Medidas más severas en Cipolletti

 

Milei volvió a atacar a Lula y profundiza la crisis con Brasil. La política exterior argentina, cada vez más subordinada a la batalla ideológica de la ultraderecha.

Por Roque Pérez para NLI

El Presidente volvió a atacar a Lula y esta vez decidió amplificar las acusaciones de un congresista estadounidense aliado de Donald Trump. Mientras Brasil reclama terminar con las agresiones y ya rebajó el nivel de su representación diplomática en Buenos Aires, la política exterior argentina parece cada vez más subordinada a las disputas ideológicas de la ultraderecha internacional.

Milei volvió a elegir la confrontación como instrumento de política exterior. Lejos de intentar bajar la tensión con Brasil, el Presidente decidió replicar en sus redes sociales las críticas del congresista estadounidense Carlos Giménez, un dirigente republicano de origen cubano y cercano a Donald Trump, quien atacó públicamente al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y lo calificó de “delincuente”. Milei hizo propio el mensaje y volvió a colocar al principal socio regional de la Argentina en el centro de su batalla política.

El episodio podría parecer, a primera vista, una nueva disputa discursiva en redes sociales. Pero ocurre después de una sucesión de ataques que ya produjo consecuencias concretas para la relación bilateral. Brasil retiró a su embajador de Buenos Aires y redujo su representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una decisión extraordinaria entre dos países que, más allá de las diferencias ideológicas entre sus gobiernos, mantienen una relación económica, comercial, social y estratégica que excede largamente a sus presidentes de turno.

La pregunta que debería hacerse la Argentina, entonces, no es qué tan fuerte fue el insulto de Milei contra Lula, sino qué beneficio obtiene el país de esta política exterior basada en agravios personales y alineamientos ideológicos. Porque mientras el Presidente parece encontrar en cada conflicto internacional una nueva oportunidad para reforzar su identidad política ante sus seguidores, los costos de esas decisiones recaen sobre el conjunto del país.

Una diplomacia diseñada para la batalla ideológica

Desde que llegó al poder, Milei modificó de manera sustancial la tradición diplomática argentina. La política exterior dejó de estar planteada fundamentalmente alrededor de los intereses permanentes del Estado para quedar cada vez más vinculada a una particular concepción ideológica del mundo.

En ese esquema, Estados Unidos, Donald Trump, Israel y las derechas radicalizadas de distintos países aparecen como aliados naturales, mientras que los gobiernos que Milei identifica con la izquierda o el progresismo son tratados como adversarios políticos. Brasil, por su peso regional y por la presencia de Lula en la conducción del país, ocupa un lugar central en esa disputa.

El problema es que una cosa es que el Presidente tenga diferencias políticas con Lula y otra muy distinta es transformar esas diferencias en una política de Estado. La Argentina no tiene por qué compartir las posiciones del gobierno brasileño para entender que Brasil es su principal socio regional, una de las mayores economías del mundo y un actor indispensable para cualquier estrategia de integración sudamericana.

Sin embargo, Milei parece haber decidido que la relación con Brasil debe estar condicionada por la pelea entre la derecha y la izquierda. Incluso su respaldo político a dirigentes brasileños enfrentados con Lula forma parte de ese esquema. La diplomacia tradicional entiende que un Presidente representa a todos los argentinos incluso cuando habla con gobiernos que no le gustan. La lógica de Milei parece funcionar al revés: cada escenario internacional es convertido en una extensión de su propia interna política.

Y allí aparece una de las principales contradicciones de su discurso. El Gobierno suele presentar su política exterior como una defensa de la libertad, del comercio y de los intereses argentinos. Pero una política exterior verdaderamente pragmática debería preguntarse primero qué necesita la Argentina y no quién comparte la misma ideología que el Presidente.

El dato que Milei omite cuando habla de Lula

En sus ataques, Milei suele presentar a Lula como un dirigente que fue condenado y posteriormente liberado. La formulación, sin embargo, omite un dato jurídico fundamental: las condenas contra Lula fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En marzo de 2021, el ministro Edson Fachin determinó que la Justicia Federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar los casos contra Lula porque los hechos investigados no tenían relación directa con los desvíos de Petrobras. El Plenario del Supremo Tribunal Federal confirmó posteriormente esa decisión por 8 votos contra 3.

