Por Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro se establecieron medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias en Cipolletti a partir de las 8 del jueves 23 de abril de 2020.
Las medidas (que se enumeran en la Resolución anexa) se prolongarán hasta las 24 horas del día 30 de abril próximo, y están fundamentadas en razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo, excepcional y temporario.
La vigilancia epidemiológica en Cipolletti durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Salud de Río Negro, determinan que deban adoptarse estas medidas sanitarias preventivas a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19.
Imaginá que podés acceder a archivos confidenciales del gobierno estadounidense, en los que se ve como soldados de ese país matan a periodistas, disparándoles desde un helicóptero o cómo las embajadas trabajan haciendo lobby para empresas o políticos locales afines ¿Qué harías? ¿correrías el riesgo de publicarlo? Assange lo hizo. Este 11 de abril, Scotland…
La Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentra abierta la convocatoria a interesados en participar con un stand en la feria de artesanos de la Fiesta de la Vendimia. El evento se llevará a cabo los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo. Los interesados pueden acercarse a la Dirección de…
El fin de semana del día de la independencia se comenzó a dar forma a algo que se viene gestando hace un tiempo, y a paso firme se instala en nuestra ciudad. Al pie del indio Comahue se realizó con éxito la segunda práctica de Highline, subgénero del Slackline, en Regina. Sobre el cañadón con…
Análisis crítico pedagógico del plan Secundaria Aprende en la Ciudad de Buenos Aires. Debilitamiento disciplinar, riesgo de superficialidad, sobrecarga docente y reforma sin consenso.
Por Tomás Palazzo para NLI
La implementación de Secundaria Aprende, oficializada hoy mediante la Resolución 223-26 del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, introduce una transformación profunda en la organización de la escuela secundaria. El gobierno porteño la presenta como una modernización necesaria. Sin embargo, desde una mirada pedagógica rigurosa, la reforma exhibe debilidades estructurales, epistemológicas y organizativas que abren interrogantes serios sobre el futuro del aprendizaje en el nivel medio.
El punto más controvertido no es la innovación en sí misma, sino la ausencia de construcción colectiva con docentes y comunidades educativas, sumada a cambios curriculares que alteran la identidad disciplinar histórica de la secundaria argentina.
Debilitamiento de las disciplinas y riesgo de superficialidad conceptual
El eje más sensible del plan es la reorganización curricular en torno a laboratorios, talleres y espacios integrados que reemplazan la estructura clásica de materias como Historia, Geografía, Biología o Física.
Aunque formalmente no se eliminan campos de conocimiento, la pérdida de asignaturas autónomas con carga horaria definida sensiblemente menor produce un efecto pedagógico concreto: disminuye el espesor conceptual sistemático de cada disciplina.
La enseñanza disciplinar no es un capricho tradicional. La Historia, por ejemplo, requiere:
Trabajo con fuentes
Construcción de periodización
Análisis de procesos estructurales
Comprensión de categorías como Estado, capitalismo o imperialismo
Cuando estos contenidos se diluyen en proyectos transversales, existe el riesgo de que se aborden de manera episódica o fragmentaria. La interdisciplinariedad es valiosa, pero sin una base disciplinar sólida se convierte en transversalidad superficial.
En Ciencias Naturales ocurre algo similar: la Biología no es simplemente “trabajo por proyectos”, sino comprensión acumulativa de sistemas complejos. Si la integración curricular reduce la progresión conceptual, el aprendizaje pierde profundidad.
Eliminación de la repitencia tradicional sin sistema robusto de acompañamiento
Otro punto crítico es la sustitución del modelo de repitencia anual por un esquema de avance por niveles.
Desde una perspectiva pedagógica progresista, la repitencia masiva no mejora aprendizajes. Sin embargo, su eliminación exige:
Evaluaciones diagnósticas rigurosas
Seguimiento personalizado real
Recursos humanos suficientes
Formación docente específica
El problema es que el plan no garantiza que el sistema tenga la estructura material necesaria para sostener ese acompañamiento intensivo.
Sin esos recursos, el avance continuo puede transformarse en promoción fragmentada sin consolidación cognitiva.
Sobrecarga y redefinición del rol docente sin condiciones estructurales claras
La personalización de trayectorias y los planes individuales de aprendizaje suponen:
Más planificación
Más evaluación continua
Más reuniones interdisciplinarias
Más seguimiento individual
Esto redefine el trabajo docente, pero no se explicitan con claridad:
Nuevos tiempos institucionales pagos
Reducción de carga administrativa
Formación específica masiva
Recursos adicionales
Una reforma pedagógica ambiciosa sin inversión estructural termina recayendo en la voluntad individual del docente. Y eso no es política educativa: es delegación de responsabilidad.
