El Intendente Marcelo Orazi permanecerá en Viedma durante este miércoles y jueves para llevar adelante gestiones ante autoridades provinciales. Durante su ausencia estará a cargo del Ejecutivo Municipal el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Orazi está acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur. Al frente de Gobierno estará la Secretaría de Desarrollo Social Luisa Ibarra.
Las gestiones en la capital provincial están relacionadas principalmente al seguimiento de distintos trámites iniciados ante Obras Públicas y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, busca descomprimir la interna con Osvaldo Jaldo, en medio de variadas versiones sobre un distanciamiento. La jefa comunal lo visitó en la Casa de Gobierno y horas después echó a un funcionario ligado al diputado nacional Carlos Cisneros, enemigo del mandatario provincial.
El clima en el peronismo de Tucumán está más que caldeado desde hace tiempo, pero esta semana subió la tensión entre Jaldo y Chahla. Primero, con unas declaraciones picantes del gobernador que parecieron un tiro por elevación a la estrategia comunicacional de «la intendenta tiktoker».
«Todos aquellos que quieran llegar a un cargo institucional, no les va a alcanzar con el TikTok, no les va a alcanzar con las redes sociales. Hay que venir a poner la cara», dijo Jaldo en un acto. «TikTok a la China se van a ir a hacer», advirtió.
El libertario Lisandro Catalán, que se mueve como el candidato a gobernador de Milei, recogió el guante y le respondió rápido. Pero algún sector del peronismo quedó la idea de que el dardo de Jaldo no tenía como destinatario al exministro. En el entorno de Chahla le restaron importancia a
«las interpretaciones» ante la consulta de LPO. «No tenemos nada de qué preocuparnos», agregaron.
En la semana también algunos jaldistas salieron a marcar la ausencia de Chahla en una cumbre del gobernador con todo aparato territorial del PJ. Cerca del intendenta responden que estaba de viaje y que la reunión fue con dirigentes del interior.
En el medio de estos chispazos circularon rumores de una ruptura de cara a las elecciones del año que viene, donde Jaldo buscará la reelección. Algunos sectores del peronismo tucumano ubican a Chahla por un camino separado e incluso compitiendo por un cargo provincial.
No les va a alcanzar con el TikTok, no les va a alcanzar con las redes sociales. Hay que venir a poner la cara
Una fuente tucumana que mira la disputa desde afuera dijo a LPO que de uno y otro lado hay dirigentes a los que les conviene una ruptura y por eso alimentan esas versiones. Y recuerda que el año pasado el peronismo tucumano parecía más dividido y terminó yendo unido a las elecciones, aunque la armonía duró casi nada.
En el medio de ese ruido, Chahla se dirigió el jueves por la mañana a la Casa de Gobierno provincial y mantuvo una larga reunión con Jaldo. «Tenemos diálogo con el gobernador, nos hablamos a la noche, a la tarde o en algún momento de la semana. Todo está viento en popa», dijo la intendenta al salir.
El ministro Monteros, Jaldo y Chahla
La reunión fue la calma que antecedió al huracán. Horas después el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Alejandro Sangenis, salió a fulminar al ministro del Interior, Darío Monteros, mano derecha de Jaldo. «Monteros ha hecho todo lo posible para ponerle palos en la rueda a la gestión de Chahla», disparó Sangenis, que también vinculó al ministro con una denuncia del alfarismo contra funcionarios de la intendenta.
Chahla, que horas antes había posteado una foto con Jaldo y Monteros, evitó que la crisis escalara y este viernes a primera hora echó de su gabinete a Sangenis, algo que no había hecho con críticas anteriores del mismo funcionario.
El trasfondo de todo esto es que Sangenis es un funcionario del riñón del diputado nacional Carlos Cisneros, que está peleado a muerte con Jaldo desde que le sacó el control de la Caja Popular de Ahorros (CPA), una entidad que maneja los fondos del juego provincial. El despido del funcionario fue leído como un gesto de la intendenta para correrse de la guerra entre Jaldo y Cisneros.
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El secretario de Asuntos Estratégicos y virtual número dos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, impuso el lobby de la tabacalera Massalin Particulares y
logró el gobierno nacional habilite el vapeo.
Tras seis meses como funcionario, el exempleado y lobista de Philip Morris logró destrabar un viejo reclamo de sus antiguos empleadores y consiguió que se derogue la prohibición del cigarrillo electrónico, vigente desde 2011.
Devitt era destrabar el multimillonario negocio del vapeo, una medida que las tabacaleras habían querido colar en la ley Bases. Massalin ya había retomado esta iniciativa a fines de noviembre pasado, cuando a pocos días de que se le venciera el mandato como diputado, Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular el negocio.
Además del vínculo con el Congreso -que es formalmente una de sus tareas-, Devitt activó contactos en las provincias para sumar apoyo político a la avanzada de Philip Morris a favor del vapeo y hasta se metió en la mesa política del gobierno. Pero finalmente no necesitó de una ley del Congreso y Milei le facilitó el trámite con una resolución simple del Ministerio de Salud.
La norma publicada este lunes con la firma de Mario Lugones establece los requisitos para el registro, la comercialización y fiscalización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.
El argumento oficial es que se pasa de un sistema de prohibición a uno de control de productos que igualmente circulan en el mercado de manera ilegal. «La prohibición no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos», deslizaron desde Salud.
Justamente esa habilitación es la que necesitaban las tabacaleras para meterse en un negocio millonario. La única limitante que les puso el gobierno de Milei es que no podrán vender productos con saborizantes, además de incorporar las advertencias sanitarias que tienen los paquetes de cigarrillos.
Una pelea por definir es el impuesto que se cobrará a los cigarrillos electrónicos. Durante el debate por la ley Bases, el proyecto de las tabacaleras incluía un impuesto del 20 por ciento a estos productos, una cifra muy por debajo de lo que tributan las empresas productoras de cigarrillos comunes, el 73 por ciento.
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