El Intendente Marcelo Orazi recibió este martes a la titular de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, Roxana Méndez, y destacó la importancia de la reflexión y la ejecución de acciones concretas en pos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En la oportunidad, Orazi estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y el Director de Acción Social Rodrigo Durán.
En este encuentro se comenzó a trabajar en la planificación de políticas públicas y abordaje desde el sistema de protección integral SENAF.
La próxima reunión está prevista para mediados de abril donde se analizarán los datos concretos de Villa Regina.
En este esquema de trabajo se incorporarán luego Educación, Salud Pública, Salud Mental, entre otros.
Como adelantó en exclusiva LPO, Toto Caputo está obsesionado con la privatización de las rutas nacionales y autopistas que están bajo control de la estatal Corredores Viales. Eso, al punto de amenazar con una purga en Transporte y Vialidad si no están licitados 9.000 kilómetros de ruta antes de julio.
En ese apuro, Caputo también incluyó la suba de los peajes. En una señal directa a las empresas que manejarán las autopistas y rutas nacionales por los próximos 20 años, se dispuso un aumento de casi 20% en la tarifa de peajes de los diez tramos concesionados por Corredores Viales, antes de ser entregados a manos privadas.
La suba rige a partir del jueves 26, un día antes de la apertura de sobres que hará Economía para tramos de la Etapa II de la Red de Concesiones, que incluyen sectores de las rutas 3, 205 y 226 y de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, unos 1.872 kilómetros, menos de la mitad de los 4.428 kilómetros previstos para la Etapa II.
Entre las empresas que mostraron interés, figuran Chediack, Roggio, Supercemento, Panedile, Rovella Carranza, Helport y Green, entre otras.
En lo relativo a los aumentos de peajes, la tarifa mínima para vehículos livianos en la Autopista Riccheri será de $1.300 y subirá a $ 1.500 en hora pico. Los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura pasarán a pagar $1.500, mientras que aquellos que superen esa altura o tengan rueda doble deberán pagar $3.000.
Como contó LPO, para los tramos de la Etapa II para los que se abrirán ofertas este jueves, el pliego modificado por el ministerio de Caputo contempla la duplicación de la cantidad de estaciones de peaje actualmente vigentes en estos tramos, pasando de 10 a 20 cabinas.
«Ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país», dijo Caputo aunque, en verdad, aún no hay novedades de la licitación para los 2.556 kilómetros que restan de la Etapa II
En ese contexto, el ministro anunció en las últimas horas el llamado a licitación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones que abarca 3.900 kilómetros y pretende adjudicarla para fines de mayo.
«Ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país», dijo Caputo aunque, en verdad, aún no hay novedades de la licitación para los 2.556 kilómetros que restan de la Etapa II.
En las últimas horas, la Justicia allanó la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el marco de una investigación que pone al líder del gremio, Abel Furlán, al borde de quedar imputado por posible defraudación y asociación ilícita.
A raíz de una solicitud del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, el juez federal Julián Ercolini ordenó el operativo en las oficinas de la UOM, ubicadas en Alsina al 400.
Como contó LPO, Furlán, que busca renovar su mandato al frente del gremio metalúrgico, es investigado por una presunta maniobra irregular vinculada con la administración de fondos de la UOM a partir del contrato celebrado con la firma USEM S.A., que dirige la ex concejal camporista de Zárate Soledad Calle.
Por ese contrato, trascendió que la empresa recauda del gremio más de $100 millones por mes.
Muy cercana a Furlán, Calle tiene un rol muy activo en el gremio metalúrgico. De hecho, es secretaria de la General Adjunta de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) en representación de la UOM.
La denuncia atribuye a Furlán y Calle la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta y/o defraudación por administración desleal, fraude y asociación ilícita, en perjuicio de los trabajadores afiliados a la entidad gremial.
También cumple funciones como representante de la UOM ante organismos internacionales como la OIT.
En la oposición a Furlán en la UOM cuestionan la opacidad del contrato, las amplias facultades de USEM SA para manejar los fondos de la UOM y el doble rol de Calle, prohibido por el convenio.
Cerca de Furlán, en tanto, sostienen que se trata de «una operación» electoral y una maniobra de sectores a los que desplazaron del manejo de los fondos.
La denuncia presentada en febrero pasado por Fernando Miguez, presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático.
Esa presentación atribuye a Furlán y Calle la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta y/o defraudación por administración desleal, fraude y asociación ilícita, en perjuicio de los trabajadores afiliados a la entidad gremial.
Según informó La Nación, Furlán hizo una presentación espontánea ante la Justicia en la que puso a disposición toda la documentación del sindicato.
Ahí, el gremialista sostuvo: «No existe en lo actuado por la UOM de la República Argentina, ni por ninguno de sus dirigentes, los que firmaron los acuerdos del caso, su secretario general, su secretario adjunto, su secretario administrativo, ni su tesorero, ninguna irregularidad como las que se informan, ni delito alguno, ni cuestión que sea competencia de ese fuero penal extraordinario al que la ha traído el irresponsable denunciante serial ya conocido en el fuero».
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