El Intendente Marcelo Orazi recibió al Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler, quien confirmó la llegada del programa ‘Comunidad en Municipios’ a Villa Regina.
En esta oportunidad se presentarán cuatro áreas del Ministerio de Gobierno y Comunidad y la agencia CREAR. Las actividades se desarrollarán el 1 y 2 de septiembre, de 9 a 15, en el Polideportivo Cumelén, en Colón 107.
Las áreas que atenderán son:
Registro Civil: los y las asistentes podrán hacer trámites de DNI y pasaporte.
Ley Pierri: se asesorará sobre la regularización dominial de una vivienda a todo aquel ocupante que, con causa lícita, acredite la posesión pacífica, pública y continua con anterioridad al 1 de enero de 2006.
Registro de la Propiedad Inmueble (RPI): se atenderá a quienes deseen ingresar al régimen de Protección de la Vivienda, destinado a proteger el hogar de una familia frente a futuros problemas económicos. Es requisito tener el título de propiedad del inmueble.
Personas Jurídicas: se podrán informar sobre el plan de Fortalecimiento Institucional, creado para acompañar a las instituciones a regularizar su situación ante el organismo.
Agencia CREAR: se pondrán a disposición los diferentes servicios de apoyo del CREAR para quienes tengan un emprendimiento o pyme en la provincia.
Este programa del gobierno provincial lleva más de 1500 personas asistidas entre las 11 localidades que se visitaron hasta el momento.
Aunque suene a leyenda rural o a cuento de terror, Argentina es el único país del mundo que conserva una ley nacional vigente inspirada en el miedo popular a los hombres lobo. Mientras en Europa las supersticiones quedaron en tradiciones olvidadas, acá se transformaron en norma escrita, con firma presidencial y todo.
Por Alcides Blanco para NLI
Una superstición que llegó al Boletín Oficial
Durante siglos, en amplias zonas de Europa y América Latina circuló la creencia de que el séptimo hijo varón estaba condenado a convertirse en hombre lobo. En el Río de la Plata, esa figura adoptó nombre propio: el lobizón, una criatura nocturna, maldita y temida, que supuestamente atacaba ganado y personas durante las noches de luna llena.
Ese miedo no era solo simbólico. En comunidades rurales, los séptimos hijos eran marginados, estigmatizados e incluso amenazados, todo por una superstición heredada de la colonización europea y mezclada con mitos guaraníes. El problema no era el monstruo: era la violencia social que generaba el mito.
De la leyenda al Estado
Para frenar esa persecución silenciosa, en 1974 se sancionó la Ley 20.843, conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial. La norma establece que el Presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, otorgándole reconocimiento oficial y beneficios materiales.
El mensaje era claro: si el Estado reconoce al niño, no hay maldición posible. La ley no menciona hombres lobo, pero su origen está directamente ligado al intento de neutralizar el miedo al lobizón. Fue una forma institucional de combatir la superstición sin nombrarla.
Desde entonces, miles de chicos fueron apadrinados por presidentes argentinos, recibiendo medallas, diplomas y becas. Una política pública nacida del folclore, algo impensado en otros países.
Del mito rural al Congreso Nacional
Lejos de haber surgido de la nada, la Ley 20.843 tiene antecedentes concretos y documentados en la historia argentina. El primer caso registrado de padrinazgo presidencial se remonta a 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes del Volga radicados en Coronel Pringles solicitó al entonces presidente José Figueroa Alcorta que apadrinara a su séptimo hijo varón, siguiendo una tradición heredada de la Rusia zarista, donde se creía que ese nacimiento estaba ligado a la maldición del hombre lobo. El pedido fue aceptado y sentó un precedente informal que se repitió durante décadas. Recién en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esa práctica fue llevada al plano institucional: el Congreso sancionó la norma que obliga al Presidente de la Nación a asumir el padrinazgo del séptimo hijo varón o séptima hija mujer. El fundamento oficial no hablaba de monstruos ni supersticiones, pero sí de protección social, integración y educación, en un contexto donde el Estado buscaba evitar la discriminación y la violencia simbólica que todavía pesaban sobre estos nacimientos. Así, una creencia popular que había generado miedo y exclusión terminó transformándose en política pública escrita en el Boletín Oficial.
En Francia y Bélgica, existieron tradiciones similares de padrinazgo del séptimo hijo, pero nunca se consolidaron como leyes modernas y permanentes. En Italia, Portugal o Rumania, los hombres lobo —lupo mannaro, lobisomem, vârcolac— formaron parte del imaginario popular, pero la respuesta fue religiosa o comunitaria, no estatal.
