Nuestro huso horario no tiene sentido
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Nuestro huso horario no tiene sentido

Llega poco a poco el verano y en Argentina notamos algo, los días se exitenden hasta bien entrada la noche.

¿Es porque estamos muy hacia el sur? ¿Cerca del círculo polar? No señores, es porque somos unos pelotudos y usamos un huso horario que no tiene nada que ver con nosotros.

Si bien tenemos casos peores donde los husos son ajustados a fracciones de hora que tampoco tienen sentido lo nuestro no responde a ninguna lógica.

En otra época, y con ello me refiero a cien años atrás, podría llegar a haber tenido sentido porque, supuestamente, el huso horario -3 era para aprovechar las horas de luz de forma laboral.

Es por esto que muchos países todavía, de forma estúpida y primitiva, insisten con el «horario de verano» que nunca sirvió para absolutamente nada.

Usar un horario coordinado entre países tiene sentido, a veces, para los negocios. Así pues en Europa se suele mantener lo más posible un mismo huso aun a sabiendas de que, por un lado España queda medio torcido y por el otro los de Europa del Este también, pero dentro de todo es bastante cómodo para ellos.

Ahora bien, llega el verano y arruinan toda esa comodidad porque empiezan los ajustes de verano y no son coordinados: cada uno decide si lo hace o no.

Si trabajaste como developer y tuviste alguna vez que lidiar con time zones ya sabrás el delirio que es esto, si nunca lo hiciste, imaginen que nuca ningún sistema tiene toda la información correcta de decisiones polítcas y algo «va a fallar», siempre.

Horario universal

Existe el horario » Coordinated Universal Time» (UTC) que no varía y tiene un eje central, algunos hasta proponen usarlo como el horario del mundo.

Es decir, abolir completamente las zonas horarias y pasar a usar la misma hora al mismo tiempo en todo el mundo.

Esto tiene ciertas ventajas (los sistemas serían más sencillos, claro), pero sin dudas no es «humano», rompería otros esquemas, los sociales.

Deberíamos cambiar completamente nuestra concepción del tiempo a algo universal cuando siempre fue local. El sol sale a tal hora y se va a tal otra, así fue en tu cerebro desde que naciste, siempre tuvo lógica porque tu pequeño grupo social vive en un lugar del mundo, no en todos a la vez.

Miren este mapa, dónde está Argentina? Donde debería

Horario de boludos

Ahora bien, tenemos como huso horario el -3 que corresponde a Groenlandia o Río de Janeiro, no hay ninguna parte de nuestro país que esté en -3, la mayoría está perfectamente en -4 y un tercio en -5 inclusive.

Supongamos que, por coordinación, preferimos quedarnos en -4 como hace Chile y listo, ya es más sencillo todo, en la misma franja horaria de Chile, Bolivia, Paraguay, medio Brasil, Venezuela, medio Caribe y la puntita de Canadá.

Argentina se había sumado al sistema internacional de husos en 1920 adoptando el -4 durante el gobierno de Irigoyen y recién en 1930 se optó por el horario de verano.

Miren este mapa, dónde está Argentina? Donde debería

En contexto tendría sentido, insisto, porque casi todo el país no tenía luz eléctrica, era un lujo de ciudad, en el campo había que trabajar aprovechando la luz del sol. Así que de 1930 a 1969 se usaba el cambio de hora.

La cagada se concretó con Onganía que decidió cortar con este inútil cambio y la dejó como estaba… sin volverla a -4, la dejó en -3! Al pedo!

Para el tercer gobierno de Perón volvieron a la hora de verano pero la pasaron a -2! es la hora de las pocas islas que hay en medio de la dorsal oceánica del Atlántico, un delirio!

Hay casos peores pero ¿Por qué no arreglarlo?

Algunos países tienen varios husos en su extensión, los dos mejores ejemplos son los EEUU y Rusia, hacen malabares pero más o menos dejaron el territorio dividido por las zonas horarias que les correspondían.

Pero tenemos casos como China que tiene uno sólo para todo el país, +8, y si uno se va a Pakistán pasa a +5 de golpe, tres de diferencia, o Afganistán 4 horas y media (si, y media), o India… 5 horas y media! Un país como India hace eso de meterle media hora! Podrían ser +5 pero no, le mandaron media para acomodar todo el país en cierto «promedio» imaginario.

Dato tonto: si uno sale de las Islas Christmas un día llega a Hawaii el día anterior 😛 El otro día conocí a alguien que había hecho ese viaje justo en año nuevo, así que salió en 2019 para llegar a destino en 2018.

Pero ¿Por qué no podemos ajustar nuestro horario?

No hay nada que nos lo impida, el país está casi en su totalidad electrificado, ya no hace falta aprovechar esa luz, menos en verano, y todos los horarios laborales se pueden , tranquilamente, ajustar a las circunstancias.

En casi la totalidad del país menos las grandes ciudades la gente no trabaja en el horario de la siesta. Si es en localidades muy calurosas dejan una brecha en medio de su horario. Ellos mismos fueron creando las reglas para que esto funcione así.

