Pasados unos días de la finalización de la Copa América Brasil 2019, que tuvo al anfitrión como campeón más allá de las desavenencias con el VAR, algunos fallos a favor y un par de partidos sin goles; los brazucas fueron los más regulares y supieron sobreponerse en momentos adversos del juego, sumado a que en los detalles (donde los partidos de este nivel se definen) la verdeamarella hizo la diferencia, fue un justo campeón.
No obstante, lo que resonó en mi cabeza tras la copa no tuvo que ver con los resultados, sino con la reacción de un colectivo social (con representación en redes) que ésta vez se sintió satisfecho con Messi y su selección (porque es suya), aún obteniendo una peor posición que en las dos copas anteriores donde accedimos a finales, solamente por actitudes extradeportivas del mejor futbolista del planeta. “Lo argentinizamos” se repitió y se compartió en las redes. “¿Tan fácil era?” habrá pensado Messi… Pero entonces, o peor entonces, ¿Qué es lo que esperamos los argentinos del Mesías? ¿Copas? ¿Identidad? ¿Representación? ¿HUMO?.
Hasta hace pocos días tenía la certeza que el argentino le exigía a Messi levantar una copa con la albiceleste, una exigencia que siempre mantiene vigente la sensación de cumplirse, pero que no se ha concretado aún.
Sin embargo en esta copa, volvimos a no ganar, lo más común del deporte mundial. Los deportistas de elite pierden más de lo que ganan. Esto si tomamos la derrota como una cuestión resultadista, y no vislumbramos la posibilidad de mejorar a partir de ella convirtiéndola en algo positivo (¡WaW!). Pero acá está el quiebre, perdimos pero argentinizamos a Messi. Y esa metamorfosis de d10s dejó felices a muchos, chau bilardistas. Que importa perder con Brasil en semis si Messi boquea en zona mixta.
Ahora, ¿Qué le festejamos a Messi?¿Qué lo echaron, declaró fuerte y no fue a recibir la medalla?;“QUÉ FÁCIL ERA” debe pensar el Mesías con una caipirosca en la mano en una playa que ni él debe saber dónde queda.
“No seas tibio Lío, bardeá” Argentinizamos a un rosarino que toma mate y come asados. Que ironía. Vanagloriamos patrones que no son motivo de orgullo. Que bajón.
Ahora SÍ nos representa y ya no importa si gana o pierde. ¿Con tan poco humo alcanzaba?. A veces pienso qué mal está nuestra sociedad para que una persona necesite de Messi para ser feliz, claro que puede entregarnos pequeñas dosis de alegría, pero no puede depender de él tu felicidad, ni ser el blanco donde dispares tus angustias. Y ahora peor aún. Le vamos a demandar una mutación, que no sea él, que le salgan rulos y se ponga más gordito, que se tatúe al “Che” y fume habanos. WTF. ¿¿Más humo??
Finalizando para no robarles más tiempo y a modo de resumen. Le festejamos que sea más argento, sin darnos cuenta que nuestra idiosincrasia es la que nos sumerge un poco más todos los días.
Entonces festejamos otra derrota sin darnos cuenta. Hicimos involucionar a Messi. Lo argentinizamos.
Mirá qué fácil que era Pulga. Una puteada por una copa. Qué fácil somos. Puteá Leo, así no te putean a vos. Que los goles los meta Dybala. Y que Brasil siga siendo o mais grande do mundo!
Aunque sinceramente, prefiero que te sigan puteando por no ganar a que me vendas 30 años de humo de habano cubano a lo Diegote. Porque de ese modo, vuelven a ganar los detractores de la vida; y los que amamos el deporte, perdemos otra vez.
El dirigente político dejó sus impresiones de la marcha en apoyo de Cristina.
Juan Grabois se hizo presente hoy en la Plaza de Mayo en la marcha en apoyo a Cristina Kirchner. Allí, frente a los medios, dejó sus impresiones sobre la situación que estaba atravesando el país y puntualizó en la figura de Patricia Bullrich.
«Tiene una perversión con la sangre y con la violencia», aseguró Grabois, «le gusta lastimar. Lo disfruta. Y por eso es el perro guardián ideal para cualquier régimen antipopular».
