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Orazi realiza gestiones en Viedma

El Intendente Marcelo Orazi permanecerá en Viedma durante este miércoles y jueves para llevar adelante gestiones ante autoridades provinciales. Durante su ausencia estará a cargo del Ejecutivo Municipal el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.

Orazi está acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur. Al frente de Gobierno estará la Secretaría de Desarrollo Social Luisa Ibarra.

Las gestiones en la capital provincial están relacionadas principalmente al seguimiento de distintos trámites iniciados ante Obras Públicas y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).  

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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  • La amenaza de Trump de destruir la infraestructura energética de Irán enciende alarmas en Wall Street

     

    Donald Trump retomó la narrativa de confrontación contra Irán y lanzó un ultimátum para que la nación persa abra el Estrecho de Ormuz. El líder republicano le dio 48 horas o de lo contrario Estados Unidos «arrasará toda la infraestructura energética». 

    Esto se produce dos días después de anunciar una suerte de retiro que incluía justamente la salida de Estados Unidos de la intención de bloquear esa estratégica por el paso del petróleo y los fertilizantes.

    Sin embargo, Irán redobló la apuesta y  la Guardia Revolucionaria (CGRI) Islámica dijo este domingo que «cerrará completamente» el estrecho de Ormuz si Estados Unidos cumple con su amenaza de atacar la infraestructura energética de Irán y no lo reabrirá «hasta que nuestras plantas de energía destruidas sean reconstruidas».

    El CGRI agregó que atacará «ampliamente» plantas eléctricas, infraestructura energética y tecnologías de información en Israel y que también apuntará a «cualquier compañía similar en la región» que tenga accionistas estadounidenses.

    Sospechan que Trump alimentó una especulación en Wall Street de USD 900 mil millones con sus dichos sobre Irán

    «Las plantas de energía de los países en la región que alojen bases estadounidenses serán nuestros objetivos legítimos», amenazó el ala militar iraní. 

    Horas antes, Ali Musavi, representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI), planteó que el estrecho se mantiene abierto para toda la navegación internacional, excepto para embarcaciones vinculadas con los «enemigos de Irán».

    Las plantas de energía de los países en la región que alojen bases estadounidenses serán nuestros objetivos legítimos

    Según la agencia de noticias iraní Mehr, el funcionario indicó que es posible el paso por el estrecho a través de «la coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección».

    Petrolero arabe en el estrecho de Hormuz.

    Por otra parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con la destrucción de infraestructura vital en la región del Golfo de una «manera irreversible» si Estados Unidos e Israel atacan las plantas energéticas de su país. En una publicación en la red social X, Ghalibaf dijo que instalaciones de energía y petróleo en la región serán consideradas como «objetivos legítimos». 

    El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con la destrucción de infraestructura vital en la región del Golfo de una «manera irreversible» si Estados Unidos e Israel atacan las plantas energéticas de su país. En una publicación en la red social X, Ghalibaf dijo que instalaciones de energía y petróleo en la región serán consideradas como «objetivos legítimos

    La Organización de Energía Atómica de Irán (OIEA) informó que la planta nuclear de Natanz, en el centro del país, había sido el blanco de un ataque aéreo israelí-estadounidense en la mañana del sábado.

    La organización indicó que se realizaron «evaluaciones técnicas y especializadas» para determinar si se produjo una contaminación radiactiva y los resultados arrojaron que «no se reportó fuga de materiales radiactivos en esa instalación y que no hay peligro para los residentes de las zonas adyacentes».

    Trump amenaza con invadir Irán pero sólo lo apoya el 7% de los estadounidenses

    Trump, dijo el sábado en su red social Truth Social que ha «borrado a Irán del mapa» y que ha alcanzado sus objetivos en Irán, en relación a un artículo publicado por The New York Times.  «El «liderazgo (de Irán) ha desaparecido, su armada y su fuerza aérea están muertas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo, no!», declaró el presidente de EEUU.

     Esta tensión genera presión e incertidumbre con la apertura de los mercados porque el ultimátum de Trump se cumple el lunes. El riesgo de eso podría ser un precio del crudo en alza que algunos creen que estarán en 114 dólares y una inestabilidad fuerte en las principales bolsas.

    Las miradas están también puestas en el estrecho de Bab el-Mandeb que es otro punto estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye un corredor vital para el comercio mundial, en particular para el transporte de petróleo y gas entre Europa y Asia.  Estas zona podría ser bloqueada de manera inminente por los Huthíes de Yemen.

     

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    La doble vara judicial: cuando la sospecha condena y la prueba no alcanza

     

    La comparación entre la causa que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros expedientes recientes que involucran a funcionarios del actual gobierno expone una tensión cada vez más evidente: mientras en un caso bastó con una presunción interpretativa —“no podía no saber”—, en otros, con abundancia de indicios y documentación, la reacción judicial y mediática parece notablemente más tenue.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La historia judicial argentina ofrece múltiples ejemplos de selectividad, pero pocos tan paradigmáticos como el contraste entre la denominada “causa Vialidad” y las investigaciones que hoy rodean a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei. En el primer caso, el eje de la condena a Cristina Fernández de Kirchner giró sobre un razonamiento que excede la prueba directa: la idea de que, por su investidura, “no podía no estar al tanto” de las irregularidades atribuidas a la obra pública en Santa Cruz.

    Esa formulación, que en términos jurídicos tensiona principios básicos como la responsabilidad penal individual y la necesidad de prueba concreta, fue sostenida tanto por sectores del Poder Judicial como por buena parte del sistema mediático dominante. Sin embargo, cuando se observan expedientes actuales —donde aparecen transferencias, vínculos contractuales, decisiones administrativas documentadas o movimientos patrimoniales verificables— la vara parece desplazarse hacia un estándar mucho más laxo.

