Facebook nació para dar a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado.
Mark Zuckerberg
Días atrás en Regina, una denuncia de desaparición de una persona (en este caso menor) mediante el uso de redes sociales. La imagen de la menor y el pedido de colaboración alcanzaron para que se viralice inmediatamente. En poco tiempo se había compartido más de mil veces. Un número que enloquece a cualquier editor de medios digitales.
Juan Carr fundador y titular deRed Solidaria dice «para volver del ridículo, para arrepentirse hay tiempo. Ante la desaparición de un familiar hay que hacer un escándalo, no hay razones para detenerse en estos casos (…) facebook, instagram, twitter, cualquiera de estas redes puede ayudar a encontrar a nuestro ser querido»
Sin embargo, se aconseja ¿? primeramente notificar la desaparición en la comisaria, a sabiendas que deben tomarla sin objeción ya que el supuesto tiempo prudencial de espera de 24 o 48 hs es un mito. No existe ningún protocolo policial que impida que tomen la denuncia.
El mecanismo de búsqueda digital se está internalizando cada vez más, se genera de manera espontánea un conjunto de solidaridad social, que es casi automatizado pero a la vez muy consciente. Es tan así, que muchos familiares que viven una situación de este tipo optan por utilizar primero la vía digital. La visualización y viralización directa pone en movimiento natural una especie de resguardo y alerta social, y en casos puntuales demostró empíricamente su funcionalidad.
Las fuerzas policiales tienen un protocolo de actuación para casos de personas desaparecidas y extraviadas muy exhaustivo y preciso, a cargo del Sistema Federal de búsquedas de personas perteneciente al Ministerio de Seguridad. La búsqueda es minuciosa en cuanto a lo administrativo y directa en las calles. Las primeras horas de búsqueda son las más importantes.
No se puede saber cuánto tiempo debe pasar para denunciar una desaparición. Dependerá de las circunstancias, el contexto. No es lo mismo una persona que no suele comunicarse seguido a alguien que siempre está en contacto con sus allegados. Se supone que el sentido común es el mejor aliado en estos casos. Pero siempre utilizando las dos vías, digital en redes y personal en la comisaria.
Texto: Emiliano Piccinini Portada: Germán Busin Gráfica en nota: Didaknet
Con vistas al inicio del torneo de la Liga Municipal de Fútbol Infantil (LIMUFI) previsto para abril, la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante tareas para acondicionar el predio del Club Banco Nación. En ese sentido, días atrás se rubricó el convenio entre el Municipio y la institución que permitirá que el torneo se dispute…
Paolo Rocca volvió a quedarse con las manos vacías en uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del país. Esta vez no fue por los caños, sino por la obra civil del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías. En el tablero donde se define quién captura la renta de la infraestructura, el grupo Techint volvió a perder terreno.
La licitación para la construcción del ducto del consorcio Southern Energy quedó en manos de la UTE Víctor Contreras – SICIM. La decisión fue unánime. Y el contrato ya está firmado. En el sector lo leen como otro golpe directo a la estructura industrial que durante años dominó este tipo de obras.
El proyecto lo impulsa San Matías Pipeline, un vehículo de inversión integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Son los mismos socios que avanzan en el esquema de exportación de GNL con buques licuefactores. Pero tuvieron que dividir la ingeniería financiera: un vehículo para producir y otro para transportar. Dos RIGI distintos, dos apuestas en paralelo.
La licitación se hizo con un formato que buscó blindarse de cuestionamientos. Todo corrió por una plataforma digital, con trazabilidad completa del proceso. La apertura de sobres económicos fue ante escribano. Se evaluaron aspectos técnicos, financieros y económicos. El mensaje fue claro: evitar cualquier sospecha en un proyecto donde los márgenes son finos y los intereses enormes.
El gasoducto tendrá 471 kilómetros de extensión y un diámetro de 36 pulgadas. Saldrá desde Tratayén, en Neuquén, y llegará hasta la costa de Río Negro. Transportará hasta 27 millones de metros cúbicos diarios. A eso se suma una planta compresora de 46.000 HP que se instalará en el kilómetro 80 de la traza.
El gasoducto tendrá 471 kilómetros de extensión y un diámetro de 36 pulgadas. Saldrá desde Tratayén, en Neuquén, y llegará hasta la costa de Río Negro. Transportará hasta 27 millones de metros cúbicos diarios.
En la compulsa participaron cinco oferentes para el ducto: Víctor Contreras – SICIM; Techint – SACDE; Contreras – Bonatti – Pumpco; OPS; y BTU. Para la planta compresora compitieron OPS, SACDE, PECOM, BTU y Contreras. El resultado fue categórico: el tendido quedó para la UTE Víctor Contreras – SICIM y la compresora para Oilfield Production Services (OPS).
La clave estuvo en los números. La oferta ganadora fue 85 millones de dólares más baja que la de sus competidores. Pero no fue solo precio. También pesó la flexibilidad: no pidió anticipo, ofreció mejores garantías de cumplimiento y un esquema de reaseguro más sólido. En proyectos donde cada dólar cuenta, esos detalles inclinan la balanza.
No es un hecho aislado. A principios de año, Tenaris -la subsidiaria de Techint- ya había perdido la licitación de los caños frente a la india Welspun. Aquella derrota tuvo eco político. El presidente Javier Milei cargó contra Rocca en varias oportunidades. Lo bautizó «Don Chatarrín de los tubitos caros». Lo dijo en Nueva York y lo repitió esta semana en la Fundación Libertad.
En el sector energético la secuencia se sigue como una serie. Primero los tubos. Ahora la obra civil. Dos capítulos que muestran cómo el mapa de proveedores se reconfigura. «Esto ya no es un club cerrado», comentaron a LPO desde una de las empresas.
La escena tiene algo de ironía. El grupo que durante décadas fue sinónimo de integración industrial en la Argentina hoy observa desde afuera cómo avanzan proyectos clave.
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Héctor «Negro» Enrique, quien «asistió» a Diego Armando Maradona en el «Gol de todos los tiempos», rememoró la previa de la obra del «10», a 34 años del histórico triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial de México. «Después de mi pase, que tuve la suerte de dárselo, Diego recibió, giró y encaró. Yo…
Árida es un proyecto de diseño editorial digital que tiene por fin crear una revista de circulación en internet. A partir del martes 25 de agosto estará disponible la primera edición de la revista digital desde este enlace
Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.
El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.
Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.
Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.
Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias
Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.
Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.
Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.
Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.
El empresario Fernando Whpei.
Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.
Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».
Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.
Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.
Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.
El ex juez federal, Marcelo Bailaque.
Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.
El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.
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