El Intendente Marcelo Orazi acompañó ayer domingo al Comisionado de Valle Azul Heber Trincheri, en el acto por el 50º aniversario de esa localidad.
En la oportunidad, Orazi, acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros, transmitió los saludos de toda Villa Regina en esta fecha tan especial.
“Como comunidad hermanas y vecinas, es mi deseo que continuemos transitando este camino de trabajo en conjunto en beneficio de nuestras localidades”, manifestó Orazi.
El postergado debate interno del peronismo sobre que hacer con la economía, en caso de volver al poder, tuvo este martes un muy interesante debate en la histórica sede del PJ en el barrio de Once.
Participaron del inusual encuentro la kirchnerista Teresa García, una de las dirigentes más cercanas a Cristina Kirchner: la economista albertista Mercedes D’Alessandro; el economista peronista ortodoxo Santiago Fraschina y el diputado nacional y uno de los líderes del peronismo de centro, Guillermo Michel.
Enseguida, quedaron en evidencia las contradicciones. Teresa García pidió «radicalizar» la propuesta económica frente a los poderes concentrados, Mercedes D’Alessandro cuestionó el RIGI como parte de una nueva etapa de «neocolonialismo extractivista» y Guillermo Michel advirtió sobre las restricciones jurídicas, fiscales y financieras que enfrentará quien intente modificarlo. Jorge Capitanich cerró con sus típicos discursos enrevesados de buenas intenciones, pero llamó a recuperar la regulación peronista sobre las inversiones extranjeras.
La discusión se dio durante el cierre del curso sobre «Modelo Económico Justicialista» que trabajosamente viene desplegando Fraschina, que abrió la discusión con una advertencia sobre la necesidad de llegar a las próximas elecciones con un plan para gobernar.
«Prefiero un debate de cuál es la propuesta que el peronismo tiene que llevar a la sociedad argentina el año que viene», dijo Fraschina. Y explicó que tiene «dos intenciones: una, para generar expectativa en la elección, que ese es el programa que se está debatiendo y discutiendo, y la otra es porque si llegamos tenemos que gobernar y tenemos que tener perspectiva de una salida justicialista y desarrollista».
Fraschina advirtió que la discusión estará atravesada por los intereses económicos. «Los grupos económicos locales, los fondos de inversión quieren un peronismo disciplinado, un peronismo disciplinado desarrollista, que sea la alternativa al orden financiero para no discutir la matriz distributiva», afirmó. «Si el peronismo no discute la matriz distributiva no la discutirá nadie en la Argentina, porque el peronismo nació discutiendo la matriz distributiva desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social», sostuvo.
Incluso puso un límite al desarrollismo como objetivo autónomo: «Ni siquiera la industrialización es un fin en sí mismo para el peronismo, es un medio. Porque si la industrialización no va asociada a la justicia social, entonces no es peronismo desarrollista».
Los grupos económicos locales, los fondos de inversión quieren un peronismo disciplinado, un peronismo disciplinado desarrollista, que sea la alternativa al orden financiero para no discutir la matriz distributiva.
Teresa García recogió ese planteo y llevó la discusión un paso más adelante. «Nos vamos a equivocar si aparecemos lavados frente a los poderes concentrados, que nos están mirando, obviamente, y que intentan ponerle la mano en el hombro a cualquiera que ande con ganas de ser sumiso ante los planteos de los sectores de poder», dijo la vicepresidenta del PJ.
García rechazó que esa posición implique volver a una discusión del pasado. «No es un discurso antiguo este, no es una mirada antigua sobre la situación política, todo lo contrario», afirmó.
La diputada kirchnerista Teresa García.
Teresa García fue todavía más explícita cuando discutió qué perfil debería presentar el peronismo. «No nos van a elegir por más lavadito, más café con leche. La sociedad va a elegir por aquel que plantee las antípodas de lo que está viviendo hoy en día, después del gobierno de Macri por un lado y luego del gobierno de Milei por otro», sostuvo. «Yo creo que el peronismo tiene que radicalizar su postura», afirmó García. Y remató: «Nosotros somos la antítesis de todo lo que vino sucediendo en el gobierno de Macri y de Milei».
