Nutrirse es más que llevarse algo a la boca

La Argentina de la “libertad” tiene cada vez más ciudadanos obligados a depender exclusivamente del hospital público. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual, mientras las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios. El deterioro del empleo formal y el fuerte aumento de las cuotas de las prepagas aparecen como dos de los factores centrales detrás de una transformación que vuelve a cargar sobre el Estado las consecuencias de un modelo que prometía exactamente lo contrario.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Hay números que permiten discutir una política económica y hay números que obligan a discutir qué sociedad se está construyendo. Los datos difundidos a partir de registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Encuesta Permanente de Hogares, relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG), pertenecen a la segunda categoría: desde el comienzo del gobierno de Javier Milei 1.246.285 personas se incorporaron al universo de argentinos que no cuentan con obra social, prepaga ni mutual. La cifra surge de comparar los 9.428.131 ciudadanos que estaban en esa situación en el cuarto trimestre de 2023 con los 10.674.416 registrados en el primer trimestre de 2026. En paralelo, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, en un proceso asociado a la pérdida de empleo registrado y al deterioro de la cobertura laboral.

El resultado es contundente: quienes dependen exclusivamente del sistema público pasaron de representar el 32% al 35,6% de la población. No se trata, por lo tanto, de una modificación marginal de las preferencias de los usuarios ni de una simple reorganización administrativa de las obras sociales. Es una transferencia de personas hacia el sistema público de salud, en un contexto en el que el Gobierno nacional viene sosteniendo una política de ajuste y reducción del gasto estatal que también impacta sobre hospitales, programas sanitarios, medicamentos y organismos vinculados a la atención de la población.

El “mercado” de la salud expulsa a quienes no pueden pagarlo

La contradicción del modelo libertario aparece con particular crudeza cuando se observa qué ocurre con la medicina privada. El Gobierno puede presentar la desregulación como una ampliación de la libertad de elección, pero la libertad de elegir una prepaga desaparece cuando el salario no alcanza para pagarla. Y si, al mismo tiempo, se deteriora el empleo formal, también se debilita la principal vía mediante la cual millones de trabajadores acceden a una obra social.

Los datos relevados muestran precisamente esa combinación. La merma de afiliados coincide con la pérdida de puestos de trabajo formales y con el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, dos procesos que fueron modificando las condiciones materiales de acceso a la cobertura. La consecuencia concreta es que familias que durante años contaron con una cobertura privada o de seguridad social comenzaron a abandonar esos esquemas y quedaron dependiendo del hospital público.

El fenómeno también puede observarse dentro de las propias obras sociales. OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, perdió el 20,2% de sus beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la caída fue del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados. La única entidad mencionada en el relevamiento que logró expandirse fue OSDEPYM, vinculada al universo de trabajadores monotributistas.

La fotografía que dejan esos números es particularmente significativa porque las obras sociales no funcionan aisladas del mercado laboral: son una expresión directa de la estructura del empleo. Cuando se destruyen puestos registrados, se deterioran los ingresos o aumenta la precarización, también se resiente el sistema de seguridad social que se financia mediante los aportes de trabajadores y empleadores. Por eso reducir la discusión sanitaria a cuánto dinero se destina al Ministerio de Salud significa mirar apenas una parte del problema.

El dato que debería preocupar especialmente al Gobierno: los jóvenes

Hay otro número que desnuda todavía más profundamente el alcance del proceso. Entre los argentinos de 15 a 29 años, el 49,9% no cuenta con obra social, prepaga ni mutual y depende exclusivamente del sistema público. Son 438.790 jóvenes más en esa situación respecto del cuarto trimestre de 2023.

Es difícil separar este fenómeno de la crisis que atraviesa el ingreso de las nuevas generaciones al mercado laboral. Los jóvenes suelen ser los primeros afectados por la informalidad, los empleos de menor estabilidad y los salarios que pierden capacidad de compra. Si a eso se suma que las coberturas privadas aumentan por encima de la capacidad de pago de muchas familias, el resultado es previsible: la cobertura sanitaria deja de ser un derecho garantizado por la inserción laboral y empieza a depender cada vez más de la capacidad económica individual.

Y allí aparece una de las grandes paradojas de la experiencia libertaria. El discurso oficial plantea que el Estado debe retirarse para que los individuos puedan elegir libremente. Pero cuando el mercado expulsa a quienes no pueden pagar, esos mismos ciudadanos no desaparecen. Siguen necesitando atención médica. Van al hospital público, concurren a las guardias, requieren medicamentos, estudios, tratamientos y profesionales. El Estado no deja de existir: recibe la demanda, pero con menos recursos y mayores dificultades para atenderla.

La consecuencia puede ser un sistema sanitario cada vez más segmentado: quienes tienen ingresos suficientes conservan o compran cobertura privada; quienes tienen una relación laboral formal intentan sostener su obra social; y una porción creciente de la población queda directamente a merced del sistema público. La supuesta libertad de elección termina convirtiéndose, para millones, en una elección que nunca existió: pagar o quedarse afuera.

Una transferencia silenciosa hacia el hospital público

El dato central de este proceso no es solamente cuántas personas perdieron una cobertura. Es quién termina absorbiendo las consecuencias. Cuando una familia abandona una prepaga porque ya no puede pagar la cuota, la necesidad sanitaria continúa. Cuando un trabajador pierde su empleo formal, también pierde la estructura de cobertura asociada a ese trabajo. Y cuando una obra social pierde afiliados, su capacidad financiera puede deteriorarse, afectando también la calidad y disponibilidad de las prestaciones.

