El Intendente Marcelo Orazi participó vía zoom del acto de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Río Negro, donde la Gobernadora Arabela Carreras ofreció su discurso detallando el plan de acciones a implementar durante este 2021 en las distintas áreas.
Al respecto, el jefe comunal reginense destacó los anuncios de la mandataria, entre los que mencionó el fortalecimiento del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) con la incorporación de un nuevo avión sanitario y ocho ambulancias; los alcances de la Tarjeta Nutre que sumará nuevos beneficiarios; la implementación de un plan de acompañamiento a deportistas con proyección olímpica y el inicio del Plan de Fomento Audiovisual y la elevación de un proyecto a la Legislatura para readecuar la Ley 4109, de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Además Orazi valoró el acompañamiento del gobierno provincial para la ejecución de obras en la localidad en el marco del trabajo que lleva adelante con los Municipios, que en el caso de Villa Regina incluye la remodelación de la calle Libertad que está en marcha, el plan de desagües cloacales que se prevé finalice este año y la construcción de veredas en distintos espacios verdes.
Orazi coincidió en los conceptos vertidos por Carreras en los que hizo mención a las decisiones que debieron tomar tanto desde Provincia como los Intendentes en el marco de la pandemia. “Como he dicho, algunas medidas fueron cuestionadas y difícilmente aceptadas pero necesarias”, enfatizó el jefe comunal.
Por último destacó el trabajo mancomunado que se viene desarrollando entre las áreas de gobierno Provincial y Municipal además de agradecer una vez más que la Gobernadora haya elegido a Regina para la realización de distintos encuentros provinciales.
Javier Milei dispuso una nueva restricción sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado en 2002 para regular la actividad. A través del Decreto 812, firmado por el Presidente, se modificó el marco vigente y establece que el organismo no podrá adoptar medidas que afecten precios, competencia u oferta y demanda.
De este modo, el gobierno le quita de manera completa al sector yerbatero su facultad de intervenir y fijar precios. El decreto lleva la firma de Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y del ministro de Economía, Luis Caputo.
La nueva normativa reescribe gran parte del decreto 1240/02 que reglamenta las funciones y atribuciones del organismo y lo deja sin la capacidad de fijar precios de referencia por la materia prima que se le pagaba a los productores de manera definitiva, entre otros puntos.
«El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados», indica el decreto.
Asimismo, se intruyó al organismo nacional para que «en el plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la presente medida, releve y adecue toda normativa dictada por el citado Instituto Nacional que contradiga lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 1240 del 12 de julio de 2002».
En diciembre de 2023, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 introdujo modificaciones sustanciales en el INYM, donde confluyen gobiernos de las provincias productoras, los yerbateros y las empresas. Entre otras, le quitó la potestad de fijar precios para la materia prima.
En paralelo, un informe reciente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, señaló que desde el inicio del proceso de desregulación, en diciembre de 2023, el precio real de la yerba mate cayó 44,3%, mientras que el valor nominal se mantiene estable desde julio de 2024. El documento agrega que la producción y las exportaciones crecieron 29% y 16,6%, respectivamente, entre 2023 y 2024.
El Instituto informó además que las exportaciones alcanzaron 42 millones de kilos a septiembre, superando los volúmenes de 2021, 2022 y 2023, y casi igualando el récord de 2024, cuando se enviaron 43,8 millones de kilos. Las proyecciones oficiales apuntan a que 2025 cerrará con más de 50 millones de kilos vendidos al exterior.
El juez federal de Rosario Gastón Salmain camina en la cornisa. Al llamado para ser imputado la semana próxima por una maniobra por diez millones de dólares se sumó la decisión del Consejo de la Magistratura de girar denuncias en su contra a la Comisión de Acusación de la entidad. Eso supone iniciar el camino que puede terminar en su destitución.
De modo unánime, la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles que se analice en la comisión de Acusación que preside el senador Luis Juez la medida cautelar que Salmain firmó en 2023 en favor del fideicomiso Attila, en la que ordenó al Banco Central de la República Argentina vender 10 millones de dólares al cambio oficial al financista que controlaba ese fondo, cuando regía el cepo bancario.
