Medidas más severas en Cipolletti

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para participar de las clases de reggaetón a cargo de los profesores Diego Álvarez y Dai Quiroga. Los interesados pueden anotarse en la Escuela Municipal de Arte ubicada en Brasil 91. Para consultas pueden comunicarse al celular 2984650817. Las…

La interna entre el embajador argentino en España y el agregado comercial, Alejandro Nimo, sigue sumando capítulos.  La pelea comenzó por el control de la sede diplomática en Madrid ahora arrastró a la Cónsul en Barcelona, Roxana Surballe, que sectores libertarios miran con desconfianza por supuestos vínculos con el socialismo catalán. 

Fuentes de la embajada en Madrid dijo a LPO que la crisis dejó de ser subterránea cuando trascendió que a Nimo le quitaron el despacho. La explicación formal habló de una reorganización edilicia pero la lectura política fue la confirmación de la interna.

El episodio pegó todavía más porque coincidió con una foto políticamente incómoda para la tropa libertaria que no trascendió. Bunge se reunió con Salvador Illa, presidente de la Generalitat, principal figura del socialismo catalán y dirigente de extrema confianza de Pedro Sánchez. Ante este hecho, Nimo sugirió en un tuit de la existencia de una suerte de pacto del embajador y su gente con los enemigos de Milei.

«Para cualquier embajador profesional, el encuentro entraría dentro de la normalidad institucional. Para el ecosistema libertario, siempre listo para detectar herejías ideológicas, la postal fue leída como una señal de excesiva comodidad con el PSC, la terminal catalana del PSOE», afirmó este diplomático. 

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«En sectores libertarios con base en España ya no sólo cuestionan a Bunge por su manejo interno, sino también por el entramado diplomático que lo rodea. En ese paquete incluyen a Sebastián Laino, jefe de Cancillería de la embajada, y también al consulado argentino en Barcelona, donde apuntan contra una cónsul a la que describen como cercana al peronismo y demasiado bien vinculada con el socialismo local», agregó. 

El episodio pegó todavía más porque coincidió con una foto políticamente incómoda para la tropa libertaria que no trascendió. Bunge se reunió con Salvador Illa, presidente de la Generalitat, principal figura del socialismo catalán y dirigente de extrema confianza de Pedro Sánchez

«Para ese universo, el problema ya no sería sólo una pelea de cargos o despachos, sino algo más sensible. Temen que una parte de la representación argentina en España conserve reflejos, vínculos y modos de relacionamiento más compatibles con la vieja diplomacia política que con la narrativa de ruptura que intenta imponer Milei», detallan. 

Otro funcionario de la Cancillería asegura que el perfil del agregado comercial y hombre de Luis Caputo, Alejandro Nimo, aporta más caos a la convivencia. 

 «Madrid es una plaza demasiado importante como para regalarla a una interna. España sigue siendo una base central para relaciones políticas, negocios, inversiones y proyección hacia Europa. Pero en lugar de mostrar coordinación, la representación argentina exhibe fisuras, recelos cruzados y una diplomacia que por momentos parece administrada con criterio de facción», remarca. 

En ese marco, plantea que «la pregunta que empieza a circular ya no es si hubo una simple pelea por oficinas. La pregunta es otra: quién conduce de verdad la política argentina en España, con qué lógica y con qué nivel de alineamiento real con la línea política de Milei». 

«Porque cuando una reunión institucional con Illa genera ruido interno, cuando un agregado comercial queda en pie de guerra y cuando el consulado de Barcelona entra en la mira por presuntas terminales políticas, el problema ya no es administrativo. Es político. Y bastante más grande de lo que admiten en público», finalizó. 

Salvador Illa.

 Una causa judicial que investiga la desaparición de una cosecha de maíz de un campo bajo control estatal generó un escándalo institucional en San Luis y salpica a funcionarios de Claudio Poggi. El gobierno reconocen desprolijidades administrativas, pero negaron la existencia de un desfalco millonario.

La historia del campo de dos mil hectáreas es larga. Ese predio es propiedad de la provincia de San Luis y años atrás fue cedido a la empresa El Caburé SA para un proyecto de cría de caballos que nunca se concretó. En 2017 se dictó el decreto de restitución del inmueble al Estado, pero los empresarios nunca lo devolvieron.

En ese lapso, los accionistas del Caburé lo siguieron explotando mediante contratos de alquiler y con la llegada de Poggi al gobierno se avanzó en la recuperación efectiva del predio. 

Desde la administración provincial resaltaron que no hubo una expropiación, sino la recuperación de un bien propio frente al incumplimiento de un privado. Laa toma de posesión quedó a cargo de la Secretaría de Ética Pública a través del funcionario Darío Oviedo.

Mientras esto sucedía, productores detectaron la existencia de una cosecha en curso. Oviedo se ocupó de la recolección y la venta de los granos sin los respaldos administrativos correspondientes y allí se desencadenó el escándalo.  Desde el gobierno de Poggi admitieron a LPO las desprolijidades administrativas pero negaron el robo.

 La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó 

«La cosecha no se realizó contra ningún contrato homologado y no hay documental que acredite cuánto ni cómo se cosechó», reconocieron las fuentes. Esa irregularidad derivó en el desplazamiento inmediato de Oviedo y en una denuncia penal en su contra impulsada por el propio Estado.

Sin embargo, productores agropecuarios que denunciaron la maniobra apuntaron más arriba y señalaron al responsable de Oviedo, el ex secretario de Ética Pública del gobernador, Ricardo Bazla y el fiscal Leandro Estrada lo imputó. Ante esto, Bazla renunció.

 Bazla fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. 

Como los funcionarios tampoco pueden alegar desconocer los procedimientos, la causa avanzó y Bazla fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Entre los productores aseguran que la ganancia que presuntamente obtuvieron los funcionarios por la venta del maíz ronda los 2 millones de dólares. En el gobierno de Poggi niegan ese monto y dicen que la ganancia no llegó a cubrir los gastos de cosecha y citan la declaración del contratista a cargo del trabajo. Los denunciantes acusaron al oficialismo de presionar a los testigos.