En algunos casos, la Iglesia promovía bautismos urgentes; en otros, las autoridades intentaban erradicar las supersticiones. Ningún país llevó el mito al nivel de una ley nacional vigente, como sí ocurrió en Argentina.
Una rareza jurídica con raíz popular
Lo que distingue al caso argentino no es la creencia, sino la decisión política de legislar contra el daño social de la superstición. Sin discursos racionalistas ni campañas educativas, el Estado eligió una solución pragmática: dar protección oficial a quienes podían ser víctimas del mito.
Así, Argentina terminó siendo —al menos en los papeles— el país más seguro del mundo para nacer en luna llena siendo el séptimo hijo. No porque crea en hombres lobo, sino porque decidió enfrentar una superstición con herramientas institucionales.
Una ley insólita, sí. Pero también un recordatorio de que el folclore, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un problema político real.
Una de las tantas estrategias que tienen los partidos y sus candidatos/as es sacar a la luz la cantidad de causas en trámite, o finalizadas que tienen cada uno/a de sus rivales. En el medio, la prensa aprovecha y utiliza estos datos para transmitirlos de una manera muy distorsionada, generando así en la ciudadanía una…
Cada vez que nos encontramos hurgando las estanterías de una librería o las de una biblioteca, los elementos paratextuales de un libro como la tapa y la breve reseña de la contratapa pueden acercarnos o alejarnos de una nueva lectura. Ahora bien, cuando un libro ya está en nuestras manos la seducción puede despertarse de…
El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana a vecinos del asentamiento La Graava, a quienes les informó sobre los pasos que se deben seguir con el objetivo de mejorar el servicio de energía eléctrica domiciliaria en ese sector de la ciudad. En este sentido, Orazi señaló que se trata de una tramitación que demandará tiempo…
La historia no empezó esta semana. Cuando LPO contó en julio del año pasado que Luis Caputo y Santiago Bausili sacaron las reservas de oro del país en un operativo clandestino, comenzó una saga de silencios y evasivas.
El Banco Central cargó USD 5.000 millones en lingotes de oro en un avión comercial en plena madrugada, sin dejar rastro documental, sin contratos, sin papeles, sin auditoría posible. Una escena propia de una novela policial que de la administración de las reservas de un país. Pero ocurrió.
Lo grave es que desde el Banco admitieron oficialmente ante la Auditoría General de la Nación que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío de oro al exterior. Ni ahora ni al cierre del año pasado.
«Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen», señalaron desde la entidad monetaria en la nota enviada a la Auditoría. La postura oficial fue al extremo al afirmar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, «no hay contratos». Este punto deberá ahora ser ratificado en sede judicial. Y la Justicia exige explicaciones.
La respuesta dejó sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operatoria valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que revisar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.
La presunción de delito encuentra sustento en elementos concreto. Porque los funcionarios del Central no manejan bienes propios. Custodian activos públicos. La inexistencia de respaldo contractual no es un detalle administrativo: abre un flanco penal. Cuando un activo estratégico de esa magnitud pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal. No hay margen para la ingenuidad contable.
Ahora el expediente escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se achicó. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado alega confidencialidad, debe probar un daño concreto. No alcanza con invocar riesgos genéricos.
En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de nuevos auditores.
El contexto internacional vuelve todo más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico. Ese salto funciona como un salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas hundidas. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales podrían rondar los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el rojo sería todavía más profundo.
La paradoja es evidente. Los lingotes computan como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan rendimiento o si fueron entregados como garantía para conseguir dólares frescos.
Carlos Rodríguez, arquitecto del programa económico de Milei durante la campaña que quedó afuera apenas asumió el gobierno calificó el episodio como «simplemente insólito». Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo en dólares ya consumido y reclamó conocer la ubicación de todos los activos y pasivos del Central.
Rodríguez fue un paso más allá. Además de preguntar por el oro, pidió saber dónde están los billetes dólar de los encajes de los depósitos y reclamó la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del Fondo Monetario Internacional.
LPO advirtió sobre la sospecha del mercado respecto al pagó del vencimiento de Bopreal de USD 1.000 millones con depósitos de las personas. Con reservas en rojo por USD 18.000 millones según el dato de LCG, la única ventanilla líquida del sistema son los encajes bancarios. El resto es swap con China y crédito del Fondo que no se pueden tocar.
El piloto reginense Facundo Aldrighetti volvió a sumar este fin de semana y se posicionó en el 4to puesto del campeonato del Top Race 2021. El objetivo del piloto y la escudería JLS Motorsports – Corsi Sports de competir en los puestos de vanguardia se mantiene y para esta segunda mitad de año quieren estar…
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