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MORBOSIDAD Y VIOLENCIA MEDIÁTICA

El virus mutó y se transformó en un medio masivo de comunicación que no para de propagarse monotemáticamente.

Un medio masivo de comunicación que está a la espera de un nuevo anónimo contagiado, un nuevo muerto que desfilará por sus indiferentes venas de transmisión de pura catástrofe.

La morbosidad devorando nuestras miradas atrapadas en un mundo en constante alerta. Noticias compulsivas que nos recluyen en un miedo absoluto que nos paraliza, y nos envuelve en un imán de violencia mediática. Nadie nos proteje de su violencia ni de su morbosidad, está en nosotros en permitirles que continuen con ese irrespetuoso e indigno patrón de comunicación.

Y si no es el tema de moda que todos los medios transmiten al unísono, será otro tema que gire nuevamente entre el escándalo y la catástrofe.


¿Habría una posibilidad de poner a los medios masivos y morbosos de comunicación en cuarentena? ¿Habrá alguna regulación que les impida ejercer tanta violencia simbólica? ¿Habrá algún ente autónomo que los regule de alguna forma?

Estamos de acuerdo con la libre expresión, y con la ley de medios, pero cuando la salud emocional o psicológica está en juego por las maneras en que se transmite la información, algún límite en sus formas debe instaurarse.

Hay un ligera brecha para mantener los criterios de realidad y estar informados.Sin embargo, la invasión desmedida y desregulada de los morbosos medios de comunicación masiva está generando un profundo trauma social, por eso está en nosotros a empezar a demarcar los límites entre lo permitido y la violencia.

¿Podremos seguir soportando socialmente tanta calamidad y cacería de urgentes noticias que nos lastiman?

Portada: Germán Busin

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    PRIMICIA – Primero el mercado mundial, después los argentinos: Milei cambió la regla para exportar petróleo

     

    La Secretaría de Energía modificó el régimen de exportaciones de hidrocarburos y eliminó la obligación de que las empresas ofrecieran primero su producción al mercado interno. El Gobierno asegura que busca atraer inversiones y generar dólares, pero la decisión abre una nueva disputa: qué prioridad tiene la energía argentina, si garantizar el abastecimiento nacional o convertirse en un negocio exportador.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno de Javier Milei volvió a mover una pieza clave del modelo energético argentino. A través de la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y publicada hoy en el Boletín Oficial, se modificó el esquema que regulaba la exportación de hidrocarburos y se eliminó una herramienta que obligaba a las empresas a demostrar que el mercado interno había tenido prioridad antes de vender al exterior.

    La decisión cambia la lógica que durante años acompañó la administración de un recurso estratégico como el petróleo. A partir de ahora, las compañías tendrán un camino más directo para exportar crudo y derivados, mientras el Estado conserva una capacidad de intervención más limitada frente a eventuales problemas de abastecimiento.

    La nueva regla se inscribe dentro del programa de desregulación económica impulsado por Milei, que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayor libertad comercial a las empresas. Para el Gobierno, la medida permitirá acelerar inversiones, potenciar Vaca Muerta y transformar a la Argentina en un jugador internacional de energía.

    Pero la modificación abre una discusión de fondo: ¿la energía argentina debe estar orientada primero a garantizar las necesidades de los argentinos o a generar dólares mediante la exportación?

    Del control estatal a la libertad exportadora

    Hasta ahora, las empresas que pretendían exportar determinados hidrocarburos debían atravesar un procedimiento donde tenían que acreditar que el mercado interno había tenido la posibilidad de acceder a esa producción. Ese mecanismo funcionaba bajo una idea histórica: antes de vender un recurso estratégico al exterior, el Estado debía garantizar que no existieran problemas de abastecimiento dentro del país.

    La Resolución 166/2026 cambia esa dinámica. En lugar de una autorización previa basada en una evaluación del mercado interno, establece un sistema donde las empresas notifican sus operaciones y el Estado puede objetarlas únicamente ante situaciones específicas.

    En los hechos, la lógica pasa de un modelo de control preventivo a uno de intervención excepcional. El cambio parece técnico, pero tiene una fuerte carga política: modifica quién tiene la prioridad sobre un recurso clave de la economía nacional.

    Vaca Muerta, dólares y la apuesta del Gobierno

    La administración libertaria sostiene que la Argentina necesita convertirse en un gran exportador energético para fortalecer sus cuentas externas.