El senador Sergio Uñac cayó en una redada encabezada por Nicolás Trotta y Gisela Marziotta, con la excusa de construir un ámbito que contenga a los dirigentes del peronismo decepcionados y distantes de la conducción de Cristina Kirchner. La intención de los impulsores era poder atraer al ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y al propio Uñac, entre otros referentes del PJ reticentes a encolumnarse bajo los designios del cristinismo y La Cámpora, con el lanzamiento de una agrupación.
La convocatoria había sido para un encuentro que tuvo lugar este lunes, por Zoom, bajo el nombre “Primero la Patria”, idéntico al eslogan que usó la ex Presidenta para quedarse con el cetro del PJ en 2024 ante la compulsa frustrada contra el riojano Ricardo Quintela. Sin embargo, la movida estuvo animada por referentes de probada pertenencia al kirchnerismo, más que la que podrían acreditar Trotta y Marziotta, y desató la bronca de los peronistas disidentes.
Uno de los legisladores que participó admitió ante LPO que, pese al clima de concordia que los organizadores trataron de imprimirle a la cita, hubo fricciones. “¿Por qué le pusieron el nombre de la lista de Cristina?”, increpó uno de los convidados cuando hizo uso de la palabra.
La pregunta dejó atónitos a los anfitriones del Zoom, una costumbre que parece imponerse en el PJ después de la realización de su Congreso nacional bajo la misma plataforma. Acaso por eso este jueves aparecieron afiches en Capital Federal con esa apelación y el escudo del justicilaismo.
En el Congreso, comentaron a LPO que un grupo de diputados que suele tensar al interior del bloque de UP parecía haber llegado “engañado” a la cita. “Yo qué tengo que ver con Cristina”, se animó a decir uno de ellos después del encuentro.
Pero, además, los armadores remitieron una carta a Cristina para pedirle permiso para “inscribir” su agrupación con ese nombre.
Nicolás Trotta, en sus tiempos como ministro de Educación.
A Trotta, Marziotta y Uñac se sumaron los diputados Guillermo Snopek (Jujuy), Carlos Castagneto (PBA), Blanca Osuna (Entre Ríos), Juan Manul Pedrini (Chaco), José Glinski (Chubut), Gabriela Estevez (Córdoba), Hilda “Beba” Aguirre (La Rioja) y los tres de San Juan, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica. Del cónclave también participaron el ex diputado salteño Pablo Kosiner, los legisladores provinciales Verónica Mercado (Catamarca), Federico Alessandri (Córdoba), Matías Barroetaveña (CABA), Noemí Geminiani (CABA) Sebastián Benitez Molas (Chaco) y Juan Lapadula (Tierra del Fuergo).
La jugada es una maniobra, según sus propios impulsores, “para contener a los que sienten que no tienen participación”. El argumento es que los seguidores de Cristina tienen, naturalmente, el espacio de La Cámpora y otras corrientes silvestres para adherir a su conducción pero eso deja a otros actores del peronismo sin una referencia que les permita identificarse.
Tendremos que tender puentes con todos los sectores y abrir espacios de diálogo y participación ciudadana, poniendo énfasis en la renovación dirigencial sin desconocer la representatividad de cada sector y los liderazgos que han forjado nuestra identidad partidaria.
En ese sentido, plantean que “para fortalecer al peronismo, hay que fomentar la complementariedad dentro del partido”. Esa lectura deriva de la interpretación que se extiende entre los dirigentes que cuestionan las intervenciones de Jujuy, Salta y Misiones y las magras cosechas electorales en las primeras dos de esas tres provincias.
En la misiva dirigida a la titular del PJ, los responsables de “Primero la Patria” admiten la necesidad de “recuperar a compañeros decepcionados o distanciados de la actividad política tradicional”. “Tendremos que tender puentes con todos los sectores y abrir espacios de diálogo y participación ciudadana, poniendo énfasis en la renovación dirigencial sin desconocer la representatividad de cada sector y los liderazgos que han forjado nuestra identidad partidaria”, aseveran.
Otro intendente fue a la Justicia contra funcionarios del Pami y en Diputados piden abrir una comisión investigadora para analizar las denuncias por corrupción que complican al ministro de Salud Mario Lugones y a quien ubicó en la obra social de los jubilados, Esteban Leguizamo.
Como reveló LPO, la semana pasada el intendente radical de Madariaga, Esteban Santoro, se presentó ante la Justicia pidiendo que se investigue el posible delito de asociación ilícita ante el pase compulsivo de cápitas a una clínica privada en perjuicio del hospital municipal.
