ESCÁNDALO: Milei puso al frente del área de Ciencia a una funcionaria recibida en una universidad «trucha»
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ESCÁNDALO: Milei puso al frente del área de Ciencia a una funcionaria recibida en una universidad «trucha»

 

Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.

Por Roque Pérez para NLI

La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.

El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?

Un doctorado que quedó bajo la lupa

El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.

La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.

El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.

El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.

La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia

La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.

Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.

No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.

La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.

También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.

Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.

La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?

Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum

La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.

Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.

En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.

La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.

El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.

La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.

Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.

El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.

Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.

La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.

 

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    El lunes 22 de junio, horas antes de la victoria por 2 a 0 ante Austria, el Gobierno informó en el Boletín Oficial que había tomado deuda por hasta 5 mil millones de dólares. Lo hizo a través de operaciones con entidades financieras internacionales respaldadas por organismos multilaterales de crédito, con prórroga de jurisdicción a tribunales de Nueva York para eventuales litigios. El decreto 478/2026 fue firmado por Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni.

    El gobierno agrandó la deuda argentina con el FMI y bancos del exterior a través de préstamos de 5 mil millones de dólares el 22 de junio y 3.200 millones de dólares el 8 de julio.

    Fue lo último que hizo el jefe de Gabinete. Adorni renunció el 27 de junio —minutos antes del triunfo de la Selección sobre Jordania— investigado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo por presunto enriquecimiento ilícito, tras revelarse la compra de propiedades, gastos exorbitantes y viajes al exterior, lo que lo obligó a reconocer, por lo menos ante los medios, un incremento patrimonial del 400%. Desde entonces, su nombre – que funcionó durante varias semanas como una esponja para absorber la atención y la conversación pública – desapareció de escena. 

    Tras los primeros triunfos futbolísticos la algarabía popular empezó a crecer. Se podría decir que ya había clima de mundial cuando el gobierno hizo una de las suyas. El martes 30, tres días antes del partido por dieciseisavos de final, Gendarmería entró al edificio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ubicado en el barrio porteño de Nuñez para garantizar el desalojo de una protesta de más de 60 trabajadores que habían sido cesanteados y reclamaban la explicación de las autoridades. Fue la antesala de la apertura a capitales privados estadounidenses al sector nuclear argentino. El 2 de julio el ministro Caputo anunció que la empresa Meitner Energy construirá una central nuclear en el predio de Atucha, de Nucleoeléctrica Argentina, en Zárate, invirtiendo 1.200 millones de dólares, cifra que los habilita a inscribirse en el RIGI para tener exenciones impositivas y libre disponibilidad para sacar divisas al exterior sin retenciones. Los gremios a los que pertenecían los trabajadores despedidos ya venían denunciando el vaciamiento y el abandono de la construcción del CAREM-25, un reactor similar al que ahora harán los estadounidenses en territorio argentino. 

    Menos de 48 horas después de la victoria por 3 a 2 ante Cabo Verde, un buque inglés invadió el Mar Argentino. El Patrullero oceánico HMS Medway de la Marina Real británica salió de las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes con rumbo a Punta Arenas, Chile. Navegó por aguas de jurisdicción argentina a la altura de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. La Armada Argentina y una aeronave de vigilancia (Cormorán) detectaron el desplazamiento del buque, que no contaba con aviso previo ni autorización correspondiente. La Cancillería emitió una nota de queja dos semanas más tarde, recién el lunes 13 de julio, antes de las semifinales. 

    Para pagar más de 2 mil millones de dólares de deuda, el gobierno anunció la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas y nueve centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en distintas provincias.

    El 6 de julio, Caputo anunció en el Palacio de Hacienda las nuevas privatizaciones de la etapa mileísta con el objetivo de pagar más de 2 mil millones de dólares de deuda mediante la venta de activos estatales y concesiones. Este plan para 2026 y 2027 incluye AySA, el ferrocarril Belgrano Cargas y dos centrales termoeléctricas, como parte de la venta de activos para la privatización total de Enarsa: San Martín, en Timbúes, Santa Fe; y Manuel Belgrano, en la ciudad bonaerense de Campana. También adelantó que van a avanzar con una nueva etapa de privatizaciones de centrales hidroeléctricas: son siete complejos ubicados en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut. Ese mismo lunes, el gobierno también oficializó la ampliación de la concesión turística privada de las Cataratas del Iguazú en favor de la empresa La Gran Aventura Náutica SRL, en paralelo a la implementación de un programa de retiros voluntarios y un recorte presupuestario de más de 2.500 millones de pesos que afecta a 46 áreas protegidas del país. 

