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Orazi destacó los anuncios de la Gobernadora en la apertura de sesiones de la Legislatura

El Intendente Marcelo Orazi participó vía zoom del acto de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Río Negro, donde la Gobernadora Arabela Carreras ofreció su discurso detallando el plan de acciones a implementar durante este 2021 en las distintas áreas.

Al respecto, el jefe comunal reginense destacó los anuncios de la mandataria, entre los que mencionó el fortalecimiento del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) con la incorporación de un nuevo avión sanitario y ocho ambulancias; los alcances de la Tarjeta Nutre que sumará nuevos beneficiarios; la implementación de un plan de acompañamiento a deportistas con proyección olímpica y el inicio del Plan de Fomento Audiovisual y la elevación de un proyecto a la Legislatura para readecuar la Ley 4109, de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Además Orazi valoró el acompañamiento del gobierno provincial para la ejecución de obras en la localidad en el marco del trabajo que lleva adelante con los Municipios, que en el caso de Villa Regina incluye la remodelación de la calle Libertad que está en marcha, el plan de desagües cloacales que se prevé finalice este año y la construcción de veredas en distintos espacios verdes.

Orazi coincidió en los conceptos vertidos por Carreras en los que hizo mención a las decisiones que debieron tomar tanto desde Provincia como los Intendentes en el marco de la pandemia. “Como he dicho, algunas medidas fueron cuestionadas y difícilmente aceptadas pero necesarias”, enfatizó el jefe comunal.

Por último destacó el trabajo mancomunado que se viene desarrollando entre las áreas de gobierno Provincial y Municipal además de agradecer una vez más que la Gobernadora haya elegido a Regina para la realización de distintos encuentros provinciales.

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  • Guerra de arenas: Clarín y La Nación le ganaron a Finkelstein la concesión de Costa Salguero por 10 años

     

     Clarín y La Nación le ganaron la pulseada a IRSA y La Rural y se quedarían con la concesión de Costa Salguero por los próximos 10 años.

    El dictamen de adjudicación se publicó hace pocos días y en las próximas semanas podría cerrarse la licitación que salió con un canon base de 120 millones de pesos mensuales. A la compulsa también se había presentado LJM Parking, pero no pasó el filtro: la empresa es conocida por haberse quedado con la licitación de los bajoviaductos del San Martín en Paternal y Villa Crespo, que siguen abandonados.

    La oferta de La Rural y Ogden, una sociedad integrada por IRSA y DF Entretainment, era superior a la de Clarín y Nación en 70 millones de pesos, sin embargo, el gobierno porteño la descartó. 

    DF Entertainment es la Empresa de Diego Finkelstein que se asoció con Live Nation, la mayor productora de espectáculos musicales del mundo y se quedaron con la explotación del Luna Park, que se convertirá en el arena más moderno, con mayor tecnología y mejor ubicación de la Ciudad. 

    Fachada clásica, 60% más de capacidad, cocheras y vips: cómo es el proyecto para el nuevo Luna Park

    Esto encendió las alertas de La Nación que teme perder espectáculos para el Movistar Arena, que le concedió Rodríguez Larreta y que se ha convertido en una fuente de recursos claves para el grupo de medios. El malestar del grupo se hizo sentir en la administración porteña.

    DF Entertainment es la Empresa de Diego Finkelstein que se asoció con Live Nation, la mayor productora de espectáculos musicales del mundo y se quedaron con la explotación del Luna Park. Esto encendió las alertas de La Nación que teme perder espectáculos para el Movistar Arena, que le concedió Rodríguez Larreta.

    La Rural, IRSA y DF Entertainment controlan dos de los tres pabellones de exposiciones que hay en la Ciudad. Buscaban sumar Costa Salguero a la Sociedad Rural de Palermo y al Centro de Exposiciones de la Facultad de Derecho. En el caso de Costa Salguero la puja estuvo liderada por La Rural que tiene el 50 por ciento de la sociedad con Irsa y Finkelstein.

    Según informaron desde el Observatorio por el derecho a la ciudad, el gobierno porteño desistió del proyecto larretista para destinar parte del predio a viviendas de lujo.

