Vivir la desigualdad sin renunciar a la esperanza
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Vivir la desigualdad sin renunciar a la esperanza

Ayer, martes 6 de octubre, en el anfiteatro de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París se realizó un acto inédito: la Universidad de Buenos Aires se movió hasta Francia para entregarle el Doctorado Honoris causa a François Dubet, el sociólogo francés referente en el análisis de la vida colectiva y la desigualdad social. El reconocimiento no se pudo hacer en la Facultad de Sociales de la UBA porque Dubet tiene problemas de salud que le impiden viajar. Por eso la propia École, que Dubet dirigió, alojó el evento, y el azar nos permitió participar a muchos investigadores argentinos que estamos en esta capital con estancias de investigación. Recurrimos a Dubet desde siempre, sobre todo cuando queremos evitar la simplificación de los argumentos o la comodidad de las categorías. Su obra ayuda a comprender lo que significa vivir en desigualdad sin renunciar a las esperanzas.

Ese día, muchas instituciones educativas en Francia permanecían cerradas en solidaridad con el movimiento estudiantil secundario. Hasta la École Normale Supérieure de Paris-Saclay, centro de élite que forma a la intelectualidad francesa, dió asueto y convocó a la movilización en el mismo instante en que se honraba la obra de quien ha dedicado su carrera a documentar los mecanismos por los cuales esa educación pública se desmorona.

Afuera, desde que asomaron las primeras luces del otoño parisino cientos de adolescentes de la capital y de los suburbios marchaban a sus liceos secundarios con redoblantes y banderas. Simultáneamente, las fuerzas de seguridad desplegaban una coreografía de contención. Concentradas en las inmediaciones de esas escuelas desde las primeras horas de la mañana, transformaron los accesos en espacios de vigilancia activa y patrullas ambulantes.

¿Qué mensaje reciben estos estudiantes cuando el Estado moviliza todo su aparato para detenerlos a ellos, que no movilizan más que sus cuerpos y sus voces? La represión se vuelve un acto de comunicación política: mientras los jóvenes toman sus escuelas para reclamar educación pública de calidad, el Estado ocupa el mismo espacio para afirmar que la disidencia será controlada.

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Todo empezó el 21 de septiembre, con un bloqueo en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, en el sur de París. En cuestión de días, la protesta se expandió hacia más de mil escuelas de todo el territorio francés. 

Este acontecimiento dialoga con la pregunta que nos obsesiona a los analistas sociales latinoamericanos: ¿Cuánto pueden soportar las sociedades modernas antes de que sus contradicciones fundamentales se hagan visibles en la calle? 

Desde que comenzó la protesta fueron detenidas casi 7.000 personas, el 90% de ellas menores de edad que exigen que haya maestros en sus escuelas. Pero el síntoma demanda ser auscultado, va más allá de la coyuntura política. Más allá del número de colegios secundarios cerrados o de la cantidad de detenidos (lo cual no deja ser un malestar individual y de sus redes de proximidad cuando le ocurre a cualquier joven), la pregunta es sobre todo lo que esta movilización revela sobre la naturaleza del Estado democrático contemporáneo y sobre las formas en que la desigualdad se reproduce no solo en términos distributivos, sino también en términos de acceso diferenciado a derechos sociales  básicos.

A diferencia de los grandes movimientos estudiantiles de 1968, 1986 o 2005, esta generación no batalla contra una reforma educativa específica. No hay un enemigo legislativo identificable. Lo que existe, en cambio, es algo mucho más profundo: un estado de descomposición cotidiano de la educación pública que se manifiesta en edificios vetustos, clases sobrecargadas, profesores ausentes que nunca son reemplazados o los cargos se encuentran vacantes, la angustia permanente de un sistema de selección universitaria que genera incertidumbre existencial en adolescentes que no saben si tendrán acceso a futuro alguno. 