    El martes 7 de julio, día de la remontada histórica de Argentina frente a Egipto 3 a 2, la empresa belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus —de la familia Neuss, amiga de Santiago Caputo—, se quedaron con la concesión del dragado y cobra de peaje por 25 años de la Vía Navegable Troncal en el río Paraná, por donde sale aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas al mundo. 

    Un día después, el Gobierno volvió a tomar deuda: esta vez por 3.200 millones de dólares con bancos del exterior y garantía de organismos internacionales. Las operaciones de crédito fueron acordadas con el Santander, el BBVA y el Deutsche. Con esos fondos, se enfrentará el vencimiento con los bonistas privados. 

    Fútbol y política: ¿asuntos separados?

    Hasta antes del partido entre Argentina e Inglaterra, los eventos de la política y el fútbol corrían por líneas paralelas. Pero un día antes del encuentro, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, contó que aceptaron, sin resistencia, la prohibición del ingreso de banderas con “mensajes políticos” (es decir, sobre las Islas Malvinas) al estadio. El fantasma de Diego recorrió el mundo y el recuerdo del 86, con la Mano de Dios y el Gol del Siglo, revivieron en los cines y en los links viralizados de la película El Partido.

    El miércoles 15 de julio, un héroe anónimo se robó la sábana de la habitación del hotel, escribió el mensaje prohibido y lo entró de canuto al estadio. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Argentina ganó 2 a 1. El hincha anónimo revoleó el trapo a los jugadores. El único que lo vio caer fue Giovani Lo Celso, y fue por él. Se le sumó primero Lisandro Martínez y después el resto de los jugadores, que lo desplegaron y exhibieron a las cámaras. Las Malvinas son argentinas. La prensa mundial difundió el mensaje y se replicó al infinito. En un reportaje después del partido, Lionel Messi, que nunca suele hablar de política, le dedicó el triunfo a la gente, que durante los mundiales “se olvida de todo lo mal que le toca pasar” y a los que “no tienen trabajo y no llegan a fin de mes”.

    En Argentina se celebró como una final. Las esquinas más concurridas de cada barrio se llenaron de felicidad popular. Como suele ocurrir, el festejo masivo fue en el Obelisco. Familias y amigos cantaron el Himno, “La cuarta estrella”,, “Muchachos” y la Marcha de las Malvinas. El grupo de activistas Sonsincuenta proyectó el mensaje: «Milei, las Malvinas no se entregan. El que no salta es Margaret Thatcher». 

    El 16 de julio, el periodista Simon Jenkins publicó una columna en el diario inglés The Guardian  donde sostiene que las Islas “no pueden ser británicas para siempre”. “Las Malvinas” se transformó en la frase más buscada en Google y millones de personas alrededor del planeta conocieron el conflicto bélico entre un país del sur del mundo y una potencia invasora, en una una acción de comunicación diplomática masiva, inesperada y más efectiva que cualquier reclamo público hasta el momento.

    Después de levantar el trapo de Malvinas, fracasó en el Senado el tratamiento de la Ley de Tierras. Se filtraron chats de un grupo de senadores libertarios donde Victoria Villarruel acusa a su propio gobierno de querer “vender el país”.

    En el gobierno todo fue confusión. Milei declaró en Radio Mitre que “no hay que caer en gestos de patrioterismo barato y berreta” y que la diplomacia que están llevando ante la ONU es “inteligente” y “sabia”. El presidente omitió decir que su gobierno se retiró paulatinamente de ese foro internacional donde se exhiben los reclamos por los conflictos bélicos.

    Un día después, en el Senado se cayó por tercera vez la sesión para tratar la eliminación de la Ley de Tierras que quita los topes a las compras de territorios rurales por parte de extranjeros. Su debate en el recinto se pospuso para el 6 de agosto. A la mañana siguiente, el diario La Nación publicó el contenido de un chat privado de senadores libertarios en el que Victoria Villarruel y Patricia Bullrich se pelean y la vicepresidenta acusa a su propio gobierno de querer “vender el país”. 