Ahora, uno de los intendentes más cercanos a Axel Kicillof, Gustavo Barrera (Villa Gesell), hizo una presentación ante la Fiscalía Federal de Dolores, perjudicado en este mismo caso de quita de cápitas, que afectó al sistema de salud de varios municipios de la región. La asignación de cápitas por parte de Pami a un centro de salud implica el giro de fondos.
Según denunció el secretario de Salud de Villa Gesell, Jorge Villalba, desde agosto pasado Pami le quitó la cápita de 1.000 jubilados al hospital municipal. “Es mucho dinero. Están faltando 12 millones de pesos por mes desde agosto del año pasado”, dijo.
Y agregó: “Los jubilados van al hospital de Villa Gesell, no pueden viajar a una guardia en Madariaga, vienen acá y eso no lo facturamos en el hospital y se atiende al paciente igual”.
En paralelo, las diputadas Margarita Stolbizer y Mónica Fein presentaron un proyecto para crear una comisión investigadora que haga un relevamiento de todas las denuncias existentes y que cite a dar explicaciones al titular del Pami.
“Milei transformó el Pami en una caja de recaudación y oficina de empleo de LLA. Pero, como si fuera poco, resulta que en Madariaga (y queremos saber en cuántos lugares más) armaron lo que se parece mucho a una asociación ilícita”, dijo Stolbizer.
El proyecto presentado con Fein pide investigar distintas denuncias en Santa Cruz, Chaco, Ciudad, Provincia de Buenos Aires y Jujuy, donde, como reveló LPO, se derivaron pacientes a la clínica del diputado libertario Manuel Quintar.
La diputada Margarita Stolbizer y el intendente de Gesell, Gustavo Barrera.
También, descreen de la auditoría interna anunciada por el gobierno libertario. “El riesgo es que simplemente se trate de un escape para montar una ficción y que todo siga igual”, señalaron en el proyecto.
Y agregaron: “De acuerdo a lo que hemos relevado, existe un modus operandi, de mala gestión y comportamientos criminales en perjuicio de las personas y de los recursos públicos con los que debe sostenerse el Instituto”.
Este domingo se llevó a cabo en el polideportivo Cumelen una nueva competencia de básquet 3×3, en este caso el último del año organizado por @3x3basquetregina con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. En este último torneo, al igual que en los anteriores, se debió limitar el cupo…
Argentina tiene un sistema sanitario que, aun con desigualdades persistentes, es un ejemplo en la región y reconocido a nivel global por su desarrollo en recursos humanos, su capacidad científica y su orientación hacia el cuidado de los sectores más vulnerados. Este entramado —hecho de políticas públicas, instituciones, equipos profesionales y vínculos comunitarios— no surgió de la nada: fue el resultado de decisiones políticas y ciudadanas, sobre todo ciudadanas, sostenidas en el tiempo y apoyadas en la convicción de que una sociedad que cuida a quienes más lo necesitan se cuida a sí misma. Sin embargo, desde 2024 somos testigos de algo inédito: no ya el deterioro por desinversión o abandono, que es lo que deberíamos modificar, sino un proyecto explícito de desmantelamiento del sistema de salud público.
No se trata solo de un ajuste presupuestario más, sino de la puesta en escena de una voluntad destructiva que se declara sin ambigüedades, deslegitima lo público y desplaza al Estado de su responsabilidad como garante de derechos. Por primera vez, un gobierno no solo deja de cuidar: lo anuncia con orgullo. Esta ofensiva sin precedentes contra el sistema sanitario plantea desafíos inéditos y obliga a documentar, interpretar y responder colectivamente frente a un drama que, hasta hace poco, parecía impensable.
La medida del desastre
A partir de 2024, se implementaron medidas de ajuste fiscal que incluyeron una reducción del 27% del gasto estatal y el despido de más de 30.000 empleados públicos. En el área de salud, esto se tradujo en la eliminación o desfinanciamiento de programas clave, y en una marcada caída de la ejecución presupuestaria en organismos fundamentales. La combinación de recortes presupuestarios y reducción de personal dejó múltiples servicios públicos en situación crítica y aumentó las barreras para el acceso a la salud, especialmente en los sectores más vulnerables.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), diversos organismos e instituciones sanitarias redujeron de manera significativa la ejecución de su presupuesto en 2024:
Además, hacia fines de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación contaba con un 16% menos de personal. Algunos servicios se vieron forzados a suspender sus actividades por falta de recursos humanos.