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Los adolescentes franceses viven una incertidumbre que es al mismo tiempo económica y existencial. El ajuste fiscal de 68 mil millones de dólares que el gobierno de Sébastien Lecornu intenta implementar no es un número abstracto. Es la materialización de una decisión política de abandonar la educación pública, y esa decisión toma forma en la vida concreta de jóvenes que descubren, día tras día, que la república les ha fallado. A esto se le suma el problema de la devaluación de los títulos académicos, tema que Dubet ha documentado, mientras la escuela pública promete ser el mecanismo de movilidad social por excelencia. Si te esfuerzas, obtienes un título, consigues un buen empleo. Pero cuando esa promesa falla —cuando hay muchos graduados pero los empleos son precarios o inexistentes—, no se quiebra solo la oferta educativa material, evidente en la falta de maestros y edificios en ruinas. Se quiebra la promesa simbólica que le da sentido al esfuerzo.

La crisis educativa francesa no es coyuntural. No es solo presupuestaria. Es un quiebre del pacto social: el Estado prometió educación pública de calidad que abriría futuros. Ahora ofrece establecimientos deteriorados que producen títulos sin valor en el mercado laboral.

–Las burguesías nacionales se diluyeron en fuerzas económicas que nadie sabe bien dónde están –dijo Dubet al recibir el Honoris Causa –Las sociedades nacionales se volvieron sociedades multiculturales, de masas, y las diferencias entre los que ganan y los que pierden con estas transformaciones se profundizan. Muchas promesas de campaña se traicionan mecánicamente. Tuvimos, por ejemplo, la promesa de la democratización del acceso a la educación. Esto no fue así, y desembocó en grandes desilusiones que explican por qué los estudiantes de liceo están en la calle. 

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Lo notable de la estructura organizativa de este movimiento estudiantil es su descentralización radical. Los estudiantes secundarios franceses se organizan mediante bucles de Snapchat y videos de TikTok que alcanzan millones de visualizaciones, generando tracts específicos para cada liceo adaptados a sus realidades particulares. No hay líderes tradicionales. Cada establecimiento identifica sus propios problemas —ausencia de maestros, deterioro edilicio, presión del sistema francés de admisión a la educación superior — y eso converge en un movimiento nacional sin necesidad de centralismo. La movilización saltó de Île-de-France a la geografía nacional en cuestión de días, llegando no solo a las grandes ciudades universitarias sino también a pueblos que no tienen tradición de movilización estudiantil. Esto muestra algo crucial: el descontento no es localizado. La crisis educativa es estructural, nacional.

Las imágenes que deja la movilización serán inolvidables: a la marcha de los estudiantes se unieron trabajadores del sector público que están en huelga, bomberos que reclaman recursos, maestros con salarios atrasados. Y revelan algo fundamental: no se trata de conflictos aislados sino de una crisis sistémica que afecta múltiples generaciones y múltiples sectores. El 29 de septiembre, por ejemplo, en una sola jornada 300.000 personas salieron a las calles y se unieron a 170 manifestaciones. 

En ese acto de marchar junto a los adultos la juventud descubre que sus reclamos no son caprichos generacionales sino síntomas de una problemática que también afecta a generaciones anteriores. Comparten la misma realidad: un Estado que ha abandonado la educación pública. Eso es a lo que el Estado teme. No les teme a los estudiantes que protestan porque hay goteras en sus aulas. Teme la convergencia de múltiples sectores que descubren que sus problemas son manifestaciones de una crisis de legitimidad más profunda.

Pero el Estado responde a esa convergencia no con política pública sino con represión. Los números de detenciones escalonan: 164 el 28 de septiembre, 440 el 29, 625 el 1 de octubre, 1.949 el 2 de octubre, casi 7000 el 6 de octubre. El Estado reclasificó las protestas de educativas como «violencia urbana» en cuestión de días. Prohibió manifestarse en las cercanías de escuelas cerradas. Cuando una protesta cuestiona no ya una política específica sino la viabilidad misma del sistema, el Estado no responde mediante el diálogo sino con represión. Pero esa represión no fue uniforme. 

