El Intendente Marcelo Orazi participó vía zoom del acto de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Río Negro, donde la Gobernadora Arabela Carreras ofreció su discurso detallando el plan de acciones a implementar durante este 2021 en las distintas áreas.
Al respecto, el jefe comunal reginense destacó los anuncios de la mandataria, entre los que mencionó el fortalecimiento del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) con la incorporación de un nuevo avión sanitario y ocho ambulancias; los alcances de la Tarjeta Nutre que sumará nuevos beneficiarios; la implementación de un plan de acompañamiento a deportistas con proyección olímpica y el inicio del Plan de Fomento Audiovisual y la elevación de un proyecto a la Legislatura para readecuar la Ley 4109, de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Además Orazi valoró el acompañamiento del gobierno provincial para la ejecución de obras en la localidad en el marco del trabajo que lleva adelante con los Municipios, que en el caso de Villa Regina incluye la remodelación de la calle Libertad que está en marcha, el plan de desagües cloacales que se prevé finalice este año y la construcción de veredas en distintos espacios verdes.
Orazi coincidió en los conceptos vertidos por Carreras en los que hizo mención a las decisiones que debieron tomar tanto desde Provincia como los Intendentes en el marco de la pandemia. “Como he dicho, algunas medidas fueron cuestionadas y difícilmente aceptadas pero necesarias”, enfatizó el jefe comunal.
Por último destacó el trabajo mancomunado que se viene desarrollando entre las áreas de gobierno Provincial y Municipal además de agradecer una vez más que la Gobernadora haya elegido a Regina para la realización de distintos encuentros provinciales.
En menos de 48 horas, el Boletín Oficial nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires publicaron resoluciones que, leídas en conjunto, revelan un cambio estructural en la cobertura de riesgos laborales del Estado. Bajo el rótulo técnico del “autoseguro público”, se consolida un esquema que transfiere miles de millones de pesos a un mismo grupo empresario, reduce derechos laborales y anticipa una ola de litigios que pagará, otra vez, el erario público.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
Autoseguro: cuando el Estado deja de asegurar y empieza a tercerizar el riesgo
Ayer, 15 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicó la Resolución 58/2025, mediante la cual autorizó al Gobierno de la Provincia del Chubut a incorporarse al régimen de Autoseguro Público Provincial previsto en la Ley 27.348. Formalmente, el argumento es la “gestión más eficiente” de los riesgos del trabajo. En la práctica, se trata de romper el esquema tradicional de ART integrales.
Hasta ahora, una ART debía cubrir tres pilares:
Prestaciones médicas
Pago de salarios durante la licencia
Indemnizaciones o litigios por incapacidad
Con el nuevo modelo, el Estado sólo contrata servicios médicos, dejando fuera las prestaciones dinerarias. Esto no elimina el riesgo: lo traslada. Los salarios caídos y las indemnizaciones pasan a depender de partidas presupuestarias futuras o, directamente, de los tribunales laborales.
El resultado es previsible: menos cobertura real para el trabajador y más juicios contra el propio Estado.
Chubut como laboratorio: menos derechos, más juicios y un solo ganador
En Chubut, el discurso oficial de Nacho Torres habló de terminar con “el curro de los seguros” y anunció un ahorro superior a los mil millones de pesos. Sin embargo, fuentes del sector asegurador advierten que la atención médica contratada bajo el nuevo esquema es incluso más cara que la que brindaban las ART integrales.
La diferencia es otra:
El costo inmediato baja artificialmente
El costo judicial y fiscal se patea hacia adelante
La provincia dejó afuera a Prevención ART, del Grupo Sancor, que llevaba más de una década brindando el servicio, aun cuando había presentado una de las ofertas más económicas. En su lugar, se impuso Colonia Suiza ART, una firma vinculada al Grupo Varadero.
Chubut no es una excepción: es el ensayo general.
CABA y los $36.000 millones: la licitación hecha a medida
Un día después, el Gobierno porteño de Jorge Macri, en un hermetismo total, amplía la jugada. Mediante la Resolución 5322/MHFGC/25, el Ministerio de Hacienda y Finanzas preseleccionó a Río Varadero S.A. para una licitación multimillonaria: $36.000 millones destinados a la “cobertura de prestaciones en especie” bajo el régimen de autoseguro.
El proceso eliminó a cuatro competidores —incluidas Provincia ART, OMINT ART y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos— por supuestas falencias contables. El único oferente que quedó en pie fue Río Varadero S.A.
La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede fallar toda la competencia en requisitos básicos y sobrevivir sólo una empresa?
Marcos Podestá, el hombre detrás del autoseguro
Detrás de Río Varadero aparece un nombre conocido en los pasillos del poder: Marcos Podestá. Médico de formación, construyó un holding que combina droguerías, prestadores médicos, ART, servicios financieros y empresas vinculadas a la energía y los residuos industriales.
El Grupo Varadero creció de la mano del Estado, especialmente desde la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones del PRO. Droguería Varadero, Instituto Biológico Contemporáneo, Gemepe y ahora Río Varadero S.A. aparecen reiteradamente como proveedoras públicas.
No es un actor aislado: es un engranaje estable del poder.
Santilli, préstamos milagrosos y sociedades incómodas
La trama se vuelve más oscura cuando se revisan antecedentes patrimoniales. En 2015, el actual ministro del Interior de Milei, Diego Santilli, declaró una deuda hipotecaria de 550.000 dólares con Marcos Podestá. Un año después, la deuda desapareció sin explicación económica plausible, mientras el entonces vicejefe porteño mantenía un salario de funcionario público.
