El Intendente Marcelo Orazi permanecerá en Viedma durante este miércoles y jueves para llevar adelante gestiones ante autoridades provinciales. Durante su ausencia estará a cargo del Ejecutivo Municipal el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Orazi está acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur. Al frente de Gobierno estará la Secretaría de Desarrollo Social Luisa Ibarra.
Las gestiones en la capital provincial están relacionadas principalmente al seguimiento de distintos trámites iniciados ante Obras Públicas y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
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El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.
La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.
El regreso del modelo de los ‘90
La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.
Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.
Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.
Tarifas, negocios y control social
El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.
La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.
El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.
Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.
El fallecimiento de Juan José Mussi en noviembre pasado dejó un profundo vacío de poder en Berazategui y la disputa por su legado de cara a las elecciones del año que viene empieza a generar tensiones, más aún tras la reaparición del hijo del caudillo, el ex intendente Patricio Mussi.
Apartado de la escena política desde que le devolvió el sillón de intendente a su padre en diciembre de 2015, Patricio se mostró está semana en Ezeiza con el intendente local, Gastón Granados, quien fue el encargado de difundir el encuentro con un mensaje en clave electoral: «Mussi = Berazategui. Pasado, presente y futuro».
En el sur del conurbano se habla de una decisión de Mussi hijo de posicionarse de cara a 2027 en su distrito con el impulso del grupo de intendentes peronistas que tiene gravitación propia en el PJ bonaerense y diálogo abierto con ambos polos de esa interna.
Además de Granados, en ese grupo reportan jefes comunales como Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).
Esa foto no pasó desapercibida en los pasillos de la Municipalidad de Berazategui, hoy al mando de Carlos Eduardo Balor. «El Turco» custodió la sucesión de los Mussi en las últimas seis elecciones ejecutivas, encabezando la lista de concejales desde 2003.
Ese dato es el que sacan a relucir voces de su entorno como una suerte de «testimonio electoral» de la voluntad del fallecido caudillo por ser sucedido por Balor. Por eso, se resisten en hablar de una «transición» y hablan de un «legado».
«Desde que dejó de ser intendente, Patricio nunca más se comunicó con nosotros», dijo a LPO un dirigente alineado a Balor.
Así, la primera reacción a la reaparición de Juan Patricio fue el rechazo. «No tengo ni idea de lo que está haciendo ni le vamos a dar entidad», dijo a LPO un dirigente alineado al actual intendente, molesto con el posible regreso de Mussi hijo.
«No hay internas para nosotros. El candidato natural es Carlos Balor, es el único que puede llegar a representar al justicialismo de Berazategui», agregó un concejal del oficialismo berazateguense, que definió al Turco como «la figura que nos dejó el Dr. Mussi para que continúe con su gestión».
Por eso, en ese espacio hay voces que ya avisan que Balor será candidato a intendente en 2027. En esa línea, resaltaron la ausencia de Mussi hijo desde su salida del Palacio Municipal. «Desde que dejó de ser intendente, Patricio nunca más se comunicó con nosotros», dijo a LPO un dirigente alineado a Balor.
El legado de Mussi y lo que eso representa en términos electorales es lo que empieza a ponerse en disputa fuerte.
A pesar de ser un funcionario de extrema confianza del caudillo, en Berazategui hay quienes no ven a Balor con un perfil de liderazgo lo suficientemente fuerte como para contener la interna del peronismo, dominada por décadas por Mussi, que se encargó de no poner cerca suyo figuras que desafíen su conducción.
Carlos Balor asumió días atrás la conducción del PJ de Berazategui.
Quienes tienen un buen recuerdo del paso de Juan Patricio por la intendencia (entre 2007 y 2015) también señalan el apoyo que el hijo de Mussi tiene del kirchnerismo.
Como contó LPO, Mussi padre se mantuvo distante de Cristina en los últimos años. Siempre priorizó su territorio y renegó de las recientes internas.
Con el fallecimiento del caudillo, el recuerdo de la ex presidenta incluyó palabras elogiosas y de afecto a Patricio Mussi. En sectores del peronismo, eso fue leído como una señal de apoyo a futuro, algo que cobra valor con la foto reciente de reaparición.