Mercedes D’Alessandro tomó otro camino para llegar a una conclusión igualmente crítica. La economista sostuvo que el peronismo tiene que actualizar su discusión distributiva porque cambió el capitalismo. «Estamos entrando a un nuevo momento político, social, económico, no solo en Argentina, sino a nivel mundial», dijo. «La inteligencia artificial no es una cosa abstracta, es una transformación del capitalismo», sostuvo D’Alessandro.
D’Alessandro vinculó ese salto tecnológico con la brutal concentración de riqueza posterior a la pandemia. Los grandes empresarios tecnológicos, explicó, no solamente acumularon fortunas sino poder político. «Son personas que tienen ganas de hacer política, tienen influencia sobre los mercados, tienen un montón de poder», dijo. «Ellos son dueños de muchas de las plataformas que usamos todos los días: de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Ellos son dueños de las plataformas que usamos para comunicarnos, para vender, para comprar», afirmó. «Son dueños también de todo el desarrollo de inteligencia artificial y son dueños también de los data centers».
No nos van a elegir por más lavadito, más café con leche. La sociedad va a elegir por aquel que plantee las antípodas de lo que está viviendo hoy en día, después del gobierno de Macri por un lado y luego del gobierno de Milei por otro. Yo creo que el peronismo tiene que radicalizar su postura. Nosotros somos la antítesis de todo lo que vino sucediendo en el gobierno de Macri y de Milei.
Para D’Alessandro, ese control incluye además los datos con los que las plataformas pueden orientar consumos y comportamientos. «Cuando digo vendernos cosas digo desde el heladito y la pizza hasta un candidato político», afirmó.
La transformación también llegó al mercado laboral. D’Alessandro habló de alrededor de un millón de personas incorporadas a las plataformas y comparó ese universo con las cerca de 1,2 millones de trabajadoras de casas particulares. Describió una relación laboral en la que ya ni siquiera hace falta un jefe de carne y hueso: la plataforma asigna viajes, fija condiciones y administra premios y castigos.
«Hoy nosotros estamos frente a una nueva etapa de neoextractivismo, neocolonialismo extractivista». La economista planteó que la explosión de la inteligencia artificial y los data centers disparará una demanda gigantesca de energía. Es ahí donde ubicó el lugar que pueden ocupar Vaca Muerta, el petróleo, el gas y el litio argentino en la nueva economía global. «El litio, pero todo se lo damos sin encadenamiento local, sin que nos dejen ninguna regalía, sin retenciones», cuestionó.
«Esa es la inserción extractivista y colonialista en la que nosotros somos otra vez proveedores de materias primas, como antes. Somos los proveedores de energía barata para que ellos hagan la transición tecnológica y después nos vendan Meta, la nube donde guardamos nuestras fotos, Instagram», sostuvo D’Alessandro.
Y planteó: «Ahí tenemos un gran desafío: cómo vamos a hacer para capturar esa agenda también y ver qué vamos a plantear a esto, porque no vamos a detener el paso tecnológico».
El diputado Guillermo Michel.
El planteo de Guillermo Michel chocó con esa perspectiva cuando la discusión bajó a qué puede hacer efectivamente un próximo gobierno con el RIGI. Michel cuestionó el régimen de Milei, pero advirtió que los proyectos ya incorporados cuentan con garantías, estabilidad y mecanismos internacionales de resolución de controversias que limitan el margen para simplemente desarmarlo.
Michel marcó además una diferencia política con el pedido de radicalización de García. «A mí no me van a ver bajando de Sierra Maestra con la remera del Che Guevara, no me van a ver radicalizado», dijo.
El ex titular de Aduana puso en cambio como prioridad la restricción presupuestaria. Planteó que un gobierno peronista deberá ejercer «un control estricto de lo que eran los ingresos y los gastos, sobre todo los ingresos del Estado, para tener las cuentas públicas saneadas».
Después entró en el sistema impositivo. «Por favor, no repitamos la estupidez que me repiten los consultores de los 184 impuestos como un verso», reclamó Michel. «Con cinco impuestos se obtiene la mayor parte de la recaudación», explicó, y enumeró IVA, seguridad social, Ganancias, derechos vinculados al comercio exterior y créditos y débitos bancarios. Michel también defendió mecanismos para hacer más progresivo el sistema.
A mí no me van a ver bajando de Sierra Maestra con la remera del Che Guevara, no me van a ver radicalizado.