Entre los programas e instituciones más afectados por el ajuste se encuentra el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que fue discontinuado en abril de 2024. Este programa, vigente desde 2018 en 12 provincias, había logrado reducir significativamente los nacimientos en adolescentes gracias a la promoción de la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos.
Otro golpe importante fue la decisión de disolver el Instituto Nacional del Cáncer (INC), luego de que en 2024 se ejecutara apenas el 45% de su presupuesto. El cierre del INC incluyó la interrupción del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, dejando sin acceso a analgésicos como morfina y metadona a numerosos pacientes oncológicos. Según organizaciones médicas, más de 60 personas fallecieron ese año esperando medicación que nunca llegó.
El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, finalizó 2023 con un déficit operativo de $31.000 millones. En 2024, se aplicaron recortes administrativos y se incrementaron los ingresos por facturación. Aunque el Ministerio de Salud anunció que el hospital había alcanzado el equilibrio financiero, los equipos profesionales denunciaron congelamiento de salarios, vacantes sin cubrir y sobrecarga laboral. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, renunciaron más de 200 profesionales, incluyendo al menos 50 médicos de planta y 20 residentes. Este contexto resulta en guardias hiper exigidas e imposibilidad de cubrir adecuadamente los turnos. También se afecta la atención médica, aumenta el riesgo de errores entre quienes cubren los puestos vacantes y disminuye la capacidad de respuesta. Ese mismo año, el hospital atendió más de 600.000 consultas, de las cuales el 40% correspondían a tratamientos oncológicos.
Al hospital Garrahan no van solo las familias más humildes. Si tu hijo/a tiene una enfermedad rara también es tratado en este hospital de referencia. No crean que por tener prepaga no podrían necesitarlo alguna vez.
En materia de enfermedades infecciosas, el proyecto de Presupuesto 2025 incluyó un recorte del 76% en los fondos destinados a la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y TBC. A lo largo de 2024, se reportaron faltantes de antirretrovirales, preservativos y reactivos de laboratorio. También se eliminó la Coordinación Nacional de Tuberculosis y Lepra, incumpliendo la Ley de Respuesta Integral al VIH, sancionada en 2022, que establece la responsabilidad estatal en el financiamiento de estas estrategias.
En cuanto a los adultos mayores, el PAMI redujo su vademécum gratuito, pasando de 3.000 a 2.000 medicamentos. Esta reducción se tradujo en una baja de 167 a 109 principios activos cubiertos. Además, se estableció un nuevo tope de 5 medicamentos gratuitos por persona, en lugar de los 6 permitidos anteriormente. Muchos tratamientos pasaron a contar con descuentos parciales que varían entre el 40% y el 80%. Esto implicó un mayor gasto de bolsillo para los afiliados: según relevamientos de la Defensoría de la Tercera Edad, en abril de 2025, los medicamentos representaron aproximadamente el 22% del total de la canasta básica para adultos, con un gasto estimado de 260.000 pesos.
Otras medidas significativas incluyeron el cierre de 15 programas del Ministerio de Salud, entre ellos el Programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), encargado de otorgar medicamentos de alto costo a personas sin cobertura médica. También se registraron interrupciones en la entrega de tratamientos esenciales como inmunosupresores y fármacos oncológicos, así como faltantes generalizados de anticonceptivos, reactivos de laboratorio e insumos básicos en hospitales públicos. Finalmente, en febrero de 2024, se anunció la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), otro retroceso importante en materia de cooperación sanitaria internacional.
Cortar por los más débiles
Estas medidas no afectan a toda la población por igual. Su impacto se vuelve particularmente agudo en los grupos que ya enfrentaban barreras estructurales para el acceso a la salud. En el caso de las adolescentes, la suspensión del Plan ENIA y los recortes en programas de salud sexual implican menos acceso a información, métodos anticonceptivos y espacios de consejería, con el consecuente aumento del riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. En los adultos mayores, la reducción del vademécum gratuito y el incremento del gasto de bolsillo afectan la continuidad de tratamientos crónicos, especialmente entre quienes perciben jubilaciones mínimas. Las personas con enfermedades crónicas o de alto costo —como VIH, cáncer, hepatitis— se ven expuestas a interrupciones en sus tratamientos y a una disminución del seguimiento clínico. Las poblaciones vulnerables, sin cobertura formal o en territorios rurales y periurbanos, sufren con mayor intensidad el achicamiento de operativos territoriales, el cierre de centros de salud y la judicialización del acceso a medicamentos, sumando nuevos obstáculos geográficos y económicos a los que ya se enfrentaban.
