Ratificando su voluntad de diálogo con todos los sectores, el Intendente Marcelo Orazi recibió a dos referentes de los gastronómicos locales, Juan Suizan y Marcelo Fernández, para abordar los puntos presentados en el marco del reclamo que llevaron adelante en el transcurso de la mañana.
En la oportunidad el Intendente les comunicó que desde hoy y hasta el domingo 13 tendrán vigencia las medidas sanitarias contempladas en la Resolución N° 4005 del Ministerio de Salud de Río Negro a las que el Municipio adhirió.
En la normativa se establece que los locales gastronómicos podrán funcionar hasta las 23:00 horas. Los propietarios, empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos.
El dólar blue volvió a subir y el riesgo país acompañó. El regreso de la desconfianza del mercado no fue casual. Este viernes se conoció el balance cambiario de noviembre, que arrojó un déficit de USD 1.163 millones. Esto coincide con el rojo de las reservas que ya supera los USD 18.00 millones.
La origen de la inquietud es evidente: el próximo nueve de enero la Argentina tiene que pagar un vencimiento de USD 4.100 millones y lejos de acumular dólares, el gobierno pierde cada vez más. Además, el ministro Caputo sigue sin explicar como hará para pagarlo: por ahora el préstamo repo de USD 7.000 millones que anunció no aparece y este viernes puso en duda la existencia del Swap con el Tesoro de Estados Unidos.
LPO había anticipado que a medida que se acerque ener, la presión sobre el dólar iba a crecer. Este viernes el blue saltó 1,7% y se ubicó en $1530, mientras el riesgo país volvió a acercarse a la zona de 580 puntos equivalente a un aumento del 1%.
Esa inquietud tiene respaldo en los números oficiales. El balance cambiario de noviembre que publicó el Banco Central mostró un déficit de cuenta corriente de USD 1.163 millones. Es decir, al país le salieron más dólares de los que le entraron por comercio, servicios y rentas. Un dato que no dialoga bien con la promesa de acumular reservas.
El problema más grave no está en el comercio exterior, aunque la caída respecto al año anterior es pavorosa, y se acerca al 80%. Pero aún así, el rubro Bienes dejó un superávit de USD 535 millones, con USD 4.888 millones cobrados por exportaciones y USD 4.353 millones pagados por importaciones.
La sangría vino por el lado de los Servicios, con un rojo de USD 559 millones, empujado por viajes, pasajes y consumos con tarjeta. A eso se sumó el golpe más pesado: el Ingreso primario, que registró una salida de USD 1.131 millones, explicada casi íntegramente por pagos de intereses, en especial al FMI. Ahí se va buena parte del aire financiero.
El balance cambiario de noviembre que publicó el Banco Central mostró un déficit de cuenta corriente de USD 1.163 millones. Es decir, al país le salieron más dólares de los que le entraron por comercio, servicios y rentas. Un dato que no dialoga bien con la promesa de acumular reservas.
La reacción de la gente ante esa situación quedó reflejada en el mercado de cambios. Las personas humanas compraron USD 1.596 millones netos, con USD 1.088 millones destinados a billetes. Más de 1,1 millón de personas salió a dolarizarse. No es pánico, pero tampoco confianza.
El equilibrio mensual se sostuvo por otro lado. La cuenta financiera fue superavitaria en USD 1.656 millones, gracias a ingresos del sector financiero y a los llamados «otros movimientos netos». En cambio, el Gobierno y el BCRA tuvieron un rojo de USD 840 millones. Sin deuda, préstamos y movimientos financieros, el cierre no daba.
Las reservas subieron USD 954 millones y cerraron en USD 40.335 millones, pero no por acumulación genuina. Pesaron los depósitos de los bancos en el Central, la revaluación de activos como el oro con destino incierto y compras puntuales del Tesoro. Al mismo tiempo, se pagaron USD 843 millones al FMI y USD 865 millones a otros organismos.
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El jefe de Gabinete de Milei confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud. La decisión fue presentada como una medida administrativa, pero llega en pleno escándalo por presuntas coimas, direccionamiento de compras y manejos irregulares que el Gobierno evita mencionar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene las horas contadas. Así lo anunció Manuel Adorni, quien informó que el organismo será disuelto y absorbido por el Ministerio de Salud, en una decisión que el Gobierno intenta mostrar como un simple “reordenamiento del Estado”, pero que se produce en un contexto político mucho más delicado.
Según explicó el vocero de Milei, la medida responde a “irregularidades detectadas” en el funcionamiento del organismo. Sin embargo, Adorni evitó mencionar el escándalo de presuntas coimas, sobreprecios y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios del propio Gobierno y que ya se encuentran bajo investigación judicial.
Una disolución que intenta borrar huellas
La ANDIS viene siendo señalada desde hace meses por denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, especialmente en la compra de medicamentos, insumos y prestaciones. En lugar de transparentar la situación, avanzar con auditorías públicas y señalar responsables, el Ejecutivo, complicado por el 3% de Karina, eligió una salida conocida: cerrar el organismo cuestionado.
La absorción por parte del Ministerio de Salud no aclara qué pasó con los recursos, quiénes tomaron las decisiones ni quiénes se beneficiaron con las presuntas maniobras irregulares. Por el contrario, diluye responsabilidades políticas y administrativas.
“No se van a cortar pensiones”, pero crece la incertidumbre
Ante la preocupación de miles de beneficiarios, Adorni aseguró que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones”. La frase busca llevar tranquilidad, pero no despeja las dudas de fondo en un contexto marcado por ajustes, recortes y revisiones masivas de beneficios sociales.
Organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores advierten que la desaparición de la ANDIS puede traducirse en más burocracia, menos controles específicos y una pérdida de jerarquía institucional para un área históricamente postergada.
Corrupción sin nombres ni explicaciones
Uno de los puntos más llamativos del anuncio fue el silencio oficial sobre las causas concretas de las irregularidades. El Gobierno no explicó por qué no se avanzó con sumarios, denuncias penales o apartamientos preventivos, ni dio precisiones sobre el rol de los funcionarios involucrados.
La estrategia parece clara: presentar la disolución como una decisión técnica mientras se evita el costo político de reconocer un nuevo escándalo de corrupción que choca de frente con el discurso anticasta y anticorrupción con el que Milei llegó al poder.
Ajuste, desmantelamiento y opacidad
La eliminación de la ANDIS no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia de desmantelamiento del Estado, ajuste fiscal y opacidad, donde se cierran organismos sin explicar qué falló, quién robó y quién paga las consecuencias.
En el medio, las personas con discapacidad vuelven a quedar atrapadas en la incertidumbre, mientras el Gobierno promete continuidad de derechos al mismo tiempo que borra instituciones clave y esquiva explicaciones.
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