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A 80 años del aguinaldo: cuando el salario dejó de ser caridad y pasó a ser derecho
En diciembre de 1945, una decisión política cambió para siempre la relación entre el trabajo y el Estado en la Argentina. El aguinaldo no nació como beneficio ni regalo: fue una conquista obrera institucionalizada por el peronismo, resistida por el poder económico y defendida en la calle.
Por Alcides Blanco para NLI
El 20 de diciembre de 1945, fecha de la que hoy se cumplen ocho décadas, el gobierno surgido de la Revolución del ’43 firmó el Decreto N.º 33.302/45, que creó el Sueldo Anual Complementario (SAC). La medida fue impulsada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por Juan Domingo Perón, cuando todavía no había sido electo presidente.
Aquella decisión no fue técnica ni neutra. Fue profundamente política: reconocía que el salario no alcanzaba solo para reproducir la fuerza de trabajo, y que el Estado debía intervenir para equilibrar una relación históricamente desigual entre capital y trabajo. Por primera vez, el ingreso anual del trabajador pasaba a ser un asunto de política pública.
El decreto que desató la furia patronal
El Decreto 33.302/45 establecía el pago de un salario adicional anual, equivalente a la doceava parte de lo percibido durante el año. La reacción del empresariado fue inmediata y feroz. Las cámaras patronales denunciaron que el aguinaldo era “confiscatorio”, “inviable” y “demagógico”. Los grandes diarios de la época editorializaron contra la medida y auguraron caos económico.
La respuesta vino desde abajo. Miles de trabajadores salieron a la calle para defender el decreto, en un clima político todavía marcado por la reciente liberación de Perón tras el 17 de Octubre. El aguinaldo se transformó así en algo más que un ingreso extra: se convirtió en un símbolo del nuevo pacto social que estaba naciendo.
No es un dato menor que el aguinaldo haya sido creado antes de la presidencia formal de Perón. Eso explica por qué su origen está ligado a la Secretaría de Trabajo y Previsión y no a una ley del Congreso: el poder real de esa política no estaba en los despachos, sino en la organización obrera.
De conquista a derecho permanente
Ya con Perón en la Presidencia, en 1946, el aguinaldo fue ratificado por ley e incorporado de manera definitiva al sistema laboral argentino. A partir de allí, ningún gobierno pudo eliminarlo sin enfrentar un enorme costo político y social.
Con el tiempo, el Sueldo Anual Complementario pasó a abonarse en dos cuotas, en junio y diciembre, como rige actualmente. Esa modificación administrativa no alteró su esencia: el reconocimiento de que el salario mensual no agota el valor del trabajo realizado durante el año.
Durante las dictaduras y los períodos neoliberales, el aguinaldo fue atacado indirectamente: licuado por la inflación, precarizado mediante empleo informal o directamente negado a millones de trabajadores excluidos del sistema. Pero incluso en esos contextos, el derecho nunca fue derogado, lo que habla de su profunda legitimidad social.
Ocho décadas después, el sentido sigue en disputa
A 80 años de su creación, el aguinaldo vuelve a ser cuestionado, esta vez desde discursos que lo presentan como “un costo”, “una carga” o “un privilegio”. Es el mismo lenguaje patronal de 1945, reciclado con estética libertaria y retórica antisindical.
Recordar el origen del aguinaldo no es un ejercicio nostálgico. Es una advertencia histórica: los derechos laborales no nacen del mercado ni de la buena voluntad empresaria. Nacen de decisiones políticas respaldadas por organización popular.
El aguinaldo fue, y sigue siendo, una frontera. De un lado, quienes creen que el trabajo es una mercancía más. Del otro, quienes sostienen que sin justicia social no hay democracia posible.
Ochenta años después, la pregunta no es si el aguinaldo “se puede pagar”. La verdadera pregunta es qué tipo de país se quiere construir.
Se demora la quita de subsidios a los ricos por la resistencia de las empresas a desarmar el Plan Gas del kirchnerismo
El Gobierno anunció la entrada en vigencia de un nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados, como le impuso el FMI, pero aun no ha sido implementado.
