El peronismo conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento de Evita con actos separados y faltazos importantes. Axel Kicillof y Julio Alak hicieron un acto reducido en La Plata. En tanto, Mariel Fernandez reunió en Moreno a La Cámpora y los intendentes del conurbano. Esperaban a Máximo Kirchner, pero no fue.
El acto con mayor convocatoria fue en Moreno en una actividad impulsada por la la secretaría de Mujeres del PJ bonaerense. Había una silla con el nombre de Kicillof que durante los discursos estuvo vacía. Sin embargo, desde Casa de Gobierno habían dejado trascender que el gobernador sólo iba a participar del acto en La Plata.
La sorpresa fue la ausencia de Máximo, toda vez que algunos medios daban por hecho que participaría del acto.
Si se vio a los intendentes del Grupo AFA: Federico Otermin (Lomas) y Gastón Granados (Ezeiza). También a referentes de La Cámpora como la intendenta Eva Mieri (Quilmes), la ministra de Cultura bonaerense, Florencia Saintout, y la diputada nacional Lucía Cámpora. Por el lado del axelismo, solo se vio a Cristina Álvarez Rodríguez. También estuvieron Guillermo Moreno y Felipe Solá.
En tanto, sobre el mediodía, Kicillof y Alak encabezaron el acto en Plaza Moreno, epicentro de la capital provincial. «El mejor homenaje que le podemos hacer a Evita es organizarnos, no arrodillarnos ante las potencias foráneas», dijo el gobernador.
En La Plata el acto se leyó además como un guiño de Kicillof a la candidatura de Alak, quien pretende sucederlo al frente del gobierno provincial.
Tras varias fotos con intendentes y reuniones en el interior de la provincia, en las últimas semanas, el intendente de La Plata parece haber desacelerado en la carrera por la candidatura.
Alak recuperó el vínculo que supo tener con Kicillof aunque mantiene diferencias con el entorno del gobernador. Mientras tanto, se ocupa de mantener viva la relación con Cristina Kirchner. Incluso evalúa salir a cuestionar con fuerza su condena en un gesto de acercamiento.
El intendente busca contar con la aprobación tanto del gobernador como de la ex presidenta para quedarse con el control de la provincia. Mientras tanto, los distintos sectores del peronismo en La Plata se ilusionan con suceder al intendente.
Se sabe que el gobierno de la capital provincial será un botín preciado. Sin embargo, en el peronismo dicen que si Cristina da el OK para que Alak sea candidato a gobernador entre las cosas que va a pedir a cambio está la ciudad de La Plata. La candidata que asoma mejor posicionada en el kirchnerismo es Florencia Saintout, hoy ministra de Cultura en el gobierno de Kicillof.
Quizás el mayor desafío para Saintout y para el resto del peronismo será sostener la unidad que Alak construyó tras ganar la elección de 2023. Durante los ocho años del gobierno del PRO en la ciudad, el peronismo estuvo atomizado. Fuentes del peronismo en La Plata plantean dudas respecto de la posibilidad de un peronismo unificado alrededor de Saintout. «Si Alak se va, esa unidad se pierde», dicen.
El cambio climático, el crecimiento de la población y el aumento de la demanda industrial están transformando al agua dulce en uno de los recursos estratégicos más importantes del siglo XXI. Organismos internacionales advierten que la disputa ya no pasa solamente por el petróleo o los minerales: garantizar el acceso al agua será uno de los grandes desafíos económicos, ambientales y políticos del futuro.
Por Redacción de NLI
Durante gran parte del siglo XX, la energía fue considerada el principal recurso estratégico para el desarrollo de los países. Petróleo, gas y, más recientemente, litio y tierras raras dominaron buena parte de las discusiones geopolíticas. Sin embargo, en los últimos años comenzó a consolidarse otro diagnóstico entre científicos, economistas y organismos internacionales: el agua dulce podría convertirse en uno de los bienes más disputados de las próximas décadas.
