El Intendente Marcelo Orazi participó en la noche del viernes de la cuarta edición de la Fiesta de la Inclusión organizada por el Consejo Local para las Personas con Discapacidad.
El evento tuvo lugar en el minianfiteatro del Militante y fue la ocasión para reafirmar el compromiso de la gestión municipal para trabajar por una sociedad más inclusiva.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del coordinador del Consejo Sandro Morales, quien agradeció a Orazi por el acompañamiento. Luego fue el turno de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad Luisa Ibarra.
Finalmente el Intendente destacó el trabajo coordinado realizado por el Municipio y el Consejo a lo largo del año. “Entender a la inclusión desde distintos puntos de vista, lo laboral, lo familiar, lo recreativo; brindar oportunidades en distintos espacios, nos fortalecerá como sociedad”, manifestó Orazi.
El gobierno ya les quitó casi un punto del PBI a las provincias con el ajuste y se asoma a un escenario de tensión con los gobernadores para luego de la aprobación del Presupuesto 2026, que casi todos descuentan.
En las provincias advierten que hay mucha diferencia de plata entre lo que el gobierno nacional necesita y lo que necesitan los gobernadores. Los gobernadores perdieron 0,87 del PBI en los dos años de Milei, por los recursos que pertenecen a las provincias y el gobierno nacional decidió no girar, incumpliendo las leyes ante la total inacción de la Corte Suprema.
Pese al ajuste feroz de Luis «Toto» Caputo, el gobierno cierra el 2025 con apenas 0,5% de superávit financiero y tiene, según el programa del FMI, que ir hacia un 2,5% de superávit.
La meta fiscal con la que se comprometió el gobierno, que ya de por sí parece de difícil cumplimento, promete de mínima un escenario catastrófico para las arcas provinciales, que ya están la límite.
Es que las provincias y muchos municipios importantes ya se asoman a la posibilidad de no poder pagar aguinaldos en tiempo y forma.
Pese al ajuste feroz de Luis «Toto» Caputo, el gobierno cierra el 2025 con apenas 0,5% de superávit financiero y tiene, según el programa del FMI, que ir hacia un 2,5% de superávit.
Durante noviembre, las transferencias automáticas federales mostraron uno de los peores registros de 2025, mostrando una caída del 5% ajustada por inflación, apenas superando las variaciones de septiembre (-10.2%) y mayo (-22.9%).
Las provincias presentaron una pérdida de recursos cercana a los 280.000 millones de pesos durante noviembre y ninguna de ellas logró mejorar su flujo de ingresos respecto a noviembre del año pasado.
La baja real interanual del 5,4% de las transferencias a las provincias se dio especialmente por la caída de la recaudación, según estimó el Iaraf.
La recaudación cayó en noviembre un 8,7% en términos reales y acumuló una baja por cuarto mes consecutivo. Esto es a causa de la recesión. La cuenta es simple: cuanto menos actividad, menos impuestos recauda el Estado.
En este marco es en el que está negociando la Rosada, por medio de Diego Santilli, la aprobación del Presupuesto y el paquete de reformas que anunció Manuel Adorni el viernes.
La recaudación cayó en noviembre un 8,7% en términos reales y acumuló una baja por cuarto mes consecutivo. Esto es a causa de la recesión.
«Estamos esperando que el poncho aparezca», dijo el gobernador salteño Gustavo Sáenz en referencia a los fondos que no mandan desde la Rosada. A él se sumo el santafesino Maxi Pullaro. Los gobernadores esperan que durante las negociaciones de diciembre aparezcan los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que les manotearon desde el inicio de la era libertaria, pero ni eso garantiza un escenario de conflicto para los meses venideros.
En las provincias ya dan por descontado la aprobación del Presupuesto pero no como un mérito del gobierno: lo van a aprobar porque todos quieren evitar otro año de usos discrecionales de los fondos por parte de Milei.
Con el presupuesto van a aparecer fondos que Milei venía escatimando para el Garrahan, el área de discapacidad y los jubilados. La oposición espera un gesto más claro hacia las universidades, ya que el «aumento» que anunció el presidente cuando comunicó el envío del Presupuesto estaba muy lejos de cumplir el mínimo que requieren los rectores.
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La historia no empezó esta semana. Cuando LPO contó en julio del año pasado que Luis Caputo y Santiago Bausili sacaron las reservas de oro del país en un operativo clandestino, comenzó una saga de silencios y evasivas.
El Banco Central cargó USD 5.000 millones en lingotes de oro en un avión comercial en plena madrugada, sin dejar rastro documental, sin contratos, sin papeles, sin auditoría posible. Una escena propia de una novela policial que de la administración de las reservas de un país. Pero ocurrió.
Lo grave es que desde el Banco admitieron oficialmente ante la Auditoría General de la Nación que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío de oro al exterior. Ni ahora ni al cierre del año pasado.
«Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen», señalaron desde la entidad monetaria en la nota enviada a la Auditoría. La postura oficial fue al extremo al afirmar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, «no hay contratos». Este punto deberá ahora ser ratificado en sede judicial. Y la Justicia exige explicaciones.