Esa decisión de Salmain posibilitó a los controlantes del fondo obtener los diez millones de dólares al cambio oficial para pagar una deuda contraída en el exterior cuando la brecha con el valor de la divisa en el mercado informal era marcada. El financista que controlaba el fideicomiso es Fernando Whpei quien está implicado por una extorsión junto al ex juez federal Marcelo Bailaque.
Whpei está llamado a indagatoria junto a Salmain en cinco días. El tercer convocado es el escribano santafesino Santiago Busaniche quien es lobista de la Justicia Federal y cercano a altos magistrados y servicios de inteligencia. A los tres los fiscales les endilgan haber armado una estrategia para que con la cautelar urgente se adquirieran dólares a precio oficial para transferirlos a la cuenta de un acreedor en el exterior.
Los fiscales indican que, con el ardid, Busaniche se favoreció «por su aporte operativo» y Salmain por haber impulsado la medida como magistrado. Por esas acciones ambos solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia de cambio entre dólar oficial y blue lo que ascendía a unos 200 mil dólares. Esto supone para Salmain la imputación de cohecho pasivo agravado, vale decir cobrar un soborno por su gestión, agravado por ser magistrado y del delito de prevaricato, que significa impulsar una resolución que se sabe injusta. Salmain está citado para el martes que viene a audiencia de imputación.
También hay un hecho penal conexo por abuso de autoridad en su juzgado por lo que hace diez días su despacho fue allanado y le quitaron su celular. Un mes antes, por la cautelar del fideicomiso, también habían allanado su domicilio y confiscado otro teléfono, un I-Phone 17. En las dos ocasiones Salmain se negó a entregar la clave de acceso.
Asimismo, Salmain está denunciado por la diputada provincial Lionella Cattalini por un pedido de coimas para acumular expedientes sobre los que no tenía competencia e implicaban a una misma persona, el ex director regional de la AFIP Carlos Vaudagna. El ex funcionario, implicado en tres causas penales, sostuvo ahora como arrepentido que a través de un enviado Salmain le pidió 100 mil dólares para unificar en su juzgado distintas causas que lo involucraban. En su declaración Vaudagna involucró como participante de esta intriga ilícita a un abogado de un conocido estudio jurídico del centro de Rosario.
Carlos Vaudagna
Además de estas acciones que ya ponen a Salmain en el sendero del juicio político, y no meramente de sanciones administrativas, hay otras tres expedientes por delitos atribuidos a Salmain que seguirán en trámite en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que preside el consejero abogado César Grau.
Uno de estos hechos es la omisión de haber informado, cuando concursó como juez, que la Corte Suprema de la Nación por unanimidad lo dejó cesante cuando era empleado de un juzgado laboral, acusado de haber ofrecido una coima para direccionar un expediente hacia el tribunal donde trabajaba, eludiendo el mecanismo de sorteo. El caso lo mantiene como instructora la consejera Alejandra Prevítola.
Otro caso es la denuncia por haber generado un colapso en el ámbito civil de Rosario al excusarse masivamente de recibir expedientes jubilatorios cuando fiscales federales lo empezaron a investigar. Esto fue porque trascendió que Salmain había autorizado un record de embargos multimillonarios contra la Ansés por demandas previsionales lo que favorecía a determinados estudios jurídicos. La excusación de Salmain a tramitar expedientes jubilatorios produjo una congestión de causas que fue denunciada por su colega de fuero Natalia Martínez que recibió la avalancha de legajos que en el juzgado vecino se negaban a impulsar. Actúa como instructor el consejero juez Luis Lugones.
También tiene Salmain un legajo en esta comisión por una denuncia de la tabacalera rosarina Bronway por parcialidad manifiesta en una causa en favor de Massalin Particulares. Salmain ordenó a la ex AFIP que no lo otorgue a Bronway las estampillas para la venta de cigarrillos lo que favoreció a su competidora y dejó en situación de cesantía a 260 trabajadores. Interviene como instructora la consejera María Inés Pilatti Vergara.
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