Aunque el planeta está cubierto en un 70% por agua, apenas una pequeña fracción es apta para el consumo humano. A esa limitación natural se suman el cambio climático, la contaminación de ríos y acuíferos, el crecimiento demográfico y una demanda cada vez mayor por parte de la agricultura, la industria y las ciudades.
El resultado es un escenario donde el acceso al agua dejó de ser una cuestión exclusivamente ambiental para convertirse también en un asunto de seguridad, desarrollo económico y soberanía.
Un recurso que parecía infinito
Durante mucho tiempo predominó la idea de que el agua era un bien prácticamente inagotable.
Sin embargo, las sucesivas sequías registradas en distintas regiones del mundo, la reducción de glaciares, el descenso del caudal de grandes ríos y la sobreexplotación de acuíferos comenzaron a modificar esa percepción.
La agricultura consume cerca del 70% del agua dulce utilizada por la humanidad, seguida por la industria y el consumo doméstico. A medida que aumenta la población mundial y crece la producción de alimentos, la presión sobre ese recurso también se incrementa.
En paralelo, los fenómenos climáticos extremos alteran los ciclos hidrológicos y vuelven más frecuentes tanto las inundaciones como los períodos prolongados de escasez.
América del Sur, una región estratégica
En ese contexto, América del Sur ocupa un lugar privilegiado.
La región concentra algunas de las mayores reservas de agua dulce del planeta, entre ellas el Acuífero Guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de grandes cuencas hidrográficas y extensos sistemas de humedales.
Argentina posee, además, importantes reservas glaciares en la Cordillera de los Andes y una vasta red de ríos que forman parte de su patrimonio natural.
Para especialistas en recursos hídricos, esa riqueza implica una enorme oportunidad, pero también una responsabilidad creciente en materia de preservación y planificación.
El desafío de administrar un recurso estratégico
El agua no solo resulta indispensable para el consumo humano.
También condiciona la generación de energía, la producción agropecuaria, la minería, la industria alimentaria y prácticamente todas las actividades económicas.
Por eso, numerosos países comenzaron a incorporar la seguridad hídrica como un componente central de sus estrategias de desarrollo.
En Argentina, el debate todavía aparece fragmentado entre distintas jurisdicciones y organismos, mientras especialistas plantean la necesidad de construir políticas de largo plazo que contemplen tanto la protección de las fuentes de agua como el uso eficiente del recurso.
La discusión ya no pasa únicamente por preservar el ambiente. También involucra la capacidad de un país para administrar uno de los activos estratégicos más importantes que tendrá durante el siglo XXI.
El cambio climático acelera todos los escenarios
Los informes científicos coinciden en que el calentamiento global intensificará muchos de los problemas existentes.
Sequías más prolongadas, lluvias más intensas y modificaciones en los patrones climáticos obligarán a adaptar la infraestructura, la producción agrícola y los sistemas de abastecimiento de agua.
Ciudades que durante décadas no enfrentaron problemas de suministro comenzaron a revisar sus redes de distribución, mientras regiones tradicionalmente agrícolas deben modificar cultivos y técnicas de riego para adaptarse a nuevas condiciones.
La gestión del agua dejó de ser un tema reservado a ingenieros hidráulicos para convertirse en una cuestión transversal que involucra economía, salud pública, energía y planificación territorial.
Un debate que trasciende al ambiente
Cada vez más analistas sostienen que el agua será uno de los recursos que definirá el equilibrio internacional durante las próximas décadas.
No se trata solamente de evitar la escasez, sino de garantizar que un recurso indispensable para la vida permanezca bajo criterios de sustentabilidad y acceso equitativo.
Para un país como Argentina, que cuenta con una de las mayores disponibilidades de agua dulce del mundo, el desafío consiste en comprender que ese patrimonio natural no representa únicamente una ventaja ambiental. También puede convertirse en un factor decisivo para su desarrollo, siempre que exista una estrategia capaz de protegerlo, administrarlo y aprovecharlo en beneficio del conjunto de la sociedad.
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Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
Un doctorado que quedó bajo la lupa
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
