A partir de este domingo, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina pone en marcha el ciclo ‘Mostrá tu talento’ en la biblioteca al aire libre de la Isla 58.
Se trata de una propuesta destinada a quienes cantan o tocan instrumentos y que no se dedican profesionalmente a la música, y también a quienes quieran recitar un cuento o poesía o realizar una improvisación artística. Para ello tendrán la posibilidad de utilizar este espacio para que puedan llegar al público en un marco natural único.
El ciclo se extenderá durante todos los domingos del verano a partir de las 19 horas.
La zona de confort se configura por el consenso, y este consenso se consolida con las decisiones y los objetos. El celular es uno de los objetos que hace a dicha zona de confort, hay consenso en que uno debe tenerlo, he ahí una expresión de la tecnocracia. Si antes, la violencia se enmarcaba en…
El Intendente Marcelo Orazi promulgó la ordenanza 09/21 que establece una reducción en un 50% en los montos a abonar en concepto de tasa por Habilitación y Renovación de Comercio e Industria por el término de 6 meses. Para ello, la norma establece categorías de comercios de acuerdo a los metros cuadrados de superficie afectados…
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública N° 04/2021 para el mantenimiento y recambio de luminarias a tecnología LED para el sector centro, Avenida Mitre, calle Juan XXIII, Avenida Cipolletti, Las Heras, Brown, Belgrano y Avenida General Paz. El presupuesto oficial es de $ 29.078.154,41 y el plazo de obra es…
Alejandro Gentile, un empresario de Techint, asumió al frente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y pidió a Axel Kicillof eliminar Ingresos Brutos a los industriales, un impuesto que supone el 80% de la recaudación de la provincia.
Gentile es director de Relaciones Institucionales del Grupo Techint y viene trabajando en la iniciativa de reducir a cero Ingresos Brutos desde hace un año. Además, contó que ya lo conversó con el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y con el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. En los próximos días le llevará la propuesta directamente al gobernador.
La presión tributaria efectiva de Ingresos Brutos sobre el valor agregado industrial alcanza el 4,7% en la Provincia de Buenos Aires, mientras que en Córdoba se ubica en el 3,5% y en Santa Fe en el 3,6%.
El argumento de la UIPBA es que la caída de empresas es menor en Córdoba y Santa Fe que decidieron dejar de cobrar ese tributo a las pymes.
«La idea es llevarlo a cero, como sucedía antes de 2008 cuando lo volvió a implementar Daniel Scioli. En lo inmediato es elevar el piso de $1.800 millones de facturación anual a partir del cual se cobra a $ 3.600 millones. Y para las medianas darle un plazo de tres años y de cinco años a las grandes de manera de bajarlo progresivamente», dijo Gentile en una conferencia de prensa.
El estudio que realizaron muestra que el aporte de Ingresos Brutos a las arcas de Kicillof es 1,4% de la recaudación total. A su vez, compararon la carga impositiva con empresas equivalentes de México y Brasil. «La carga en la Provincia es 2,5 veces mayor a la de México y 1,6% superior a la de Brasil», sintetizaron con al esperanza de que se pueda compensar la pérdida de recaudación con mayor ingreso por Ganancias.
En materia de empleo, destacaron que el sector presenta un nivel de informalidad del 19,2%, lo que refuerza la importancia de promover políticas que favorezcan la expansión de la actividad industrial y la generación de empleo registrado en la provincia de Buenos Aires.
El titular de ARBA mantuvo un encuentro el miércoles con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí coincidió con los industriales en la necesidad de eliminar impuestos distorsivos aunque planteó que «lo primero que tenemos que tener en claro es que primero hay que crecer y, una vez que estemos creciendo, con un crecimiento consolidado, entrar en estas discusiones».
La Secretaría de Obras y Servicios informa que a partir del día de la fecha se estarán colocando los divisores en calle Cipolletti y Chacabuco por lo que el carril en dirección oeste – este permanecerá cortado aproximadamente dos semanas. Difunde esta nota
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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