Por Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro se establecieron medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias en Cipolletti a partir de las 8 del jueves 23 de abril de 2020.
Las medidas (que se enumeran en la Resolución anexa) se prolongarán hasta las 24 horas del día 30 de abril próximo, y están fundamentadas en razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo, excepcional y temporario.
La vigilancia epidemiológica en Cipolletti durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Salud de Río Negro, determinan que deban adoptarse estas medidas sanitarias preventivas a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19.
El RA-10, proyecto iniciado en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, entra en su etapa final y podría transformar la producción argentina de radioisótopos para medicina nuclear.
Por Ignacia Fratelint para NLI
Un proyecto científico que comenzó hace 16 años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está entrando finalmente en su etapa decisiva. El Reactor Argentino Multipropósito RA-10, una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia reciente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), alcanzó un 96% de avance en su montaje y el Gobierno confirmó que antes de fin de 2026 comenzará el proceso de puesta en marcha, con el objetivo de completarlo durante los primeros meses de 2027. Detrás de esa obra hay una infraestructura destinada a producir radioisótopos para medicina nuclear, desarrollar tecnología para la industria y la ciencia y, potencialmente, convertir a la Argentina en uno de los principales proveedores internacionales de estos insumos estratégicos.
El dato político y temporal es importante porque el RA-10 no nació durante la actual administración ni fue concebido como respuesta a una necesidad coyuntural. El proyecto comenzó en 2010, cuando la CNEA inició el diseño de un nuevo reactor multipropósito destinado fundamentalmente a ampliar la producción nacional de radioisótopos. En aquel momento gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y la Argentina atravesaba una etapa de fuerte impulso a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de capacidades nucleares nacionales. Cuatro años después, en 2014, la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia de construcción y en marzo de 2016 comenzó la obra civil en el Centro Atómico Ezeiza.
Lo que está ocurriendo ahora, por lo tanto, es el cierre de un ciclo iniciado mucho antes. El reactor atravesó diferentes administraciones, etapas presupuestarias, modificaciones y períodos de distinto ritmo de ejecución hasta llegar al estado actual, en el que la obra civil ya está terminada y se realizan los ensayos preoperacionales necesarios para comprobar que todos sus sistemas funcionen de acuerdo con los parámetros previstos. La propia CNEA informa que el diseño demandó más de un millón de horas-hombre y más de 10.000 documentos técnicos, una dimensión que permite comprender que no se trata simplemente de levantar una construcción, sino de desarrollar y ensamblar una infraestructura tecnológica extremadamente compleja.
De un proyecto de 2010 a una herramienta contra la dependencia sanitaria
El RA-10 no es una central eléctrica. Es un reactor multipropósito de investigación y producción de 30 megavatios, diseñado para aprovechar los neutrones generados por la fisión nuclear en aplicaciones médicas, científicas e industriales. Una de sus funciones centrales será fabricar radioisótopos utilizados en medicina nuclear, entre ellos molibdeno-99, del que se obtiene tecnecio-99m, ampliamente utilizado para realizar estudios de diagnóstico por imágenes. También producirá lutecio-177, utilizado en terapias oncológicas dirigidas, e iridio-192, empleado tanto en medicina como en aplicaciones industriales.
La importancia de esta capacidad aparece con claridad cuando se observa cómo funciona actualmente el mercado internacional. La propia documentación de la CNEA señala que la provisión mundial de molibdeno-99 está fuertemente concentrada y que cinco empresas dominan más del 80% de la producción, mientras buena parte de los reactores utilizados para obtenerlo tienen más de tres décadas de operación. Las fallas y paradas de esas instalaciones pueden generar episodios de escasez que afectan directamente a los sistemas de salud que dependen de estos radioisótopos. Argentina logró históricamente sostener su abastecimiento mediante el reactor RA-3 de Ezeiza, pero ese reactor ya tiene más de 40 años, de modo que el RA-10 fue concebido precisamente para garantizar y ampliar esa capacidad en el futuro.
Ahí aparece una de las dimensiones menos visibles del proyecto: la soberanía sanitaria también depende de capacidades tecnológicas que casi nunca aparecen en las discusiones cotidianas sobre salud pública. Un hospital puede contar con médicos especializados y equipos de diagnóstico de última generación, pero determinados procedimientos requieren radioisótopos cuya producción depende de instalaciones nucleares altamente sofisticadas. Tener la posibilidad de producirlos localmente significa reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones internacionales y, al mismo tiempo, construir una capacidad científica que puede proyectarse hacia otros países.
