Orazi, presente en el aniversario de Valle Azul

Un reciente fallo de la Corte Suprema disparó alarmas en los municipios del Conurbano que tienen como epicentro de su recaudación tasas que son cuestionadas por el Gobierno, que advierte ausencia de contraprestación.

La Corte revocó un fallo Tribunal Superior de Justicia cordobés que habilitaba al municipio de Córdoba a cobrarle al Banco Galicia una tasa que, según el Máximo Tribunal nacional, no indicaba contrapestación alguna.

«La contraprestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones», planteó el fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

 Lo dictaminado cobra especial relevancia ante la posibilidad de que genere un efecto vinculante en la jurisprudencia de las Cámaras Federales Argentinas donde los bancos probablemente recurrirán para aplicar este último fallo. 

Así, consideró quee la norma tributaria en cuestión, «en lugar de determinar los servicios por los que se pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación»

Frente a eso, la Corte habló de «laxitud» del municipio cordobés a la hora de imponer su norma tributaria y concluyó que la tasa en cuestión -denominada «Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios»- es un «tributo que la demandada carece de facultades constitucionales para crear».

Intendentes le advierten a Caputo que no podrán pagar el alumbrado público si no cobran las tasas en las boletas

Lo dictaminado cobra especial relevancia ante la posibilidad de que genere un efecto vinculante en la jurisprudencia de las Cámaras Federales Argentinas donde los bancos probablemente recurrirán para aplicar este último fallo.

En efecto, existen numerosos planteos judiciales del Banco Nación contra municipios (mayormente gobernados por el peronismo) en los que ponen en cuestión el cobro de tasas a sus sucursales.

Además de esos tributos relativos a entidades bancarias, en los intendentes también preocupa que el fallo impacte en la Tasa Vial, que varios municipios cobran a la carga de combustible y que es blanco de acusaciones de Toto Caputo.

Embestida judicial del Banco Nación contra intendentes por el cobro de tasas

También, en 2024 el ministro de Economía intentó prohibir el cobro de tasas municipales en las boletas de servicios, algo que afectaba puntualmente a la tasa de alumbrado público.

Eso fue judicializado por los intendentes, que habían advertido que no podrán pagar el alumbrado público si no cobraban las tasas en las boletas. En esas presentaciones, los municipios consiguieron fallos favorables pero la aparición del fallo de la Corte de este jueves reabrió la preocupación también por ese tributo. 

Raúl Jalil ahora acordó con el gobierno de Javier Milei que Catamarca asumirá el control de más de 180 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia, convenio que cuenta con una cláusula que faculta al gobernador a adoptar en esos corredores un sistema de concesión con peajes.

Semejante asterisco en el acuerdo hizo recrudecer las versiones que circulan en el entramado de poder catamarqueño y que hablan de la posibilidad de otro negocio para Guido Mogetta S.A., empresa que tiene el dominio absoluto de la obra pública en esa provincia.

No es casual que, para los peajes que consiguió Jalil de Nación, suene fuerte el nombre de la empresa familiar del ex secretario de Transporte de Milei, Franco Mogetta. Es que esa firma viene de quedarse con los peajes de la autopista Rosario-Córdoba en el marco de las concesiones promovidas por Toto Caputo.

 El convenio marco establece que el gobierno catamarqueño asumirá los costos de las obras que se hagan sobre esos tramos. Con ese pretexto, aparece en la cláusula tercera la habilitación a la Provincia para adoptar un sistema de gestión de concesión por peaje, sin establecerse tope alguno de tarifas. 

Como contó LPO, hay quienes advierten que esa adjudicación fungió de prenda de negociación de Jalil con el Gobierno para definir votos catamarqueños en próximas leyes de interés de Milei en el Congreso, entre ellas la eliminación de las PASO.

Concretamente, el acuerdo sobre el que Jalil avanzó el mes pasado durante la visita a la provincia de Diego Santilli y Toto Caputo, plantea que la Provincia se hará cargo del mantenimiento de 66,2 kilómetros de la Ruta Nacional 38 y otros 114,4 kilómetros relativos a las rutas nacionales 60 y 157.

Denuncian que Jalil acordó leyes con el Gobierno a cambio de rutas para «el Lázaro Báez catamarqueño»

El convenio marco establece que el gobierno catamarqueño asumirá los costos de las obras que se hagan sobre esos tramos. Con ese pretexto, aparece en la cláusula tercera la habilitación a la Provincia para adoptar un sistema de gestión de concesión por peaje, sin establecerse tope alguno de tarifas.

Otro dato que es visto con lupa es que el aval para instalar peajes es para los corredores especificados pero, también, para otros que eventualmente se incorporen mediante «acuerdos complementarios».

En Catamarca, fuentes al tanto de estas negociaciones advierten que el Gobierno nacional le dio a Jalil una llave para expandir los negocios de quien definen en sectores del poder local como «el Lázaro Báez catamarqueño».

Crisis del litio en Catamarca: la empresa de Mogetta se sumó a la ola de despidos 

Actualmente, el Grupo Mogetta controla buena parte de la obra pública provincial, pero sus unidades de negocios también alcanzan la minería y la explotación agropecuaria, con actividades vinculadas a la producción de alfalfa y ganadera (feedlot).

Ahora, con el manejo de la Autopista Rosario-Córdoba suma el rubro vial-peajes, lo cual es leído como el inicio de una expansión en ese rubro que podría tener su continuidad a partir del convenio entree Jalil y el gobierno de Milei.