La represión policial más violenta ocurrió precisamente en los espacios donde viven jóvenes cuyas vidas ya estaban marcadas por la desigualdad estructural. Seine-Saint-Denis, territorio de mayoría trabajadora, de población migrante, donde jóvenes ya marginados por el sistema educativo descubren que la represión que reciben es todavía más severa. Los mismos jóvenes que viven en edificios deteriorados sin maestros reciben una represión de carácter excepcional cuando protestan. Eso no es «exceso» policial. Es lógica sistémica.

La represión dejó mandíbulas rotas, cegueras temporarias provocadas por granadas lacrimógenas, un chico de 15 perdió la mano por el impacto de una granada. La movilización le deja a la sociedad francesa su “Pablo Grillo”, adolescentes que terminaron en quirófanos por ejercer el derecho a la protesta social. En Argentina y Francia, la represión deja cuerpos marcados: amputados, ciegos, desfigurados. La policía de Bullrich, como la francesa hoy, castiga con mutilación permanente a quienes reclaman. 

¿Cuántas dimensiones simultáneas de desigualdad convergen en el cuerpo de un adolescente de 16 años detenido durante una protesta? Hay desigualdad educativa: su escuela carece de maestros. Hay desigualdad en el acceso a la justicia: es juzgado mediante un procedimiento acelerado. Hay desigualdad territorial: la represión en su barrio fue más severa. Aunque votaría izquierda en cualquier encuesta, recibe represión de carácter conservador. 

Hay otro dato revelador: el discurso del gobierno francés hacia los padres de los adolescentes que se movilizan. El Estado criminaliza a la familia obrera que no puede costear reparaciones por edificios públicos que el Estado mismo dejó deteriorarse. Es una transferencia brutal de responsabilidad. El Estado no invierte en mantenimiento educativo. Los estudiantes protestan. El Estado reprime. Y luego les cobra a los padres pobres por las consecuencias de su propia negligencia.

¿Y qué sucede en la conciencia política de un joven cuando descubre, a través de su cuerpo —literalmente a través del gas lacrimógeno, de la detención, del juicio expedito— que la república no le pertenece? ¿Cuándo aprende que exigir educación con maestros y sin goteras es considerado un acto de violencia? Esa lección política, grabada en la experiencia sensorial, deja marcas que ningún análisis posterior puede borrar completamente. 

Para muchos de esos jóvenes, no es la primera experiencia de represión estatal pero sí la primera vez que el monopolio de la violencia del Estado se ejerce de manera directa sobre sus cuerpos, y porque se atrevieron a protestar. 

La Francia de 2026 no es tan distinta a los territorios latinoamericanos que tanto estudiamos. Las estructuras de desigualdad pueden expresarse de maneras distintas, con recursos materiales diferentes, pero la lógica es la misma: cuando la población marginalizada reclama derechos básicos, el Estado responde con represión. Y esa represión produce, a su vez, radicalización o desencanto, pero nunca neutralidad. 

Los adolescentes que bloquean liceos hoy, serán ciudadanos con historias de represión estatal mañana. ¿Cuánto de eso pesará en sus decisiones políticas futuras? Esta es la pregunta que debería obsesionar a cualquier análisis de la crisis actual de la república francesa.

Las fotografías de interior de esta nota fueron tomadas por Soledad Fernández Bouza, Rosy Sevilla y Eduardo Chávez Molina.

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    Llaryora manejó la elección que imaginaba brava con muñeca: acordó con Milei «municipalizarla», a cambio que no compita La Libertad Avanza. Fue así que transitó sin la injerencia de figuras de peso provincial, ni nacional, como en otros momentos lo hicieron, entre otros, Mauricio Macri, José Manuel de la Sota o Juan Schiaretti.

    Por ese motivo decidió no sumarse a los festejos de Font, pero no se privó de mandar a varios de sus ministros y publicar un tuit «institucional», en el que se le notaba la alegría. Este lunes lo recibirá en la Casa de Gobierno de Córdoba.