En los únicos lugares donde se sigue a rajatabla una tabla de horarios ridícula y nada adaptada al humano es en las grandes urbes. Por alguna razón se asumió que lo que se hacía en las grandes ciudades del mundo funcionaba y no, resultó ser totalmente alienante y poco eficiente.

Pero ¿Por qué debería seguir sosteniéndose eso? Además, si la idea es que aproveche la luz del sol corramos todo para que, al salir de la oficina, todavía sea de día y listo! Me voy a disfrutar del «día» aunque sean las 10 de la «noche» 😀

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  • Echaron al economista que cuestionó el proyecto Vicuña y crece la polémica por el RIGI

     

    El costo de discutir el modelo minero apareció antes que el cobre. El economista Hugo Berozzi, que trabajó durante seis años en el Fondo de Garantías de San Juan, fue despedido esta semana, pocos días después de poner la lupa sobre las 57 páginas del acuerdo que el gobierno de San Juan firmó con el proyecto de cobre Vicuña. Elaboró un informe que presentó un calculo de cuánto puede dejar de recaudar la provincia en las próximas décadas. 

    Berozzi analizó el acta compromiso que San Juan y Vicuña firmaron el 5 de agosto y que luego fue ratificada por la Legislatura provincial por 27 votos contra nueve. El gobernador Orrego presentó como uno de los principales logros del acuerdo un aporte de 250 millones de dólares para financiar obras. Los desembolsos serán progresivos y estarán sujetos a certificados de avance. La lectura del economista fue bastante menos celebratoria. Según su análisis, los 250 millones funcionan como un adelanto vinculado al impacto ambiental y sustituyen contribuciones futuras. 

    Argumentó que el acta considera saldadas con ese aporte las obligaciones económicas adicionales que la provincia podría imponer durante la vida útil contemplada para el emprendimiento, estimada en 71 años. 

    Desde el gobierno de Orrego desmintieron estos cálculos. «No es correcto plantear que San Juan cambió USD 250 millones por regalías futuras. Son dos conceptos distintos. Los USD 250 millones son un aporte cierto y no reembolsable que comienza a estar disponible desde 2026 para financiar infraestructura. Las regalías son independientes: Vicuña deberá pagar el 3% sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación. Además, desde el sexto año de producción deberá pagar el aporte adicional del 1,5% acordado con la Provincia», explicaron a LPO desde el gobierno provincial. 

    Y defendieron el cobro anticipado. «No es correcto comparar directamente USD 250 millones de hoy contra ingresos potenciales que recién existirían cuando la mina produzca. Durante los años de construcción San Juan todavía no tiene producción ni exportaciones de Vicuña sobre las cuales cobrar regalías. En cambio, la Provincia consiguió USD 250 millones ciertos y anticipados, que comienzan a estar disponibles desde 2026». 

    «La estimación de que el 1,5% durante los primeros cinco años podría representar unos USD 309 millones depende de cuándo comience la producción y de cuánto efectivamente produzca. Comparar USD 309 millones futuros y contingentes contra USD 250 millones anticipados sin considerar tiempo y riesgo no demuestra una pérdida para San Juan», agregaron las autoridades.

    La discusión también se extendió a las regalías. Berozzi afirmó que la legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos, pero el esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida del proyecto. 

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    Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años, tal como reveló El Destape. 

    La legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos. El esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida útil. Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años.

    Desde el gobierno de Orrego lo desmintieron: «San Juan no renuncia al 1,5% durante toda la vida del proyecto. El esquema acordado reemplaza ese aporte durante los primeros cinco años de producción por los USD 250 millones anticipados. A partir del sexto año de explotación, Vicuña paga el 1,5% durante el resto de la vida útil del proyecto, además de las regalías correspondientes», explicaron.

    Y aportaron un dato relevante sobre que llevó a tomar la decisión del pago anticipado. «Los antecedentes muestran por qué es importante que los USD 250 millones no dependan de que la mina empiece a producir. Con Pascua-Lama se habían comprometido USD 70 millones en 20 cuotas y sujetos al avance del proyecto. Cuando la construcción se paralizó, los pagos también se interrumpieron y terminaron ingresando aproximadamente USD 17 millones. Con Vicuña se buscó evitar ese riesgo: asegurar USD 250 millones antes de depender de la producción futura».

    En el centro de toda esta discusión está Vicuña Corp, la sociedad formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. La compañía proyecta una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. Se trata del mayor proyecto de cobre del país, ubicado en el norte sanjuanino, cerca de la frontera con Chile. El gobierno de Javier Milei lo exhibe como una de las grandes vidrieras del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). 

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    La electricidad abrió otro frente alrededor del proyecto. Vicuña necesita 260 MW para la primera fase de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. De acuerdo con cálculos de Cammesa, representa alrededor del 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA. La prioridad alcanza además a la futura línea Rodeo-Chaparro y a la estación transformadora Chaparro. El horizonte previsto es de 25 años. 