    El argumento oficial es que si las petroleras tienen reglas más previsibles y menos restricciones podrán invertir más en producción, aumentar las exportaciones y generar los dólares que el país necesita. En esa visión, Vaca Muerta no debe ser solamente una fuente de abastecimiento interno, sino una plataforma exportadora capaz de competir en los mercados internacionales.

    La resolución se apoya en la filosofía del DNU 70/2023 y la Ley Bases, que impulsaron un esquema de mayor apertura y menor regulación estatal sobre distintos sectores económicos. La apuesta es clara: que el incentivo privado sea el motor del crecimiento energético.

    El interrogante que queda abierto: ¿qué pasa con los argentinos?

    El punto más sensible de la medida aparece cuando se analiza el rol del Estado frente al mercado interno. Aunque la Secretaría de Energía mantiene herramientas para intervenir ante riesgos de desabastecimiento, la nueva normativa reduce los mecanismos que permitían anticiparse a esas situaciones. La discusión no pasa solamente por cuánto petróleo produce Argentina, sino por quién define el destino de esa producción.

    En un contexto donde los precios de los combustibles, las tarifas y el costo energético tienen impacto directo sobre hogares e industrias, cualquier cambio en la administración de los recursos energéticos genera un debate que excede al sector petrolero.

    La pregunta política queda planteada: si el petróleo argentino genera una enorme oportunidad exportadora, ¿cómo se garantiza que esa riqueza también impacte primero en quienes viven y producen en Argentina?

    Un nuevo capítulo en la disputa por los recursos estratégicos

    La Resolución 166/2026 representa un nuevo paso en el giro energético del Gobierno de Milei. No elimina completamente la intervención estatal, pero sí modifica la relación entre Estado y empresas.

    El modelo anterior colocaba al abastecimiento interno como una condición previa para exportar. El nuevo esquema pone el foco en facilitar las ventas externas y deja al Estado con un rol de vigilancia posterior.

    Mientras el Gobierno celebra una herramienta que considera necesaria para atraer inversiones y convertir a la Argentina en una potencia energética, sus críticos advierten que el país corre el riesgo de privilegiar el ingreso de divisas por encima de la protección del mercado interno.

    La pelea por el petróleo argentino vuelve así a una vieja discusión: si los recursos estratégicos deben funcionar como una herramienta de desarrollo nacional o como una mercancía más dentro del mercado mundial.


     

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  • La crisis minera se agrava y las canteras aceleran despidos, retiros y recortes salariales

     

    Se agrava la crisis de la producción de granito triturado en medio del derrumbe de la construcción privada y la parálisis de la obra pública. En Olavarría, son numerosas las canteras que exponen números en rojo y aceleran un proceso de recorte de personal.

    Fuentes del ámbito minero consultadas por LPO revelaron que el sector está trabajando a un 30% de su capacidad operativa y que llegó al punto límite de tener que vender muy por debajo de los costos de producción solo para poder pagar salarios. Ahora, ya se habla de despidos y retiros voluntarios.

    En ese contexto, muchas canteras temen un horizonte de quiebra, con ARCA como su principal acreedor a partir del aumento de los pasivos impositivos. Eso, a pesar de que el Estado mantiene con la mayoría de ellas deudas millonarias, fundamentalmente a través de Vialidad Nacional.

    «En lo que queda del año no hay ningún empresario de la construcción que vea una perspectiva de movimiento. Mientras tanto, hay canteras que solo trabajan cuando tienen gasoil para echarle a los equipos. Es preocupante», dijo una fuente al tanto de panorama crítico de la minería olavarriense.

    A esa foto se suma la parálisis cementera, con Loma Negra que decidió pasar el invierno con su horno principal apagado en la planta L’Amalí de Olavarría para mitigar los elevados costos operativos proyectados en los meses donde el impacto de las bajas temperaturas se montan al frío recesivo.

    Loma Negra apaga su horno principal hasta noviembre por la baja actividad y los costos del gas

    De acuerdo al último índice de costos realizado por la Asociación Pymes de la Construcción de la provincia de Buenos Aires (Apymeco), el despacho de cemento mostró en junio una baja del 0,8% respecto del mes anterior y una caída más pronunciada, del 1,4%, respecto del año pasado.