    Ese proyecto había generado una gran oposición de los vecinos que reclamaron que el predio explotado desde los 90 por Telemetrix se transformara en un espacio verde. Una denuncia en la Justicia terminó frenando la venta de los terrenos.

    Durante 4 años siguió extendiéndose la concesión a Telemetrix hasta que Jorge Macri decidió licitarla nuevamente.

    Con su oferta de 240 millones de pesos mensuales, Clarín y La Nación calcularon un superávit de 65 mil millones de pesos en 10 años. La Rural-Ogden ofertaron 310 millones de canon que les dio como resultado un déficit de casi 3 mil millones, algo que atribuyeron a un cálculo conservador.

    En el gobierno porteño establecieron que la oferta de Clarín y La Nación cumplía con el «estándar de razonabilidad y viabilidad económica» que exigía el pliego y la Ley de compras y contrataciones, según publicó Tiempo Argentino.

    A pesar de que la elección de la mejor oferta o la oferta más viable es una atribución del gobierno porteño, es muy posible que el caso sea judicializado por La Rural-Ogden y los plazos de adjudicación se estiren.

    Desde el Observatorio por el derecho a la ciudad, señalaron que la nueva concesión «consolida un modelo de ciudad donde los mejores espacios ribereños son gestionados por privados para el disfrute de un sector con capacidad de consumo, postergando la visión de una costanera pública y abierta».

     

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    Adorni anunció la disolución de la ANDIS en medio del escándalo por corrupción en discapacidad

     

    El jefe de Gabinete de Milei confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud. La decisión fue presentada como una medida administrativa, pero llega en pleno escándalo por presuntas coimas, direccionamiento de compras y manejos irregulares que el Gobierno evita mencionar.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene las horas contadas. Así lo anunció Manuel Adorni, quien informó que el organismo será disuelto y absorbido por el Ministerio de Salud, en una decisión que el Gobierno intenta mostrar como un simple “reordenamiento del Estado”, pero que se produce en un contexto político mucho más delicado.

    Según explicó el vocero de Milei, la medida responde a “irregularidades detectadas” en el funcionamiento del organismo. Sin embargo, Adorni evitó mencionar el escándalo de presuntas coimas, sobreprecios y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios del propio Gobierno y que ya se encuentran bajo investigación judicial.

    Una disolución que intenta borrar huellas

    La ANDIS viene siendo señalada desde hace meses por denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, especialmente en la compra de medicamentos, insumos y prestaciones. En lugar de transparentar la situación, avanzar con auditorías públicas y señalar responsables, el Ejecutivo, complicado por el 3% de Karina, eligió una salida conocida: cerrar el organismo cuestionado.

    La absorción por parte del Ministerio de Salud no aclara qué pasó con los recursos, quiénes tomaron las decisiones ni quiénes se beneficiaron con las presuntas maniobras irregulares. Por el contrario, diluye responsabilidades políticas y administrativas.

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    Ante la preocupación de miles de beneficiarios, Adorni aseguró que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones”. La frase busca llevar tranquilidad, pero no despeja las dudas de fondo en un contexto marcado por ajustes, recortes y revisiones masivas de beneficios sociales.

    Organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores advierten que la desaparición de la ANDIS puede traducirse en más burocracia, menos controles específicos y una pérdida de jerarquía institucional para un área históricamente postergada.

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    Uno de los puntos más llamativos del anuncio fue el silencio oficial sobre las causas concretas de las irregularidades. El Gobierno no explicó por qué no se avanzó con sumarios, denuncias penales o apartamientos preventivos, ni dio precisiones sobre el rol de los funcionarios involucrados.

    La estrategia parece clara: presentar la disolución como una decisión técnica mientras se evita el costo político de reconocer un nuevo escándalo de corrupción que choca de frente con el discurso anticasta y anticorrupción con el que Milei llegó al poder.

    Ajuste, desmantelamiento y opacidad

    La eliminación de la ANDIS no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia de desmantelamiento del Estado, ajuste fiscal y opacidad, donde se cierran organismos sin explicar qué falló, quién robó y quién paga las consecuencias.

    En el medio, las personas con discapacidad vuelven a quedar atrapadas en la incertidumbre, mientras el Gobierno promete continuidad de derechos al mismo tiempo que borra instituciones clave y esquiva explicaciones.

     

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