    Hay una particularidad difícil de esconder detrás de los números: la línea Nueva San Juan-Rodeo no fue construida por Vicuña. Tiene unos 162 kilómetros, fue diseñada para operar en 500 kV y recibió financiamiento nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos mediante fondos específicos. Sobre una infraestructura levantada durante años con recursos públicos se monta ahora una prioridad privada para abastecer a uno de los proyectos del RIGI. 

    La decisión provocó la reacción de otros jugadores mineros. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán objetaron distintos aspectos del esquema. Los Azules cuestionó especialmente que una prioridad durante 25 años sobre infraestructura existente pueda convertirse, en los hechos, en una exclusividad sobre un corredor estratégico. El ente regulador provincial también advirtió que la capacidad eléctrica disponible debe contemplar la demanda futura de San Juan y no solamente la expansión minera. 

    El campamento de Vicuña en San Juan.

    No hay altruismo en esa guerra. Cada minera pelea por la energía que necesita para su propio proyecto. Pero detrás de esa pulseada aparece un problema que excede a las compañías. Una infraestructura financiada colectivamente se vuelve escasa justo cuando llegan las inversiones que prometen transformar la provincia. Si un solo jugador captura buena parte de esa capacidad, el límite puede alcanzar después a otros emprendimientos mineros, industrias, productores agrícolas y localidades del norte sanjuanino. 

    El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. El proyecto contempla importar desde China una ciudad modular para alojar inicialmente unas 2.500 camas. Por la rotación de trabajadores podría atender entre 3.500 y 5.000 personas y, cuando el proyecto alcance otra escala, la demanda podría llegar a 12.000 trabajadores. 

    El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, que importará desde China una ciudad modular para alojar unas 2.500 camas. Los fabricantes argentinos calcularon que producir los módulos en el país habría generado unos 500 empleos directos.

    Los fabricantes argentinos calcularon que la obra supone alrededor de 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero. Sostienen que producir los módulos en el país habría generado entre 400 y 500 empleos directos. El armado de las estructuras importadas dejaría cerca de 50 puestos vinculados al montaje y la logística. 

    La diferencia estuvo en el precio. La oferta china habría rondado los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. Son 18 millones de diferencia en un emprendimiento cuya inversión inicial alcanza los 9.700 millones. Para la minera es ahorro. Para los proveedores argentinos, la cuenta incluye también acero, trabajo, salarios e impuestos que podrían haberse generado dentro del país. 

    Desde la provincia se cuidaron de aclarar que «se habla de 400 a500 empleos que «se podrían haber generado en Argentina, pero es una estimación de los fabricantes que perdieron la licitación, no empleos existentes que hayan sido eliminados» y agregar que «según los datos informados por Vicuña, actualmente existen más de 2.500 empleos directos e indirectos: 95% de los trabajadores son argentinos y 83% sanjuaninos» para el proyecto.

    Y además, siempre según el gobierno provincial, «alrededor del 60% de los proveedores activos son empresas de San Juan y, para el montaje de esta etapa del campamento, más del 90% de la mano de obra será sanjuanina».

    Ahí el caso Vicuña se conecta con un fenómeno mucho más grande. El RIGI acumula 22 proyectos aprobados con inversiones anunciadas por 47.073 millones de dólares. Hay además 18 iniciativas en evaluación y una rechazada. Los proyectos aprobados y en análisis informaron inversiones potenciales por 186.195 millones. Sin embargo, los activos computables de las iniciativas ya autorizadas suman sólo 30.799 millones y los compromisos para ejecutar durante los primeros dos años alcanzan 11.807 millones. Entre el anuncio y el desembolso todavía corre un río ancho. 

    Ahora, es cierto que la minería genera los dólares que la Argentina necesita. En los primeros siete meses de 2026 las exportaciones minerales alcanzaron los 5.340 millones de dólares, contra 3.200 millones del mismo período de 2025. El superávit comercial minero saltó de 3.088 millones a 5.227 millones de dólares, un crecimiento del 69,2%. Es el argumento más sólido de quienes sostienen que el sector puede convertirse en uno de los grandes proveedores de divisas de la próxima década. 

    Pero los primeros movimientos concretos del RIGI muestran la otra cara. Hasta julio, los proyectos adheridos habían importado bienes por unos 171 millones de dólares. Sólo en agosto ingresaron otros 140 millones, más del doble del récord mensual anterior y equivalentes al 43% de todo lo importado hasta julio. 

    Esta semana el Gobierno dio otro paso en esa dirección. Una resolución de la Secretaría de Minería reemplazó certificados de importación por declaraciones juradas digitales y simplificó el acceso a las exenciones previstas por la Ley de Inversiones Mineras. Podrán ingresar equipos especiales usados o reacondicionados y una misma máquina podrá utilizarse en distintos proyectos del mismo beneficiario. La medida no pertenece formalmente al RIGI, que ya dispone de sus propias exenciones aduaneras. Sin embargo, contempla específicamente a los Vehículos de Proyecto Único incluidos dentro del régimen. 

    El resultado es una autopista cada vez más ancha para importar maquinaria, equipos e insumos con ventajas fiscales mientras los proveedores argentinos reclaman una barrera de contención para no mirar la inversión desde la banquina. 

     

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