El Intendente Marcelo Orazi recibió el viernes al equipo ‘La Perla del Valle’ que fue subcampeón del Segundo Torneo Deportivo de Inclusión del Comahue de Goalball que se disputó el 5 y 6 de noviembre en el polideportivo Cumelen de nuestra ciudad.
En la oportunidad el Intendente los felicitó por el puesto logrado y por representar a Villa Regina en la competencia. Recordemos que la misma contó con equipos de otros puntos de la provincia y de Neuquén.
El goalball es un deporte de equipo para jugadores con ceguera o baja visión severa. Se basa en el uso del sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota en juego y requiere una gran capacidad de orientación especial para saber estar situado en cada momento, en el lugar adecuado, con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.
Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.
Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.
Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.
Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.
Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.
En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.
Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
«La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.
Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.
En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.
Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.
Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.
El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.
Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.
«Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.
En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.
Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.
Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.
En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.
La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.
Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.
Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.
«Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.
Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.
Los jueces Borinsky y Hornos.
El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».
Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.
«Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».
La crisis que desató en el gobierno el escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación aumentó la presión de los ministros para que Javier Milei eche a Manuel Adorni.
Las tropelías del jefe de gabinete se convirtieron en un yunque para la imagen de Milei porque pegó de lleno en el discurso de la moral del que se jactó el propio presidente en la última asamblea legislativa, además de dar por perdida la lucha contra la casta.
Lo que más motiva a los ministros a pedir un cambio de gabinete es que casi a diario aparecen nuevas hojas del libro de las andanzas de Adorni y de su esposa. Clarín adelantó que el fiscal Gerardo Pollicita investiga entre 15 y 19 viajes de Adorni como funcionario y esta semana pedirá más pruebas. Es decir que además del viaje en avión privado a Punta del Este y de sus vacaciones en Aruba, la Justicia sospecha que el matrimonio hizo otros viajes exóticos sin poder justificar los gastos.
Esta semana irá a declarar la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko y luego Pollicita citará a declarar a las dos jubiladas que le «prestaron» 200 mil dólares a Adorni para la compra de su departamento en Caballito. Finalmente le tocará el turno al periodista Marcelo Grandío, que compartió el vuelo a Punta del Este con la familia Adorni. Ese es, según anticipó el periodista Nicolás Wiñazki, el testimonio que más preocupa a Karina.
«Ojalá Adorni por lo menos hubiera sacado un crédito en el Banco Nación», bromean con resignación en el gabinete.
Los ministros que no pudieron escapar del acto con Adorni.
La mancha venenosa en la que se convirtió el ministro de mayor rango llevó a que quienes en teoría son sus subordinados lo eviten. Patricia Bullrich pegó el faltazo al acto por Malvinas para no tener que cruzárselo. Acaso por esto tuvieron que anunciar en los medios una reunión de gabinete para este lunes, como si no bastara con un Whatsapp.
Luis «Toto» Caputo, en tanto, dice en la intimidad que la hegemonía política de Karina lo complica, que lo de Adorni es un problema y que la guerra le hace imposible volver a los mercados.
La encrucijada de Karina y Javier Milei es que no tienen un reemplazante porque nadie quiere asumir la jefatura tras la saga tortuosa de Nicolás Posse, Guillermo Francos y el propio Adorni. Pero al mismo tiempo necesitan que alguien cumpla el rol que tenía el contador de la UADE antes de caer en desgracia.
Adorni seguía oficiando como vocero una vez que zarpó de la secretaría de Comunicación a la jefatura de gabinete. Con una frecuencia mucho menor a la del primer año de gestión libertaria, siguió siendo el encargado de las conferencias de prensa y el funcionario que hacía los anuncios en Twitter. Ahora, con su ocaso, el gobierno no tiene una respuesta coordinada para las situaciones de crisis como la de los créditos del Nación.
En la intimidad, Toto Caputo dice que la hegemonía política de Karina lo complica, que lo de Adorni es un problema y que la guerra le hace imposible volver a los mercados
La descoordinación quedó en evidencia cuando Sandra Pettovello se mandó sola y echó al jefe de gabinete de Capital Humano porque gozaba de un crédito de más de 400 millones de pesos. La explicación de su salida, que el propio Leandro Massaccesi blanqueó en sus redes, la tuvo que dibujar Milei un día después del despido del funcionario. Eso no bastó para abrir otra interna en el gobierno, esta vez entre Pettovello y Toto Caputo.
En medio de la guerra de Medio Oriente, el canciller Pablo Quirno intentó meter a gobiernos anteriores en la misma bolsa, como para que el escándalo de los créditos al menos pasara por un mal endémico. «Los que recibían Préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad», dijo Quirno. No aclaró a quienes se refería con la compra de aviones privados, justamente un lujo que acorrala a su jefe.
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