El virus mutó y se transformó en un medio masivo de comunicación que no para de propagarse monotemáticamente.
Un medio masivo de comunicación que está a la espera de un nuevo anónimo contagiado, un nuevo muerto que desfilará por sus indiferentes venas de transmisión de pura catástrofe.
La morbosidad devorando nuestras miradas atrapadas en un mundo en constante alerta. Noticias compulsivas que nos recluyen en un miedo absoluto que nos paraliza, y nos envuelve en un imán de violencia mediática. Nadie nos proteje de su violencia ni de su morbosidad, está en nosotros en permitirles que continuen con ese irrespetuoso e indigno patrón de comunicación.
Y si no es el tema de moda que todos los medios transmiten al unísono, será otro tema que gire nuevamente entre el escándalo y la catástrofe.
¿Habría una posibilidad de poner a los medios masivos y morbosos de comunicación en cuarentena? ¿Habrá alguna regulación que les impida ejercer tanta violencia simbólica? ¿Habrá algún ente autónomo que los regule de alguna forma?
Estamos de acuerdo con la libre expresión, y con la ley de medios, pero cuando la salud emocional o psicológica está en juego por las maneras en que se transmite la información, algún límite en sus formas debe instaurarse.
Hay un ligera brecha para mantener los criterios de realidad y estar informados.Sin embargo, la invasión desmedida y desregulada de los morbosos medios de comunicación masiva está generando un profundo trauma social, por eso está en nosotros a empezar a demarcar los límites entre lo permitido y la violencia.
¿Podremos seguir soportando socialmente tanta calamidad y cacería de urgentes noticias que nos lastiman?
Germán Díaz, integrante del bloque de La Libertad Avanza en Bragado, fue detenido tras un allanamiento en su vivienda de O’Brien, donde la Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, una balanza de precisión y elementos de corte. La Justicia lo imputó por presunta comercialización de estupefacientes y deberá declarar ante la fiscalía.
Por Lola Santacreta para NLI
La noticia sacudió a Bragado y rápidamente trascendió las fronteras de la política local: Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza, fue detenido en el marco de una investigación judicial por presunta comercialización de estupefacientes. El procedimiento se realizó el sábado en una vivienda de la localidad de O’Brien, partido de Bragado, y terminó con el dirigente libertario a disposición de la Justicia. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron restos de cocaína, una balanza de precisión y distintos elementos que, de acuerdo con la investigación, podrían haber sido utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias.
El caso tiene una particularidad que excede el expediente penal: Díaz no es un ciudadano cualquiera sino un funcionario elegido por el voto popular e integrante del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Bragado. El dirigente, de 52 años, asumió su banca en diciembre de 2023, en el escenario político que acompañó el crecimiento nacional del espacio encabezado por Javier Milei. Ahora, su situación quedó atravesada por una causa que deberá determinar si los elementos encontrados durante el procedimiento tienen relación con una actividad de comercialización de drogas y cuál fue, eventualmente, el alcance de esa conducta.
Un allanamiento que terminó con un concejal detenido
La investigación está radicada en el Departamento Judicial de Mercedes, con intervención de la UFI N.º 7 y del Juzgado de Garantías N.º 3. La orden judicial permitió avanzar sobre el domicilio ubicado en Rivadavia al 400, en O’Brien, donde se desarrolló el operativo policial que terminó con la detención de Díaz. Según la información publicada a partir de fuentes judiciales y policiales, entre los elementos secuestrados aparecieron restos de cocaína, una balanza de precisión y materiales presuntamente vinculados con el corte de sustancias.
La diferencia entre una sospecha y una condena es fundamental y debe ser preservada: Díaz se encuentra imputado y detenido en el marco de una investigación, pero su responsabilidad penal todavía debe ser establecida por la Justicia. La acusación de presunta comercialización de estupefacientes no equivale jurídicamente a una sentencia y será el proceso judicial el que determine qué valor tienen las pruebas reunidas y si alcanzan para sostener la imputación. En ese sentido, la cobertura del caso requiere evitar tanto el encubrimiento político como la condena anticipada, dos deformaciones frecuentes cuando una investigación penal involucra a un dirigente partidario.