Pero hubo además otro elemento decisivo. El Supremo Tribunal Federal reconoció la parcialidad del entonces juez Sérgio Moro en el proceso del triplex de Guarujá y anuló las decisiones adoptadas por él en esa causa.

Esto no significa que una discusión política deba convertirse en una defensa automática de Lula ni que las acusaciones de corrupción puedan ser borradas de la historia. Significa algo mucho más sencillo: un Presidente argentino no debería presentar como verdad absoluta una caracterización jurídica que omite las decisiones posteriores de la máxima instancia judicial brasileña.

Y mucho menos utilizar esa caracterización para justificar una escalada diplomática con el gobierno de un país vecino.

El asunto adquiere todavía mayor gravedad porque el ataque ya no se limita a las declaraciones personales de Milei. Ahora el Presidente reproduce las acusaciones de un congresista estadounidense y las incorpora a su propia comunicación política. Es decir, la diplomacia argentina aparece cada vez más atravesada por una lógica de alineamiento internacional donde los adversarios políticos de Trump se convierten automáticamente en adversarios de Milei.

La pregunta inevitable es dónde queda la defensa del interés argentino.

Brasil no es un enemigo de Milei: es un vecino de la Argentina

La crisis actual debería ser observada desde una perspectiva mucho más amplia. Argentina y Brasil no son simplemente dos gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas. Existe entre ambos países una estructura económica y social construida durante décadas, con millones de personas vinculadas por comercio, inversiones, turismo, industria, energía y cadenas productivas.

El Mercosur, además, constituye uno de los principales instrumentos de inserción internacional de la Argentina. Romper puentes con Brasil por una disputa personal entre dos presidentes no es una muestra de firmeza: puede convertirse en una forma extremadamente costosa de aislamiento.

Brasil ya dio una señal concreta. El retiro de su embajador y la reducción de la representación diplomática fueron justificadas por el Gobierno de Lula como una respuesta a los “reiterados insultos y agresiones” de Milei. La Cancillería brasileña reclamó que Argentina detenga las agresiones para poder recomponer el vínculo.

La respuesta argentina debería ser sencilla: defender sus posiciones, negociar lo que corresponda y preservar los canales diplomáticos. Pero el Gobierno parece atrapado en una dinámica diferente, en la cual retroceder frente a un adversario ideológico es interpretado como una derrota política.

Ese mecanismo puede funcionar en una campaña electoral o en las redes sociales. En relaciones internacionales, puede ser desastroso.

Porque los Estados no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes: tienen intereses. Y una política exterior madura busca preservar esos intereses incluso cuando los gobiernos que están del otro lado de la mesa piensan completamente distinto.

Milei parece haber elegido otro camino.

El costo de convertir a la Argentina en una pieza de la interna de Trump

Hay una dimensión todavía más profunda en esta crisis. El nuevo ataque a Lula, producido mediante la reproducción de las palabras de un congresista estadounidense cercano a Trump, muestra hasta qué punto la política exterior argentina puede estar funcionando como una extensión de la batalla política de la derecha norteamericana.

La Argentina no debería necesitar que un congresista de Estados Unidos le indique quién es amigo y quién enemigo en América Latina. Mucho menos que la agenda internacional del país quede determinada por las disputas electorales o geopolíticas de Washington.

El alineamiento automático tiene un problema elemental: Estados Unidos cambia de intereses según sus propias necesidades y sus propios gobiernos. La Argentina, en cambio, tiene que convivir con sus vecinos todos los días. Brasil seguirá estando al lado de nuestro país cuando cambie el gobierno de Milei, cuando termine el gobierno de Lula y cuando Donald Trump deje la Casa Blanca.

Por eso una diplomacia inteligente debería construir puentes, diversificar vínculos y defender la soberanía nacional. No transformar a la Argentina en un actor secundario dentro de una pelea ideológica ajena.

