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Orazi acompañó a la Gobernadora en la inauguración de las obras de ampliación del hospital

En un acto muy emotivo en la que se destacó el trabajo llevado adelante por los trabajadores de la salud frente a la pandemia, el Intendente Marcelo Orazi acompañó a la Gobernadora Arabela Carreras en la inauguración de las obras de ampliación del hospital de Villa Regina.

Los trabajos permitieron ampliar la red de gases medicinales en los sectores de guardia, emergencia, segundo, tercero y cuarto piso, llegando a duplicar la cantidad de camas con gases: un total de 65, garantizando de esa forma más camas de terapia intensiva y de internación.

“Es un momento muy esperado después de lo transcurrido en estos dos años en este lugar que ha sido el más sensible. Hace unos días estuve aquí en el hospital y el director me comentaba que hace un año exacto se hacían 79 hisopados por día. Hoy ha cambiado muchísimo la situación, el hospital, gracias a la gestión del gobierno de la provincia y de los directivos del hospital”, manifestó Orazi.

Agregó que “lo que estamos inaugurando hoy cambia la realidad del nosocomio que tiene un área de influencia muy grande”.

Entre las obras, en el área de neonatologia se adicionaron dos paneles para camas de terapia intensiva, permitiendo que el sector se transforme en una UTI provisoria.

También se realizaron modificaciones en el área de ginecología y en la sala de máquinas, con el aumento de bocas de servicio por las ampliaciones realizadas y a realizar, se aprobó el cambio de los equipos productores del aire comprimido medicinal y de vacío, renovando y ampliando la potencia en los equipos. Todas las reformas tuvieron una inversión total de $18.889.078.09.

Por su parte, la Gobernadora Carreras indicó que “es una jornada de mucha emoción porque sabemos de la lucha de todo el personal de los hospitales en esta pandemia, por eso este hospital de Regina es un símbolo. Y quiero agradecer la pelea que dieron, es casi indescriptible, porque además de ser una lucha física y profesional, fue una lucha moral, no perder la entereza y al día siguiente estar con todos sus sin sabores, son héroes; yo como ciudadana puse mi vida en manos de ustedes y encontré la respuesta que tenía que encontrar y como Estado queremos acompañar esa proeza”.

Durante el acto también estuvieron presentes el Ministro de Salud Fabián Zgaib, el de Gobierno Rodrigo Buteler, el director del hospital Osvaldo Ruiz Díaz y otros funcionarios provinciales y municipales.

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    La SIDE de Milei: verdades, historia y certezas

     

    El DNU 941/2025 no moderniza la inteligencia argentina: la redefine en clave autoritaria. Bajo un lenguaje técnico y eufemístico, el decreto amplía facultades, diluye controles y habilita un esquema de vigilancia política interna incompatible con el Estado de Derecho. No es una hipótesis alarmista: está escrito, negro sobre blanco.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El gobierno de Milei volvió a recurrir al atajo institucional del Decreto de Necesidad y Urgencia para reformular de manera integral el sistema de inteligencia nacional. Lo hizo sin debate parlamentario, sin consensos mínimos y sin explicaciones públicas serias. El resultado es un texto extenso, ambiguo y peligrosamente abierto a interpretaciones expansivas, que concentra poder en la SIDE, debilita los controles democráticos y habilita prácticas históricamente asociadas al espionaje interno y al disciplinamiento político.

    No se trata de una discusión técnica. Se trata de qué tipo de Estado se está construyendo y contra quiénes se orientan sus herramientas más opacas.


    De la inteligencia estratégica al control político interno

    El DNU 941/2025 redefine los objetivos de la SIDE ampliando de manera sustancial el concepto de “seguridad estratégica”. Bajo esa categoría difusa se incorporan amenazas que ya no se limitan a riesgos externos, sino que incluyen fenómenos internos vinculados a la “influencia”, la “injerencia”, la “desestabilización” o la “afectación del orden institucional”.