Las cifras proyectadas son particularmente importantes. El RA-10 podrá producir hasta 3.000 curies de molibdeno-99 por semana, una cantidad que la CNEA estima equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la demanda mundial; también tendrá capacidad para producir hasta 6.000 curies mensuales de lutecio-177 y hasta 20.000 curies mensuales de iridio-192 medicinal. La capacidad prevista supera las necesidades internas proyectadas, por lo que el reactor fue pensado desde su origen no solamente como una herramienta para garantizar el abastecimiento argentino, sino también como una plataforma capaz de exportar productos de alto valor tecnológico.
La etapa que falta y el debate sobre la inversión privada
El anuncio realizado esta semana introduce, sin embargo, una nueva discusión. El Gobierno confirmó que la puesta en marcha del reactor comenzará antes de fin de año, pero también explicó que para transformar la producción del RA-10 en una actividad comercial a gran escala será necesaria una planta asociada destinada a procesar los materiales irradiados y obtener los radioisótopos. Para financiar su construcción y desarrollar las actividades productivas y comerciales vinculadas con ella, la Secretaría de Asuntos Nucleares anunció un esquema que permitirá incorporar capital privado. El Estado conservará la conducción de la política nuclear y las funciones regulatorias, de seguridad y fiscalización.
Es precisamente allí donde aparece una cuestión que merece discusión más allá de las posiciones políticas coyunturales. El RA-10 es producto de una acumulación de conocimiento científico y tecnológico desarrollada durante décadas por instituciones públicas, particularmente la CNEA, y cuenta además con la participación de INVAP en la gestión y los servicios especializados de ingeniería. Que una empresa privada participe posteriormente en la explotación comercial no borra ese origen, pero sí obliga a preguntarse de qué manera se distribuirá el valor generado por una tecnología que fue concebida, investigada y desarrollada con una fuerte participación estatal. La cuestión no es menor si el reactor efectivamente logra posicionar a la Argentina en un mercado internacional de altas barreras tecnológicas.
La propia historia del proyecto ofrece, además, una respuesta frente a la idea de que las políticas científicas pueden medirse únicamente por resultados inmediatos. Desde el comienzo del RA-10 hasta su puesta en marcha habrán transcurrido alrededor de 17 años, atravesados por distintos gobiernos, ciclos económicos y decisiones presupuestarias. La construcción de capacidades estratégicas requiere precisamente esa mirada de largo plazo: un reactor nuclear no se diseña ni se construye en cuatro años, y tampoco se puede reemplazar de manera rápida el conocimiento acumulado por equipos científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores especializados. El RA-10 es, en ese sentido, también una muestra de cuánto tiempo puede demandar convertir una decisión de política científica en una infraestructura operativa.
El reactor tampoco se limitará a la medicina. Entre sus capacidades figura la producción de silicio dopado mediante transmutación neutrónica, un insumo utilizado para fabricar semiconductores de alta potencia destinados a sistemas eléctricos, transporte, energías renovables y otras aplicaciones industriales. También podrá realizar irradiación y ensayos de materiales y análisis por activación neutrónica para investigación y desarrollo. Es decir, detrás de los radioisótopos que pueden terminar en un hospital existe una plataforma tecnológica mucho más amplia, capaz de vincular salud, industria, ciencia y formación de profesionales.
El RA-10 llega así a su última etapa con una historia que permite mirar mucho más allá del anuncio de su futura inauguración. Fue concebido en 2010, comenzó a construirse en 2016 y ahora, en 2026, está a las puertas de su puesta en marcha, después de atravesar más de una década y media de desarrollo. La actual administración puede reivindicar haber llevado el proyecto hasta su fase final y tiene por delante la responsabilidad de ponerlo efectivamente en funcionamiento, pero la tecnología que está a punto de comenzar a operar pertenece a una trayectoria mucho más larga, en la que participaron sucesivos gobiernos, científicos, técnicos e instituciones del Estado argentino.
Si todo el proceso culmina como está previsto, la Argentina tendrá una nueva herramienta para producir medicamentos e insumos esenciales para la medicina nuclear, reducir su dependencia de proveedores externos, abastecer a sus hospitales y competir en un mercado internacional de altísima especialización. Esa posibilidad es, quizás, la dimensión más importante de una obra que durante años permaneció lejos de los grandes titulares. El reactor que comenzó a pensarse durante el gobierno de Cristina Kirchner está finalmente a punto de entrar en servicio, y su verdadero resultado no se medirá solamente por la inauguración de una instalación científica, sino por la capacidad de transformar ese conocimiento acumulado en salud, tecnología, industria y soberanía para las próximas décadas.
