El Intendente Marcelo Orazi participó en la noche del viernes de la cuarta edición de la Fiesta de la Inclusión organizada por el Consejo Local para las Personas con Discapacidad.
El evento tuvo lugar en el minianfiteatro del Militante y fue la ocasión para reafirmar el compromiso de la gestión municipal para trabajar por una sociedad más inclusiva.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del coordinador del Consejo Sandro Morales, quien agradeció a Orazi por el acompañamiento. Luego fue el turno de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad Luisa Ibarra.
Finalmente el Intendente destacó el trabajo coordinado realizado por el Municipio y el Consejo a lo largo del año. “Entender a la inclusión desde distintos puntos de vista, lo laboral, lo familiar, lo recreativo; brindar oportunidades en distintos espacios, nos fortalecerá como sociedad”, manifestó Orazi.
Este martes se realizó en el Congreso de la Nación una reunión clave convocada por el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Juan Fernando Brügge, del bloque Encuentro Federal, en la que intendentes de todo el país respaldaron formalmente una propuesta concreta: incluir en la próxima reforma fiscal una reducción del IVA del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios. La iniciativa apunta a aliviar el costo de funcionamiento local y generar un «efecto cascada» que les permita bajar tasas municipales y mejorar la prestación de servicios en cada territorio_
El encuentro, realizado en la Sala 1 del Anexo A de Diputados, contó con la presencia de jefes comunales de distintas provincias y representaciones políticas. Estuvieron presentes intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por su presidente e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto, entre varios otros representantes locales.
En el cierre de la jornada, los intendentes firmaron un documento conjunto dirigido formalmente a los Diputados y Diputadas de la Nación, en el cual solicitaron que la reducción del IVA sea incorporada expresamente al proyecto de reforma tributaria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas semanas. Allí se detalla que mientras el sector privado puede descontar el IVA como crédito fiscal, los municipios no tienen forma de recuperar ese tributo, lo que encarece automáticamente cada licitación, compra de insumos o contratación de servicios.
Brügge fue categórico al señalar que la situación se volvió insostenible para cientos de administraciones locales que hoy deben sostener demandas crecientes en materia social, obras públicas, salud, seguridad y servicios básicos, con menos transferencias nacionales y presupuestos cada vez más ajustados. «El municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos», expresó el diputado durante la reunión.
La propuesta de bajar el IVA al 10% tiene como objetivo liberar recursos para inversión directa en obras, servicios esenciales y asistencia a la población, o bien facilitar la reducción de tasas municipales, algo que los intendentes aseguran que podría brindar un alivio inmediato a las actividades económicas locales. El documento firmado señala que la medida permitiría «modificar una situación distorsiva que agrava la asimetría entre municipios y sector privado, afectando el desarrollo económico de las comunidades».
Los intendentes también remarcaron que este debate se complementa con otros reclamos que ya venían planteando, como la redistribución del impuesto a los combustibles, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha reducido drásticamente la asignación de presupuesto y dejó de realizar obras que están siendo absorbidas por los gobiernos locales.
El volumen en juego es significativo. Brügge recordó que en 2024 el total recaudado por IVA ascendió a 43 billones de pesos, y señaló que permitir que una parte de esos recursos quede en los gobiernos locales «podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar obras, servicios y demandas urgentes».
Entre los asistentes hubo coincidencia en que la propuesta no solo tiene impacto fiscal inmediato, sino que también podría convertirse en un incentivo para reactivar economías regionales, al reducir costos de funcionamiento y mejorar la capacidad de inversión municipal. En ese sentido, se mencionó el caso reciente de Córdoba, donde el gobierno de Martín Llaryora aplicó una baja impositiva con un impacto presupuestario de 900 mil millones de pesos, apostando a la competitividad provincial.
El documento firmado esta tarde fue elaborado tras el intercambio con los diputados presentes, quienes escucharon el diagnóstico y se comprometieron a seguir evaluando la iniciativa durante el tratamiento parlamentario de la reforma tributaria. Para los intendentes, el momento es decisivo: la reducción del IVA podría convertirse en una herramienta fiscal concreta para sostener el funcionamiento de los municipios en un escenario de obras paralizadas, menor recaudación y un crecimiento sostenido de las demandas sociales.