La situación procesal del concejal avanzó este lunes con su traslado a sede judicial en Mercedes, donde debía prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola. Ese paso será relevante para conocer la versión del propio acusado y para que la fiscalía avance en la determinación de las circunstancias que rodearon el procedimiento.
La Libertad Avanza tomó distancia
El impacto político de la detención fue inmediato. El bloque de concejales de La Libertad Avanza de Bragado difundió un comunicado en el que buscó despegarse de la investigación y sostuvo que cualquier responsabilidad de Díaz deberá ser determinada exclusivamente por la Justicia. Al mismo tiempo, los concejales plantearon que la situación deberá ser analizada institucionalmente dentro del Concejo Deliberante, de acuerdo con el reglamento interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
La reacción resulta significativa porque muestra hasta qué punto un episodio individual puede convertirse en un problema institucional cuando el acusado ocupa una banca legislativa. El bloque libertario no puede resolver una causa penal ni reemplazar a la Justicia, pero tampoco puede ignorar que uno de sus integrantes se encuentra detenido e imputado en una investigación por drogas. Por eso, además de remarcar las garantías procesales, el espacio expresó su disposición a discutir dentro del Concejo cuáles son los pasos institucionales que correspondan.
En el comunicado, el bloque también manifestó un “enérgico repudio” a cualquier hecho relacionado con la venta y comercialización de estupefacientes, al considerar que se trata de un flagelo con consecuencias sobre las familias y la comunidad. La posición busca establecer una frontera entre la organización política y la conducta que se investiga, aunque la dimensión institucional del episodio inevitablemente obliga a revisar cómo llegó Díaz a ocupar una banca y cuál será el tratamiento político de su situación mientras avance el expediente.
El problema que trasciende a Germán Díaz
Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente determine la Justicia, la detención de un concejal por una causa vinculada con la presunta comercialización de drogas representa un golpe político para el espacio que integra, especialmente porque La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad pública alrededor de la denuncia de la corrupción, la inseguridad y la necesidad de aplicar con mayor dureza la ley. En este caso, la consigna política deberá enfrentarse con una realidad concreta: uno de sus representantes territoriales quedó involucrado en una investigación penal de extrema gravedad.
Esto no significa que la pertenencia partidaria determine culpabilidades ni que una acusación contra un dirigente permita atribuir responsabilidad automática a todo un espacio político. Sería tan arbitrario como sostener que cualquier delito cometido por un funcionario convierte al partido entero en una organización criminal. Pero tampoco resulta razonable pretender que la dimensión política desaparezca simplemente porque existe una causa judicial. Cuando un representante electo queda detenido, la política tiene necesariamente una responsabilidad institucional que no puede ser reemplazada por un comunicado de ocasión.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa, además, una discusión que atraviesa a todos los partidos y no solamente a La Libertad Avanza: qué controles existen sobre quienes ocupan cargos públicos y cómo reaccionan las estructuras políticas cuando uno de sus representantes queda involucrado en una investigación penal. La respuesta no debería depender del color partidario del acusado. Las garantías judiciales deben ser iguales para todos, pero también debe ser igual la exigencia de explicaciones políticas cuando un funcionario público queda comprometido en un expediente de semejante gravedad.
Por ahora, el dato central es concreto: Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza en Bragado, fue detenido e imputado por presunta comercialización de estupefacientes luego de un allanamiento en su vivienda de O’Brien, donde se secuestraron restos de cocaína, una balanza de precisión y elementos de corte. La investigación continúa y será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió y cuál es la responsabilidad penal del dirigente. Mientras tanto, el Concejo Deliberante deberá afrontar una situación institucional incómoda y el espacio libertario tendrá que explicar, más allá de cualquier estrategia comunicacional, cómo piensa administrar políticamente la crisis provocada por uno de sus propios representantes.