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El libertario Agustín Coto convocó a la comisión de Asuntos Constituciones para este martes, con el objetivo de poner en tratamiento el proyecto de reforma política del gobierno, que tiene como objetivo eliminar o suspender las PASO. Para conseguir el apoyo de los aliados, el fueguino amplió el temario e incorporó las iniciativas de Martín Göerling Lara y Andrea Cristina del PRO, y la chubutense Edith Terenzi, sobre Ficha Limpia.
Bullrich apuró la discusión del proyecto sin contar con los votos para la eliminación de las PASO, objetivo de Milei, pese que al interior del gobierno hay posturas encontradas sobre su conveniencia. Bullrich le ordenó a Coto que convoque a la comisión cuando se enteró que Terenzi, que responde al gobernador Ignacio Torres, pidió la preferencia para el tratamiento de su proyecto de Ficha Limpia, una jugada de los senadores dialoguistas que quieren llevarse un triunfo legislativo para la campaña en sus respectivas provincias.
LPO reveló la semana pasada que el gobierno está decidido a suprimir las PASO pero los gobernadores le exigen a Diego Santilli, el encargado de llevar las negociaciones con las provincias, «un aval firmado» con la Casa Rosada como compromiso de que no les plantarán listas violetas en sus distritos.
Por otro lado, la tensión entre los aliados y el oficialismo radica en el apuro del gobierno por cerrar el tema y sancionar la eliminación contra la especulación de los gobernadores, que preferirían aguardar hasta fin de año o febrero del 2027 para tomar la decisión mirando las encuestas de imagen de Javier Milei.
La tensión entre los aliados y el oficialismo radica en el apuro del gobierno por cerrar el tema y sancionar la eliminación contra la especulación de los gobernadores, que preferirían aguardar hasta fin de año o febrero del 2027 para tomar la decisión mirando las encuestas de imagen de Javier Milei.
Esas diferencias repercuten en la agenda parlamentaria, donde Bullrich tiene problemas para reunir quórum. El escándalo de Manuel Adorni, primero, y el fracaso con la extranjerización de la tierra, después, detonaron los puentes entre los bloques que habían formado una mayoría de 44 legisladores desde que asumió Bullrich.
El jefe de la bancada peronista, José Mayans.
Un senador peronista le dijo a LPO que «por ahora no tiene los votos el gobierno». Y explicó que votos buscarán los libertarios: «Kronerberger de La Pampa no acompaña, Göerling se manifestó en contra, Terenzi le responde a Nacho Torres y tiene una estrategia con el PRO, Maximiliano Abad y Flavio Fama de Catamarca están hablando pero no han fijado posición al respecto», precisó.
Incluso, apuntó a los gobernadores. «Si Sáenz, Jalil, Jaldo y Passalacqua no avalan la iniciativa del gobierno, se les complican los votos», dijo.
Si Sáenz, Jalil, Jaldo y Passalacqua no avalan la iniciativa del gobierno, se les complican los votos.
Como sea, esta semana Bullrich también va por la revancha con el proyecto de Biocombustibles, frenada por la rebelión del bloque radical, dos libertarios puntanos y el secretario de Coordinación de Energía, Daniel González, un funcionario que depende de Luis «Toto» Caputo. El oficialismo aspira a modificar el dictamen impulsado por Flavia Royón, Carolina Moisés y Beatriz Ávila en medio de la sesión, si logran abrir el recinto.
Pero, además, los senadores libertarios quieren incorporar a la discusión la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dictaminada el miércoles pasado en medio de la polémica de Santiago Bausili con los senadores peronistas, a los que les mintió sobre el destino del oro de las reservas. El otro expediente que intentan incluir es el de Inocencia Fiscal II.
Pero todavía no hay certezas sobre la convocatoria a sesionar, en un Seando que sigue muy trabado para el Gobierno. El único asunto parlamentario que funcionó de forma aceitada fue el de los pliegos de los jueces, donde hasta el peronismo terminó contribuyendo a la aprobación de las designaciones. Juan Bautista Mahiques tuvo una muñeca de la que carecen Federico Sturzenegger y Karina Milei, comentan en las bancadas dialoguistas.
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