El Intendente Marcelo Orazi permanecerá en Viedma durante este miércoles y jueves para llevar adelante gestiones ante autoridades provinciales. Durante su ausencia estará a cargo del Ejecutivo Municipal el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Orazi está acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur. Al frente de Gobierno estará la Secretaría de Desarrollo Social Luisa Ibarra.
Las gestiones en la capital provincial están relacionadas principalmente al seguimiento de distintos trámites iniciados ante Obras Públicas y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Tres meses después de sortear trabas, maniobras dilatorias y el cerrojo del oficialismo, la comisión investigadora del caso $LIBRA presentó un informe demoledor de más de 200 páginas. El documento concluye que Milei podría haber incurrido en mal desempeño, que hubo un esquema de estafa con formato de rug pull y que existen antecedentes previos con los mismos protagonistas. Aunque la causal de juicio político sería viable, el gobierno ya cuenta con el tercio necesario para bloquear cualquier intento.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
Un informe que sobrevivió a las maniobras del oficialismo
La comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados finalmente presentó su informe final. El trabajo, que incluye conclusiones, análisis técnicos y abundante material probatorio aportado a la Justicia argentina, arrancó retrasado por las maniobras del bloque libertario para impedir su conformación, pero aun así la oposición logró completarlo.
En la presentación, el diputado Agost Carreño fue directo al hueso al afirmar que la comisión está “en condiciones de confirmar que $LIBRA es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa”. Señaló además que en la operatoria hubo ardid y engaño mediante una maniobra típica del mundo cripto: un rug pull, o “tirón de alfombra”, donde los promotores se retiran con los fondos dejando a miles de ahorristas en pérdidas.
El diputado Juan Marino reforzó esa línea al destacar que las hipótesis iniciales no sólo se confirman, sino que se amplían, dado que los hechos recabados “encuadrarían en lo que se tipifica como una estafa tal cual lo indica el Código Penal”.
Un patrón que se repite: Terrones Godoy, Novelli y Milei
El informe subraya algo clave: $LIBRA no fue un hecho aislado. Los legisladores identificaron antecedentes de maniobras financieras presuntamente ilícitas que involucran a las mismas figuras: Javier Milei, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. Según el documento, este entramado “pone de manifiesto un modus operandi”.
Entre esos antecedentes se mencionan:
1. La moneda digital de KIP Protocol (diciembre de 2024)
La comisión verificó que Milei prestó su imagen para promocionar $KIP, y que el día del lanzamiento Terrones Godoy recibió tokens, los convirtió de inmediato en USDT y transfirió parte de esos fondos a Novelli, en una operatoria calcada a la detectada en $LIBRA.
2. El juego NFT “Vulcano”
Creado por Mauricio Novelli, también fue promovido por Milei antes de su llegada al gobierno. El proyecto estalló sin mayores explicaciones y dejó a usuarios perjudicados.
3. La empresa CoinX
Milei la promocionó en 2021 como si fuera una recomendación financiera. Poco después, la firma fue allanada por orden judicial en 2022 en el marco de una causa por estafa. La comisión interpreta que este antecedente revela un patrón de promoción de activos dudosos sin controles previos.
Milei, en el centro del esquema
Según el informe, el Presidente habría tenido una participación imprescindible en la maniobra: utilizó su posición pública para promocionar $LIBRA como si fuera una inversión, cuando en realidad se trataba de una memecoin armada para un rug pull. Además, habría utilizado información no pública del contrato, lo que refuerza la hipótesis de un vínculo directo con los creadores de la cripto.
Otro punto que desmiente al oficialismo: el número de afectados. Mientras Milei insistió en minimizar el impacto, la comisión señala que más de 114.000 billeteras registraron pérdidas, una cifra monumental que expone la escala del fraude y la total ausencia de controles estatales previos.
Los investigadores interpretan esa omisión como una voluntad deliberada de evitar mecanismos institucionales, algo que en cualquier país con instituciones robustas prendería todas las alarmas.
Juicio político: causal hay, votos no
El informe sostiene que Milei podría haber incurrido en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, una causal constitucional para iniciar un juicio político. Sin embargo, tras las elecciones de octubre, el oficialismo logró asegurarse el tercio necesario para bloquear cualquier intento de avanzar con ese proceso.
Es decir: los fundamentos existen, las pruebas están, pero los números no. Aunque la oposición decidiera impulsarlo, el escudo legislativo del oficialismo lo frenaría de inmediato.
Denuncias contra funcionarios: entorpecimiento y encubrimiento
El capítulo final del documento enumera las denuncias que la comisión pedirá impulsar. Entre los acusados figuran:
Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia)
Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción)
Paulo Starc (UIF)
Roberto Silva (ex asesor de la CNV)
María Florencia Zicavo (unidad de investigación de $LIBRA)
A todos ellos se los señala por incumplimiento de deberes de funcionario público y por haber entorpecido la labor de la comisión.
Además, se propondrá denunciar al fiscal Eduardo Taiano y al titular del Juzgado Federal Nº 8, quienes negaron a los diputados el acceso a la causa y no autorizaron el uso de la fuerza pública para garantizar la presencia de testigos clave.