Las medidas implementadas por el gobierno de Milei debilitaron gravemente la capacidad del Estado para cumplir con su función de garante del derecho a la salud, y trasladaron los costos del ajuste a quienes menos pueden afrontarlos.
Guadalupe Pérez, Jefa de Infectología del Hospital Garrahan:
“La mitad de los pacientes con cáncer del país se atienden acá. Hay 30 mil internaciones al año. No dimensionan que no hay otra institución pública o privada que pueda reemplazar al Garrahan. Me da escalofríos… pic.twitter.com/okNBEnJ2eC
La eterna tensión entre unitarios y federales sigue influyendo en cómo abordamos la distribución de recursos y la construcción de equidad entre las distintas regiones. Ese conflicto, lejos de resolverse, se acentuó. En un contexto histórico atravesado por problemas estructurales no resueltos, la salud y la educación continúan siendo dos áreas clave cuya gestión las provincias nunca delegaron plenamente al Estado nacional. Esta autonomía, sin mecanismos suficientes de articulación y compensación, produjo profundas desigualdades que reflejan con crudeza cómo el lugar de nacimiento —el código postal— puede determinar las posibilidades de enfermar o incluso morir.
Estas inequidades son contundentes: el gasto en salud per cápita en las cuatro provincias que más invierten cuadruplica al de las que menos lo hacen, y el 72% de los profesionales de la salud se concentra en solo 4 de las 24 jurisdicciones del país. Esta disparidad, sumada a las condiciones materiales desiguales de vida, tiene consecuencias dramáticas. La mortalidad materna en Santiago del Estero es casi siete veces mayor que en la Ciudad de Buenos Aires (19,1 vs. 2,7 por 10.000 nacidos vivos); la mortalidad infantil en Corrientes casi triplica la de Neuquén (8,7 vs. 3,2 por 1.000 nacidos vivos); la tasa de fecundidad adolescente en Misiones es ocho veces más alta que en CABA (24,5 vs. 3,2 por 1.000 habitantes); y en algunas regiones del Chaco, la prevalencia de tuberculosis alcanza niveles comparables a los de los países más pobres del mundo.
En este contexto, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al rol de rectoría del gobierno nacional? ¿Es solo el dictado de normas que, por otra parte, podrían ser fácilmente descargables por internet? ¿O estamos hablando del papel del Ministerio de Salud de la Nación como autoridad final capaz de asumir estas desigualdades y su responsabilidad al respecto?
Desde su creación, el Ministerio de Salud nacional intentó, con mayor o menor éxito, intervenir para reducir las brechas de las provincias en sus resultados de salud. Programas como el Remediar (que permitió que las personas pobres dejaran de pagar por los medicamentos ambulatorios esenciales para su supervivencia), Salud Investiga (que financió investigaciones sobre las patologías más relevantes para nuestra realidad epidemiológica) o el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (que logró reducir la tasa de fecundidad adolescente en sus primeros dos años a la mitad) son solo algunos de los numerosos ejemplos de intentos por construir equidad asumiendo la rectoría nacional.
La verdadera rectoría no se limita a redactar declaraciones: es una construcción técnico-política que depende de la capacidad de un gobierno para articular acciones entre las jurisdicciones que puedan garantizar respuestas equitativas. Solo con un Ministerio de Salud fuerte se puede soñar con la equidad. La gobernanza en salud juega un papel esencial. Implica la creación de políticas públicas adecuadas, pero también la capacidad de generar acuerdos efectivos entre las distintas jurisdicciones y de asignar recursos. Esto incluye mecanismos de articulación que permitan implementar programas y distribuir recursos de manera justa, respetando las particularidades de cada región. Numerosas iniciativas demostraron cómo una gobernanza efectiva puede traducirse en equidad y en acciones con impacto real y sostenible en la mejora de las condiciones de vida de toda la población.
