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‘Mostrá tu talento’, a partir de este domingo en la biblioteca al aire libre

A partir de este domingo, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina pone en marcha el ciclo ‘Mostrá tu talento’ en la biblioteca al aire libre de la Isla 58.

Se trata de una propuesta destinada a quienes cantan o tocan instrumentos y que no se dedican profesionalmente a la música, y también a quienes quieran recitar un cuento o poesía o realizar una improvisación artística. Para ello tendrán la posibilidad de utilizar este espacio para que puedan llegar al público en un marco natural único.

El ciclo se extenderá durante todos los domingos del verano a partir de las 19 horas.

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  • Según dos estudios Macri y Alberto crearon muchos más puestos de trabajo que Milei

     

     La inflación pulveriza los salarios. Ya son seis meses consecutivos de caída real en el sector formal. El dato se repite en distintas mediciones. La mejora nominal no alcanza. El poder de compra retrocede .

    Los números son concretos. En febrero, los salarios registrados del sector privado subieron 1,6% nominal, pero con una inflación de 2,9% implicaron una caída real de 1,3%. Con eso, quedaron 3,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023, tal como publicaron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). 

    El informe del CEPA agrega otro dato relevante. En el caso del empleo público nacional, la caída es más pronunciada: en febrero los salarios retrocedieron 2,2% mensual en términos reales y acumulan una baja de 37,2% frente a noviembre de 2023. Si se corrige la inflación con una canasta actualizada la pérdida de poder adquisitivo llega al 18,3%.

    Nada marcha de acuerdo al plan

    Desde otra orilla ideológica, el economista Gabriel Caamaño coincide con los datos y el diagnóstico. Camaño señaló que el índice de salarios del sector privado formal subió 1,6% en febrero, pero implicó una caída real de 1,3%. Fue la sexta baja consecutiva. En ese período, el retroceso acumulado es de 3,5% y el nivel actual quedó por debajo del de noviembre de 2023.

    El índice de salarios del sector privado formal subió 1,6% en febrero, pero implicó una caída real frente a la inflación del 1,3%. Fue la sexta baja consecutiva. 

    Pero el problema no es sólo el salario. También aparece el frente del empleo. Ahí se abre una discusión interesante. El filo oficialista Fernando Marull destacó que, según datos del INDEC, los empleos totales crecieron en 113 mil entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025. Pero ese número es engañoso si se lo pone en contexto.

    Daniel Schteingart, de Fundar, salió a cuestionar esa lectura. Señaló que ese aumento representa apenas un 0,6%, mientras que la población en edad de trabajar creció cerca de 2%. Además, remarcó que en 2025 no se crearon puestos netos pese a la recuperación de la actividad. «Primera vez en el siglo XXI que la economía crece sin crear empleo», sintetizó Schteingart  

    El cruce suma otro dato clave. En dos años, esos 113 mil empleos equivalen a poco más de 56 mil por año, muy por debajo de los ritmos de creación de empleo de gestiones anteriores. Con Mauricio Macri se crearon 280 mil por año y con Alberto Fernández 440 mil.  

    La composición también cambió: se destruyen puestos formales en sectores como industria y construcción, con una caída de 228 mil puestos, mientras crecen ocupaciones más precarias en sobre todo en plataformas, que explican un aumento de 341 mil. 

    En el Gobierno relativizan el impacto. Sostienen que la nominalidad todavía está acomodándose y que la baja de la inflación debería recomponer ingresos más adelante. «Primero se ordenan los precios y después los salarios», dicen cerca del equipo económico.

    Pero los datos actuales muestran otra cosa. El ajuste se está procesando sobre los ingresos laborales. Y sin una recomposición sostenida del salario real, el rebote de la actividad queda limitado. 

     

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    Del protocolo antipiquetes a Tribuna Segura: el Gobierno consolida un modelo de control permanente

     

    El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.

    La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.

    Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.

    De la protesta social al control de conductas

    Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.

    Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.

    No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.

    Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.

    Bases de datos, vigilancia y centralización

    Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.

    En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.

    El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.

    La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.

    El orden como narrativa de gobierno

    Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.

    La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.

    Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.

    La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.

     

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