El copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat), Jorge Pizarro, dijo este lunes ante la delegación europea de este organismo que América Latina «no será la misma» después de la pandemia de coronavirus, que dejó al continente en una «delicada» situación, y alertó sobre el riesgo de que resurjan «nacionalismos y voces que busquen cerrar los países en vez de unirlos».
El senador chileno intervino por videoconferencia en la reunión de la delegación de Eurolat del Parlamento Europeo, donde se trató el impacto de la pandemia en las relaciones con el subcontinente, y aseguró que la emergencia sanitaria está teniendo «efectos devastadores» en la región.
«La pandemia significará sin duda un cambio político, social y cultural. Creo que, estructuralmente, nuestra América Latina no será la misma una vez salgamos de esta emergencia sanitaria», dijo Pizarro ante los diputados.
El político chileno agregó que en la mayor parte del continente «están colapsando» los sistemas e infraestructuras sanitarias y lamentó que las campañas preventivas no hayan dado resultado en países como Brasil, México o Chile.
También advirtió que a nivel parlamentario la preocupación deberá dirigirse a «lo que va a suceder después» de la crisis sanitaria, ya que ésta «va de la mano» con la crisis social y económica, según informó la agencia de noticias EFE. Luego predijo un aumento en los niveles de pobreza extrema y de desigualdad estructural en la región, además de un «retroceso» en la lucha contra el hambre, por lo que el reto de la reconstrucción será «gigantesco» para los gobiernos.
«Va a ser más necesario que nunca un trabajo de fortalecimiento del multilateralismo», incidió Pizarro, quien avisó del riesgo de que resurjan «nacionalismos y voces que busquen cerrar los países en vez de unirlos». «No vemos otra manera de enfrentarlo con otra cosa que no sea con unidad desde Latinoamérica, pero también con Europa y las grandes potencias. Ningún país solo sale si no es con la colaboración del resto«, añadió el copresidente de Eurolat.
En línea similar, la jefa de la División Regional para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Claudia Gintersdorfer, alertó de que la pandemia de coronavirus «subraya vulnerabilidades que ya existían» en el continente y puso el foco sobre el problema «en aumento» de las campañas de desinformación, que la UE está monitoreando.
En relación a la situación del Estado de derecho en los países latinos, Gintersdorfer dijo que muchos gobiernos debieron «improvisar medidas extraordinarias» en los que «las fuerzas armadas han asumido un papel prominente», lo que podría plantear cuestiones sobre la «rendición de cuentas e impunidad».
En el debate posterior a las intervenciones de Pizarro y Gintersdorfer, varios eurodiputados les plantearon cuestiones sobre el impacto del control del virus en los derechos humanos y de las mujeres o como catalizador de nuevos movimientos y protestas sociales.
Cientos de miles de personas reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario en todo el país. La mayor concentración estuvo en Plaza de Mayo, pero también hubo enormes movilizaciones en Córdoba y Rosario.
«Milei cumplí la ley», podía leerse en los pasacalles ubicados a lo largo de Avenida de Mayo. Esa fue la consigna que repitieron todos los oradores del acto a 200 días de que el Congreso rechazara el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento.
Como contó LPO, Facultades como Exactas de la UBA perdieron un docente cada dos días desde diciembre de 2023. En otras, los profesores y alumnos no llegan a las clases porque no tienen dinero para pagar el boleto.
«El ajuste es una calamidad. Es tan severo que los preuniversitarios somos los docentes peor pagos de todo el país. Con estos salarios de miseria muchos están saliendo a hacer de Uber para complementar. También hay un éxodo para tomar cargos en Ciudad o Provincia porque la situación es insostenible», le dijo a LPO Gustavo Romero, vicerrector del Nacional Buenos Aires.
Si bien no alcanzó la asistencia de abril de 2024, la marcha fue multitudinaria y tuvo réplicas en Rosario, Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata entre otras. Además de las columnas de las diferentes facultades y de los sindicatos, se vio mucha gente suelta. Como Dafne que llegó a la plaza con su pareja Daniel y su hijo Fausto, de 10 años. «Lo trajimos porque esto también es educarlo», dice.
Fernando, de 30 años, estudia Ingeniería Civil en la UTN de Avellaneda. «Desde lo económico y desde lo anímico es muy difícil este momento. Siempre existió el problema del salario docente, pero nunca como ahora. El gobierno tiene una mentalidad de país subdesarrollado, sin lugar para los ingenieros», se lamenta mientras sostiene un cartel con la leyenda «Más libros, menos Libra».
Las pancartas estuvieron enfocadas en Milei, pero sobre todo en Manuel Adorni, el funcionario que tuvo un crecimiento patrimonial explosivo desde que llegó al gabinete libertario.
«333 años tarda un docente en ganar lo que Adorni gastó en un año», «Estudiá si no querés ser Adorni», «Por una cascada de financiamiento», fueron algunos de los carteles que se vieron en Plaza de Mayo. A pocos metros, en la pared vecina al Cabildo alguien pegó un afiche con la cara del jefe de Gabinete y la leyenda «Adorni, pescado deslomado. Propiedades inexplicables», además de los octógonos como exceso de soberbia y exceso de escupida hacia arriba.
«Al gobierno no le importa absolutamente nada y la gente no se mueve. Por lo menos acá nos encontramos y nos podemos mirar a los ojos. Me parece inconcebible que cierre la UBA», dice Sandra, de 62 años y ex alumna de Medicina de la UBA.
Juan, que trabaja como docente en una universidad del Conurbano, dice que solamente pueden continuar como docentes aquellos que no tienen una dedicación exclusiva y su trabajo principal está fuera de la universidad. «Tampoco hay mucha perspectiva de futuro para los alumnos que se quieren dedicar a la investigación», explica.
En un comunicado que lleva la firma la firma de los rectores, de los alumnos y de los sindicatos docentes y no docentes de las universidades públicas, aseguran que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación fue de 293% y los aumentos salariales fueron de 147%. La pérdida de poder adquisitivo fue del 37%, equivalente a una pérdida de 10,9 salarios sobre 30.
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Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4463 del Ministerio de Salud de Río Negro y establece nuevas medidas sanitarias hasta el 25 de junio. El detalle: CIRCULACIÓN La restricción a Ia circulación de las personas seguirá siendo entre las 20 y las 6 del día siguiente. Quedan exceptuadas de Ia medida:…