Recordó la devolución del IVA mediante tarjeta de débito y sostuvo que esa política «le quitaba la famosa regresividad al IVA, que es que pague el mismo impuesto siempre».
También fijó posición sobre Ganancias. «Para mí el ingreso de los trabajadores, no los altos ingresos, el trabajador, el que tiene Ganancias en una remuneración, eso no tiene que pagar impuesto a las Ganancias», afirmó.
El contrapunto con D’Alessandro se hizo más evidente al hablar de inversión. Michel defendió expresamente los regímenes de promoción. Recordó instrumentos utilizados durante gobiernos peronistas como la amortización acelerada de Ganancias y la devolución de IVA.
Michel coincidió con D’Alessandro en cuestionar que una minera pueda recibir beneficios y después importar todos sus equipos. Criticó «eliminar totalmente los derechos de importación y que la minera esté importando personalmente de China, porque eso no genera empleo en Argentina». Según Michel, los esquemas de promoción anteriores tenían «un punto de racionalidad» que el RIGI perdió. «Los esquemas anteriores buscaban activar el valor agregado en la cadena de proveedores locales», señaló.
También cuestionó el costo fiscal del régimen. Michel estimó que puede alcanzar un punto del PBI y tradujo ese número en unos 7.000 millones de dólares. «¿Qué son 7.000 millones de dólares?», preguntó, antes de compararlo con los recursos necesarios para mejorar los ingresos de los jubilados.
Pero ahí se separó del planteo más confrontativo que atravesó las intervenciones anteriores. Michel sostuvo que los beneficios otorgados a los proyectos RIGI no desaparecerán simplemente porque cambie el gobierno. Los contratos prevén distintos mecanismos de resolución de controversias y habilitan instancias internacionales.
El senador Jorge Capitanich.
Michel agregó una dificultad todavía mayor. «El principal régimen es YPF. Usted sabe que la accionista mayoritaria de YPF es el propio Estado», señaló. Es decir, el próximo gobierno podría terminar discutiendo un esquema del que participa una compañía controlada por el propio Estado argentino.
Así, frente a la idea de atacar el modelo asociado al RIGI, Michel puso sobre la mesa los límites jurídicos y fiscales de esa decisión. «La política se hace en la realidad», dijo.
El planteo no fue conservar el régimen tal como está, sino asumir que un próximo gobierno deberá convivir con parte de los derechos ya concedidos mientras modifica hacia adelante la política de incentivos.
La otra prioridad de Michel fue todavía más concreta: el Fondo Monetario Internacional. El ex funcionario sostuvo que el FMI sobreendeudó a la Argentina y calculó que el exceso del financiamiento respecto de parámetros razonables ronda los 32.000 millones de dólares. «Por cualquier criterio técnico razonable no debería haberse otorgado semejante volumen de recursos», sostuvo.
Según Michel, el endeudamiento argentino con el organismo supera largamente los parámetros vinculados a la cuota del país y a su capacidad futura de repago.
Michel hizo incluso una diferenciación que generó sorpresa en el auditorio. «Los bonistas actuaron de manera mucho más responsable que el Fondo Monetario Internacional», afirmó.
Su propuesta tampoco fue dejar de pagar. «Nos toca pagarlo, porque hay una continuidad del Estado, hay una continuidad de los gobiernos», dijo sobre las obligaciones asumidas por Argentina.
Lo que propuso fue «presentarse y discutir» con el Fondo Monetario, los bonistas privados y el Club de París una estructura de vencimientos vinculada «a la disponibilidad de generar dólares».
Jorge Capitanich quedó a cargo del cierre y eligió un registro mucho más doctrinario. Llegó con documentos, recordó su libro sobre economía peronista y arrancó con una arenga ante un auditorio compuesto fundamentalmente por militantes.
«A nosotros los peronistas no nos van a poder ganar nunca, porque somos muchos y somos muy persistentes. Y aparte somos los mejores y en esto no hay que tener falsa modestia», dijo el ex gobernador del Chaco.
Capitanich llevó una copia de una de las primeras leyes de inversión extranjera de Perón, para discutir el argumento de que poner condiciones al capital implica rechazar inversiones.
