En un acto muy emotivo en la que se destacó el trabajo llevado adelante por los trabajadores de la salud frente a la pandemia, el Intendente Marcelo Orazi acompañó a la Gobernadora Arabela Carreras en la inauguración de las obras de ampliación del hospital de Villa Regina.
Los trabajos permitieron ampliar la red de gases medicinales en los sectores de guardia, emergencia, segundo, tercero y cuarto piso, llegando a duplicar la cantidad de camas con gases: un total de 65, garantizando de esa forma más camas de terapia intensiva y de internación.
“Es un momento muy esperado después de lo transcurrido en estos dos años en este lugar que ha sido el más sensible. Hace unos días estuve aquí en el hospital y el director me comentaba que hace un año exacto se hacían 79 hisopados por día. Hoy ha cambiado muchísimo la situación, el hospital, gracias a la gestión del gobierno de la provincia y de los directivos del hospital”, manifestó Orazi.
Agregó que “lo que estamos inaugurando hoy cambia la realidad del nosocomio que tiene un área de influencia muy grande”.
Entre las obras, en el área de neonatologia se adicionaron dos paneles para camas de terapia intensiva, permitiendo que el sector se transforme en una UTI provisoria.
También se realizaron modificaciones en el área de ginecología y en la sala de máquinas, con el aumento de bocas de servicio por las ampliaciones realizadas y a realizar, se aprobó el cambio de los equipos productores del aire comprimido medicinal y de vacío, renovando y ampliando la potencia en los equipos. Todas las reformas tuvieron una inversión total de $18.889.078.09.
Por su parte, la Gobernadora Carreras indicó que “es una jornada de mucha emoción porque sabemos de la lucha de todo el personal de los hospitales en esta pandemia, por eso este hospital de Regina es un símbolo. Y quiero agradecer la pelea que dieron, es casi indescriptible, porque además de ser una lucha física y profesional, fue una lucha moral, no perder la entereza y al día siguiente estar con todos sus sin sabores, son héroes; yo como ciudadana puse mi vida en manos de ustedes y encontré la respuesta que tenía que encontrar y como Estado queremos acompañar esa proeza”.
Durante el acto también estuvieron presentes el Ministro de Salud Fabián Zgaib, el de Gobierno Rodrigo Buteler, el director del hospital Osvaldo Ruiz Díaz y otros funcionarios provinciales y municipales.
Durante viernes y sábado, la ciudad disfrutó de un evento único: ‘Tinta Urbana’, un espacio que concentró en el polideportivo Cumelen muestra de tatuadores, tatuajes en vivo, baile, batallas de rap, hip-hop, 3×3 básquet, skate, bmx y paseo gastronómico. Alrededor de 1000 personas recorrieron durante las dos jornadas los distintos espacios. Por un lado, uno…
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Mariel Fernández, participó de la reunión de este lunes en la sede del PJ nacional, antes del acto encabezado por Cristina Fernández de Kirchner en homenaje a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez, en el marco del Día de la Resistencia Peronista.
El encuentro de dirigentes peronistas se dio en medio de la expectativa por un posible fallo adverso de la Corte Suprema en la causa Vialidad, y al respecto la intendenta de Moreno remarcó que el objetivo de los dirigentes que se convocaron es construir una respuesta unificada.
«Estamos muy preocupados por esta situación tan injusta, y por eso decidimos reunirnos en el PJ, nos llegan propuestas de acciones de todo el país y queremos que sean organizadas. Los lineamientos ya están, y estamos en estado de alerta desde hace unos días», dijo.
Fernández vinculó la ofensiva judicial contra Cristina Kirchner con una avanzada política más amplia: «En principio pensamos en la protección a Cristina, pero entendemos que esto es no sólo un ataque a la persona de la ex presidenta sino una persecución al peronismo».
Y agregó: «Vamos a defender a Cristina, al pueblo argentino, a nuestra soberanía. Así que si nos provocan, acá estamos».
El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..
La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.
Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo
El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.
En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.
El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.
Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas
Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.
El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.
En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.
El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.
Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas
El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.
Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.
La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.
La expansión de la seguridad digital
El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.
En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.
El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.
¿Puede usarse políticamente?
La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.
Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.
En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.
Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.
Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.
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