Justo y necesario
Sostener un sistema de salud público, universal y gratuito no implica solamente asegurar el acceso a la atención sanitaria. También requiere construir condiciones estructurales que permitan que ese acceso sea equitativo, efectivo y sostenido. Desde una perspectiva de derechos, el sistema público cumple funciones indelegables: garantizar la salud poblacional, establecer estándares de equidad y formar profesionales con una mirada sanitaria integral, que no quede a merced de los caprichos del mercado.
Un sistema público, con fuerte rectoría estatal, es indispensable para alcanzar una cobertura universal efectiva, desde la prevención hasta los cuidados paliativos— cerca del entorno cotidiano de las personas, actuando sobre los determinantes sociales de la salud y promoviendo la equidad. Las funciones esenciales de salud pública incluyen no solo la vigilancia epidemiológica y la prevención de enfermedades, sino también el desarrollo de recursos humanos con competencias éticas, técnicas y comunitarias. La formación de trabajadores de la salud bajo este enfoque excede los saberes clínicos: implica compromiso con la salud colectiva, el trabajo territorial y el enfoque de derechos. Características que solo pueden ser adquiridas en el paso por el sistema público de salud.
Solo con un Ministerio de Salud fuerte se puede soñar con la equidad. La gobernanza en salud juega un papel esencial.
Un sistema público sólido es condición necesaria para reducir las brechas en salud. La equidad no puede alcanzarse sin un actor estatal capaz de planificar, regular y proveer servicios. Allí donde los sistemas públicos se debilitan, las desigualdades se profundizan: quienes pueden pagar acceden, quienes no, quedan excluidos.
Además, los sistemas públicos cumplen un rol estructurante en la organización sanitaria de un país: no solo brindan atención, fijan precios de referencia, regulan la formación profesional, garantizan insumos estratégicos, articulan con organismos internacionales y sostienen la respuesta en situaciones de emergencia. Sin su existencia, la atención queda fragmentada y sometida a lógicas de mercado que priorizan la rentabilidad por sobre la necesidad.
Sostener un sistema público de salud no es, entonces, una cuestión meramente técnica o administrativa. Es una decisión política y ética. Su debilitamiento no afecta solo a las estructuras institucionales: impacta en la vida concreta de las personas, especialmente en aquellas más vulneradas.
Aislados del mundo
La decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituye un cambio de rumbo con consecuencias significativas. Más allá de los argumentos centrados en el ahorro presupuestario, esta medida implica la desvinculación de uno de los principales espacios de coordinación sanitaria internacional, en un contexto donde los desafíos en salud pública trascienden las fronteras nacionales.
La OMS cumple funciones centrales para los Estados miembros: establece protocolos técnicos basados en evidencia, coordina respuestas ante emergencias sanitarias, facilita el acceso a insumos estratégicos como vacunas y medicamentos, y promueve estándares comunes para la formación y el ejercicio profesional en salud. Estas herramientas resultan especialmente valiosas para países con sistemas fragmentados o con dificultades estructurales de acceso y equidad.
En su comunicación oficial, el gobierno argentino sostuvo que la permanencia en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) garantizaría parte de la cooperación técnica, incluido el acceso a los fondos rotatorios para vacunas. Sin embargo, esta afirmación omite que la OPS es la oficina regional de la OMS y que muchas de sus acciones están integradas a estrategias y decisiones definidas a nivel global. La salida formal de la OMS debilita esa articulación y puede limitar el acceso a mecanismos de asistencia internacional en situaciones críticas futuras.
Además, la participación en la OMS no se reduce a recibir recomendaciones técnicas. Se trata de un espacio de construcción política y científica colectiva, donde los países inciden en la elaboración de lineamientos globales a través de procesos de deliberación y consenso. Renunciar a este espacio implica perder voz, representación e incidencia internacional.
La cuota anual que Argentina paga a la OMS —unos 3,6 millones de dólares— representa una inversión marginal frente a los beneficios de pertenecer a una red de cooperación multilateral en salud. Presentar esta decisión como un recorte presupuestario es subestimar su impacto estructural.
En un escenario global atravesado por una pandemia de salud mental, el resurgimiento de enfermedades infecciosas como M-Pox o la gripe aviar, y el avance de la resistencia antimicrobiana, la cooperación internacional no es opcional: es condición necesaria para la preparación y la respuesta efectiva. La desvinculación de la OMS reduce las posibilidades de anticipación y coordinación frente a amenazas sanitarias compartidas.