A una semana de la publicación del decreto que debía poner en marcha el nuevo esquema, siguen vigentes los precios mayoristas de gas y electricidad del régimen anterior. No hay nuevos cuadros tarifarios. Tampoco hay precisiones operativas. Las categorías por ingresos N1, N2 y N3 continúan activas, pese a que el discurso oficial ya las dio por superadas.
A fines de diciembre, la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti ajustó el precio estacional de la energía (PEST) un 3% y el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte (PIST) apenas un 0,53%. Ambos movimientos se hicieron bajo los parámetros del esquema anterior.
Esos dos precios no son un detalle técnico. Son la base sobre la cual los entes reguladores calculan los cuadros tarifarios que llegan a las facturas. El argumento oficial fue que faltaba la norma que ordenara la instrumentación del nuevo régimen.
Mindlin pinchó el globo de las exportaciones de gas al polo industrial de San Pablo
Esa norma llegó recién el 2 de enero, primer día hábil de 2025, cuando Javier Milei firmó el decreto 943/2025 de subsidios energéticos focalizados. Desde entonces pasaron seis días hábiles y Energía todavía no publicó los nuevos valores de PEST y PIST para usuarios residenciales, ni para los que recibirán subsidios ni para los que quedarán afuera. En la práctica, los hogares de mayores ingresos siguen percibiendo ayuda estatal en sus boletas de luz y gas, algo que el propio Gobierno dice querer eliminar.
Las demoras no son inocuas. Las distribuidoras tienen cada vez menos margen para adaptar sus sistemas de facturación. Se elimina una categoría. Se incorpora una bonificación adicional del 25% que rige este año y se va reduciendo hasta desaparecer en diciembre. Si el esquema no entra en vigencia este mes, todo el cronograma se corre y el ahorro fiscal prometido también, tal como calculó el portal especializado El Post Energético.
Pero en la industria miran otro frente. Afirman que la indefinición sobre el costo de la energía está íntimamente ligada a las dificultades para desarmar el Plan Gas.
La plata de Fortín de Piedra de Techint en Vaca Muerta.
«Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple. Y cuando un Estado rompe contratos, el mensaje al mercado es devastador. Si el Gobierno quiere modificar el esquema, debería sentarse a renegociar, buscar una transición ordenada, no avanzar de hecho. Desarmarlo de un día para otro es jurídicamente muy difícil y económicamente peligroso. No es una perilla que se apaga: atrás hay inversiones, financiamiento y producción en curso», afirmó a LPO un importante empresario petrolero.
En rigor, el nuevo diseño del precio del gas natural introduce un cambio estructural: el valor será el mismo todo el año, sin diferenciar invierno y verano.
El nuevo esquema fija subsidios del 50% del costo del gas entre abril y septiembre, con volúmenes que dependen de la región, y suma la bonificación del 25% el primer año. Con esa lógica, el nuevo PIST debería ubicarse todo el año en 3,79 dólares por millón de BTU. El problema es que los cuadros hoy vigentes fijan 2,98 dólares para el verano. Mientras no se actualicen, los usuarios reciben un subsidio mayor al previsto.
Ese precio plano obliga a reformular el Plan Gas, que fue diseñado justamente con precios diferenciados por estacionalidad. Y ahí aparece el nudo político y económico. El Plan Gas fue, para las empresas, un negocio redondo. Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.
El Estado compró toda la producción hasta 2028, garantizando un precio dolarizado por encima de la referencia internacional. Además, el esquema incluye cláusulas de take or pay: aunque no necesite todo el gas contratado, el Estado debe pagar al menos el 75% del volumen acordado.
Para el Estado, el acuerdo también tenía una lógica. Le dio previsibilidad al sistema energético. El gas no es solo lo que llega por red o garrafa. Es el insumo clave de la generación térmica que explica buena parte de la electricidad del país.
Ahora el Gobierno busca desarmar ese andamiaje. Para eso, empezó a ofrecer «regalitos» a las petroleras para que acepten salir antes de los contratos. Eliminar el control sobre los planes de inversión. Quitar la obligación de destinar un 30% de la producción al sector industrial. Y pagar un 5% más de adelanto por los volúmenes inyectados, solo con declaración jurada y sin certificaciones.
En el sector deslizan que el «regalito» mayor todavía no se mostró. «Cuando aparezca, el costo no lo van a pagar las petroleras. Como casi siempre, va a terminar en la boleta», afirmó un especialista consultado.
