Por Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro se establecieron medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias en Cipolletti a partir de las 8 del jueves 23 de abril de 2020.
Las medidas (que se enumeran en la Resolución anexa) se prolongarán hasta las 24 horas del día 30 de abril próximo, y están fundamentadas en razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo, excepcional y temporario.
La vigilancia epidemiológica en Cipolletti durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Salud de Río Negro, determinan que deban adoptarse estas medidas sanitarias preventivas a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19.
La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.
La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.
Una actividad clave para que funcione el comercio exterior
El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.
Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.
El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.
Qué cambia el decreto de Milei
El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.
Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.
El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.
Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.
Una pulseada que excede el conflicto gremial
Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.
La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.
Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.
En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar
Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.
No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.
Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.
La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.
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El cierre de la presentación de alianzas para la elección de septiembre en la localidad cordobesa de Marcos Juárez confirmó que avanza el entendimiento o, al menos, una nueva fase en la relación entre el presidente Javier Milei y el peronista Martín Llaryora. Porque el mismo día en el que se oficializó el auxilio financiero de 400 mil millones de pesos de la Nación para Córdoba, los libertarios decidieron correrse de las coaliciones para los comicios en Marcos Juárez.
Quien siguió de manera atenta la forma en la que el libertario cordobés Gabriel Bornoroni acató la orden de Balcarce 50 y sacó al oficialismo nacional de la contienda es el expresidente Mauricio Macri. Sobre todo, porque el líder del PRO observa que se presenta como una buena oportunidad para recuperar el famoso ‘kilómetro 0′ de Cambiemos y volver a controlar el bastión en el corazón productivo cordobés.
«Mauricio va a jugar si o sí con Pedro. Lo va a respaldar y lo alienta a que sea candidato. Con o sin el PRO, más allá de cualquier traba administrativa que le pueda presentar Oscar (Agost Carreño)», dijo una persona que conoce los movimientos del macrismo en suelo cordobés.
Lo del impedimento es correcto. Agost Carreño le ganó una pelea de varios capítulos al macrismo por el control del sello del PRO en Córdoba y no quiere ceder tan fácilmente para que Dellarossa sea candidato amarillo con la bendición de Macri. Situación que, en caso de victoria, podría hacer estallar al bullrichismo que también prestó aparato a Agost Carreño para que voltease en la batalla al macrismo.
«Si Agost Carreño cede fácil y le da el sello a Dellarossa, le explota la relación con Laura Rodríguez Machado que lo acompañó para que se quedara con el partido hace un par de meses», reflexionó una persona que tuvo el teléfono ocupado todo el día con el cierre de alianzas.
Lo que viene es la carrera contrarreloj para presentación de candidaturas que vence el 7 de agosto, con miras a la elección del 6 de septiembre. Para la primera semana de agosto, Dellarossa está convencido de que irá con o sin el respaldo del sello del PRO. Decisión que también observa el cordobesismo que, en caso de victoria del exintendente, se subirá a la foto con el argumento de que Dellarossa fue un ‘extracomunitario’ que Llaryora repatrió para su primera etapa del Partido Cordobés.
Con lo cual, la decisión de Agost Carreño con el control del partido amarillo -cuyo presidente en realidad es Oscar Tamis- también tiene impacto en la inquietud del cordobesismo. «A lo mejor, Oscar sabe que si pisa el sello también mantiene incómoda a la relación que une a Macri con el cordobesismo», dijo otra persona.
Por último, sobre el final del lunes, una persona al tanto de todas las conversaciones que hubo para el cierre de alianzas en Marcos Juárez reconoció que la negociación también esmeriló el vínculo entre Bornoroni y el senador Luis Juez. «Los socios le volvieron a creer a Bornoroni con algunas encuestas que no caminaban de (Germán) Pascquali, el candidato violeta, hasta que se dieron cuenta que no iban a ningún lado y quisieron forzar algo. Después, Juez vio rara la cosa y se corrió. Por eso están saliendo a argumentar que, así como los libertarios no se inscribieron en alianzas, el PJ de Llaryora tampoco. No se ve tan claro el panorama, parece», dijo.
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