    Llaryora manejó la elección que imaginaba brava con muñeca: acordó con Milei «municipalizarla», a cambio que no compita La Libertad Avanza. Fue así que transitó sin la injerencia de figuras de peso provincial, ni nacional, como en otros momentos lo hicieron, entre otros, Mauricio Macri, José Manuel de la Sota o Juan Schiaretti.

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    Por su parte, los libertarios cumplieron con lo suyo del pacto: no darle el sello a Germán Pasquali, el dirigente que imploró por el respaldo de La Libertad Avanza y terminó furioso con el diputado nacional Gabriel Bornoroni. Detrás de la candidatura de Pasquali, por debajo jugó el radical Rodrigo de Loredo, que mandó al flamante presidente de la UCR cordobesa, Matías Gvozdenovich al acto de cierre de campaña de Pasquali el jueves por la noche.

    Después del aplastante resultado, un muy golpeado De Loredo, le mando un mensaje contundente a los libertarios y Luis Juez, si no se unen para las elecciones de gobernador pueden perder la provincia.

    De hecho, quien pagó el costo más alto fue Juez. El socio de Milei en Córdoba fue en distintos momentos de la campaña a respaldar a Dellarossa, incluso cuando el ex PRO dijo que iba a pelear por el retorno de las cápitas del Pami a la localidad. En un acto de rebeldía contra el líder del frente opositor a Llaryora, el libertario Bornoroni.

    En tanto, desde el punto de vista nacional, los derrotados fueron también algunos dirigentes del PRO como Mauricio Macri o Fernando de Andreis. El ex secretario General de la presidencia presionó hasta el final, y sin resultado, para que a Dellarossa le dieran el sello del PRO para participar. Algo que, con el espacio amarillo cordobés bajo la batuta de Agost Carreño y Rodríguez Machado, no sucedió.

    En tanto, hay fuentes que afirman que, incluso ‘Lule’ Menem amagó con un contacto en Marcos Juárez con Dellarossa, desoyendo el acuerdo político entre Milei y Llaryora.

     

  • Bianco busca unificar la tropa de Kicillof para la discusión final con el kirchnerismo

     

    Carlos Bianco pidió acelerar el ordenamiento interno del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en ciudades donde hay varias líneas en pugna para así consolidar liderazgos y estructuras que diriman las internas locales con el kirchnerismo y le den volumen a la candidatura presidencial de Kicillof.

    «Hay empezar a unificar personería, que los distintos sectores del MDF se empiecen a juntar y a unificar», dijo Carlos Bianco en un plenario del espacio en la Sexta sección (sur bonaerense) realizado en Coronel Suárez.

    Fuentes del MDF consultadas por LPO detallaron que en numerosos municipios donde el espacio no gobierna, existen hasta cuatro sectores que se autoproclaman como la pata territorial del armado del gobernador.

    El equívoco peronista

    La intención en La Plata es que esa fragmentación no termine licuando el sello y que eso termine siendo perjudicial inicialmente en la pelea interna con La Cámpora.

    No nos sirve esta vez, quizás en otro momento sirvió, fue eficaz, pero esta vez no nos sirve que nos juntemos entre tres o cuatro dirigentes y nos repartamos las candidaturas. La gente ya no quiere eso.

    Puntualmente en el caso de la Sexta, ese problema de multiplicidad de sectores lo identifican en municipios como Puán, Villarino, Dorrego, Lamadrid (con cuatro líneas) y Bahía Blanca, entre otros.

    «Siempre hubo mucha queja hacia otras organizaciones que decían que al fin y al cabo en La Plata o Capital definen los candidatos. Es al revés ahora: los cuatro o cinco MDF se tienen que juntar y definirlo ustedes porque, si no en algún momento alguien baja el martillo, se define en algún lado», dijo Bianco.