La política exterior de Milei corre, en cambio, el riesgo de convertir al país en algo mucho más pequeño: un país que grita fuerte pero negocia desde una posición cada vez más débil.

Y la crisis con Brasil es la demostración más concreta.

Mientras el Presidente obtiene repercusión en las redes sociales por cada nuevo insulto, la Argentina pierde capacidad de diálogo con uno de sus socios fundamentales. Mientras Milei fortalece su imagen ante el núcleo duro que celebra sus enfrentamientos, el país paga el costo de una diplomacia que confunde firmeza con agresión, soberanía con alineamiento y liderazgo con provocación.

La política exterior no debería existir para alimentar el algoritmo presidencial. Debería existir para defender los intereses de la Argentina.

Y si para sostener una pelea ideológica con Lula el Gobierno está dispuesto a deteriorar la relación con Brasil, entonces el problema ya no es solamente el estilo de Milei.

El problema es que la Argentina puede estar empezando a pagar el precio de una política exterior diseñada para satisfacer al Presidente antes que para servir al país.

 

 

La Argentina de la “libertad” tiene cada vez más ciudadanos obligados a depender exclusivamente del hospital público. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual, mientras las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios. El deterioro del empleo formal y el fuerte aumento de las cuotas de las prepagas aparecen como dos de los factores centrales detrás de una transformación que vuelve a cargar sobre el Estado las consecuencias de un modelo que prometía exactamente lo contrario.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Hay números que permiten discutir una política económica y hay números que obligan a discutir qué sociedad se está construyendo. Los datos difundidos a partir de registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Encuesta Permanente de Hogares, relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG), pertenecen a la segunda categoría: desde el comienzo del gobierno de Javier Milei 1.246.285 personas se incorporaron al universo de argentinos que no cuentan con obra social, prepaga ni mutual. La cifra surge de comparar los 9.428.131 ciudadanos que estaban en esa situación en el cuarto trimestre de 2023 con los 10.674.416 registrados en el primer trimestre de 2026. En paralelo, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, en un proceso asociado a la pérdida de empleo registrado y al deterioro de la cobertura laboral.

El resultado es contundente: quienes dependen exclusivamente del sistema público pasaron de representar el 32% al 35,6% de la población. No se trata, por lo tanto, de una modificación marginal de las preferencias de los usuarios ni de una simple reorganización administrativa de las obras sociales. Es una transferencia de personas hacia el sistema público de salud, en un contexto en el que el Gobierno nacional viene sosteniendo una política de ajuste y reducción del gasto estatal que también impacta sobre hospitales, programas sanitarios, medicamentos y organismos vinculados a la atención de la población.

El “mercado” de la salud expulsa a quienes no pueden pagarlo

La contradicción del modelo libertario aparece con particular crudeza cuando se observa qué ocurre con la medicina privada. El Gobierno puede presentar la desregulación como una ampliación de la libertad de elección, pero la libertad de elegir una prepaga desaparece cuando el salario no alcanza para pagarla. Y si, al mismo tiempo, se deteriora el empleo formal, también se debilita la principal vía mediante la cual millones de trabajadores acceden a una obra social.

Los datos relevados muestran precisamente esa combinación. La merma de afiliados coincide con la pérdida de puestos de trabajo formales y con el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, dos procesos que fueron modificando las condiciones materiales de acceso a la cobertura. La consecuencia concreta es que familias que durante años contaron con una cobertura privada o de seguridad social comenzaron a abandonar esos esquemas y quedaron dependiendo del hospital público.

El fenómeno también puede observarse dentro de las propias obras sociales. OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, perdió el 20,2% de sus beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la caída fue del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados. La única entidad mencionada en el relevamiento que logró expandirse fue OSDEPYM, vinculada al universo de trabajadores monotributistas.

La fotografía que dejan esos números es particularmente significativa porque las obras sociales no funcionan aisladas del mercado laboral: son una expresión directa de la estructura del empleo. Cuando se destruyen puestos registrados, se deterioran los ingresos o aumenta la precarización, también se resiente el sistema de seguridad social que se financia mediante los aportes de trabajadores y empleadores. Por eso reducir la discusión sanitaria a cuánto dinero se destina al Ministerio de Salud significa mirar apenas una parte del problema.

