El Intendente Marcelo Orazi se reunió en Viedma con la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor. En primer lugar, se avanzó con la relocalización de la Comisaría de la Familia, donde también se acordó que funcionará un espacio para la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Recordemos que la Comisaría de la Familia se trasladará al inmueble donde estaba el Juzgado de Garantías, ubicado en Ingeniero Bonoli e Italia, que reúne condiciones más acordes para la atención de una problemática social tan sensible.
También se abordó la incorporación de nuevas cámaras de monitoreo en la ciudad.
En detrimento del desamor de los medios hegemónicos hacia sus pueblos surgen sociedades débiles, mediocres e infantilizadas; que prefieren creerse cualquier insensatez a tener que enfrentarse a una realidad que genera malestar emocional y se siente hasta en los huesos. La cíclica crisis argentina hermanada con los medios hegemónicos, revela el nivel de desconexión con…
“La Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública”. Sí, así parece, así se expresa en nuestra carta magna, pero… Como ciudadanos tenemos el DERECHO a acceder a la información pública, tenemos la facultad de “poder hacer un seguimiento” de todos los…
En la mañana del lunes, el Intendente Marcelo Orazi encabezó la conferencia de prensa en la que se presentó el Festival Regina Audiovisual (FRAV) que se desarrollará del 17 al 20 de noviembre en nuestra ciudad. La misma se realizó en el Galpón de las Artes y contó con la presencia de la Directora de…
Mediante el DNU 41/2026, Milei modificó artículos clave del Código Aduanero para redefinir quién decide y cómo las reglas antes de importar o exportar. Bajo el argumento de cumplir con compromisos de la OMC, el decreto limita la discrecionalidad estatal, fija plazos máximos y habilita avanzar con operaciones aun cuando el Estado no responda.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Poder Ejecutivo avanzó con una nueva modificación estructural del andamiaje normativo del comercio exterior argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno sustituyó los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, reorganizando el sistema de resoluciones anticipadas tanto para importaciones como para exportaciones.
La medida se inscribe en la misma lógica que atraviesa toda la política económica de Milei: menor margen de intervención estatal, mayor previsibilidad para los operadores privados y alineamiento explícito con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es casual que el decreto invoque como razón central la urgencia de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio.
Qué son las resoluciones anticipadas y por qué importan
Las resoluciones anticipadas son decisiones administrativas que los importadores o exportadores pueden solicitar antes de realizar una operación, para saber con antelación cómo será tratado un producto por el Estado. Incluyen cuestiones clave como clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y origen.
En la práctica, funcionan como un blindaje jurídico: una vez emitidas, la Aduana no puede cambiar el criterio después, salvo que cambie la ley o los hechos. Para las grandes empresas del comercio exterior, esto implica reducir riesgos, costos y conflictos posteriores.
El reparto de poder entre Aduana y Economía
El decreto introduce una división tajante de competencias. Por un lado, el servicio aduanero conserva la potestad de dictar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos técnicos tributarios, tanto en importación como en exportación.
Por otro lado, las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería dejan de estar bajo la órbita aduanera y pasan a manos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que incluso puede delegar esa facultad en funcionarios de rango inferior. Este corrimiento no es menor: el origen determina aranceles, preferencias comerciales y la aplicación de acuerdos internacionales.
Plazos cortos y silencio que juega a favor del privado
Uno de los puntos más sensibles del DNU es la fijación de un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita la resolución anticipada. Si ese plazo se cumple y no hay respuesta, el importador o exportador puede avanzar igual con la operación, en los términos que propuso originalmente.
El decreto habilita a la Aduana a exigir una garantía, pero le quita la posibilidad de frenar la operatoria por falta de definición. Se trata, en los hechos, de un silencio administrativo favorable, una figura históricamente resistida por el Estado y celebrada por los grandes actores del comercio exterior.
Un DNU con destinatarios claros
El Gobierno justifica el uso del DNU en la urgencia de cumplir los plazos otorgados por la OMC, que vencían el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el trasfondo político es evidente: consolidar un esquema pro-mercado, reducir instancias de control y trasladar el riesgo desde el privado hacia el Estado.
Lejos de beneficiar a pymes o economías regionales, el nuevo régimen favorece principalmente a grandes importadores y exportadores, con capacidad técnica y jurídica para anticipar escenarios y litigar si es necesario. Mientras tanto, el Congreso vuelve a quedar relegado a un rol meramente revisor, a través de la Comisión Bicameral.
En nombre de la “facilitación del comercio”, Milei vuelve a gobernar por decreto y a redefinir reglas estructurales sin debate legislativo. Una vez más, la urgencia invocada funciona como atajo para reconfigurar el Estado en favor de los intereses concentrados del comercio internacional.
Regina no escapa a una problemática a nivel nacional que es la sobrepoblación de animales callejeros, si bien contamos con una ordenanza que “venía” a regular esta problemática social, y a su vez contamos con un plan de castración y esterilización municipal, como también con varias organizaciones y asociaciones que trabajan en pos del bienestar…
Axel Kicillof entró en por primera vez en lo que va de su gestión en una negociación real con los empleados públicos. Este jueves subió apenas un punto la oferta que la semana pasada habían rechazado docentes y estatales, y que había sido del 2% para el mes de febrero.
Desde el gobierno advirtieron a los gremios que la provincia no cuenta con un margen mayor para mejorar la oferta debido al «complejo contexto fiscal» que atraviesa. Por lo pronto, los sindicatos estatales UPCN, ATE y Fegeppba ya la rechazaron y argumentan que está por debajo de la inflación.
La negociación se da en un contexto complejo para los líderes gremiales. Roberto Baradel (Suteba) y Claudio Arévalo (ATE) fueron los primeros aliados de Kicillof en el arco gremial. El gobernador y los gremios mantuvieron una fuerte alianza en los últimos años sin ningún paro cuestiones salariales.
Sin embargo, desde el año pasado las bases sindicales comenzaron a exigir mejores aumentos y reniegan de ver a Baradel, Arévalo y Oscar de Isasi en la primera fila de todos los actos del gobernador.
El malestar de las bases con los dirigentes llegó a un punto que este año la negociación paritaria se realiza por conferencia virtual porque los gremialistas temen escraches en las oficinas del ministerio de Trabajo.
Roberto Baradel.
La oferta del gobierno está muy lejos de lo que las bases reclaman. Por caso, UPCN, ATE y Fegeppba la rechazaron de plano. Sin embargo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que comandan el Suteba de Baradel y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se llevaron la oferta para analizarla.
El gobierno afirmó que el mes pasado los estatales cobraron un 4,5% más que en diciembre, pero los gremios advierten que eso ocurre porque se otorgaron dos retroactivos por un total del 1,5% que ya no se cobran más. Por eso, ahora afirman que el aumento ofrecido hoy en realidad mantiene ese 1,5% y le suma un 1,5% más, por debajo de la inflación de enero que fue 2,9%.
Si la negociación se dilata, el gobierno de Kicillof podría aplicar el aumento ofrecido este miércoles sin el asentimiento de los gremios, para luego seguir negociando. En enero, la poderosa FEB ya habían rechazado el acuerdo (que se aceptó por mayoría de los gremios del Frente de Unidad Docente). En tanto, los judiciales firmado la oferta en disconformidad.
Kicillof necesita asegurar el inicio de clases en tiempo y forma para poder lanzarse a recorrer las provincias en clave electoral. Hasta ahora, el gobierno viene evitando que los gremios retrasen el inicio de clases, un conflicto recurrente durante las gestiones anteriores durante cada mes de marzo.
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