El Intendente Marcelo Orazi acompañó ayer domingo al Comisionado de Valle Azul Heber Trincheri, en el acto por el 50º aniversario de esa localidad.
En la oportunidad, Orazi, acompañado por el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros, transmitió los saludos de toda Villa Regina en esta fecha tan especial.
“Como comunidad hermanas y vecinas, es mi deseo que continuemos transitando este camino de trabajo en conjunto en beneficio de nuestras localidades”, manifestó Orazi.
Karina Milei y Diego Santilli recibieron este miércoles al gobernador Gustavo Sáenz y discutieron sobre el escenario electoral en 2027. Fuentes al tanto de la conversación dijeron a LPO que «hablaron del ’27» y que la charla fue sobre «la no participación de (María Emilia) Orozco en la provincia».
Orozco es la senadora libertaria por Salta que amenaza con arrebatarle el control de la provincia a Sáenz, después de haber sido diputada del bloque de LLA durante dos años. Ya la semana pasada, Lule Menem increpó a la legisladora durante la exposición sobre Keynes que hizo Javier Milei en el Palacio Libertad.
LPO informó que el subsecretario de la Presidencia se acercó a Orozco y mantuvo un tenso intercambio. El incómodo momento duró apenas minutos pero el funcionario aprovechó para marcarle a la salteña que sus críticas a Sáenz complican los intereses del gobierno.
La senadora oficialista se impuso de forma contundente contra las listas de Sáenz el año pasado, prevaleciendo con comodidad sobre Flavia Royon, que ingresó por la minoría a la Cámara Alta. Por eso, Orozco emerge como una amenaza para el gobernador y compromete su apuesta a la reelección.
El compromiso de la Casa Rosada con Sáenz exigiría como contrapartida el respaldo de Royón en el Senado y los tres diputados de Innovación Federal a la reforma política que promueve el oficialismo. Desde el entorno de la ex secretaria de Energía dijeron a LPO que «todavía no se sabe si la charla altera la postura de Royón» sobre ese aspecto.
Hasta la semana pasada, la senadora aceptaba discutir la obligatoriedad de las primarias pero no su eliminación. Ese punto de vista es compartido por un grupo determinante de legisladores y compromete la intención del gobierno: «a lo sumo, los votos le pueden llegar a alcanzar para suspender las PASO otra vez», deslizó uno de ellos.
María Emilia Orozco.
Como reveló en exclusiva LPO, el gobierno apuesta a trabar acuerdos con los gobernadores aliados para no complicarles la elección local con candidatos competitivos a cambio de que sus legisladores apoyen en el Congreso la eliminación de las PASO. Ese sería el pacto de la Casa Rosada con Maximiliano Pullaro en Santa Fe, donde explora un candidato de baja intensidad, y con Martín Llaryora en Córdoba, donde planea dividir a sus votantes diseminando la oferta con un libertario puro por un lado y el radicalismo y el juecismo, separados, por otro.
Al santafecino le plantarían como retador al libertario Nicolás Mayoraz, un abogado que no despierta demasiado entusiasmo en el electorado de su provincia. En las elecciones de convencionales constituyentes de la provincia en 2025, quedó tercero, un punto por debajo del peronismo y 20 detrás de la lista de Pullaro.
Los votos para eliminar las PASO no están, para hacerlas optativas tampoco, capaz que podemos volver a suspenderlas.
El plan de Karina y Lule para Córdoba es algo distinto. Para que LLA no comprometa la revalidación de Llaryora, los libertarios apelarían al purismo de Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, librando a una pelea abierta a los seguidores de Luis Juez y la UCR bajo la suposición que la división del electorado terminará beneficiando al actual gobernador.
El inconveniente para los gobernadores es que el apoyo para la eliminación de las primarias lo tienen que realizar este año en el Congreso pero las listas para las elecciones se cierran recién en 2027. En política, se paga al contado.
Acaso por esa desconfianza, los aliados ya forzaron a Bullrich a discutir por afuera de la reforma política el proyecto de Ficha Limpia, la revancha del rechazo que sufrieron en 2025, cuando buscaban evitar la candidatura de Cristina Kirchner. «Queremos tener iniciativas nosotros, si no, se llevan todo ellos», se quejó un senador que colabora con el oficialismo y agregó: «los votos para eliminar las PASO no están, para hacerlas optativas tampoco, capaz que podemos volver a suspenderlas».
La crisis de la construcción está complicando los planes de Marcelo Mindlin en Loma Negra. Las acciones de Loma Negra atraviesan un momento delicado, marcado por el cambio en su conducción, fundamentos complicados y la caída de la construcción que condiciona su desempeño en el mercado.
Durante más de dos décadas, la compañía estuvo bajo la órbita de capitales brasileños, primero con Camargo Correa y luego a través de InterCement. Esa relación se convirtió en un factor de incertidumbre creciente en los últimos años, a medida que la controlante acumulaba una deuda superior a los USD 2.000 millones y entraba en un proceso de recuperación judicial en Brasil en 2024. El riesgo latente era una eventual venta de activos para hacer frente a sus compromisos.
Ese capítulo se cerró el 6 de abril de 2026, cuando el empresario Marcelo Mindlin, a través de Latcem y junto a Redwood Capital Management y Moneda-Patria Investments, tomó el control de InterCement tras la homologación de su reestructuración.