Kicillof convertirá en autopista la ruta 11 entre Pinamar y Mar de Ajó
Axel Kicillof anunció este miércoles que convertirá en autopista unos 48 kilómetros de la ruta 11 entre Pinamar y Mar de Ajó. El anuncio forma parte de dos obras clave para el corredor atlántico bonaerense: completar la doble mano en esa ruta que conecta los balnearios más importantes de la costa y la repavimentación total de la autovía 2.
El gobernador hizo el anuncio en Villa Gesell donde realizó la primera conferencia de verano, una actividad donde se expusieron las primeras estadísticas de la temporada. La obra tendrá una inversión de USD100 millones que surgirán por un lado de los ingresos de la empresa Aubasa, pero también a través de un crédito que gestiona la empresa estatal a partir de una autorización de endeudamiento aprobada en diciembre en la Legislatura.
LPO había adelantado que Kicillof buscaba llegar al final del mandato con la ruta 11 transformada en autovía desde Mar del Plata hasta Esquina de Crotto, donde está la conexión con la ruta 63, nexo con la Autovía 2. Desde hace varios meses se trabaja en la ejecución de la ampliación a doble mano entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Sin embargo, el tramo Mar de Ajó-Pinamar estaba sujeto a financiamiento.
Anuncian que para fin del mandato de Kicillof las rutas a la costa serán autovías renovadas
Fuentes del gobierno explicaron a LPO las dos vías por las cuales se buscará llegar a los USD 100 millones. En el endeudamiento que la legislatura aprobó en diciembre había un tramo de USD 250 millones destinados a obras de infraestructura vial de Aubasa.
En tanto, los restantes USD 750 millones deberán salir del cobro de peajes en la Autovía 2 y la Autopista Buenos Aires-La Plata. Días atrás, la empresa estatal aplicó una suba de un 7% y se sabe que los peajes seguirán en alza a través de un mecanismo trimestral de aumento.
A partir de 2024, la empresa arrancó un proceso de saneamiento administrativo, con una estrategia hacia la concreción de obra pública y un plan de negocios con la tarifa de los peajes. En La Plata ven que ese plan está dando buenos resultados.
El proyecto para convertir en doble mano el tramo entre Pinamar y Mar de Ajó contempla trabajos sobre dos secciones de 25 y 23 kilómetros cada uno. Estos incluirán la construcción de la doble calzada con banquinas pavimentadas, cantero central y sistemas de retornos situados en los principales accesos e hitos del tramo.
Además, se contemplan obras hidráulicas, señalización completa e iluminación en accesos e intersecciones, así como también dársenas, refugios peatonales y obras de seguridad vial.
El presidente de Aubasa, José Arteaga.
La ejecución de esta obra permitirá terminar de completar los 200 kilómetros de autovía en la Costa Atlántica, desde San Clemente hasta Mar del Plata, brindando mayor seguridad vial, capacidad y nivel de servicio al tránsito regional.
Se trata de una ruta clave para la actividad económica regional, el intercambio social y el acceso a servicios de emergencias y centros de salud y educativos, especialmente en los meses de verano.
«Son 100 millones de dólares. No son para la timba. Son para obras para la gente y para el sector privado. Es crédito, lo hemos conseguido y ahí se ven las máquinas trabajando», dijo Kicillof este miércoles en Villa Gesell.
«Milei, devolvele a la provincia todo lo que le robaste. Podes estar enojado, puede no gustarte Perón, Keyness, Kicillof. Puede no gustarte nadie, pero es ilegal apropiarse de los fondos para educación, salud, jubilaciones, obra pública y usarlo para la timba como lo estás haciendo», agregó.
Continúan los trabajos para mejorar la captación de agua en las plantas
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina continuó esta semana con los trabajos para mejorar el caudal de captación de agua en las bombas. En este caso se llevaron adelante tareas de dragado en la entrada del río Negro para alimentar el filtro y, de esta manera, aumentar el caudal…
La doctrina del vale todo
Después de los bombardeos en Caracas durante la noche, la mañana del sábado fue de extraña tranquilidad en otros estados de Venezuela. Colegas me mandaron desde Puerto Ordaz, a casi 700 kilómetros de la capital, fotografías de la gente saliendo a hacer las compras y a trabajar como si nada pasara. En el país hay, hace tiempo, una cotidianidad desenganchada y fatigada de la política.