El sistema de salud público argentino se ve particularmente afectado por esta medida. Su capacidad para responder a emergencias, adquirir insumos estratégicos o actualizar protocolos depende en gran parte de los marcos normativos y técnicos internacionales. La salida de la OMS introduce un factor de aislamiento que debilita esa capacidad de respuesta y, en última instancia, impacta sobre la calidad y la equidad del cuidado.
La salud es, por definición, un bien colectivo. Su protección exige colaboración entre países, intercambio de información, formación conjunta de profesionales y mecanismos ágiles de asistencia recíproca. La decisión de retirarse de la OMS erosiona esos pilares y contradice la lógica de corresponsabilidad que ha sostenido las políticas sanitarias más eficaces del último siglo.
La participación en la OMS no se reduce a recibir recomendaciones técnicas. Se trata de un espacio de construcción política y científica colectiva, donde los países inciden en la elaboración de lineamientos globales a través de procesos de deliberación y consenso. Renunciar a este espacio implica perder voz, representación e incidencia internacional.
Argentina se incorporó a la OMS en 1948 mediante la Ley 13.211, que aprobó la Constitución de la OMS. Según el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes y su renuncia requiere la intervención del Congreso. Cualquier intento de salida de la OMS sin la aprobación del Congreso es inconstitucional y carece de validez legal. La decisión no puede ser adoptada unilateralmente por el Poder Ejecutivo, ya que implica la renuncia a un tratado internacional aprobado por ley.
Hasta aquí llegamos
En nombre del equilibrio fiscal y la eficiencia económica, se desmontaron programas sanitarios, se interrumpieron tratamientos, se dejaron vacantes sin cubrir y se eliminaron instancias de cuidado. Mientras, hay personas que mueren. No por falta de tecnología ni por desconocimiento, sino porque se optó por una disposición sacrificial frente al dios mercado, esperando que su beneplácito traiga un futuro mejor. Incorporando una lógica según la cual algunas vidas se consideran costeables; otras, prescindibles.
¿La salud es un derecho que debe estar garantizado para todas las personas o un servicio al que solo acceden quienes pueden pagarlo? En cada recorte, en cada programa eliminado, en cada tratamiento que no llega, lo que realmente se discute es la vida misma. La salud no se agota porque más personas la usen, y solo puede garantizarse si hay una decisión colectiva de hacerlo posible: a través del Estado, de políticas públicas, de redes solidarias. El mercado, por sí solo, no la va a garantizar.
Lo que está en disputa no son tecnicismos presupuestarios, sino una frontera política y ética: decisiones que configuran el tipo de sociedad que queremos habitar. Una sociedad más o menos comprometida con la equidad, más o menos permeada por lógicas que exigen sacrificios humanos en nombre de indicadores macroeconómicos.
Como advierte Judith Butler, no todas las vidas serán igualmente lloradas. Algunas serán protegidas; otras, ni siquiera nombradas. Esa jerarquización se está inscribiendo en los cuerpos, en las biografías, en los destinos. Y ya se está traduciendo en muertes evitables, en sufrimientos no acompañados y en vidas que se disuelven sin dejar huella.
La disposición sacrificial no se expresa sólo en la desinversión o en la restricción del acceso. Se manifiesta también en las construcciones de subjetividad que este modelo promueve: el abandono, la fragmentación, la soledad, la idea de que cada quien debe arreglárselas como pueda. En este contexto, los suicidios y las depresiones de jóvenes y adolescentes dejan de ser síntomas individuales para convertirse en expresiones sociales de una época que ha roto sus redes. El suicidio es hoy la segunda causa de muerte en adolescentes de entre 10 y 19 años en Argentina, con 394 casos registrados en 2023: más de uno por día; y las consultas por cuadros depresivos aumentan hasta un 30 % en un año. Estas cifras no pueden leerse de manera aislada: expresan un modelo de organización social basado en la exclusión, el despojo y la competencia que horada los vínculos que deberían protegernos.
Hoy, el Estado que debería cuidarnos, nos expulsa. Aquel que debería garantizar derechos, los convierte en bienes escasos. La salud —como la vida— no se sostiene en soledad.
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios 01/2021 destinado a la contratación de servicio médico veterinario para la esterilización canina y felina. El presupuesto oficial total es de $924.000. Los profesionales interesados podrán realizar consultas y adquirir los pliegos en el Departamento de Compras ubicado en el edificio central de…
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