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Vicente Federico Quintanal, el empresario que quedó al frente de buena parte de los negocios de Fernando Cerimedo en la Argentina y mantiene trato con Karina Milei, gestionaba la compra de un predio de 30 hectáreas sobre la Hidrovía para desarrollar un puerto multipropósito en Puerto General San Martín.
La operación quedó truncada con la detención de Cerimedo en Bolivia. Las tierras pertenecieron a la ex Terminal 17 de la Junta Nacional de Granos y están ubicadas junto a Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que el consultor libertario pretendía convertir en una empresa de servicios portuarios y provisión de combustible para remolcadores y barcazas.
Un relevamiento del periodista Germán de los Santos para La Nación detectó que el predio donde está radicada Sanabria SRL es prácticamente un terreno baldío que el único activo es una rampa de tierra que desemboca en el Paraná. Fuentes municipales dijeron a LPO que para rellenar la bajada, Sanabria «se choreó tierra de una obra pública».
El predio que Quintanal buscaba incorporar al negocio está en manos de capitales bolivianos y es administrado por Ferroviaria Oriental, la principal compañía ferroviaria del oriente de Bolivia. Fuentes de la Municipalidad de Puerto General San Martín confirmaron a LPO que la empresa paga regularmente las tasas correspondientes al inmueble.
La aparición de Quintanal termina de darla verdadera dimensión del plan portuario de Cerimedo y abre interrogantes sobre su verdadero fin.
La aparición de Quintanal termina de darla verdadera dimensión del plan portuario de Cerimedo y abre interrogantes sobre su verdadero fin. Cerimedo enfrenta en Bolivia una causa por supuestos vínculos con narcotraficantes, que operaban en la región.
Como reveló LPO, Surlibre Inversiones ingresó en julio de 2024 a Sanabria SRL y adquirió el 30% de la compañía. En el mismo momento Quintanal fue designado gerente junto con Iván Alberto Sanabria, el dueño original y Sergio Ezequiel Amarilla.
El aparición del nombre Quintanal tomó otra relevancia cuando Nadia Beller, la ex novia de Cerimedo que fue atacada a tiros por sicarios, lo mencionó como uno de los contactos fluidos del consultor, ahora imputado de haber ordenado el femicidio.
Beller dijo en una entrevista con Nelson Castro que Cerimedo, a pesar de haberse distanciado de Milei tras el escándalo por las coimas en Andis, mantenía comunicación permanente con Quintanal a quien definió como socio de Cerimedo con «muy, muy buena llegada al gobierno» argentino.
En el desembarco de Cerimedo en la Hidrovía, Quintanal no aparece como accionista sino como administrador y representante de la empresa junto a Ivan «Chucho» Sanabria cuando Surlibre entró en la sociedad. Desde ese momento, comenzó a gestionar la posibilidad de comprar el terreno lindero a la guardería, un predio de 30 hectáreas donde funcionó una de las terminales de la ex Junta Nacional de Granos, desguazada por la dictadura militar y la ola privatista de los 90.
Quintanal funcionaba como el nexo entre el consultor y la hermana del Presidente mientras avanzaba con las gestiones para expandir el negocio portuario sobre la Hidrovía.
Coincidentemente, Cerimedo hace pie en la Hidrovía el 31 de julio de 2024, semanas después de la constitución de Surlibre y apenas dos meses después de la llegada de Iñaki Arreseygor a Puertos y Vías Navegables, el hombre de Toto Caputo en el río.
La empresa consiguió las autorizaciones provisorias de Prefectura en tiempo récord a pesar de que el municipio de Puerto General San Martín le había rechazado la habilitación por falta de documentación.
Una vez instalados en la zona, Quintanal comunicó al resto de los socios que avanzarían con la compra de los terrenos de la ex terminal portuaria, llamativamente en manos de la ferroviaria boliviana. En el sector seguían el proyecto con desconfianza que se acrecentaron en las últimas horas cuando se supo que en Bolivia ya investigan a Cerimedo por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El proyecto portuario sobre esos terrenos no arrancó con Cerimedo. En un documento al cual accedió LPO señala que Ferroviaria Oriental contrató a la consultora alemana Hamburg Port Consulting en 2021 para desarrollar un plan de negocios para la denominada «AIGRE Bulk Terminal» en el complejo portuario San Lorenzo-Puerto General San Martín.