En Venezuela, una parte de la vida diaria parece seguir, ajena a la foto de Nicolás Maduro fotografiado esposado y en jogging. Podría ser la imagen de un líder pandillero o de un narco. Da igual. Pero es un presidente convertido en criminal por la justicia estadounidense. Y por el propio Donald Trump. Mientras el presidente de Estados Unidos, que gobierna más allá de sus fronteras, anuncia que controlarán Venezuela hasta que ocurra una transición, un sector importante de la población venezolana sigue en la suya, aparentemente desimplicada de la política. El peso de la vida diaria lo insume todo.
Las diversas crisis económicas y la política gubernamental han lastrado el liderazgo de Maduro. Pocos llorarán por él. Tampoco habrá movilizaciones masivas pidiendo por María Corina Machado, sobre quien Trump, en la conferencia de prensa de hoy, dijo que no tiene “apoyo interno ni respeto del país”.
En Venezuela hay, hace tiempo, una cotidianidad desenganchada y fatigada de la política.
En el resto del mundo, apenas blandas declaraciones. Las condenas esperables de los gobiernos de México, Brasil y Colombia. En Argentina, celebran Milei, sus ministros y legisladores. También Mauricio Macri. Lula da Silva y Claudia Sheinbaum han criticado la incursión militar y sobre todo, el presidente de Brasil destaca lo más relevante: Trump cruzó la línea de lo aceptable y recuerda las históricas injerencias de EEUU en la región. La Union Europea se ve tensionada por las distintas posiciones con respecto a Trump. El bloque europeo solo reivindicó el respeto al derecho internacional. Festejan Giorgia Meloni y Emmanuel Macron. Una sorpresa: la líder francesa de extrema derecha, Marine Le Pen, rechazó la incursión de los Estados Unidos, alegando que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”. El premier de Gran Bretaña, Keir Starmer, invocó el derecho internacional, pero advirtió que no derramará lágrimas por Maduro.
Lo cierto es que, mientras reina ese aparente letargo interior y exterior, el movimiento de Trump rompe los consensos instaurados en los últimos cuarenta años por las dinámicas del multilateralismo y las normativas que establecen la ONU, la OEA y, en última instancia, el derecho público internacional. Estados Unidos confirma un poder que legitima la ruptura de los principios de autodeterminación estatal y quiebra al Estado Nación como concepto.
Trump está decidido a reconfigurar la política exterior norteamericana saliéndose de cualquier libreto imaginado en las últimas décadas. Y para ello posee un contexto favorable con importantes líderes de derechas radicales que apoyan su gobierno. Y además se considera artífice de victorias electorales, como las de Javier Milei y la del presidente electo hondureño Nasry Asfura. La fortuna está con Trump y eso lo lee cualquier avesado astrólogo del poder.
Una sorpresa: la líder francesa de extrema derecha, Marine Le Pen, rechazó la incursión de los Estados Unidos, alegando que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”.
La defensa militar y la inteligencia venezolana fallaron. La seguridad que exhibía Maduro en diversas entrevistas o presentaciones públicas se desmoronó en pocas horas. La incursión a Venezuela se fue rediseñando. Comenzó en el Mar Caribe, con el despliegue de una potente flota de la Armada estadounidense. La presión fue aumentando, pero a pocos pareció importarle. Las tropas estadounidenses estaban estacionadas frente a Venezuela desde agosto. Durante algo más de cuatro meses pasaron de atacar impunemente a embarcaciones sospechadas de llevar drogas a Estados Unidos —al menos 35 ataques y más de 115 muertos— a retener cargueros petroleros y sancionar y bloquear a algunos de esos buques.
Esto ya inauguró un potencial peligro para la estabilidad del régimen venezolano: no hay quien sobreviva políticamente en ese país si se toca la columna vertebral petrolera.
Mientras tanto, la narrativa de la guerra contra las drogas —que se construye desde los años cincuenta en Estados Unidos— se fue asociando a la necesidad de recuperar el petróleo y los activos que Venezuela le había quitado al país.