La respuesta dejó sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operatoria valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que revisar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.
La presunción de delito encuentra sustento en elementos concreto. Porque los funcionarios del Central no manejan bienes propios. Custodian activos públicos. La inexistencia de respaldo contractual no es un detalle administrativo: abre un flanco penal. Cuando un activo estratégico de esa magnitud pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal. No hay margen para la ingenuidad contable.
Ahora el expediente escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se achicó. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado alega confidencialidad, debe probar un daño concreto. No alcanza con invocar riesgos genéricos.
En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de nuevos auditores.
El contexto internacional vuelve todo más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico. Ese salto funciona como un salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas hundidas. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales podrían rondar los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el rojo sería todavía más profundo.
La paradoja es evidente. Los lingotes computan como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan rendimiento o si fueron entregados como garantía para conseguir dólares frescos.
Carlos Rodríguez, arquitecto del programa económico de Milei durante la campaña que quedó afuera apenas asumió el gobierno calificó el episodio como «simplemente insólito». Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo en dólares ya consumido y reclamó conocer la ubicación de todos los activos y pasivos del Central.
Rodríguez fue un paso más allá. Además de preguntar por el oro, pidió saber dónde están los billetes dólar de los encajes de los depósitos y reclamó la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del Fondo Monetario Internacional.
LPO advirtió sobre la sospecha del mercado respecto al pagó del vencimiento de Bopreal de USD 1.000 millones con depósitos de las personas. Con reservas en rojo por USD 18.000 millones según el dato de LCG, la única ventanilla líquida del sistema son los encajes bancarios. El resto es swap con China y crédito del Fondo que no se pueden tocar.
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El Hospital Garrahan se suma al Foro Permanente por la Discapacidad y convoca a un abrazo simbólico en Plaza de Mayo ante lo que califican como un “escándalo”: el Presupuesto 2026 de Milei no asigna fondos para las áreas de salud pediátrica ni para la atención de la discapacidad, pese a que existen leyes votadas que establecen la emergencia en ambos sectores.
Por Alina C. Galifante para LNI
Reclamo en Plaza de Mayo ante un presupuesto que deja afuera a la infancia y la discapacidad
El Garrahan anunció que este miércoles se unirá al Foro Permanente por la Discapacidad para realizar un abrazo simbólico en Plaza de Mayo. La actividad está prevista para las 18.30 frente a Casa Rosada y busca visibilizar lo que desde el hospital consideran una decisión política inexplicable: el Presupuesto 2026 de Milei no contempla partidas específicas para salud pediátrica ni para discapacidad, aun cuando el Congreso aprobó leyes que declararon la emergencia en ambos campos.
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan informó que la convocatoria está abierta “a toda la comunidad que esté dispuesta a seguir acompañando el reclamo”, recordando que el sector continúa “en emergencia” porque las leyes votadas no fueron aplicadas. Según plantearon, la falta de implementación deja al hospital, a los equipos de salud y a las familias de niñas, niños y personas con discapacidad en un escenario crítico.
El propio Ministerio admite el vacío presupuestario
Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación consultadas por la agencia Noticias Argentinas reconocieron entender el reclamo porque “el Presupuesto no contempla ambas emergencias”. También señalaron que las leyes “fueron proclamadas y suspendidas” en espera de que el Congreso “dictamine de dónde van a obtener los fondos”.
El reconocimiento ministerial confirma lo que los trabajadores vienen denunciando desde hace meses: la política sanitaria de Milei continúa desfinanciando áreas esenciales y deja en suspenso normas que deberían estar aplicándose plenamente.
Falta de fondos, salarios con incertidumbre y denuncias sobre la intervención del hospital
Norma Lezana, secretaria general de APyT del Garrahan, afirmó que los trabajadores “no se resignan ni bajan los brazos”. Señaló que, más allá de declaraciones del ministro Mario Lugones, la convicción del personal es firme porque están en juego “derechos esenciales”, como el funcionamiento de un hospital de alta complejidad, público, gratuito y de alcance federal.
Lezana también advirtió que, aunque este año lograron un avance salarial, sin la aplicación de la Ley de Emergencia la incertidumbre vuelve a instalarse para 2026. La dirigente remarcó que se detectan “situaciones graves”, entre ellas una administración opaca de los millonarios recursos que genera el propio hospital por atención a prepagas y obras sociales, y la persistencia de una intervención encabezada por “un emisario del ministro Lugones, el señor Mariano Pirozzo”, cuyo rol y decisiones —sostienen— carecen de transparencia.
En ese contexto, médicos, técnicos y profesionales de uno de los hospitales pediátricos más importantes de América Latina insisten en que no se puede administrar la salud de las infancias ni la atención de la discapacidad como si fueran un gasto prescindible. El abrazo simbólico en Plaza de Mayo buscará justamente visibilizar esa certeza ante la comunidad y recordar que el hospital —referencia nacional— no puede seguir dependiendo del ajuste ni de decisiones improvisadas.
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Norma Lezana, secretaria general de