El Intendente Marcelo Orazi permanecerá en Viedma durante este miércoles y jueves para llevar adelante gestiones ante autoridades provinciales. Durante su ausencia estará a cargo del Ejecutivo Municipal el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Orazi está acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur. Al frente de Gobierno estará la Secretaría de Desarrollo Social Luisa Ibarra.
Las gestiones en la capital provincial están relacionadas principalmente al seguimiento de distintos trámites iniciados ante Obras Públicas y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
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El gobierno de Javier Milei lleva hasta las últimas instancias su pelea con el gobierno de Axel Kicillof por el cobro de impuestos provinciales en oficinas que dependen de Nación y este martes acudió a la Corte Suprema.
La disputa es por el cobro de los Impuestos provinciales a los Automotores y de Sellos en dependencias del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, algo que se realiza desde hace más de 30 años a partir de un convenio que data de 1991.
Con la excusa desregulatoria, el Ministerio de Justicia de la Nación comunicó en agosto de 2024 la caducidad del aquel convenio del 91. Tras eso, la Agencia de Recaudación bonaerense, Arba, sacó una resolución donde dispuso que los registros debía seguir actuando como agentes de percepción de esos impuestos.
El gobierno libertario judicializó esa resolución al denunciar un «desbordamiento de competencias provinciales en detrimento del esquema federal».
Un juez de primera instancia hizo lugar a la cautelar solicitada por Nación pero, en septiembre pasado, la Cámara Federal de La Plata revocó ese fallo y restituyó la potestad de la Provincia de poder cobrar esos impuestos en las ventanillas del Registro Automotor.
Ahora, el Ministerio de Justicia presentó un recurso de queja que tramita en la Secretaría Judicial N° 4 del Máximo Tribunal pidiendo que la Corte revoque la decisión de la Cámara del martes pasado, que declaró inadmisible el recurso extraordinario que había interpuesto en rechazo al fallo de segunda instancia.
«No existe lugar a dudas que la convalidación de la inconstitucionalidad e ilegitimidad de la Resolución N° 26/2024, configura un supuesto de gravedad institucional que habilita la revisión por parte del máximo tribunal», señalan los apoderados del Ministerio de Justicia nacional en la presentación de este martes a la Corte a la que tuvo acceso LPO.
En el fallo de Cámara señaló que las cuestiones de fondo deben resolverse en una sentencia definitiva y no en una cautelar, además de marcar que las oficinas del Registro Automotor funcionaron como agentes de recaudación durante 34 años sin afectar el servicio registral.
La disputa es por el cobro de los Impuestos provinciales a los Automotores y de Sellos en dependencias del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, algo que se realiza desde hace más de 30 años a partir de un convenio que data de 1991.
Lo que está en juego con esta disputa es la cobrabilidad inmediata de esos tributos. Una interrupción intempestiva del cobro de esos impuestos en las oficinas donde se vienen pagando hace más de tres décadas, podría impactar directamente en la percepción de tales tributos y, por ende, de la recaudación provincial.
En Arba habían celebrado el fallo de la Cámara al señalar que «ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos como el de este caso».
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Axel Kicillof abrió una negociación con Daniel «Tano» Angelici para intentar destrabar en la Legislatura el permiso para tomar más de USD 3.000 millones de deuda, ante la resistencia de La Cámpora.
El gobernador necesita dos tercios para conseguir el endeudamiento y los problemas con el camporismo lo llevaron a explorar otras opciones como la de Angelici, que maneja un grupo de tres legisladores.
Le reportan directamente el senador Christian Gribaudo y la diputada Paula Bustos, de Pergamino, donde tiene uno de sus bingos. También tiene llegada a Laura Ricchini, del espacio del intendente de Junín, Pablo Petrecca.
«Con la oposición estamos encaminados», dijeron a LPO en el gobierno bonaerense. Reconocen así que el problema mayor lo tienen con La Cámpora, que este martes salió a agitar la ruptura por medio de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
La ley entró por la Cámara de Diputados, donde el gobernador necesita que la oposición no junte los 31 votos para impedirle llegar a los dos tercios. Uno de los líderes de la oposición dijo a LPO que ya tienen los 31 más allá de lo que haga Angelici.
En la cuenta que hacen incluyen a los 13 diputados de La Libertad Avanza, los 9 de la UCR de Maxi Abad y los 3 de la Coalición Cívica. En el bloque del PRO, que tiene 13 diputados, dijeron a LPO que al menos seis votarían en contra para hacer caer el endeudamiento si es que el gobierno no inicia algún tipo de diálogo.
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