El interés de Cerimedo habría sido adquirir esas 30 hectáreas y conectarlas con los pocos metros cuadrados linderos que pertenecen a la bajada para la guardería de Sanabria SRL.
Las tierras de la ex Terminal 17 habían sido utilizadas para almacenar fertilizantes durante la década de los noventa, cuando el desguace de la Junta Nacional de Granos aceleró el retroceso de los puertos públicos y la transferencia de la actividad a las grandes agroexportadoras privadas.
En esos mismos años comenzó la historia de la guardería náutica que posteriormente se convirtió en Sanabria. Según reconstruyeron fuentes municipales, durante la gestión de Lorenzo Domínguez, un temporal destruyó uno de los galpones del municipio y la empresa se hizo cargo de repararlo. Como contraprestación, el dueño de la guardería obtuvo el uso de la cuadra de la calle Juan Domingo Perón que desemboca en el Paraná para facilitar el movimiento de las embarcaciones.
Funcionarios del actual intendente Carlos de Grandis que hablaron con LPO explicaron que se buscó el modo de recuperar ese tramo de calle pero no encontraron la veta legal para dar marcha atrás con la donación.
Según reconstruyeron fuentes municipales, durante la gestión de Lorenzo Domínguez, un temporal destruyó uno de los galpones del municipio y la empresa se hizo cargo de repararlo. Como contraprestación, el dueño de la guardería obtuvo el uso de la cuadra de la calle Juan Domingo Perón que desemboca en el Paraná para facilitar el movimiento de las embarcaciones
Con el paso del tiempo, la antigua guardería Mirto quedó bajo la órbita de Sanabria SRL. En junio de 2022, Sebastián Andrés Porporato cedió sus 175 cuotas a Iván Sanabria, que acumuló 325 de las 500 participaciones y quedó como único gerente. En enero de 2023, Marcelo Enrique Fabián Molins transfirió sus 175 cuotas a Amarilla y Sanabria le cedió otras 75, por lo que ambos quedaron con partes iguales.
El tercer movimiento ocurrió con la llegada de Surlibre. Además de quedarse con el 30%, la sociedad introdujo a Quintanal en la administración. Quienes conocen a la sociedad bien de cerca, Quintanal no se desenvolvía como un asesor externo, sino que intervenía directamente en las decisiones.
Estructura societaria según datos Boletín Oficial Provincia de Santa Fe
Quintanal comparte con Cerimedo una extensa red de sociedades. Ambos aparecen vinculados a Surlibre Inversiones y Compañía Sudamericana de Inversiones, mientras que Natalia Basil, esposa del consultor y exfuncionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad, comparte con Quintanal compañías como Australis Energy Group y Patagonia Energy Holding.
Una investigación de Ámbito reveló que Quintanal se repite en directorios de empresas dedicadas a actividades tan diferentes como energía, minería, salud, limpieza, automotores, loteos y servicios forestales. En definitiva, lo señalan como un posible «prestanombre» o testaferro de Cerimedo. Un detalle, ambos declararon el mismo domicilio fiscal en Tucumán 1438, piso 2, oficina 202, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes libertarias aseguran que esa llegada incluía un vínculo con Karina Milei. Quintanal funcionaba como el nexo entre el consultor y la hermana del Presidente mientras avanzaba con las gestiones para expandir el negocio portuario sobre la Hidrovía.
Por otra parte, la conexión boliviana da cuenta de la incidencia de Cerimedo en el poder de aquel país. Van apareciendo pruebas de la enorme influencia en el gobierno de Rodrigo Paz. Fotografías difundidas por Beller lo muestran en el despacho presidencial y participando junto a Paz de una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
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