El Consejo Nacional Electoral de Honduras proclamó a Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030, tras un conteo de votos que se extendió por más de tres semanas y mantuvo al país centroamericano en una situación de incertidumbre política.
La autoridad electoral confirmó la victoria del candidato del Partido Nacional, quien obtuvo el 40,27 % de los sufragios, superando por poco a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39,39 %.
«Honduras: estoy preparado para gobernar. No les voy a fallar», escribió Asfura en sus redes sociales tras conocerse el anuncio del CNE. El mensaje fue difundido mientras simpatizantes celebraban en su sede de campaña, en contraste con el clima de tensión que persistía entre sectores opositores.
En este marco, el expresidente y coordinador general del Libre, Manuel Zelaya, denunció «un golpe de Estado electoral». En un mensaje en X, Zelaya aseguró que «se está violentando de manera flagrante la Constitución, la ley electoral y el principio democrático».
«El CNE pretende dar por aprobado de facto un informe administrativo de la Secretaría General para cancelar el escrutinio especial presidencial, sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden», planteó.
Según el esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, quien previamente también llamó a manifestaciones, «este acto nulo criminaliza arbitrariamente las impugnaciones legítimas presentadas por alcaldes y diputados» y «es una burda maniobra para allanar el camino hacia una declaratoria ilegítima y fraudulenta de la Presidencia de la República».
Honduras: estoy preparado para gobernar. No les voy a fallar
Entre los consejeros del CNE, las opiniones divergen. Si bien la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la segunda consejera, Cossette López, apoyaron el llamado a definir resultados, el consejero Marlon Ochoa se opuso a esta propuesta.
«No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito. Hacerlo me convertiría en cómplice por acción u omisión. Aquí se consumará un golpe de Estado electoral que lesiona y ofende gravemente la integridad del sufragio, la soberanía popular como base del orden democrático», aseguró Ochea en la previa.
Xiomara Castro denuncia desde hace semanas injerencia por parte de Donald Trump, quien apoya abiertamente a Nasry Asfura, así como «un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y adulteración de la voluntad popular». Sin embargo, la semana pasada, dijo que reconocería los resultados y permitiría una transición pacífica del poder.
Tras la confirmación, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto para reconocer al nuevo presidente en una muestra de los aliados de derecha que Honduras tendrá en esta nueva etapa bajo el liderazgo de Donald Trump.
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Julia Strada elaboró un pedido de informes al Banco Central para que Santiago Bausili informe si el gobierno argentino apeló a nueva deuda para cancelar el swap con Estados Unidos, pese a que sobran indicios acerca de que nunca hubo lo que técnicamente se considera un intercambio de monedas, tal como reveló LPO.
La diputada kirchnerista presentará el próximo lunes la resolución para que la autoridad monetaria comunique «qué operación u operaciones financieras se realizaron de manera simultánea o en fechas próximas que permitieron compensar el egreso (para cancelar el vencimiento de este 9 de enero), detallando montos, instrumentos utilizados, contrapartes, condiciones financieras y su impacto contable sobre las reservas internacionales».
La inquietud de la legisladora se funda en que el BCRA divulgó este viernes que la operación para cancelar la deuda «no se reflejó en una disminución de las reservas internacionales».
Por eso, reclama que se detallen condiciones financieras, incluyendo tasa de interés, plazos, costos asociados y organismo otorgante, de las operaciones que se hayan realizado para saldar la asistencia norteamericana.
Además, solicita que se indiquen «las razones por las cuales no fue oportunamente informada la activación del swap, habida cuenta de que el BCRA únicamente comunicó su firma, aclarando en qué momento, bajo qué condiciones y por qué instrumentos se consideró operativo un swap cuya activación no fue informada públicamente».
Y por último, pregunta «si la cancelación del swap guarda relación temporal o sustantiva con las gestiones, requerimientos o procesos de divulgación de información en curso en el Congreso de los Estados Unidos de América respecto del acuerdo celebrado en el marco del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE), y, en su caso, detallar el grado de vinculación existente».
Santiago Bausili.
En efecto, LPO informó esta semana que el Congreso norteamericano, a través de un ámbito equivalente a la Oficina del Presupuesto en la Cámara de Diputados, alertó que Argentina afrontaba riesgos de una devaluación o un default. Los técnicos estadounidenses, incluso, advirtieron que el swap debía pasar por el parlamento de su país y que sus legisladores podían limitar el monto, reducir los plazos y habilitarlo o no.
Strada señala en su proyecto que «la extrema falta de transparencia y la opacidad institucional con la que se ha manejado tanto la firma, como la activación y posterior cancelación del swap entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el BCRA constituyen un hecho de inusitada gravedad». «Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva», agregó.
Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva.
La diputada recuerda que el 20 de octubre pasado, el BCRA informó «la suscripción de un Acuerdo de Estabilización Cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un monto total de hasta USD 20.000 millones, estableciendo los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes».