¿Y ahora?
El informe sobre $LIBRA deja al descubierto un entramado financiero que golpea de lleno en el corazón del oficialismo y compromete directamente a Milei. Las pruebas ya están en manos de la Justicia. Lo que sigue dependerá, como siempre, del delicado equilibrio entre poder político, presión social y la capacidad —o voluntad— de las instituciones para actuar.
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El gobierno de Javier Milei lleva hasta las últimas instancias su pelea con el gobierno de Axel Kicillof por el cobro de impuestos provinciales en oficinas que dependen de Nación y este martes acudió a la Corte Suprema.
La disputa es por el cobro de los Impuestos provinciales a los Automotores y de Sellos en dependencias del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, algo que se realiza desde hace más de 30 años a partir de un convenio que data de 1991.
Con la excusa desregulatoria, el Ministerio de Justicia de la Nación comunicó en agosto de 2024 la caducidad del aquel convenio del 91. Tras eso, la Agencia de Recaudación bonaerense, Arba, sacó una resolución donde dispuso que los registros debía seguir actuando como agentes de percepción de esos impuestos.
El gobierno libertario judicializó esa resolución al denunciar un «desbordamiento de competencias provinciales en detrimento del esquema federal».
Un juez de primera instancia hizo lugar a la cautelar solicitada por Nación pero, en septiembre pasado, la Cámara Federal de La Plata revocó ese fallo y restituyó la potestad de la Provincia de poder cobrar esos impuestos en las ventanillas del Registro Automotor.
Ahora, el Ministerio de Justicia presentó un recurso de queja que tramita en la Secretaría Judicial N° 4 del Máximo Tribunal pidiendo que la Corte revoque la decisión de la Cámara del martes pasado, que declaró inadmisible el recurso extraordinario que había interpuesto en rechazo al fallo de segunda instancia.
«No existe lugar a dudas que la convalidación de la inconstitucionalidad e ilegitimidad de la Resolución N° 26/2024, configura un supuesto de gravedad institucional que habilita la revisión por parte del máximo tribunal», señalan los apoderados del Ministerio de Justicia nacional en la presentación de este martes a la Corte a la que tuvo acceso LPO.
En el fallo de Cámara señaló que las cuestiones de fondo deben resolverse en una sentencia definitiva y no en una cautelar, además de marcar que las oficinas del Registro Automotor funcionaron como agentes de recaudación durante 34 años sin afectar el servicio registral.
La disputa es por el cobro de los Impuestos provinciales a los Automotores y de Sellos en dependencias del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, algo que se realiza desde hace más de 30 años a partir de un convenio que data de 1991.
Lo que está en juego con esta disputa es la cobrabilidad inmediata de esos tributos. Una interrupción intempestiva del cobro de esos impuestos en las oficinas donde se vienen pagando hace más de tres décadas, podría impactar directamente en la percepción de tales tributos y, por ende, de la recaudación provincial.
En Arba habían celebrado el fallo de la Cámara al señalar que «ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos como el de este caso».
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó en La Plata una nueva flota de 40 patrulleros para fortalecer la prevención del delito en la ciudad capital. Lo hizo junto al ministro de Seguridad Javier Alonso; y el intendente local Julio Alak.
En ese marco, Kicillof destacó: «Estamos haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la seguridad en un contexto muy hostil para nuestra provincia, producto de un Gobierno nacional que nos robó los fondos y pretende asfixiarnos financieramente». «Aquí está nuestra respuesta: más inversión y federalismo para sumar en La Plata y en cada municipio las herramientas que se necesitan para cuidar a los y las bonaerenses», añadió.
Estamos haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la seguridad en un contexto muy hostil para nuestra provincia, producto de un Gobierno nacional que nos robó los fondos y pretende asfixiarnos financieramente
«En nuestra gestión dejamos atrás una etapa de frases vacías, donde el marketing era acompañado por una política de ajuste que destruyó los salarios y las capacidades de la Policía provincial», explicó el Gobernador y agregó: «Transitamos un camino muy diferente, sin palabras rimbombantes, con hechos concretos, inversión y un trabajo diario de coordinación entre todas las áreas del Estado para llevar tranquilidad a todos los vecinos y vecinas».
Los nuevos móviles fueron adquiridos con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial y permitirán reforzar el patrullaje en distintos barrios. Por su parte, Alonso remarcó: «Cuidar a los vecinos no es un acto discursivo, requiere de decisión política y de grandes inversiones como las que estamos llevando adelante desde la Provincia y el municipio: estos nuevos patrulleros incrementarán la presencia policial en las calles y fortalecerán los trabajos para ponerle límites al delito».
«Hoy incorporamos 20 camionetas para la zona rural y 20 móviles para el área urbana, fruto del trabajo conjunto entre la municipalidad y el Gobierno bonaerense: este incremento en la capacidad operativa demuestra que es con políticas públicas serias y sostenidas como podemos mejorar la seguridad en nuestra ciudad capital», subrayó Alak.
Estuvieron presentes los subsecretarios de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, su par provincial Lucía Iañez; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; el secretario de Seguridad local, Diego Pepe; funcionarios y funcionarias locales.
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