan de ser el ejecutor de despidos de trabajadores que, ahora, están logrando reincorporar.

    Previo a su llegada a Dock Sud, Leonardi tuvo durante el macrismo un paso como director de Recursos Humanos del Hospital Posadas, donde una asamblea de trabajadores lo declaró persona no grata a partir de despidos.

    Mónica Litza junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, al asumir al frente del Puerto Dock Sud semanas atrás.

    Actualmente, Leonardi es acusado de ser el emisario de Salom en el puerto de Comodoro Rivadavia para ejecutar persecución de trabajadores enrolados en Apdfa.

    En Dock Sud, fuentes cercanas a la nueva conducción del consorcio manifestaron a LPO que «no se despidió a nadie y hay ningún agravio desde el punto de vista laboral» y que las reasignaciones de funciones (fundamentalmente la relativa a Leonardi) fueron apoyadas por unanimidad por los miembros del directorio.

    Además, recalcaron que UPSF no cuenta con personería jurídica en la seccional que abarca al puerto. «Están invocando una representatividad que no tienen», aseguran voces con llegada al directorio.

     En medio de este conflicto, aparece la licitación del dragado del puerto, que tiene como objetivo central el aumento del calado de acceso para que puedan operar en Dock Sud los Neopanamax, los buques de contenedores más grandes del mundo. 

    En concreto, las sospechas que se posan sobre Salom y Leonardi hablan de «un circuito paralelo» y una serie de irregularidades con epicentro en las gerencias de Legales y Finanzas que habían desarticulado áreas del organigrama original del puerto para así tener el control del circuito de compras y licitaciones.

    «La movida que hacen no es por una reivindicación de los trabajadores sino para seguir manteniendo una posición de poder», señaló una fuente que defendió el desplazamiento de Leonardi.

    En medio de este conflicto, aparece la licitación del dragado del puerto, que tiene como objetivo central el aumento del calado de acceso para que puedan operar en Dock Sud los Neopanamax, los buques de contenedores más grandes del mundo.

    Jan de Nul ganó el dragado de Dock Sud, pero la provincia quiere meter a los chinos

    LPO contó que aquella compulsa fue ganada por la UTE compuesta por Compañía Sudamericana de Dragados (filial local de la Belga Jan de Nul) y ServiMagnuss.

    No obstante, hoy ese proceso está observado, a la espera de lo que dicten los organismos de control provinciales, siendo una posibilidad concreta que se caiga y se haga un nuevo llamado.

    Hay voces del entramado portuario que hablan que hay presiones de la china CCCC para que se haga un nuevo llamado y así poder ingresar su oferta.

    «Se va a encargar una auditoría», adelantaron a LPO cerca del directorio, donde señalaron que uno de los objetivos centrales es transparentar los procesos licitatorios.

     

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     Los últimos días de la política cordobesa desataron un verdadero tembladeral por distintas cuestiones. Porque, pasada la discusión por la reforma previsional, y en medio de las fricciones con Casa Rosada por la sanción del Presupuesto en el Congreso, el llaryorismo empujó en la siesta de este martes un acuerdo para ceder la silla de una fiscalía adjunta de la procuraduría penitenciaria a la UCR que responde a Rodrigo de Loredo.

    Cubriendo así una de las vacantes en la polémica Procuraduría del Servicio Penitenciario cuya creación se votó hace unas semanas en la Legislatura provincial.

    Todo esto, como uno de los datos sobresalientes de un reacomodamiento que implica el reseteo completo del Ministerio Público Fiscal que aceleró hace dos semanas cuando nombró al ex socio de Juez, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales y tal cual lo contó LPO.

    Llaryora ganó simultáneas, empujó la derrota de Milei en Diputados y aprobó su reforma previsional en Córdoba

    Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas de la polémica procuraduría del servicio penitenciario. Organismo que se sancionó con fuertes cruces de la oposición en la Legislatura a principios de mes y que el oficialismo se vio obligado a quitar dos artículos centrales: cargos vitalicios y jubilaciones de privilegio para los integrantes de la procuraduría.

    Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas.

    Sin embargo, el llaryorismo no contó con el aval de la oposición que abandonó el recinto y entre los que, el propio radicalismo se retiró acusando la creación de un organismo ineficiente.

    Porción de la UCR de la que sale ahora una de las postulantes para la fiscalía adjunta como Degano, que llega de la mano del exnegrista Julio Ochoa, un hombre afín al presidente del partido, Marcos Ferrer, y quien ayudó para que Degano llegara al directorio del Tribunal de Cuentas, el organismo provincial controlado por el juecismo.

    Esto exacerbó los ánimos del juecismo que salió con el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, a decir: «repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial». «No se tranza con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y por el otro Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder».

    Mismo tono con el que se expresó también el exintendente Ramón Mestre: «la designación de funcionarios judiciales de alto rango entre gallos y medianoche, y la aprobación en general de un presupuesto tramposo para el ciudadano, ambas decisiones, con el supuesto aval de Marcos Ferrer en su carácter de presidente de la UCR, constituyen no sólo una medida inconsulta que nunca fue puesta a consideración en el seno de los organismos partidarios, sino también la pérdida de identidad ideológica».

    Repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial.

    Cerca de la medianoche, radicales de la Unicameral buscaron despegarse de la maniobra en redes al decir que Llaryora «compró» a la dirigente radical, pero lo cierto es que el vínculo entre Degano y Ochoa, y de éste con Ferrer, existe. Y sobre el acuerdo algunos apuntan a la relación del Secretario General de la Gobernación, el ultrallaryorista David Consalvi, un peronista con domicilio en Río Tercero, la ciudad que gobierna Ferrer y en buena parte una especie de garante para asegurar la continuidad de la UCR en la localidad después del 2027.

    En tanto, para la otra fiscalía adjunta fue postulada Guadalupe Trillo, del llaryorismo puro que tambaleó con la purga que hizo en la capital cordobesa el intendente Daniel Passerini en el área de ambiente.

    Asimismo, como Procuradora del mencionado organismo, el llaryorismo postuló a Bettina Croppi, la fiscal general adjunta impulsada por el viguismo y quien tendrá ahora el joystick de las cárceles cordobesas. 

     

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