Y con menos plata…
A este rediseño estructural se le suma un dato imposible de ignorar: la inversión educativa en la Ciudad viene perdiendo peso dentro del presupuesto desde hace casi dos décadas. Mientras en 2007 el área de Educación representaba alrededor del 27–29 % del presupuesto total porteño y en 2010 todavía alcanzaba el 26,6 %, la participación cayó de manera sostenida hasta tocar un piso cercano al 17,8 % en 2021. Recién en los presupuestos 2024–2026 se observa una leve recuperación hasta la zona del 20 %, aunque aún muy por debajo de los niveles de la década anterior. Es decir, la reforma “Secundaria Aprende” no llega en un contexto de expansión presupuestaria robusta sino después de una pérdida de casi nueve puntos porcentuales del esfuerzo relativo en educación, lo que vuelve legítima la pregunta pedagógica de fondo: ¿cómo se sostiene una transformación estructural ambiciosa cuando el sistema viene funcionando con menor prioridad presupuestaria dentro del esquema general de la Ciudad?
Falta de evidencia empírica local que respalde la transformación
El discurso oficial apela a modelos internacionales de flexibilidad curricular. Sin embargo:
No existe evaluación pública de pilotos locales sostenidos en el tiempo.
No se presentan estudios longitudinales que demuestren mejora de aprendizajes en contextos similares al sistema porteño.
Los resultados nacionales en matemática y lengua muestran déficits estructurales que requieren fortalecimiento disciplinar, no dilución.
La pregunta pedagógica es incómoda pero necesaria:
¿Es prudente flexibilizar la estructura curricular cuando los aprendizajes básicos ya muestran fragilidad?
Ambigüedad en la definición de contenidos mínimos y estándares
En el modelo tradicional, los programas disciplinares fijaban contenidos claros por año. En el nuevo esquema:
Se priorizan capacidades
Se habla de saberes fundamentales
Se promueve evaluación formativa
Pero la falta de explicitación pública detallada de contenidos mínimos por nivel puede generar:
Desigualdades entre escuelas
Interpretaciones heterogéneas
Brechas internas según capacidad institucional
La autonomía sin estándares claros profundiza desigualdades.
Riesgo de aumento de inequidad educativa
Paradójicamente, una reforma que dice buscar inclusión puede generar el efecto contrario.
Las escuelas con:
Mayor estabilidad docente
Equipos directivos consolidados
Recursos tecnológicos
Podrán implementar mejor la personalización.
Las escuelas con mayor vulnerabilidad social podrían enfrentar:
Dificultades de seguimiento
Fragmentación organizativa
Mayor desorientación pedagógica
Sin políticas compensatorias explícitas, la flexibilidad tiende a amplificar desigualdades preexistentes.
Reforma inconsulta y debilitamiento de la legitimidad pedagógica
Uno de los aspectos más cuestionados es el procedimiento.
Una transformación de esta magnitud debería incluir:
Debate público amplio
Participación de docentes
Consulta a institutos de formación
Espacios reales de construcción curricular colectiva
La pedagogía no se impone por resolución administrativa. La escuela secundaria tiene una tradición histórica que no puede rediseñarse unilateralmente sin generar resistencia y desconfianza.
El debate de fondo: modernización o desestructuración
La discusión no es entre innovación y conservadurismo.
La pregunta central es otra:
¿La secundaria necesita más flexibilidad o más profundidad disciplinar para enfrentar la crisis de aprendizaje?
Si la reorganización curricular:
Reduce horas disciplinares explícitas
Debilita identidad de materias
Aumenta carga docente
No garantiza inversión
entonces la reforma puede convertirse en una modernización formal sin fortalecimiento cognitivo real.
Conclusión: cambio estructural con riesgos pedagógicos concretos
Secundaria Aprende propone una transformación ambiciosa. Pero desde un análisis pedagógico crítico emergen debilidades claras:
Posible superficialización de contenidos.
Dilución disciplinar.
Sobrecarga docente.
Falta de evidencia local robusta.
Riesgo de inequidad.
Ausencia de consenso amplio.
La innovación educativa requiere más que rediseño curricular: exige planificación estructural, financiamiento y legitimidad colectiva.
Sin esos pilares, la reforma puede alterar la arquitectura histórica de la secundaria sin garantizar mejores aprendizajes.
La actriz María Fiorentino y su colega Claudio Rissi le ponen la voz a la cinta sobre esa jornada lluviosa que comenzó al mediodía y se prolongó hasta bien entrada la noche. «El filme deja de lado el aspecto meramente político de este suceso para indagar en los relatos de algunos de sus sobrevivientes y…
La Resolución 68/2026 publicada este lunes creó un Régimen de Retiro de Voluntad Recíproca para trabajadores de planta permanente de ANSES. Aunque se presenta como una salida voluntaria con compensación económica, el anexo del programa revela condiciones duras: renunciar a reclamos laborales, abandonar cargos sindicales y aceptar la prohibición de volver al Estado durante cinco años. Para sindicatos y especialistas, el plan aparece como otro paso en el proceso de desmantelamiento del organismo previsional.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo programa de retiros laborales destinado a su personal de planta permanente. La medida fue oficializada mediante la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece un Régimen de Retiro de Voluntad Recíproca (RVR) que estará abierto hasta el 5 de abril.