    Si bien Bullrich venía teniendo un juego autónomo —cada vez que los números de las encuestas muestran que la imagen de Milei cae, el poder económico busca un eventual sustituto con miras a 2027—, en ésta se alineó con los hermanos Milei y se puso a construir mayorías en el Senado. El dictamen del proyecto tuvo 16 versiones, borradores que fueron y vinieron de Casa Rosada a la Cámara Alta. El que no acepta las reversiones en Balcarce 50 es Federico Sturzenegger, el autor de la iniciativa que, más que un ministro argentino, parece un amanuense de los tecnobrós que andan buscando dónde instalar data centers a bajo costo ante quienes la Patagonia, con sus bajas temperaturas y grandes cursos de agua, se muestra como un paraíso. La ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” viene a coronar un cuadro legal más complejo compuesto también por el RIGI —que habilita la prioridad de uso de un insumo clave como el agua, que tienen las empresas por sobre la población local—, la modificación de la ley de Glaciares —que achica la zona protegida, provincializa la decisión de avanzar contra la reserva de agua y habilita a proyectos mineros— y la ley de sociedades que todavía no se giró al Congreso, que desliga al empresario de cualquier responsabilidad social ya que pasarían a ser sociedades automatizadas operadas por inteligencias artificiales gobernadas por blockchain. 

    El viernes 17 de julio, Adrián Ravier posteó: “Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas”. Al nuevo vocero le llovieron críticas de todos lados y en conferencia de prensa negó haber dicho que Argentina fuera un país bananero. Al día siguiente los argentinos coparon Time Square con parrillas y choripanes. 

    Héroes y villanos

    Durante todo el mundial Argentina fue atacada en redes, streams y medios tradicionales de todo el mundo. A las acusaciones de racismo se sumaron el actor Samuel Jackson, el economista griego Janis Varoufakis, el alcalde neoyorkino Zohran Mamdani y la progresía europea colonialista. Además, se advertía en las redes que teníamos arreglado el Mundial. En la previa a la final con España, Donald Trump buscó acaparar el protagonismo mientras ese mismo día el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) perpetraba nuevos bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por novena jornada consecutiva después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana anterior. Durante el certamen, el único suelo estadounidense que pudo pisar el plantel iraní fue el césped de los estadios, porque estuvieron obligados a volverse a hacer noche a Tijuana. De igual modo, los iraníes fueron los primeros jugadores en aprovechar las cámaras de todos los medios del mundo para visibilizar un mensaje político en medio de un conflicto bélico varios partidos antes de que hicieran lo propio los jugadores argentinos: llevaron brazaletes negros para visibilizar el bombazo yanki a la escuela de su país. 

    El horizonte de los próximos meses encuentra al gobierno con los desafíos que implicarán la subida del dólar y su posible impacto en la economía, la articulación social que pueda generarse a partir de la movilización del 6 de agosto, y la aceleración de la rosca de cara a las elecciones 2027.

    En la final, durante el entretiempo, mientras las y los argentinos se comían los codos de los nervios en un partido en el que España había demostrado superioridad, actuaron Madonna junto Ronaldo Nazário y Ronaldinho, Shakira, Justin Bieber, BTS y los Muppets. Argentina perdió uno a cero. Lionel Messi lloró en la cancha y Lionel Scaloni lloró en la conferencia de prensa. Milei anunció un feriado que nunca sucedió. El lunes hubo que ir a trabajar. Llovía y hacía frío. Parte del plantel viajó al país y fue recibido por la gente que se acercó igual al aeropuerto de Ezeiza a brindar su amor y gratitud a los jugadores. 

    La hipótesis del aprovechamiento oficial de un eventual triunfo de la selección quedó atrás y si bien Caputo y Sturzenegger aprovecharon la distracción social para avanzar en toma de deuda y privatizaciones, la ley que habilita la venta de tierras a extranjeros tomó un nivel de conocimiento que no tenía antes del mundial y, por primera vez, después de tres intentos fallidos de tratamiento en el recinto, se organizó una marcha al Congreso en su contra para el 6 de agosto, a diferencia de lo que ocurrió con los cambios en la ley de glaciares, la reforma laboral, la baja en la edad de imputabilidad y el RIGI, que pasaron por el Congreso sin mayores resistencias adentro y afuera del palacio legislativo. Ahora la cosa parece haber cambiado. El gobierno dice tener los votos, pero la pelota, por ahora, está en el aire.

    El 6 de agosto el Senado planea votar el nuevo proyecto de Milei, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que dejaría sin vigencia la Ley de Tierras. Mientras tanto, afuera del Congreso la resistencia social involucra a movimientos sociales, científicos y hasta obispos. El reclamo tiene que ver con la tierra y el manejo del fuego, y arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, de la hidrovía, de los bienes naturales, de la soberanía. Si esa ley se aprueba, los magnates tecnológicos podrán quedarse con el agua, la energía y el clima de la Patagonia, enclaves ideales para el mundo que imaginan.

    La entrada Hechos pelota se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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