El dato que debería preocupar especialmente al Gobierno: los jóvenes

Hay otro número que desnuda todavía más profundamente el alcance del proceso. Entre los argentinos de 15 a 29 años, el 49,9% no cuenta con obra social, prepaga ni mutual y depende exclusivamente del sistema público. Son 438.790 jóvenes más en esa situación respecto del cuarto trimestre de 2023.

Es difícil separar este fenómeno de la crisis que atraviesa el ingreso de las nuevas generaciones al mercado laboral. Los jóvenes suelen ser los primeros afectados por la informalidad, los empleos de menor estabilidad y los salarios que pierden capacidad de compra. Si a eso se suma que las coberturas privadas aumentan por encima de la capacidad de pago de muchas familias, el resultado es previsible: la cobertura sanitaria deja de ser un derecho garantizado por la inserción laboral y empieza a depender cada vez más de la capacidad económica individual.

Y allí aparece una de las grandes paradojas de la experiencia libertaria. El discurso oficial plantea que el Estado debe retirarse para que los individuos puedan elegir libremente. Pero cuando el mercado expulsa a quienes no pueden pagar, esos mismos ciudadanos no desaparecen. Siguen necesitando atención médica. Van al hospital público, concurren a las guardias, requieren medicamentos, estudios, tratamientos y profesionales. El Estado no deja de existir: recibe la demanda, pero con menos recursos y mayores dificultades para atenderla.

La consecuencia puede ser un sistema sanitario cada vez más segmentado: quienes tienen ingresos suficientes conservan o compran cobertura privada; quienes tienen una relación laboral formal intentan sostener su obra social; y una porción creciente de la población queda directamente a merced del sistema público. La supuesta libertad de elección termina convirtiéndose, para millones, en una elección que nunca existió: pagar o quedarse afuera.

Una transferencia silenciosa hacia el hospital público

El dato central de este proceso no es solamente cuántas personas perdieron una cobertura. Es quién termina absorbiendo las consecuencias. Cuando una familia abandona una prepaga porque ya no puede pagar la cuota, la necesidad sanitaria continúa. Cuando un trabajador pierde su empleo formal, también pierde la estructura de cobertura asociada a ese trabajo. Y cuando una obra social pierde afiliados, su capacidad financiera puede deteriorarse, afectando también la calidad y disponibilidad de las prestaciones.

Por eso, el crecimiento de la población sin obra social, prepaga ni mutual debería ser leído como un indicador social y económico de primer orden. Entre fines de 2023 y comienzos de 2026, más de 1,24 millones de personas se incorporaron al universo que carece de esos tres tipos de cobertura.

La discusión excede, entonces, la clásica pelea entre “Estado” y “mercado”. En la Argentina, la salud siempre estuvo organizada alrededor de una combinación de sistema público, seguridad social y sector privado. El problema aparece cuando una de esas patas comienza a recibir cada vez más demanda mientras las otras pierden afiliados y capacidad de financiamiento.

Y mientras el Gobierno celebra la reducción de determinadas partidas como si fueran simples números de una planilla presupuestaria, del otro lado de esa planilla hay personas. Son trabajadores que ya no tienen obra social, familias que dejaron de pagar una prepaga, jóvenes que nunca lograron acceder a una cobertura y pacientes que, ante una enfermedad, terminan recurriendo al hospital público.

El modelo puede llamarlo “eficiencia”. Puede presentarlo como una consecuencia inevitable de ordenar las cuentas. Pero los números muestran otra cosa: una parte creciente de la sociedad argentina está siendo empujada hacia un sistema público que, paradójicamente, el mismo modelo económico pretende adelgazar.

La verdadera pregunta política ya no es cuánto puede reducirse el Estado. Es cuánto puede soportar una sociedad cuando cada vez más personas necesitan de él y, al mismo tiempo, el Gobierno decide retirarle recursos. Porque la salud no funciona como una mercancía cualquiera: cuando alguien deja de poder pagarla, no deja de enfermarse. Y esa cuenta, tarde o temprano, alguien tiene que pagarla.