    Y eso ultimo es lo que no quieren en territorio: «Lo que estamos reclamando desde el interior es que queremos determinar participativamente los candidatos que representen a Axel en cada distrito y que no sea el más amigo», dijo a LPO un dirigente que participó del plenario de este sábado.

    Moccero, Secco y Ferraresi este sábado en Coronel Suárez.

    De cara a la discusión de candidaturas, el ministro de Gobierno de Kicillof dio un mensaje a la interna del peronismo: «No nos sirve esta vez, quizás en otro momento sirvió, fue eficaz, pero esta vez no nos sirve que nos juntemos entre tres o cuatro dirigentes y nos repartamos las candidaturas. La gente ya no quiere eso», dijo.

    Siempre hubo mucha queja hacia otras organizaciones que decían que al fin y al cabo en La Plata o Capital definen los candidatos. Es al revés ahora: los cuatro o cinco MDF se tienen que juntar y definirlo ustedes porque, si no en algún momento alguien baja el martillo, se define en algún lado.

    La bajada de línea al territorio fue evitar hablar de candidaturas: «No estamos haciendo campaña, estamos construyendo volumen, no estamos encaramando un candidato, sino construyendo una alternativa», explicó a LPO un dirigente cercano a Kicillof.

    Pero, mientras tanto, preocupa en los municipios el cronograma electoral. En sectores del peronismo creen que Kicillof se inclina ahora a unificar la elección, como reveló LPO, a pesar de la presión de varios intendentes por desenganchar el calendario electoral provincial del nacional. 

    Incluso, el anfitrión del plenario de este sábado, Ricardo Moccero, pidió abiertamente durante su discurso por el desdoblamiento.

    En el peronismo bonaerense creen que Kicillof se inclina por unificar la elección

    Como sea, la construcción de un armado con volumen tendrá como prueba de fuego el acto del próximo sábado que hará el MDF a escala provincial en Avellaneda con Kicillof como orador central y donde se escuchará el clamor por su candidatura.

    «Tenemos que construir un espacio lo suficientemente fuerte como para darle autonomía a la candidatura de Axel, construir un lugar donde habite ese candidato, si no, nos va a ensombrecer la experiencia de Alberto», dijo a LPO un intendente del MDF.

    Además de Bianco, del plenario participaron los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Cristian Álvarez Rodríguez (jefa de asesores), Jorge Ferraresi, y los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), Alfredo Fisher (Laprida), Ariel Succurro (Salliqueló) y el local Ricardo Moccero, entre otros. 

     

  • Buscan a un joven salteño desaparecido en General Roca

     

    Juan Carlos Molina, un joven salteño de 27 años, viajó a General Roca con la esperanza de conseguir empleo, pero perdió todo contacto con su familia.

    La familia del Juan Carlos no recibe noticias suyas desde el pasado 25 de octubre. Su hermana Brenda contó que algunas personas aseguraron haberlo visto en un comercio del barrio Chacramonte, aunque los intentos de comunicarse por teléfono con él fueron infructuosos. La familia expresó su profunda preocupación y pide colaboración para dar con su paradero.

    Molina es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello oscuro y no presenta tatuajes ni cicatrices visibles. Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se solicita comunicarse al 911, acercarse a la comisaría más cercana, o contactar directamente a la familia al 3878245177. La búsqueda continúa activa en General Roca y zonas aledañas.

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    Nancy Pazos destapó la olla: ¿Milei entregó Malvinas a Trump a cambio de poder?

     

    La periodista lanzó una acusación explosiva sobre la relación entre Javier Milei y Donald Trump y advirtió que los argentinos podríamos estar siendo utilizados como “títeres de intereses ajenos”. El interrogante que queda flotando es brutal: ¿el Gobierno está defendiendo la soberanía sobre Malvinas o está jugando una partida geopolítica diseñada en Washington?