    El problema no es semántico: es político. En la historia argentina, cada vez que el Estado amplió de forma ambigua estas nociones, el resultado fue el mismo: espionaje sobre partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, periodistas y referentes opositores. El decreto no prohíbe de manera explícita esas prácticas; por el contrario, las deja implícitamente habilitadas.

    La supuesta prohibición del espionaje interno queda vaciada de contenido cuando el propio texto permite acciones “encubiertas” y de “obtención de información” frente a amenazas que no están claramente definidas ni tipificadas. En otras palabras, la SIDE pasa a tener margen para decidir por sí misma qué constituye una amenaza interna, sin control previo efectivo.


    Ambigüedad deliberada y concentración de poder

    Uno de los rasgos más preocupantes del DNU es su redacción. Conceptos como “operaciones encubiertas”, “acciones preventivas”, “seguridad estratégica” o “riesgos híbridos” aparecen reiteradamente sin definiciones precisas. Esta ambigüedad no es un error técnico: es una decisión política.

    El decreto refuerza la autonomía operativa de la SIDE, reduce instancias de supervisión externa y consolida un esquema de concentración de poder en el Ejecutivo, con una cadena de mando corta y opaca. El Congreso queda relegado a un rol casi decorativo, sin herramientas reales para auditar en tiempo real las actividades de inteligencia.

    Además, se amplían las capacidades del personal de inteligencia, incluyendo facultades operativas que rozan funciones de seguridad interior. Aunque no se lo diga de forma explícita, el texto habilita una zona gris donde inteligencia y coerción comienzan a superponerse, un terreno históricamente fértil para abusos.


    Las comunidades CIFN y CITN: redes de captura masiva de información

    El decreto formaliza y potencia el rol de las llamadas comunidades CIFN (Comunidad de Inteligencia Federal Nacional) y CITN (Comunidad de Inteligencia Territorial Nacional), estructuras destinadas a articular información entre distintos organismos del Estado y actores privados. En los hechos, se trata de redes de intercambio de datos a gran escala, con escasos límites normativos y controles difusos.

    Este esquema plantea un riesgo evidente para la privacidad y las garantías constitucionales. La circulación de información sensible sin reglas claras de protección, almacenamiento y uso abre la puerta a bases de datos políticas, sociales y sindicales, algo expresamente prohibido por la legislación vigente y por estándares internacionales en derechos humanos.

    La experiencia histórica demuestra que cuando estos sistemas se expanden sin control, terminan siendo utilizados para el seguimiento de opositores y la anticipación de conflictos sociales, no para la defensa nacional.


    Elusión del Congreso y degradación democrática

    Que una reforma de esta magnitud se haya hecho por DNU no es un detalle menor. El sistema de inteligencia es, por definición, uno de los ámbitos que más control democrático requiere. Milei eligió exactamente lo contrario: evitar el debate parlamentario y avanzar por decreto.

    Esta forma de legislar no solo vulnera el espíritu de la Constitución, sino que consolida una lógica de Estado de excepción permanente, donde el Ejecutivo se arroga facultades extraordinarias sin justificación real de necesidad y urgencia.

    La inteligencia, en este esquema, deja de ser una herramienta al servicio de la soberanía nacional para convertirse en un instrumento de gobierno, orientado a garantizar gobernabilidad mediante la vigilancia y la disuasión.


    Herencias oscuras y un futuro inquietante

    Argentina conoce bien este camino. La SIDE de la democracia tutelada, la AFI del espionaje político, los archivos ilegales, las escuchas, las carpetas y los servicios como factor de poder autónomo. Nada de eso empezó con declaraciones explícitas: empezó siempre con decretos ambiguos y promesas de modernización.

    El DNU 941/2025 no crea un monstruo nuevo: reactualiza viejas prácticas, ahora bajo el ropaje del liberalismo autoritario y la retórica de la seguridad.

    La pregunta no es si estas herramientas pueden usarse mal. La pregunta es cuándo y contra quiénes. La historia argentina ofrece una respuesta incómoda pero clara.

     

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