«Nosotros también tuvimos leyes que propiciaron la atracción de inversiones extranjeras directas», recordó. Pero destacó que aquellas normas planteaban «una regulación muy clara respecto al tema de remisión de utilidades, regalías, dividendos y liquidación de importación». Capitanich contrapuso ese modelo al RIGI y calificó a la administración libertaria como el gobierno «más gorila, más vendepatria de la historia argentina».
La escena final dejó así expuesta las dificultades del peronismo para sintetizar una propuesta económico y lo demorado que viene ese debate interno. Ante una platea militante todos podían coincidir en la crítica a Milei. La síntesis se volvió bastante más difícil cuando apareció la pregunta sobre qué hacer al día siguiente de volver al poder.
Durante siete años Paraná fue la capital de la Confederación Argentina mientras Buenos Aires permanecía separada. La historia detrás de una disputa que definió el país.
Por Alcides Blanco para NLI
Hubo un momento de la historia argentina en que Buenos Aires no era la capital, ni siquiera formaba parte del Estado nacional que decía representar a la Argentina. Mientras en la ciudad porteña funcionaba un gobierno separado, en Paraná se instalaban el presidente, el Congreso y las instituciones de la Confederación Argentina. Entre 1854 y 1861, la ciudad entrerriana se convirtió en el centro político de un país todavía incompleto, atravesado por una disputa que iba mucho más allá de una cuestión administrativa: quién tendría el poder de decidir sobre la Nación y quién se quedaría con los recursos que producían sus principales puertos y su Aduana.
La escena parece extraña desde el presente porque la Argentina suele pensarse históricamente desde Buenos Aires. La escuela, los manuales y hasta buena parte de la memoria nacional construyeron un relato en el que la capital aparece como un dato casi natural, como si Buenos Aires hubiera estado destinada desde siempre a ocupar ese lugar. Pero no fue así. La Constitución de 1853 estableció a Buenos Aires como capital, aunque la separación de la provincia del resto de la Confederación hizo imposible aplicar esa disposición. El gobierno nacional terminó instalándose en Paraná, que pasó a ser la capital efectiva de la Confederación.
El problema no era solamente dónde estaba la capital
Para comprender aquella disputa hay que mirar más allá del mapa. Después de la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, la organización nacional quedó atravesada por una contradicción gigantesca. Las provincias necesitaban construir un Estado común, pero Buenos Aires conservaba una posición económica excepcional, especialmente por el control de su puerto y de la Aduana, fuente fundamental de recursos fiscales. El conflicto entre Buenos Aires y la Confederación no era, por lo tanto, una discusión abstracta entre unitarios y federales: detrás de las instituciones estaba también la cuestión concreta de quién manejaba la caja.
Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y vencedor de Caseros, impulsó la organización constitucional. La Constitución sancionada en 1853 buscó establecer un sistema federal y construir un Estado nacional por encima de las disputas provinciales. Pero Buenos Aires rechazó ese proceso y permaneció separada. El resultado fue una situación insólita: existían dos estructuras políticas argentinas que reclamaban legitimidad sobre el mismo territorio histórico.
En ese escenario, Paraná adquirió una importancia que hasta entonces no tenía. La ciudad fue convertida en capital de la Confederación el 24 de marzo de 1854, después de la federalización del territorio entrerriano. Allí se instaló el gobierno encabezado por Urquiza y comenzó a funcionar el Congreso nacional. Las leyes sancionadas durante aquellos años llevan consigo una prueba documental extraordinaria: el propio Estado argentino legislaba desde Paraná.
No se trataba de una capital simbólica. Había un Estado funcionando en Paraná. Había presidente, ministros, legisladores, funcionarios, diplomáticos y una burocracia nacional que intentaba darle forma concreta a una estructura institucional todavía muy frágil. La investigación histórica reciente ha señalado precisamente que el Congreso reunido en Paraná fue un espacio central para la construcción política de aquella Argentina federal y para el aprendizaje institucional de dirigentes provenientes de distintas provincias.
Una capital sin los recursos de Buenos Aires
El problema era que construir un Estado requería dinero, y allí aparecía la enorme ventaja de Buenos Aires.
La Confederación tenía territorio, Constitución e instituciones, pero no disponía de una estructura económica comparable con la de la provincia porteña. Buenos Aires controlaba su Aduana y conservaba los beneficios derivados del comercio exterior. La situación generaba una paradoja: el Estado que pretendía organizar la Nación tenía menos recursos que la provincia que se había separado de él.