A pesar de ser un funcionario de extrema confianza del caudillo, en Berazategui hay quienes no ven a Balor con un perfil de liderazgo lo suficientemente fuerte como para contener la interna del peronismo, dominada durante décadas por Mussi padre, que se encargó de no poner cerca suyo figuras que desafíen su conducción.
Pero Balor y Mussi hijo no son los únicos nombres que suenan en la interna del peronismo de Berazategui a 2027. También aparece activo el ex diputado provincial Mario Giacobbe, que lidera la agrupación «Primero Berazategui» y que en los últimos días llamó a una «democratización interna del peronismo».
«No creo en la portación de apellido y que cada uno tiene que dar explicaciones de lo que hizo y no hizo», dijo Giacobbe en declaraciones a El Termómetro al ser consultado sobre la reaparición política de Mussi hijo.
Giacobbe admitió que el fallecimiento del caudillo dejó «un agujero muy grande» por lo que habló de «un proceso de discusión» que se abre en el peronismo local.
La Legislatura bonaerense lleva dos meses paralizada y no pudo tener sesiones ordinarias en lo que va del año. La interna dentro del peronismo traba la conformación de las comisiones de trabajo tanto en el Senado como en Diputados.
En la Cámara Baja es todo hermetismo, pero este lunes hubo movimientos en el Senado. Verónica Magario filtró un listado con comisiones e integrantes que generó ruidos en La Cámpora y en el Frente Renovador.
La polémica fue por Legislación General. Tanto en el kirchnerimo como en el massismo sostienen que había un acuerdo por el cual esa comisión debía quedar para Malena Galmarini. Aseguran que había un acuerdo previo por el cual Presupuesto debía quedar para el Movimiento Derecho al Futuro, y la poderosa Asuntos Constitucionales para La Cámpora.
El problema es que -según listado que publicó La Tecla- Galmarini no aparece entre los 11 senadores que integrarán Legislación General. Mientras tanto, al frente de esa comisión aparece el axelista Germán Lago.
El listado que dejó correr Magario no determina quien será el presidente de cada comisión, sin embargo, muchos interpretaron que el primer senador de la lista es quien debería alzarse como presidente. Esos cargos los vota la comisión en el marco de un acuerdo que no parece posible alcanzar.
El esquema que armó Magario desconcertó al bloque. Santalla aparece como eventual presidente de la comisión de Presupuesto y Malena como titular de Asuntos Constitucionales, una comisión que desde hace años controla Emmanuel González Santalla.
Una muestra de la falta de consensos dentro del peronismo es que entre las comisiones que trascendieron no aparece Reforma Política, un espacio clave en el Senado toda vez que por ahí pasarán todos los cambios en las normas electorales de cara al año próximo.
El listado que circuló este lunes genera más tensión dentro del peronismo. Las diferencias entre el kirchnerismo, el massismo y el axelismo son cada vez más notorias en el Senado.
Los roces se dieron durante todo el verano y el kirchnerismo jugó fuerte para que Mario Ishii se quede con la vicepresidencia de la Cámara Alta, un cargo que Kicillof consideraba clave desde lo institucional toda vez que es el segundo lugar en la línea de sucesión. Kicillof perdió esa batalla que durante todo el verano generó un fuerte desgaste al bloque de Fuerza Patria.
En Diputados todo es hermetismo y circulan versiones cruzadas. Algunas afirman que el bloque libertario no encuentra un consenso interno para integrar las comisiones. Esos transcendidos ganan fuerza tras la salida de Agustín Romo de la presidencia del bloque que ahora quedó en manos de Juan Osaba. En rigor, ese cambio se formalizará cuando la Cámara Baja tenga su primera sesión ordinaria del año, algo que por ahora se ve muy lejos.
Otra versión es que la iniciativa de crear una comisión de Ludopatía generó malestar en un sector de los intendentes.
En tanto, al igual que ocurre en el Senado, la conformación de Reforma Política sería otro de los motivos por los cuales Diputados no logra cerrar un acuerdo por las comisiones y arrancar las sesiones.
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