    Frente a la escalada de la crisis, en las últimas horas se conoció que la cantera Galasur esta en una situación «muy complicada» y proyecta despidos. Según, el sitio local En Línea Noticias, la empresa planteó 27 desvinculaciones, aunque advierte no tener espalda financiera para pagar las indemnizaciones.

    Crecen los despidos en las canteras por el freno a la obra pública

    En otra firma de la región, Canteras Argentinas, se habla de un acuerdo con los trabajadores que contempla reducciones salariales, percibiendo solo la mitad del sueldo de forma registrada, algo que, por lo pronto, no cuenta con el acompañamiento del gremio minero AOMA que alerta por la inconsistencia legal de esa salida provisoria a la crisis.

    En tanto, en la cantera Ana Rita avanzan con un esquema de retiros voluntarios que por lo pronto abarcaría a una veintena de trabajadores.

    Frente este panorama crítico, en el sector también analizan acuerdos de suspensiones en las que los trabajadores percibirían un porcentaje de sus salarios.

     

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    Más caros y con menos controles: la nueva desregulación de Sturzenegger pone en alerta el acceso a los medicamentos

     

    El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva reforma impulsada por Federico Sturzenegger que modificaría de manera profunda el mercado farmacéutico. Especialistas advierten que la iniciativa puede favorecer la automedicación, encarecer tratamientos y debilitar el rol sanitario de las farmacias.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Una reforma que cambia las reglas del sistema farmacéutico

    El Gobierno nacional avanza en un nuevo paquete de desregulaciones encabezado por el ministro Federico Sturzenegger, que esta vez apunta directamente al mercado de los medicamentos. Entre los cambios que se analizan figura la modificación o derogación de normas históricas que regulan la comercialización farmacéutica, habilitando una mayor liberalización del sector.

    Según trascendió, la iniciativa permitiría ampliar la venta digital de medicamentos, flexibilizar las condiciones para la entrega a domicilio e incluso extender la comercialización de productos de venta libre fuera de las farmacias, una medida que genera fuerte preocupación entre profesionales de la salud.

    Lejos de tratarse de una discusión meramente comercial, distintos especialistas sostienen que el proyecto implica un cambio profundo en la forma en que los argentinos acceden a los tratamientos médicos.

    Advierten sobre más automedicación y medicamentos más caros

    El médico clínico Oscar Atienza alertó que la desregulación podría tener efectos contrarios a los que promete el Gobierno. En lugar de favorecer la competencia y reducir los precios, señaló que la flexibilización puede incentivar la automedicación, dificultar el seguimiento profesional de los pacientes y terminar incrementando el costo efectivo de los tratamientos.

    El especialista recordó que las farmacias cumplen una función sanitaria que excede la mera venta de productos. Allí se controla la correcta dispensación de medicamentos, se detectan incompatibilidades entre tratamientos y se orienta al paciente respecto de dosis y riesgos, una tarea que podría perderse si los remedios pasan a comercializarse como cualquier otro bien de consumo.

    Además, diversos sectores del sistema de salud sostienen que la concentración del mercado en grandes plataformas comerciales podría terminar debilitando a las farmacias de barrio, reduciendo la competencia real y dejando a millones de personas con menos asesoramiento profesional.

    Otra apuesta al mercado en un área sensible

    La reforma forma parte del nuevo paquete de desregulaciones que Sturzenegger impulsa tras la expiración de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. El ministro busca avanzar ahora mediante proyectos legislativos que eliminen o modifiquen decenas de leyes vinculadas a distintas actividades económicas.

    En el caso de los medicamentos, la discusión adquiere una dimensión particularmente sensible porque involucra el acceso a tratamientos esenciales, la seguridad sanitaria y el derecho a la salud.

    Mientras el Gobierno sostiene que una mayor apertura favorecerá la competencia y eliminará regulaciones consideradas «obsoletas», desde distintos sectores médicos y farmacéuticos advierten que la experiencia internacional muestra que la liberalización del mercado farmacéutico no garantiza una reducción de precios y puede aumentar los riesgos asociados al consumo sin control profesional.

    La discusión recién comienza, pero ya anticipa un nuevo frente de conflicto para una administración que viene impulsando una profunda transformación del Estado bajo la premisa de que el mercado debe ocupar un lugar cada vez más amplio, incluso en áreas tan sensibles como la salud.

     

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