Además, recordó las palabras del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien sostuvo un mes antes: «Como indicó el Presidente Trump, estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino». «El Tesoro de los Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen», planteó por aquellos días, y dijo que planeaba «otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria», para lo cual admitió se habían mantenido reuniones «con el equipo de Javier Milei».
Según Strada, «las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas». «Incluye la compra de bonos soberanos, un crédito de tipo Stand-By y condicionamientos sobre la política tributaria, todos ellos aspectos que implican una indebida injerencia en decisiones soberanas del Estado argentino y que, por su naturaleza, requieren tratamiento y aprobación del Congreso de la Nación», argumentó.
Las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas.
La diputada no dudó en calificar ese camino como el de una «injerencia», y resaltó que Bessent ya había expresado que Argentina debía cancelar el swap con China después que se avanzara en el acuerdo con el FMI, en abril de 2025.
LPO publicó en octubre que Strada también requirió información al BCRA en octubre pasado, antes de las elecciones de medio término, para que se publicaran los detalles del acuerdo con el gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, la autoridad monetaria contestó con la Resolución RESOL-2025-13-E-GDEBCRA-GG#BCRA. Allí se declaró «la reserva parcial de la información solicitada y, con fundamento en los considerandos de dicha resolución, se denegó el acceso a los detalles específicos del acuerdo celebrado por esa Institución», precisó la diputada.
Esa maniobra incumple el artículo 10, inciso i, de la Carta Orgánica del BCRA, que establece «el deber de informar al Congreso sobre sus operaciones y de comparecer ante las comisiones competentes para dar cuenta de las políticas monetarias, cambiarias y financieras en ejecución». «La cancelación de operaciones por aproximadamente USD 2.500 millones en diciembre de 2025, bajo un Acuerdo de Estabilización Cambiaria de USD 20.000 millones, sin información pública suficiente sobre su activación, financiamiento, condiciones y efectos sobre las reservas, torna imprescindible que el BCRA brinde explicaciones claras y detalladas al Congreso de la Nación», concluyó Strada.
El 2025 termina bajo el signo de la misma tensión que lo atravesó, con una corrida sobre el dólar que el equipo económico está conteniendo a fuerza de quemar dólares que no tiene.
Este martes apareció el dato que estaba esperando el mercado: el miércoles y el jueves d ela semana pasada, Toto Caputo volvió a quemar dólares, supuestamente del Tesoro, para contener la divisa. Según el último registro oficial disponible, el 17 de diciembre vendió USD 77 millones y el 18 de diciembre otros USD 164 millones.
Fueron USD 241 millones en 48 horas. Dólares que se supone, Caputo debería atesorar para enfrentar el vencimiento de más de USD 4.000 millones del próximo 9 de enero.
Según el último registro oficial disponible, el 17 de diciembre vendió USD 77 millones y el 18 de diciembre otros USD 164 millones. Son USD 241 millones en 48 horas.
El cierre de la rueda de este martes volvió a mostrar esa calma forzada. El mayorista terminó en $1450. El blue cerró en $1505. Y los financieros, con bajas, quedaron en $1479 el MEP y $1531 el CCL. Pero la temperatura se vio en el riesgo país, que subió a 575 puntos básicos, con los bonos soberanos en dólares cediendo en promedio.
Esa misma planilla muestra el golpe en la caja del Gobierno. En «depósitos del Gobierno en moneda extranjera», el 17 de diciembre figura 2.000 con variación 77 y el 18 cae a 1.836 con variación 164. En criollo: se achica el colchón justo cuando todos preguntan por el pago.
Con ese telón de fondo, los precios de los bonos dejaron de acompañar la narrativa oficial. En pantalla, el AL30 cayó 0,7%, el AE38 bajó 1% y el GD38 retrocedió 1%, entre otros papeles en rojo. Es el modo más sincero que tiene el mercado de decir que está haciendo cuentas que no cierran.
Esa desconfianza también se expresó en redes. Andy Spinelli lo resumió con ironía filosa: «La fe que hay en el pago de cupones de deuda de Enero… es desbordante…».
En paralelo, volvió a moverse la otra palanca: la tasa. Las cauciones pegaron un salto que en de 8 puntos. Y como su relevancia, es que son tasas de referencia para el sistema bancario. La suba de tasas complica la aspiración del gobierno de bajarlas, para reactivar el consumo de una economía que volvió a cantar rojo.
El mecanismo es viejo, pero el timing es lo que llama la atención: «subiendo el caucho, bajando el dólar. Estaba $1500 con 20% de tasa. Para bajarlo a $1486, subís a 28% y además vendés en MAE a lo que dé, eso se llama estar desesperado», criticó otro analista financiero.
En efecto, el Tesoro no solo vende dólares en el MULC para que el oficial no se escape. También interviene activamente el dólar MEP usando bonos que están en manos del Estado, en particular títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
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