En términos formales, el programa propone una salida “de mutuo acuerdo” entre el organismo y el trabajador. Sin embargo, el extenso anexo que acompaña la resolución deja claro que la decisión final queda en manos de ANSES, que puede aceptar o rechazar cada solicitud por “razones operativas o de servicio”.
La medida se inscribe en el marco de la política de reducción del Estado impulsada por el gobierno de Milei, que desde su llegada al poder viene aplicando recortes y reestructuraciones en numerosos organismos públicos.
Un retiro con condiciones estrictas
El plan alcanza a trabajadores de planta permanente con al menos dos años de antigüedad, bajo el Convenio Colectivo 395/98. Pero el anexo establece múltiples exclusiones y condiciones para quienes quieran adherir.
Entre otras restricciones, no pueden participar quienes tengan causas judiciales contra ANSES, salvo que acepten desistir de ellas. Es decir, el trabajador que decida retirarse deberá renunciar a cualquier reclamo administrativo o judicial vinculado con su empleo.
También quedan excluidos quienes estén en procesos disciplinarios, quienes hayan iniciado su trámite jubilatorio o quienes superen los 62 años.
Además, el acuerdo implica la extinción definitiva del vínculo laboral, lo que en términos jurídicos se denomina “distracto laboral por mutuo consentimiento”.
Renunciar al sindicato para poder irse
Uno de los puntos más polémicos del anexo aparece en el artículo 4. Allí se establece que los trabajadores que tengan cargos sindicales deberán renunciar a ellos para poder adherir al retiro.
La norma también exige que quienes se hayan postulado como candidatos a delegados gremiales abandonen esa condición y renuncien a la llamada tutela sindical, es decir, la protección especial que impide su despido.
Para especialistas en derecho laboral, esta cláusula busca evitar conflictos legales con trabajadores protegidos por la legislación sindical, pero al mismo tiempo pone en evidencia el carácter condicionado del supuesto retiro voluntario.
La compensación económica
El incentivo económico consiste en una gratificación extraordinaria de egreso calculada en función de la antigüedad.
El esquema prevé el pago del 90% de un salario por cada año trabajado en ANSES, con un límite máximo de 24 sueldos.
En términos de dinero, el programa fija un tope de 80 millones de pesos para el pago en una sola cuota. Si el monto supera esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales.
La base de cálculo se determina a partir de los conceptos salariales brutos habituales y permanentes del trabajador.
Prohibido volver al Estado
El anexo incluye además una cláusula que refuerza el carácter definitivo de la salida.
Quienes acepten el retiro no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante cinco años, ya sea mediante cargos políticos, contratos, asesorías o cualquier otro tipo de vínculo laboral.
La prohibición abarca incluso proyectos financiados por organismos internacionales o multilaterales de crédito.
Un plazo corto y control centralizado
El período para adherir al programa es extremadamente breve: vence el 5 de abril de 2026, menos de tres semanas después de su publicación.
El procedimiento también está completamente centralizado. Primero Recursos Humanos verifica los requisitos, luego las áreas jerárquicas evalúan si pueden prescindir del trabajador y finalmente se dicta la resolución aprobando o rechazando la solicitud.
Una vez aprobado, el acuerdo debe ser homologado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
El trasfondo político: reducción del organismo previsional
Más allá del lenguaje técnico de la resolución, el programa aparece como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del sistema previsional y reducción de estructuras estatales.
ANSES es uno de los organismos más grandes del Estado argentino, con miles de trabajadores distribuidos en todo el país y un rol central en la administración de jubilaciones, pensiones y programas sociales.
En ese contexto, los programas de retiro voluntario suelen funcionar como la primera etapa de procesos de achicamiento institucional, permitiendo reducir personal sin recurrir a despidos masivos que podrían generar conflictos políticos o judiciales.
Las condiciones fijadas en el anexo —renuncia a juicios, abandono de cargos sindicales y prohibición de volver al Estado— refuerzan la idea de que el objetivo no es solo facilitar retiros individuales, sino acelerar una reducción estructural del organismo previsional.
Para muchos analistas, el plan se inscribe dentro de la lógica de “motosierra” que el propio Milei prometió durante su campaña y que ahora comienza a impactar también en una de las piezas centrales del sistema de seguridad social argentino.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.