Por eso la cuestión del puerto resultaba inseparable de la cuestión de la capital. No alcanzaba con instalar oficinas y funcionarios en Paraná. Había que construir una estructura económica capaz de sostener al Estado nacional. La Confederación buscó entonces fortalecer otros circuitos comerciales y promover los puertos fluviales, mientras intentaba atraer inversiones, fomentar la inmigración y desarrollar nuevas actividades productivas. Durante la presidencia de Urquiza también se impulsaron tratados comerciales y políticas destinadas a ampliar las conexiones exteriores de las provincias.
La experiencia de Paraná fue, en ese sentido, un gigantesco laboratorio de construcción estatal. No era una ciudad preparada para ser una gran capital nacional, pero debió transformarse rápidamente para cumplir esa función. Incluso su vida cultural adquirió una nueva dimensión. El Teatro 3 de Febrero, inaugurado en 1852, ganó protagonismo cuando Paraná se convirtió en capital y comenzó a recibir una actividad artística acorde con su nueva jerarquía política.
La capital entrerriana intentaba demostrar que la Argentina podía organizarse desde el interior.
El regreso de Buenos Aires y la historia que quedó
La experiencia no duró. La tensión entre la Confederación y Buenos Aires terminó desembocando en nuevos enfrentamientos militares. En 1859, las fuerzas de Urquiza derrotaron al ejército porteño comandado por Bartolomé Mitre en la batalla de Cepeda. El posterior Pacto de San José de Flores abrió el camino para la reincorporación de Buenos Aires, aunque las diferencias no desaparecieron.
Dos años después llegó Pavón. Allí se produjo el quiebre definitivo de aquel experimento federal. La Confederación quedó políticamente desarticulada y Buenos Aires recuperó una posición central en la organización nacional. En diciembre de 1861 se produjo la disolución formal de la Confederación.
Pero hay un dato todavía más revelador: la cuestión de la capital tampoco quedó resuelta inmediatamente. La federalización definitiva de Buenos Aires recién llegaría en 1880, después de nuevos conflictos políticos y militares. Recién entonces la ciudad quedó convertida formalmente en Capital Federal de la República Argentina, separada institucionalmente de la provincia de Buenos Aires.
La historia de Paraná como capital, entonces, no debería quedar reducida a una curiosidad escolar. Fue uno de los momentos en que se puso a prueba una pregunta que atraviesa toda la historia argentina: si el país debía organizarse alrededor de la ciudad-puerto o si podía construirse un verdadero poder nacional capaz de equilibrar a Buenos Aires con las provincias.
La respuesta histórica terminó inclinándose hacia Buenos Aires, pero el episodio demuestra que esa centralidad nunca fue inevitable. Fue el resultado de disputas políticas, económicas, militares e institucionales. Hubo una Argentina en la que el Congreso sesionaba en Paraná, el presidente gobernaba desde Entre Ríos y Buenos Aires era un Estado separado.
Quizás por eso aquella etapa merece ser recordada. Porque detrás de la anécdota de una capital perdida aparece una discusión mucho más profunda y todavía reconocible: cómo se distribuyen el poder, los recursos y las decisiones entre el centro y el resto del país.
Y esa pregunta, a casi dos siglos de distancia, todavía no terminó de encontrar una respuesta definitiva.
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Durante la reunión que Santilli mantuvo la semana pasada en Misiones con los mandatarios provinciales norteños, fue expreso el planteo de «garantías» para avanzar en zonas cálidas.
«No habrá apoyo para el proyecto de zonas frías hasta que no se concrete el de zonas cálidas y no habrá respaldo para la reforma electoral ni para la eliminación de las PASO», afirmó a LPO uno de los gobernadores presentes en Misiones.
Como contó LPO, el gobierno mandó a Santilli a recomponer la relación con los gobernadores tras la dura derrota en el capítulo de extranjerización de tierras.
En Misiones, el jefe de Gabinete prometió «un avance» para el proyecto de zonas cálidas, el cual debió enviar en Gobierno al Congreso hace ya dos meses, cuando lo prometió Luis «Toto» Caputo. Al no efectivizarse, los gobernadores norteños renovaron las presiones en busca de acciones concretas.
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