El Intendente Marcelo Orazi acompañó ayer domingo al Comisionado de Valle Azul Heber Trincheri, en el acto por el 50º aniversario de esa localidad.
En la oportunidad, Orazi, acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros, transmitió los saludos de toda Villa Regina en esta fecha tan especial.
“Como comunidad hermanas y vecinas, es mi deseo que continuemos transitando este camino de trabajo en conjunto en beneficio de nuestras localidades”, manifestó Orazi.
Representantes de la comunidad científica en el directorio del Conicet salieron a cuestionar la decisión del Gobierno de eliminar convocatorias clave de financiamiento y alertaron que sin inversión pública sostenida no hay desarrollo científico posible.
Por Alina C. Galifante para NLI
La tensión entre el Gobierno y el sistema científico argentino sumó esta semana un nuevo capítulo. Cinco integrantes del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en representación de las áreas de estudio y del Consejo de Universidades, firmaron un documento en el que rechazan la eliminación de la convocatoria a los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y defienden el financiamiento público de la ciencia.
En el texto expresaron su “profunda preocupación” por una serie de medidas que consideran gravísimas: la anulación de las convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de una nueva modalidad que, según denuncian, desconoce a amplias áreas del conocimiento y excluye particularmente a la investigación en ciencia básica.
El pronunciamiento no fue acompañado por los otros tres miembros del directorio que representan al agro, la industria y las provincias. No por desinterés, aclaran los firmantes, sino porque el documento nació como un eco directo de la alarma que recorre hoy a investigadores, becarios y equipos científicos frente al futuro inmediato de su trabajo en Argentina.
Fondos básicos, investigación paralizada
El sociólogo Mario Pecheny, representante del área de Ciencias Sociales y Humanidades en el directorio, explicó que desde 2023 no se abrían nuevas convocatorias PICT y que la última, prorrogada durante meses, fue finalmente cancelada esta semana. En declaraciones al diario Página/12, detalló que los fondos destinados al grueso de los proyectos de investigación de todo el país quedaron directamente sin convocatoria.
La situación es especialmente grave porque esa última convocatoria había sido evaluada y adjudicada. Es decir, los proyectos ya estaban aprobados, pero nunca llegaron los recursos. El resultado es inmediato: investigadores, equipos universitarios y el propio Conicet se quedan sin insumos, sin infraestructura y sin posibilidades materiales de investigar.
Los PICT se financian a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que históricamente funcionó como la principal fuente de recursos para la investigación científica. Mientras los salarios —magros y atrasados— los pagan el Conicet o las universidades, es la agencia la que permite sostener los gastos reales de investigar: equipos, materiales, viajes, trabajo de campo y funcionamiento cotidiano de los laboratorios.
Pecheny subrayó además que el impacto fiscal de estos programas es mínimo. El porcentaje del PBI destinado a los PICT es ínfimo, pero su efecto multiplicador sobre la producción de conocimiento, la formación de recursos humanos y el desarrollo nacional es enorme. Por eso, el documento funciona como un reclamo político claro: sin presupuesto, la ciencia simplemente no existe.
Ciencia o mercado: un modelo en disputa
La alternativa que impulsa hoy la agencia, según explicaron desde el directorio, está orientada casi exclusivamente a proyectos con participación empresarial y resultados de corto plazo. Se trata de una lógica de mercado que prioriza desarrollos con utilidad inmediata y rentabilidad rápida, dejando de lado la investigación básica y de largo aliento.
El problema, advierten, es estructural. La investigación científica es, por definición, incierta y lenta. Si se supiera de antemano cuál será el resultado, no sería investigación. Muchas de las aplicaciones que hoy sostienen economías enteras nacieron de descubrimientos que parecían inútiles durante décadas, desde avances matemáticos hasta estudios sociales que luego permitieron mejorar políticas públicas, sistemas de salud o acceso a derechos básicos como la vivienda.
Para los científicos, la colaboración con empresas es parte necesaria del ecosistema, pero no puede transformarse en el único motor del sistema. Cuando el Estado se retira y deja todo en manos del interés privado, el resultado no es eficiencia sino desarticulación. Se rompe el equilibrio entre lo público y lo privado y se condena al país a depender de conocimientos producidos afuera.
En esa línea, Pecheny fue contundente: el modelo de desarrollo que impulsa Milei reduce al mínimo el rol del Estado y desconoce la existencia de bienes públicos esenciales. La ciencia, al igual que una ruta, un hospital infantil o el cuidado del agua, no puede quedar librada a intereses particulares sin consecuencias devastadoras para el bienestar colectivo.
Becarios congelados y un futuro en riesgo
El ajuste también golpea con fuerza a los sectores más jóvenes del sistema científico. Los becarios financiados por la agencia —doctorandos y posdoctorandos— tienen sus estipendios congelados desde hace dos años. Mientras tanto, los becarios del Conicet y de las universidades apenas lograron actualizaciones parciales, siempre por detrás de la inflación.
El impacto no es solo individual. Los científicos advierten que la investigación debe pensarse de manera intergeneracional y federal. Sin universidades fuertes no habrá futuros investigadores, y sin financiamiento distribuido en todo el país la ciencia quedará concentrada en dos o tres grandes centros urbanos, dejando al resto de las provincias fuera del mapa del conocimiento.
