El Intendente Marcelo Orazi acompañó ayer domingo al Comisionado de Valle Azul Heber Trincheri, en el acto por el 50º aniversario de esa localidad.
En la oportunidad, Orazi, acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros, transmitió los saludos de toda Villa Regina en esta fecha tan especial.
“Como comunidad hermanas y vecinas, es mi deseo que continuemos transitando este camino de trabajo en conjunto en beneficio de nuestras localidades”, manifestó Orazi.
Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.
En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.
La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.
Un viaje técnico en medio de una tormenta política
El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.
Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.
Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.
El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados
Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.
La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.
Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.
La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina destaca y agradece el gesto del ‘Maestro Celeste’ quien en el transcurso de esta semana se acercó al Centro de Desarrollo Infantil de barrio Matadero para explicarles a las ‘seños’ el trabajo que realiza para crear juguetes con tapitas de plástico. “El ‘Maestro Celeste’…
Mientras el Gobierno construye un discurso de supuesta superioridad moral contra quienes reciben asistencia estatal, protestan o cuestionan sus políticas, cada vez aparecen más funcionarios que utilizan el mismo régimen que el oficialismo promocionó para regularizar activos y patrimonios. Tras conocerse la adhesión de Manuel Adorni y su esposa, ahora trascendió que Federico Sturzenegger también recurrió a la denominada «Inocencia Fiscal».
Por Roque Pérez para NLI
El relato libertario volvió a chocar contra la realidad. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó al Régimen Simplificado de Ganancias conocido oficialmente como «Inocencia Fiscal», un esquema impulsado por el propio Gobierno para facilitar la exteriorización y regularización patrimonial bajo nuevas condiciones. La información apareció pocas horas después de que se conociera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa también habían presentado la adhesión.
La noticia profundiza una contradicción política que ya resulta difícil de ocultar. El mismo oficialismo que construyó buena parte de su identidad acusando a otros sectores de vivir de privilegios, esconder dinero o aprovechar beneficios estatales, ahora exhibe una larga lista de funcionarios utilizando un mecanismo creado por el propio Gobierno para blanquear situaciones fiscales y obtener seguridad jurídica.
De Adorni a Sturzenegger, una cadena de adhesiones
La revelación sobre Sturzenegger llega apenas horas después de la polémica generada por la adhesión de Adorni y de su esposa, un episodio que abrió fuertes cuestionamientos sobre la utilización del régimen por parte de los más altos funcionarios nacionales.
La situación adquiere una dimensión política todavía mayor porque fue este mismo Gobierno el que impulsó la denominada Ley de Inocencia Fiscal como una herramienta para incentivar el ingreso al sistema de activos no declarados y reducir las consecuencias penales de determinadas infracciones tributarias. Entre sus principales modificaciones se elevaron considerablemente los montos para configurar delitos de evasión y se simplificaron procedimientos administrativos.
Mientras tanto, desde el discurso oficial se continúa apelando a conceptos como «la casta», «la superioridad moral» y la necesidad de terminar con los privilegios de la política, aunque cada nueva revelación parece mostrar que las herramientas creadas por el Ejecutivo también son utilizadas por quienes integran el propio gabinete.
La doble vara como política
No es la primera vez que un gobierno liberal queda asociado a un régimen de sinceramiento fiscal utilizado por sus propios funcionarios. Durante la administración de Mauricio Macri, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, también había sido señalado por acogerse al blanqueo de capitales impulsado por ese gobierno antes de asumir su cargo, una situación que generó fuertes cuestionamientos públicos.
Ahora, la historia parece repetirse con otro protagonista de peso dentro del gabinete de Milei. Sturzenegger, uno de los principales ideólogos del programa de desregulación y reducción del Estado, aparece entre quienes eligieron adherir al régimen que el oficialismo presenta como un «cambio de paradigma» en materia tributaria.
La contradicción resulta evidente: mientras se exige transparencia absoluta para amplios sectores de la sociedad y se condena con dureza cualquier irregularidad ajena, los máximos funcionarios recurren a un mecanismo especialmente diseñado para regularizar su propia situación fiscal bajo reglas mucho más favorables.
La moral libertaria parece funcionar con dos velocidades: una inflexible para el ciudadano común y otra considerablemente más flexible cuando los beneficiarios son quienes integran el propio Gobierno.
Este lunes 20 se llevó adelante el primer examen en el marco del concurso interno para cubrir cargos en la planta permanente del Ejecutivo municipal. De esta manera se avanza con el proceso iniciado tiempo atrás producto de la decisión del Intendente Marcelo Orazi en acuerdo con los gremios. Con el objetivo de llevarles la…
El próximo martes 23 el peronismo realizará en Lomas de Zamora una actividad en clave de unidad ya que se reunirán después de mucho tiempo dirigentes de las distintas expresiones internas con el objetivo de discutir un programa de gobierno.
El disparador que reunirá a dirigentes del cristinismo, el axelismo y de Grabois será la presentación del libro Planificación o Dependencia de Pablo Bercovich y Nahuel Sosa, que desde el año pasado viene recorriendo el país.
La actividad que dará una foto de fuerte contenido político contará con la participación del intendente local Federico Otermín, el diputado nacional y director de la Fundación por el Desarrollo Humano Integral Itai Hagman, la ex ministra de Trabajo de Axel Kicillof y actual coordinadora del Centro de Estudios Derecho Al Futuro, Mara Ruiz Malec, y el propio Bercovich.
En la organización señalaron que la idea es reunir a dirigentes de peso identificados con distintos sectores del peronismo «para discutir lo que el espacio viene postergando desde la derrota de 2023: un programa de gobierno».
El encuentro es impulsado por el concejal Juan «Chipi» Montaña, concejal de Fuerza Patria en Lomas de Zamora, militante del espacio de Juan Grabois y dirigente de confianza de Otermín en el distrito.
En la organización señalaron que la idea es reunir a dirigentes de peso identificados con distintos sectores del peronismo «para discutir lo que el espacio viene postergando desde la derrota de 2023: un programa de gobierno».
El libro de Sosa y Bercovich enmarcará esa discusión ya que propone reflexionar sobre el rol estratégico del Estado, la industria, la innovación y las políticas públicas como herramientas para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.
En ese sentido, señalaron que el conversatorio buscará aportar «ideas y perspectivas para pensar la reconstrucción de una Argentina con desarrollo, soberanía e inclusión».
«La planificación es una decisión política sobre el país que queremos construir. Por eso creemos que este encuentro es una oportunidad para debatir, intercambiar ideas y aportar a la construcción de un programa de gobierno capaz de dar respuesta a los desafíos de nuestro tiempo», agregaron desde la organización.
El encuentro es gratuito y abierto al público general y se realizará desde las 18 horas en la Biblioteca Mentruyt de Lomas de Zamora, en Italia 44.
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