El vínculo empresarial tampoco es menor. Río Varadero S.A. fue constituida junto a Juan Carlos Loureiro, un nombre mencionado en el expediente del triple crimen de General Rodríguez. Loureiro figuró como presidente de la sociedad, con Podestá como director suplente.
Nada de esto impidió que la empresa creciera como proveedora estatal.
Cenzón, Vaca Muerta y el mismo patrón
El esquema se repite con Edgardo Cenzón, el recaudador histórico del macrismo. Tras su salida de la función pública, apareció presidiendo empresas vinculadas al Grupo Varadero en Vaca Muerta, como Treater, denunciada por Greenpeace por malas prácticas ambientales.
Los enroques societarios, las licitaciones estatales, los negocios cruzados entre salud, seguros, finanzas y residuos peligrosos muestran un patrón: privatizar ganancias, estatizar riesgos.
El saldo real: trabajadores expuestos y un Estado rehén
El autoseguro no elimina costos: los esconde.
Reduce prestaciones
Aumenta litigios
Consolida grupos empresarios amigos
Convierte al Estado en cliente cautivo de prestadores privados
Mientras tanto, decenas de miles de trabajadores estatales de Chubut y la Ciudad de Buenos Aires quedan con una cobertura fragmentada y una incertidumbre jurídica total.
El negocio ya está en marcha. La factura, como siempre, llegará después.
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La senadora Carolina Moisés y el diputado Guillermo Michel objetaron este jueves que el tratamiento de la reforma laboral empiece por el Senado. Ambos plantearon que el texto contiene capítulos tributarios y ese tema es una prerrogativa de la Cámara de Diputados, según el artículo 52 de la Constitución.
En ese fragmento de la Carta Magna se establece que «a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones». La discusión también retumbó en el bloque de la UCR, donde una fuente al tanto de las deliberaciones deslizó que «hay posturas encontradas: están quienes sostienen que debe ingresar por Diputados siempre que se trate un Tributo (impuesto), y quienes consideran que los casos de ‘eliminación y reducción’ pueden ingresar por ambas Cámaras, y que sólo en caso de ‘creación’ es Cámara de origen la de Diputados».
La peronista Moisés planteó en ese sentido que «la Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político», y resaltó que «cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas y puede anularse judicialmente el procedimiento». «El título XXIV es impositivo, modifica IVA y Ganancias expresamente», completó la legisladora jujeña.
Si las críticas de quienes reniegan de darle tratamiento desde la semana que viene en el Senado se expanden, el oficialismo debería retirar el proyecto o, en su defecto, quitarle el articulado referido al aspecto tributario. La jugada del peronismo atiende claramente a retrasar la eventual sanción de la reforma laboral.
Un diputado libertario consideró que la postura del PJ era «errada» porque «el objeto de la ley no es tributario». Por eso, un senador de la bancada que conduce Patricia Bullrich confirmó que la hoja de ruta del gobierno con la reforma laboral arrancará el martes próximo, con la reunión de labor para conformar la comisión de Trabajo y el objetivo de llegar al recinto el 22 o el 26 de diciembre, como anticipó LPO.
Sin embargo, Michel explicó en X por qué el proyecto de Javier Milei debe tener a Diputados como cámara de origen. Aunque concedió que hay dictámenes de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta que avalaron que leyes tributarias ingresen por el Senado, repuso dos ocasiones que le marcaron límites constitucionales.
Moisés y Alejandra Vigo.
El 18 de agosto de 1985 se precisó en un dictamen que el proyecto en cuestión «no signifique nueva carga impositiva para otros contribuyentes», mientras que el 5 de mayo de 1999 se estableció que la norma «no genere indirectamente para otros contribuyentes cargas impositivas nuevas».
Para el exdirector de Aduana, el título XXIV de la reforma laboral de Milei respeta ese criterio, a excepción del artículo 186, que «sustituye el undécimo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, se actualizarán por el IPC del INDEC».
«En los hechos, esto genera un beneficio en materia de ajuste por inflación únicamente de los quebrantos a contribuyentes que inicien ejercicios a partir del 1º de enero de 2025 y genera una carga fiscal adicional, de dicho beneficio, para los contribuyentes por otros ajustes que están incorporados en el segundo párrafo del artículo 93 de la ley de impuesto a las ganancias, como ser los de ajuste por inflación de los costos de bienes muebles (artículo 62 LIG), inmuebles (artículo 63 LIG), Operaciones de enajenación de acciones (artículo 98 LIG) y/o Enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles (artículo 99 LIG), entre otros», completó.
El artículo 186 del proyecto de reforma laboral genera un beneficio fiscal para determinados contribuyentes y, en relación con el mismo índice IPC, un perjuicio indirecto para otros que afecta el principio de igualdad ante la ley.
Michel concluye que «el artículo 186 del proyecto de reforma laboral genera un beneficio fiscal para determinados contribuyentes y, en relación con el mismo índice IPC, un perjuicio indirecto para otros que afecta el principio de igualdad ante la ley», razón por la que debe comenzar el debate por la Cámara Baja.
Fuentes parlamentarias indicaron a LPO que, si el gobierno insistiera con el itinerario iniciado en el Senado y lograra la media sanción, a la oposición le quedaría la vía judicial para objetar el derrotero por inconstitucional.
Al cierre de esta nota, el diputado socialista Esteban Paulón presentaba una intimación contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, para que retiren el proyecto del Senado. «Acabamos de intimar a @VickyVillarruel y @madorni para que retiren el proyecto de ley de Modernización Laboral y la presenten donde corresponde, @DiputadosAR. El proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA», posteó en X, y agregó: «Su ingreso por @SenadoArgentina solo responde al capricho de @PatoBullrich de ‘capitalizar’ su posible aprobación».
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