Por eso, el documento cierra con una advertencia política de fondo. Los cinco miembros científicos del directorio instaron a revertir de manera urgente estas decisiones que, aseguran, atentan contra el desarrollo científico, el pluralismo académico y un crecimiento equitativo del país. Sin ciencia pública, advierten, no hay soberanía ni futuro posible.
El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, dijo que desde lo más alto del Poder Judicial tienen en foco los escándalos en Rosario, donde este año hay en curso causas penales por corrupción contra dos magistrados, en una jurisdicción que se distingue por las tramas entre factores de poder que mezclan a empresarios, medios de comunicación y algunos jueces.
Con el planteo de Rosatti resonando, el Consejo de la Magistratura decidió este miércoles avanzar en medidas contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, que está imputado de haber pedido un soborno para ordenar al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares a un fideicomiso para pagar una deuda con una empresa del exterior, cuando regía el cepo cambiario.
Ese fideicomiso lo administraba el financista Fernando Whpei, quien a la vez está imputado junto al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por una extorsión contra un agente de Bolsa, que tiene además como partícipes señalados al ex director regional de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna y al lobista judicial Santiago Busaniche, conectado al mundo de los servicios de inteligencia.
En el marco de estas causas en pleno trámite, el hecho de que el presidente del máximo tribunal argentino hablara de esto fue un mensaje contundente para toda la Justicia Federal de Rosario que durante mucho tiempo tuvo un proceder opaco y omisivo, en especial contra el comercio de drogas que convirtió a la ciudad a partir de 2013 en la más violenta de la Argentina. El ministro de la Corte dijo que ante este proceso cada uno debe definir «de qué lado está».
Rosatti recordó que hace tres años estuvo en Rosario en un acto de abrazo a magistrados de la Justicia Federal donde estuvieron referentes judiciales de todo el país, junto al gobernador, senadores y diputados. «Estaba toda la política, toda la Justicia, estaban las universidades. Ahí yo dije: «Quiero saber de qué lado está cada uno porque esto es un entramado muy muy complejo y no hay neutrales, el que se dice neutral es cómplice». Y dije también ahí que me llamaba mucho la atención que no lleguen casos de narcotráfico a la Corte, es como que todo el mundo estuviera conforme con las sentencias de primero o de segunda instancia».
Afirmó que desde entonces empezó a verse un cambio y que hubo en los últimos dos años unas cien condenas contra actores del narcotráfico. «Y empezó a verse una investigación del propio Poder Judicial respecto de una trama que involucraba jueces». Rosatti indicó que desde la Corte se colocó un reflector sobre esa red donde están «el empresariado, algunos decían medios de comunicación, eventualmente jueces» y probablemente con alguna protección de afuera de la provincia.
Quiero saber de qué lado está cada uno porque esto es un entramado muy muy complejo y no hay neutrales, el que se dice neutral es cómplice
El problema del narcotráfico, siguió Rosatti, es básicamente el tema del lavado de activos y de la trazabilidad del dinero que produce. Y reiteró que el Poder Judicial está echando luz «sobre influyentes, operadores, y ciertos servicios que no quiero llamar de inteligencia, servicios de información, todo mezclado ahí».
La trama de investigaciones que se acrecentó desde noviembre de 2024 dejó ver que el ex juez Bailaque tenía el mismo contador que algunas empresas del narcotraficante Esteban Alvarado al que él mismo investigaba. Las acciones omisivas de Bailaque hacia Alvarado fueron denunciadas por fiscales santafesinos al Consejo de la Magistratura en 2020 pero el órgano que investiga el proceder de los jueces tuvo cuatro años congelado ese expediente.
En una de las causas de Bailaque está imputado Santiago Busaniche, un lobista muy conocido en Comodoro Py. Según el ex jefe de la AFIP Vaudagna, también imputado, el que estaba interesado en concretar el chantaje contra el agente de Bolsa de Rosario Claudio Iglesias era Sergio Marchi, administrador general de la Corte. Ante la pregunta de si podían estar implicados en estas tramas actores de afuera de Santa Fe, Rosatti dijo: «puede ser».
El Consejo de la Magistratura ahora avanza contra Salmain en varios expedientes. La medida de hoy la resolvió la Comisión de Acusación que preside Luis Juez, que es el instructor del caso. Salmain fue imputado además este martes por abuso de autoridad ya que cuando en octubre fue requisado por orden judicial y le secuestraron su teléfono celular utilizó su condición de magistrado para pedir de modo oficial información detallada sobre quién ordenaba la medida, quiénes la concretaban y quién fue el juez interviniente.
Además Salmain tiene un expediente en la Comisión de Disciplina del Consejo que instruye la jueza Alejandra Provítola. Ahí lo investigan por haber omitido en su currículum para juez en 2016 que la Corte Suprema por unanimidad lo había echado del Poder Judicial en 2002, cuando era empleado, por ofrecer una coima a una funcionaria para eludir el sorteo de un expediente laboral y direccionarlo al juzgado donde él trabajaba.
Pese a estar imputado e investigado en varias causas por el órgano que examina el comportamiento de jueces, actualmente Salmain está a cargo de uno de los dos juzgados que hay en Rosario del fuero civil y comercial en la Justicia Federal.
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