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Orazi realiza gestiones en Viedma

El Intendente Marcelo Orazi permanecerá en Viedma durante este miércoles y jueves para llevar adelante gestiones ante autoridades provinciales. Durante su ausencia estará a cargo del Ejecutivo Municipal el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.

Orazi está acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur. Al frente de Gobierno estará la Secretaría de Desarrollo Social Luisa Ibarra.

Las gestiones en la capital provincial están relacionadas principalmente al seguimiento de distintos trámites iniciados ante Obras Públicas y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).  

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    La poderosa empresa Glencore, con intereses en diversas esferas de la producción a nivel mundial, organizó un viaje a Estados Unidos para la semana próxima con un grupo de senadores y diputados argentinos que apoyan la modificación de la Ley de Glaciares.

    El tour legislativo alcanza a representantes de distintos bloques y la convocatoria se habría cursado a través de la Red de Acción Política (RAP), una asociación civil que cultiva el «pluralismo ideológico» y propicia «la generación de amistad cívica entre políticos de distintos partidos, regiones y niveles de responsabilidad».

    Entre sus misiones y visión, la RAP menciona los «vínculos de confianza y generar espacios de diálogo e interacción entre líderes y referentes de diversos sectores de la sociedad», como así también «la generación de consensos buscando reducir la volatilidad y pendularidad de las políticas públicas».

    Fuentes parlamentarias revelaron a LPO que, en esta ocasión, fueron invitadas la senadora santacruceña Natalia Gadano, que se opuso a los cambios, y sus colegas Victoria Huala por el PRO y Mariana Juri por la UCR. Ambas votaron por la afirmativa en febrero, cuando se trató la ley en el Senado.

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    En representación de la Cámara Baja, se subirían al avión la catamarqueña Fernanda Ávila, que emigró de la bancada de UP al bloque de Raúl Jalil, y su par bonaerense Nicolás Massot, que permanece junto a Miguel Pichetto. También formarían parte de la comitiva la sanjuanina Nancy Picón Martínez, la misionera Yamila Ruiz, que integra Innovación Federal, la cordobesa Carolina Basualdo y el jujeño Guillermo Snopek, todavía alineado con Germán Martínez.

    De todos ellos, los únicos que anunciaron su voto en rechazo a los cambios de la ley vigente fueron Basualdo, diputada por el espacio de Martín Llaryora en el interbloque Unidos, y Snopek. «Votar esta ley sería entregarle a Gerardo Morales los proyectos mineros en detrimento de nuestra provincia», dijo el legislador jujeño este miércoles en plena sesión, y sostuvo que la iniciativa «es muy peligrosa para la calidad institucional de Jujuy».

    Nancy Picón Martínez.

    Entre los legisladores opositores, crecía la bronca por una excursión que, a todas luces, parece un premio que podría ser considerado una dádiva en sede judicial. De ahí el énfasis que puso este martes el propio Martínez, durante el debate en el plenario de comisiones, cuando preguntaba de forma insistente «¿Qué pasó?» para dilucidar por qué diputados y gobernadores que hasta ahora no habían manifestado la necesidad de cambiar la ley promovían ahora esta iniciativa.

    La única respuesta que esbozó el jefe del bloque peronista fue una pregunta retórica: «¿Qué pasó en el medio? ¿Estados Unidos? ¿Qué es? ¿El Fondo Monetario Internacional?».

     

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  • En el campo profundizan la judicialización de tasas municipales tras un fallo favorable

     

    El fallo reciente que ordena al municipio de Daireaux a devolver a un grupo de productores el dinero que les cobró en concepto de tasa vial motiva por estas horas a varias rurales a avanzar con demandas contra ese tributo en sus municipios.

    La sentencia dictada por Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, no está firme y será recurrida ante instancias superiores por la gestión municipal a cargo de María Serra, que reemplaza a Esteban Acerbo, que asumió en diciembre en la Cámara baja provincial.

    Más allá de eso, en el campo ven que se refuerza la jurisprudencia sentada en 2023, cuando la tambera y referente de lechería de Carbap, Andrea Passerini, le ganó un juicio al municipio de Carlos Casares, que tuvo que pagarle el equivalente a tres años de tasa por no demostrar contraprestación.

    Con el precedente de aquel fallo, varios grupos de productores iniciaron el proceso de judicialización de la tasa vial. Al momento, la mayoría de las presentaciones se hicieron en municipios administrados por el peronismo.

    Ya se hicieron planteos judiciales en Baradero, Henderson, Necochea, General Alvarado y Azul, donde los ruralistas demandaron la anulación de «sobretasas» aplicadas en el tributo por mantenimiento de caminos.

     Con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos. 

    Esta semana, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo de productores azuleños y ordenó a la gestión local de Nelson Sombra a que entregue información «completa, veraz y adecuada» sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.

    El de Azul es un conflicto que se arrastra del año pasado y con el que salió al cruce de intendentes el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino: «Pagar una tasa implica recibir un servicio y eso no está pasando. En algunos casos, la tasa vial que se paga al municipio incide más que el impuesto inmobiliario», dijo.

      Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables

    Ahora, con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.

    «Con la Mesa de Enlace local estamos teniendo reuniones para hacer algo parecido a lo que están haciendo en otros distritos porque los caminos rurales están destruidos. Estamos en tratativas con abogados para avanzar», dijo a LPO el titular de la Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego.

    Y agregó que el objetivo es «pedirle explicaciones a la Municipalidad, qué han hecho con lo que han cobrado de la tasa vial, que no se ve reflejado en los caminos».

     El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales 

    En esa línea, el dirigente de la Rural de San Pedro, Raúl Victores, adelantó a LPO que en la entidad tienen definido «ir a la instancia judicial» contra el municipio por esa tasa.

    El tema preocupa en varios municipios donde, frente al derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas en general, advierten un panorama de emergencia financiera que se agravaría sensiblemente de agregarse erogaciones por juicios perdidos por este tema.

    «Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables», dijo a LPO el ex titular de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda.

    El productor juninense analizó que empieza a haber «una tendencia en la Justicia de entender que las tasas tienen que tener contraprestación de servicio y que no son impuestos».

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    «El problema de los caminos rurales es del 90% de los distritos, con lo cual es importante que el productor vuelva a tener el coraje de reclamar lo que en su momento hizo y la justicia no le daba lugar y que los intendentes entiendan que las tasas tienen que volver en servicios», sentenció Esponda.

    En el caso de Daireaux, la demanda fue los ejercicios 2022 y 2023, cuando Acerbo estaba al frente de la comuna. El juez sentenció que en 2023 el 17% del presupuesto de la tasa se destinó a mantener la red vial y que en 2022 apenas el 10% fue aplicado a caminos rurales.

     Al momento, la mayoría de las presentaciones de los ruralistas se hicieron en municipios administrados por el peronismo. 

    «El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo», cruzó el municipio de Daireaux, que apelará el fallo.

    Al señalar que presta un servicio «razonable», la gestión municipal sostuvo que el mantenimiento de la red vial rural «no responde a una lógica matemática ni individual, sino a una planificación permanente que busca garantizar la circulación, la producción y la conectividad de todo el distrito». 

     

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