Por Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro se establecieron medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias en Cipolletti a partir de las 8 del jueves 23 de abril de 2020.
Las medidas (que se enumeran en la Resolución anexa) se prolongarán hasta las 24 horas del día 30 de abril próximo, y están fundamentadas en razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo, excepcional y temporario.
La vigilancia epidemiológica en Cipolletti durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Salud de Río Negro, determinan que deban adoptarse estas medidas sanitarias preventivas a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19.
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El Gobierno modificó el decreto para la designación de jueces en la Corte Sumprema, para barrera la mayoría de los controles de la sociedad civil que tenía el proceso. La modificación, que representa otro retroceso institucional del gobierno libertario, se instrumentó cuando el caso Adorni toca otro pico de indignación libertaria.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue el impulsor del cambio que contempla la eliminación de los tres artículos que garantizaban intervención de la sociedad civil en la designación de los jueces del máximo tribunal. Además, se suprime la publicación en diarios de circulación nacional y se incorporan plazos más cortos para el trámite.
El decreto agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación.
El telón de fondo de esta decisión está vinculada la reunión secreta que Milei tuvo con Ricardo Lorenzetti esta semana, revelada en exclusiva por LPO. En ese encuentro el magistrado y el presidente acordaron impulsar a dos nuevos jueces para completar la integración de la Corte Suprema, que en caso de concretarle le permitiría a Lorenzetti consolidar una nueva mayoría en el máximo tribunal.
El decreto firmado agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación
La reunión se realizó el martes en la Quinta de Olivos y no estuvieron ni Karina Milei ni Juan Bautista Mahiques. LPO reveló hace tiempo que el presidente tiene diálogo directo con el juez de la Corte, con quien chatea bastante seguido.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Lorenzetti se aprovechó de ese contacto directo y convenció a Milei de que hay que avanzar ahora con la integración de la Corte.
Mahiques dijo públicamente que la designación de los dos jueces que hay que nombrar para completar la Corte quedarían para el segundo mandato. Fue un gesto al actual presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, con quien el ministro estableció una alianza que favoreció su desembarco en el Ministerio de Justicia.
Pero Lorenzetti le hizo cambiar de idea a Milei, en una jugada extraña porque no incluye al peronismo que tiene los votos en el Senado para facilitar o voltear la designación de nuevos jueces en la Corte Suprema.
El otro dato extraño es que los dos jueces que le llevó Lorenzetti como candidatos son muy cercanos a él, pero no tienen mayor afinidad al Presidente. Es decir, Milei pondría la firma para que Lorenzetti consolide y amplíe su poder en el máximo tribunal del país.
Los candidatos son el camarista Mariano Borinsky, experimentado integrante de la Cámara de Casación Penal: y Karina Perilli, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, muy cercana a Lorenzetti.
La Justicia rechazó la medida cautelar presentada por el bloque que lidera Juan Monteverde y dejó sin efecto la suspensión del Parque Acuático en la Costanera de Rosario, una obra que generó fuerte polémica en la ciudad. El intendente quedó habilitado para retomar el proyecto mientras continúa la discusión judicial sobre la legalidad del proyecto.
A principios de junio, a través de una medida cautelar, Ciudad Futura consiguió que se frene la ejecución de la obra mientras se definía qué juzgado debía intervenir en la causa. Ahora, el juez concluyó que no están reunidos los requisitos para mantener paralizado el proyecto.
En la resolución sostuvo que las presuntas irregularidades denunciadas por la oposición requieren un análisis profundo y no presentan, al menos en esta etapa del proceso, la evidencia suficiente para justificar la suspensión de la obra.
Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura
Entre los cuestionamientos planteados por Monteverde subrayó la falta de intervención del Concejo Municipal para aprobar el emprendimiento que requería por un presunto cambio de uso del espacio público en la Plaza Antonio Berni y la eventual violación de normas urbanísticas.
Por su parte, el municipio sostuvo que se trata de una obra de recuperación integral de la Costanera Norte que incluye saneamiento, mejora de accesos y recuperación de espacios públicos, sin modificar el destino del predio.
En ese sentido, el magistrado admitió una controversia válida en la interpretación de distintas ordenanzas municipales, pero delega esa discusión a la instancia judicial definitiva y considera que la situación no puede detener preventivamente una obra pública que es una facultad del Ejecutivo muncipal.
Por lo tanto, la resolución no pone fin al conflicto. Monteverde cuestionó con dureza el fallo y anticipó que apelará la decisión: «En una medida insólita por lo arbitraria, sin argumentos ni fundamentos, el nuevo juez de la causa del parque acuático dejó sin efecto la cautelar que frenaba la obra», sostuvo el concejal en su cuenta de X.
El dirigente de Ciudad Futura señaló además que el propio magistrado reconoce en la resolución que «el tema es complejo y debe analizarse», pero aun así resolvió levantar la suspensión de la obra. «Vamos a apelar la resolución. Alguno de los poderes de la democracia tiene que escuchar a la gente», afirmó.
El que le salió a contestar fue el secretario de Gobierno de Javkin, Sebastián Chale: «Si la Justicia falla a favor es un avance de la democracia. Si falla en contra es arbitraria y no tiene fundamentos. Creen tener una superioridad moral para determinar lo justo y lo legítimo. Creen en la Justicia a lo Chávez o Maduro, para darles la razón porque ellos son la «real representación del Pueblo». Totalitarismo «de izquierda»», comentó el dirigente alfonsinista.
Si la Justicia falla a favor es un avance de la democracia. Si falla en contra es arbitraria y no tiene fundamentos. Creen tener una superioridad moral para determinar lo justo y lo legítimo. Creen en la Justicia a lo Chavez o Maduro, para darles la razón porque ellos son la… https://t.co/GmNyqO4fZC
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El senador provincial Guillermo Montenegro presentó un proyecto de ley para incorporar penas de arresto para quienes ejerzan de manera ilegal la actividad de trapito y limpiavidrios. La iniciativa apunta a sancionar a quienes, sin autorización legal, ofrezcan o presten servicios de cuidado de vehículos, reserven espacios para estacionar o limpien parabrisas y cristales en la vía pública.
El proyecto establece sanciones de arresto para quienes desarrollen estas actividades. Además, dispone que la conducta será igualmente sancionada aun cuando la contraprestación económica sea presentada como voluntaria.
Asimismo, incorpora sanciones para quienes reserven, delimiten, ocupen u obstaculicen espacios destinados al estacionamiento mediante conos, sogas, cadenas, vallas, cajones, carteles, elementos móviles u otros medios destinados a impedir, restringir o condicionar su libre utilización.
La propuesta también agrava las sanciones cuando las conductas se cometan mediante intimidación, amenazas, hostigamiento o insistencia indebida; cuando exista un aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor; cuando intervengan dos o más personas actuando de manera coordinada o exista una organización previa; cuando el infractor registre antecedentes por hechos de la misma naturaleza; cuando oculte deliberadamente su identidad o porte armas impropias o no convencionales.
Además, establece sanciones más severas para quienes organicen, coordinen, administren, financien, promuevan o exploten económicamente estas actividades, prevé la intervención de la autoridad competente cuando existan indicios de participación, protección o connivencia de funcionarios públicos o miembros de las fuerzas de seguridad, y contempla multas para clubes, instituciones u organizadores de eventos cuando se compruebe su participación directa o indirecta.
El objetivo de la iniciativa es brindar a las autoridades policiales y de control las herramientas necesarias para erradicar estas prácticas, recuperar el espacio público y establecer límites claros frente a conductas que lesionan derechos de terceros y generan situaciones de conflictividad social.
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