Bruno Bonacina Rogliano, asesor financiero en Bull Market Brokers, tiene una mirada positiva del desembarco de Mindlin. «Es el mismo empresario que construyó Pampa Energía pacientemente y que conoce los ciclos de infraestructura en Argentina mejor que nadie, no el perfil de inversor financiero que entra a hacer una salida rápida», afirmó Rogliano.
El nuevo esquema accionario, con Latcem controlando el 38,7%, trajo un cambio clave en la percepción del mercado. No solo se despejó el riesgo financiero de la controlante, cuya deuda fue reprogramada hasta 2031 sin vencimientos relevantes en el corto plazo, sino que además ingresó un perfil inversor con experiencia en ciclos largos de infraestructura.
Para Loma Negra, desaparece el «overhang» que pesaba sobre la acción y se suma un refuerzo de capital de USD 110 millones para sostener la operación. Pero eso no implica que el camino esté despejado. Bonacina lo resumió con claridad al señalar que «todo esto ocurre sobre un balance operativo que todavía muestra las cicatrices de 2025», marcando que el cambio financiero convive con desafíos operativos vigentes.
Mindlin es el mismo empresario que construyó Pampa Energía pacientemente y que conoce los ciclos de infraestructura en Argentina mejor que nadie, no el perfil de inversor financiero que entra a hacer una salida rápida.
En términos operativos, la compañía todavía arrastra las secuelas de un 2025 débil. El EBITDA cayó a USD 146 millones desde los USD 198 millones del año anterior, con márgenes presionados y una recuperación de volúmenes más lenta de lo esperado. La demanda de cemento creció apenas 5,6%, reflejando un sector de la construcción que nunca terminó de despegar.
Aun así, hubo algunos indicios de piso. En concreto, el negocio de hormigón creció 62% interanual en volúmenes y el segmento ferroviario mejoró su rentabilidad. Además, la empresa mantiene una estructura financiera razonable, con deuda neta de USD 183 millones y un apalancamiento de 1,47x.
En el mercado, esa combinación de señales se traduce en cautela. El ADR en la Bolsa de Nueva York cotiza a cerca de USD 11 y acumula un año y medio de lateralización.
En este punto, Martín D’Odorico, director de Guardian Capital, indicó que la situación «no es casualidad» porque «la compañía cementera cuyo negocio depende en buena medida de la obra pública pagó el costo de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que frenó de manera abrupta la inversión estatal en infraestructura».
A esto se sumó el encarecimiento de los costos de construcción, que frenó proyectos privados y postergó decisiones de inversión.
«Loma Negra presenta fundamentos operativos sólidos y una estructura financiera relativamente robusta. Sin embargo, la dinámica del precio de la acción refleja su elevada exposición al ciclo económico y, en especial, al de la construcción, que aún muestra signos de debilidad y alta volatilidad», comentó Gustavo Araujo, jefe de Investigación en Criteria.
El negocio de Loma Negra depende en buena medida de la obra pública y pagó el costo de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que frenó de manera abrupta la inversión estatal en infraestructura
«La compañía ha evidenciado presión sobre márgenes en un contexto de costos crecientes y cierta limitación en la capacidad de trasladarlos a precios. Hacia adelante, el potencial de apreciación está condicionado a una recuperación más sostenida de la actividad, tanto en obra privada como, en especial, pública. En este marco, la tesis de inversión luce más dependiente del ciclo macro que de drivers idiosincráticos», añadió.
Sin embargo, empiezan a aparecer factores que podrían cambiar el escenario. Por un lado, el Gobierno habilitó a varias provincias (como Córdoba, Santa Fe y Mendoza) a licitar y gestionar rutas bajo esquemas de concesión con peaje.
Por otro lado, la construcción privada mostró señales de recuperación: en el primer trimestre de 2026, los metros cuadrados registrados crecieron cerca de un 20% interanual.
En este marco, el consenso de analistas proyecta un crecimiento de ventas de Loma Negra del 25% para 2026, con recomendación de compra y un precio objetivo cercano a USD 15 por acción, lo que implicaría un potencial de suba de alrededor del 30%.
El luchador y profesor de Muay Thai, Matías Bartolini (33), es quien introdujo la disciplina tailandesa a nuestra ciudad. El “Espartano” nos cuenta sobre los orígenes de la disciplina y su mutación con la influencia occidental, opina sobre el rol del deportista en la sociedad y comparte sus proyectos. Oriundo de Villa Regina, Matías regresó…
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
Hace instantes el Ejecutivo Municipal cerró el acuerdo salarial por un 22% para el primer semestre de este 2021 con los gremios ATE, SOYEM y UPCN. De esta manera, la gestión del Intendente Marcelo Orazi deja en claro su voluntad de diálogo que permitió sellar este acuerdo en la Delegación de Trabajo local. El compromiso…
A través del Decreto 142/21, la Municipalidad de Villa Regina adhirió a la Resolución Nº 7099 del Ministerio de Salud de Río Negro que a su vez establece las nuevas medidas preventivas contempladas en el DNU del Ejecutivo Nacional Nº 678/21. Se ratificó que el uso de tapabocas seguirá siendo obligatorio en espacios compartidos y…
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