Trump está decidido a reconfigurar la política exterior norteamericana saliéndose de cualquier libreto imaginado en las últimas décadas. Y hoy tiene un contexto favorable con importantes líderes de derechas radicales que apoyan su gobierno.
Esta vez, Trump contaba con tres elementos a su favor para avanzar.
Primero, consenso entre la ciudadanía norteamericana para apresar a Maduro. La encuesta de Harris Poll y Harvard Caps —realizada entre el 2 y el 4 de diciembre de 2025— revelaba que más del 70 por ciento estaba de acuerdo con derrocar a Maduro y hacerlo enfrentar un juicio.
Segundo, la debilidad política, económica y militar de Maduro y su régimen.
Tercero, que no recibiría grandes condenas de otros grandes jugadores internacionales.
Entonces Trump avanzó, rompió todas las reglas y abrió un nuevo escenario. Se dio tiempo para bromear con que ha superado la Doctrina Monroe —América para los americanos— y ahora habrá que rebautizarla como Doctrina Donroe. Y justificó la decisión de pasar por encima del Congreso para garantizar el efecto sorpresa del ataque. Es una doctrina del vale todo.
Esto ya inauguró un potencial peligro para la estabilidad del régimen venezolano: no hay quien sobreviva políticamente en ese país si se toca la columna vertebral petrolera.
Mientras tanto, el progresismo latinoamericano —que siempre cargó como un peso la experiencia chavista y madurista— hoy solo se aferra a la normativa internacional de sostener con poco énfasis alguna discusión en las redes y los devaluados foros internacionales. La ONU, la OEA y ninguna otra organización o bloque pudieron conducir a los Estados Unidos a una salida diplomática. Trump, en nombre de la seguridad de los Estados Unidos, las desconoce. Reivindica la fuerza. Ha establecido el caos como parte de su gobernanza internacional. Esto rompe cualquier certidumbre política y recupera el carácter violento y sin mediación de la política. Ese poder impone reglas precarias y obliga a los países débiles a tomar posición. Roma no paga traidores y eso el presidente norteamericano lo ha hecho saber (parte de ese laboratorio se inició con los aranceles).
Es interesante: mientras Trump reclama la influencia sobre el hemisferio occidental e indica la posibilidad de un segundo ataque, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, llama a los motorizados a defender el país. A su vez, mientras por el canal VTV circulan imágenes sobre ataques a los cuarteles y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, indica que van a defender Venezuela y que el único presidente es Maduro, una parte importante de la población en Venezuela se busca la vida como lo hace casi todos los días. Existe una profunda desconexión entre la política y las vidas ciudadanas.
Se abre un nuevo escenario en Venezuela. Trump advirtió que la transición será larga y que Machado no puede estar al frente de la tarea. La estructura gubernamental y militar chavista se mantiene y, por ahora, no fue arrasada. Por lo tanto, sus actores están disponibles para futuras negociaciones con los Estados Unidos. Hoy, de alguna manera, comienza una transición en Venezuela. No sabemos cómo termina. Lo que sí sabemos es que el gobierno de Maduro está herido y que cuenta con demasiadas debilidades locales y regionales para torcer grandes dosis de injerencia norteamericana. Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados mientras se realiza la transición y todo entrará en una zona de realpolitik, por ahora, desconocida. Queda por observar qué pasará con el petróleo y el impacto de ésta incursión en el bloque de poder chavista. También: cómo influirá el aterrizaje del gobierno estadounidense en el resto de los países de la región. ¿Qué papel jugará Argentina? ¿Cómo reaccionará Colombia? ¿Lo aceptará Brasil sin chistar?
El progresismo latinoamericano —que siempre cargó como un peso la experiencia chavista y madurista— hoy solo se aferra a la normativa internacional de sostener con poco énfasis alguna discusión en las redes y los devaluados foros internacionales.
Habría que considerar algunas cosas más: Trump logró una gran legitimación de los emigrados venezolanos en la región, de una parte de la población norteamericana que prontamente deberá participar de las elecciones intermedias de 2026 y una significativa capacidad militar y liderazgo frente a China y Rusia en un hemisferio donde ambos países tienen intereses económicos y geopolíticos.
Veni, vidi, vici. Hoy Trump jugó y —por ahora— ganó.
La entrada La doctrina del vale todo se publicó primero en Revista Anfibia.