Al finalizar el encuentro, Brügge destacó que la Comisión seguirá convocando actores territoriales para que la reforma fiscal contemple la realidad que viven los gobiernos más cercanos a los ciudadanos. Los intendentes, por su parte, se retiraron con una señal política clara: el reclamo ya está documentado, consensuado y formalmente presentado en el Congreso, listo para ser discutido en las próximas semanas.
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El acuerdo entre Axel Kicillof y Sergio Massa se mantiene en el Puerto Quequén. Las negociaciones están encaminadas para que un dirigente del Frente Renovador sea quien reemplace al frente del complejo portuario a la massista Jimena López, que asumirá la semana que viene en la Cámara baja nacional.
Fuentes del entramado portuario señalaron a LPO que, ya desde el momento en que se conoció la candidatura a diputada de la actual titular del puerto, comenzó una puja interna dentro y fuera de Necochea por el manejo de la principal terminal cerealera de la provincia.
Más allá de eso, en los últimos días se avanzó en la ratificación de esa plaza para el massismo. Aunque aún no está definido el nombre, trascendió que se trata de un hombre del FR con experiencia en el sector.
Como primer desafío para la futura conducción del puerto figura la licitación del manejo del elevador de granos que opera hace 33 años Terminal Quequén, compuesta por grandes agroexportadoras y por entidades como la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre otras.
Durante los últimos cuatro años, la operación del elevador de granos viene siendo prorrogada.
Fuentes del sector señalaron a LPO que las cerealeras especulan con la seguidilla de prórrogas para no exponerse a las condiciones de un nuevo pliego que reconfigure cánones y les recorte los ingresos. Eso, sin contar la posibilidad de competidores.
Desde 2022, las prórrogas se venían dando por un año. Sin embargo, en los últimos días Jimena López extendió la concesión vigente sólo por seis meses.
En las empresas, fuentes consultadas sostienen que, del pliego borrador que circula desde agosto pasado, el único capítulo que es resistido es el económico. Atentas a las variables políticas, en el sector privado sostienen que la idea de las cerealeras es patear toda discusión a 2028.
Como primer desafío para la futura conducción del puerto figura la licitación del manejo del elevador de granos que opera hace 33 años Terminal Quequén, compuesta por grandes agroexportadoras y por entidades del agro
Pero en el gobierno de Kicillof están decididos a licitar la terminal de granos en 2026. «Hay que darle previsibilidad al negocio para los próximos 30 años, no se puede estar en una situación jurídica tan floja», dijo a LPO una fuente al tanto de la situación.
El año pasado se había trabado la discusión entre las empresas (que son parte del directorio) y el gobierno bonaerense por el planteo del Ejecutivo de una reserva del 30% de los granos en acopio para la Provincia con el objetivo de abrir el juego a los pequeños productores.
Desde entonces, el debate por el pliego de la futura concesión siempre estuvo anclado en los aspectos económicos, con resistencias que también incluyeron a miembros de la Mesa de Enlace.
Es que, con las condiciones actuales que rigen desde 1992, además de las cerealeras, las entidades intermedias tienen su ganancia: se llevan el 15% de las utilidades anuales de la Terminal Quequén.
Más allá de esta controversia vigente con las cerealeras, en La Plata hay conformidad con el funcionamiento del consorcio portuario en Quequén, que logró el récord de buques operados en 2024 y en 2025 se dirige a superar por primera vez en la historia un movimiento de 8 millones de toneladas de granos.
La titular del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, Jimena, López, durante una visita de Kicillof el año pasado.
En un reciente balance de la gestión de Jimena López al frente del puerto, se expuso la cancelación de deudas por USD 3 millones, relativo a dragados, y por USD 500 mil en términos de pasivos salariales.
Entre otros puntos, también se destacó la puesta en marcha del Complejo Pesquero con una inversión de USD 10 millones y el impulso en materia de industria naval, con la botadura de dos buques.
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