    La lógica de la presunción: el caso Vialidad

    En la causa que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los aspectos más controvertidos fue la ausencia de evidencia directa que acreditara su participación personal en maniobras ilícitas. No se incorporaron registros de conversaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias ni documentos firmados por la exmandataria que vincularan de manera concreta su accionar con los hechos investigados.

    La construcción acusatoria se apoyó, en cambio, en una inferencia estructural: que la entonces presidenta debía necesariamente conocer lo que ocurría en la asignación de obra pública. Esta interpretación, si bien puede tener peso político, abre un debate jurídico profundo sobre el alcance de la responsabilidad por jerarquía y sobre los límites entre presunción y prueba.

    En términos estrictamente legales, la doctrina penal exige certeza basada en evidencia. Sin embargo, el fallo incorporó un razonamiento más cercano a la sospecha estructural que a la demostración empírica, lo que fue celebrado por sectores mediáticos que durante años instalaron la idea de culpabilidad como sentido común.

    ANDIS, $LIBRA y otras causas: cuando la prueba no moviliza

    En contraste, investigaciones recientes como las vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el denominado caso $LIBRA o las denuncias por enriquecimiento que salpican a figuras del oficialismo presentan un cuadro distinto: aquí sí aparecen elementos materiales, registros administrativos y circuitos financieros que permiten trazar relaciones más concretas.

    Sin embargo, la respuesta institucional no ha tenido la misma intensidad. En el caso de ANDIS, por ejemplo, se mencionaron irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones que derivaron en cuestionamientos internos, pero sin avanzar con la celeridad que se observó en otras causas de alto impacto político.

    Algo similar ocurre con el entramado de $LIBRA, donde la existencia de documentación, decisiones administrativas y posibles beneficiarios identificables no logró instalar en el debate público la misma noción de escándalo estructural que sí se construyó en torno al kirchnerismo.

    El patrimonio y las explicaciones: el caso Adorni

    El caso de Manuel Adorni resulta ilustrativo en este esquema comparativo. Las discusiones sobre su patrimonio, operaciones inmobiliarias y financiamiento de adquisiciones abrieron interrogantes que, en otro contexto político, probablemente habrían derivado en investigaciones más profundas y en una cobertura mediática sostenida.

    Sin embargo, la reacción predominante fue la relativización o la rápida disipación del tema en la agenda pública. La diferencia no es menor: mientras en la causa Vialidad se construyó una narrativa de culpabilidad sin prueba directa, en estos casos la existencia de elementos verificables no alcanza para generar una presión equivalente.

    El rol de Karina Milei y las sospechas de intermediación

    Otro punto que alimenta la discusión sobre la doble vara es la aparición de versiones vinculadas a presuntos esquemas de intermediación o retornos —como el denominado “3%”— que involucran a Karina Milei. Si bien muchas de estas denuncias requieren aún confirmación judicial, lo cierto es que el tratamiento mediático ha sido, en general, más prudente o marginal.

    En términos comparativos, basta recordar cómo hipótesis mucho menos documentadas en el pasado fueron amplificadas durante meses hasta consolidarse como verdades instaladas.

    A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa.

    Créditos del Banco Nación y decisiones administrativas

    Las operaciones crediticias otorgadas por el Banco Nación a determinados actores también ingresan en este análisis. La existencia de expedientes, montos y condiciones específicas ofrece un terreno fértil para la investigación judicial. No obstante, nuevamente, la intensidad de la respuesta institucional dista de la observada en otras etapas políticas.

    El contraste no implica necesariamente afirmar culpabilidades, sino señalar una diferencia en el estándar de exigencia: lo que en un caso se interpreta como indicio suficiente, en otro parece no alcanzar ni siquiera para activar mecanismos de investigación robustos.

    En este punto aparece un elemento particularmente revelador: la forma en que el propio Javier Milei queda sistemáticamente por fuera de las hipótesis de responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa. Aun cuando los hechos investigados involucran áreas sensibles del gobierno o funcionarios de su máxima confianza, la interpretación dominante —tanto en ciertos sectores judiciales como mediáticos— tiende a considerar plausible que Milei “no esté al tanto”. Esta asimetría no es menor: mientras en un caso la jerarquía implicaba necesariamente conocimiento, en el otro habilita una presunción de desconocimiento que lo excluye preventivamente del análisis de responsabilidades.

    Medios, justicia y construcción de sentido

    El punto de convergencia entre todos estos casos es el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido. La condena de Cristina Fernández de Kirchner fue precedida por años de cobertura sistemática que instaló una narrativa de corrupción estructural, incluso en ausencia de pruebas directas.

    En cambio, las causas que hoy afectan a funcionarios del oficialismo no han logrado —o no se ha buscado que logren— ese mismo nivel de penetración en la opinión pública. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: cambia la forma en que se interpreta la evidencia y el peso que se le asigna.

    Una justicia bajo sospecha

    La comparación deja al descubierto una pregunta incómoda pero inevitable: ¿existe un criterio uniforme en la administración de justicia o las decisiones están condicionadas por el contexto político y mediático?

    Cuando una condena puede sostenerse en una presunción y otras investigaciones con mayor volumen de pruebas no avanzan con igual firmeza, la percepción de doble vara se vuelve difícil de refutar. Y esa percepción, más allá de las posiciones partidarias, erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en la justicia.

    En definitiva, el problema no es sólo jurídico, sino institucional. Porque una justicia que parece medir distinto según el acusado deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de disputa política. Y en ese terreno, la verdad —con pruebas o sin ellas— corre siempre el riesgo de quedar relegada.

     

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