Por eso, el crecimiento de la población sin obra social, prepaga ni mutual debería ser leído como un indicador social y económico de primer orden. Entre fines de 2023 y comienzos de 2026, más de 1,24 millones de personas se incorporaron al universo que carece de esos tres tipos de cobertura.

La discusión excede, entonces, la clásica pelea entre “Estado” y “mercado”. En la Argentina, la salud siempre estuvo organizada alrededor de una combinación de sistema público, seguridad social y sector privado. El problema aparece cuando una de esas patas comienza a recibir cada vez más demanda mientras las otras pierden afiliados y capacidad de financiamiento.

Y mientras el Gobierno celebra la reducción de determinadas partidas como si fueran simples números de una planilla presupuestaria, del otro lado de esa planilla hay personas. Son trabajadores que ya no tienen obra social, familias que dejaron de pagar una prepaga, jóvenes que nunca lograron acceder a una cobertura y pacientes que, ante una enfermedad, terminan recurriendo al hospital público.

El modelo puede llamarlo “eficiencia”. Puede presentarlo como una consecuencia inevitable de ordenar las cuentas. Pero los números muestran otra cosa: una parte creciente de la sociedad argentina está siendo empujada hacia un sistema público que, paradójicamente, el mismo modelo económico pretende adelgazar.

La verdadera pregunta política ya no es cuánto puede reducirse el Estado. Es cuánto puede soportar una sociedad cuando cada vez más personas necesitan de él y, al mismo tiempo, el Gobierno decide retirarle recursos. Porque la salud no funciona como una mercancía cualquiera: cuando alguien deja de poder pagarla, no deja de enfermarse. Y esa cuenta, tarde o temprano, alguien tiene que pagarla.

Cada 24 de julio se conmemora un nuevo aniversario del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, uno de los establecimientos públicos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Inaugurado en 1896 para responder a las epidemias que golpeaban a la zona norte de la Capital, el hospital lleva el nombre de un médico que revolucionó la cirugía argentina y dejó una huella imborrable en la medicina nacional.

Por Lola Santacreta para NLI

Un hospital nacido de las epidemias

El 24 de julio de 1896 abrió oficialmente sus puertas el Hospital Pirovano. La institución había sido concebida para atender las necesidades sanitarias de una ciudad en plena expansión, luego de que Buenos Aires sufriera sucesivos brotes de cólera, fiebre amarilla y fiebre tifoidea, que evidenciaron la falta de infraestructura hospitalaria en la zona norte.

Originalmente iba a llamarse Hospital de Belgrano, ya que su construcción fue impulsada por vecinos y por la Sociedad de Damas de Caridad de Belgrano, que gestionó la adquisición de los terrenos y reunió fondos para concretar una obra considerada indispensable para una población que ya superaba los 11.000 habitantes.

Sin embargo, durante la etapa final de la construcción ocurrió un hecho que cambiaría para siempre su identidad.

¿Quién fue Ignacio Pirovano?

El hospital fue bautizado en honor al doctor Ignacio Pirovano (1844-1895), considerado uno de los padres de la cirugía argentina moderna.

Formado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y perfeccionado en Europa, Pirovano introdujo en el país técnicas quirúrgicas innovadoras para la época y promovió la incorporación del conocimiento científico más avanzado a la práctica médica. Su prestigio fue tal que llegó a ser reconocido como el cirujano más importante de la Argentina de fines del siglo XIX, con pacientes provenientes tanto de Buenos Aires como del interior del país.

Además de su actividad asistencial, fue un destacado docente universitario y un impulsor de la profesionalización de la cirugía en momentos en que la medicina argentina comenzaba a consolidarse como disciplina científica.

El homenaje que inmortalizó su nombre

Cuando el edificio del nuevo hospital estaba prácticamente terminado, Ignacio Pirovano falleció el 2 de julio de 1895, víctima de un cáncer en la base de la lengua que él mismo logró diagnosticar. Su muerte conmocionó al ambiente médico y político de la época.

Ante esa pérdida, el entonces secretario de la Asistencia Pública, Juan B. Señorans, propuso que el futuro Hospital de Belgrano llevara el nombre del prestigioso cirujano como reconocimiento a toda su trayectoria.

Así, apenas un año después de su fallecimiento, el establecimiento fue inaugurado oficialmente como Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, denominación que conserva hasta la actualidad.

130 años al servicio de la salud pública

Lo que comenzó con apenas unas decenas de camas terminó convirtiéndose en uno de los hospitales públicos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí se atienden cientos de miles de vecinos de barrios como Belgrano, Núñez, Coghlan, Villa Urquiza, Saavedra, Colegiales y Villa Ortúzar, además de pacientes provenientes del conurbano bonaerense.

A lo largo de más de un siglo, el Hospital Pirovano atravesó epidemias, crisis sanitarias y profundas transformaciones del sistema de salud argentino, manteniéndose como un referente de la atención pública y de la formación de profesionales.

Su aniversario no solo recuerda la inauguración de un edificio histórico, sino también el legado de un médico que ayudó a transformar la cirugía argentina y cuyo nombre quedó para siempre asociado a uno de los hospitales más importantes del país.