    Por Luis Bulnes Valdez para NLI

    Hay preguntas que incomodan porque obligan a mirar detrás del escenario. Y hay preguntas que directamente pueden hacer saltar por los aires el relato oficial. Nancy Pazos puso sobre la mesa una de esas preguntas al analizar la relación entre Javier Milei y Donald Trump y el nuevo protagonismo que el Gobierno argentino le está dando a la cuestión Malvinas. Su planteo fue tan contundente como provocador: detrás del alineamiento entre ambos presidentes podría existir una negociación política y geopolítica que excede ampliamente la relación personal entre dos mandatarios.

    Pazos habló de un supuesto “pacto secreto” y sostuvo que los argentinos estaríamos siendo utilizados como “títeres de intereses ajenos”. La afirmación, naturalmente, debe ser presentada como lo que es: una denuncia y una interpretación política de la periodista, no la existencia comprobada de un documento secreto firmado por Milei y Trump. Pero descartarla simplemente como una provocación sería demasiado cómodo. Porque hay algo que sí puede comprobarse: la Argentina de Milei avanzó hacia un alineamiento extraordinariamente estrecho con Estados Unidos, mientras la administración Trump convirtió el respaldo al Gobierno libertario en una pieza importante de su estrategia regional.

    Y ahí aparece la pregunta que el poder preferiría evitar.

    ¿Qué está entregando la Argentina a cambio de ese respaldo?

    Pazos apuntó al corazón del modelo Milei

    Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei convirtió su relación con Trump en mucho más que una alianza diplomática. El Presidente argentino hizo de la admiración por el mandatario estadounidense una verdadera definición estratégica de su Gobierno. Washington pasó a ocupar un lugar privilegiado en la política exterior, mientras la Argentina profundizó sus vínculos económicos, financieros y estratégicos con Estados Unidos.

    El cambio no es solamente discursivo. La Casa Blanca y el Tesoro estadounidense adquirieron una gravitación inédita sobre la economía argentina, en momentos en que el Gobierno necesita dólares, financiamiento y respaldo externo para sostener su programa económico.

    Eso modifica inevitablemente la relación de fuerzas.

    Porque una cosa es que Argentina tenga buenas relaciones con Estados Unidos. Otra muy distinta es que la estabilidad económica de un Gobierno dependa crecientemente del respaldo de una potencia extranjera y, simultáneamente, ese Gobierno adopte una política exterior de alineamiento prácticamente automático con Washington.

    Pazos puso justamente el dedo en esa herida.

    La cuestión no es si Milei puede reunirse con Trump, si puede admirarlo o si Estados Unidos puede convertirse en un socio privilegiado. Por supuesto que puede. El problema comienza cuando la frontera entre alianza estratégica y subordinación empieza a hacerse demasiado delgada.

    Y en el medio aparece Malvinas.

    ¿Soberanía argentina o ficha de un tablero internacional?

    La paradoja es difícil de ignorar.

    Durante décadas, la Argentina sostuvo una política de Estado alrededor de la recuperación pacífica de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Gobiernos peronistas, radicales, desarrollistas, conservadores y de diferentes signos ideológicos mantuvieron, con matices, la misma reivindicación.

    Ahora, bajo Milei, Malvinas vuelve al centro del discurso presidencial mientras el Gobierno profundiza su alianza con Estados Unidos.

    Y Estados Unidos no es una potencia neutral en el Atlántico Sur.

    Tiene intereses estratégicos, económicos, militares y geopolíticos propios. El Reino Unido es uno de sus principales aliados internacionales. Las islas constituyen una posición estratégica en el Atlántico Sur y la Antártida y tienen además una creciente importancia vinculada con recursos naturales, pesca, hidrocarburos y rutas marítimas.

    Entonces aparece la contradicción que Pazos pone sobre la mesa: ¿puede un Gobierno que busca una relación de dependencia política, financiera y estratégica con Washington llevar adelante al mismo tiempo una política verdaderamente autónoma sobre Malvinas?

    La pregunta no supone afirmar que Milei haya cedido la soberanía argentina. No existe evidencia pública que permita sostener se