13 personas recibieron el viernes los certificados tras haber culminado las capacitaciones brindadas por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina.
En esta oportunidad, se trató del curso de auxiliar administrativo contable y se entregó doble certificación a 9 de ellos por haber realizado el curso de Inglés I y atención al público.
El responsable de la Oficina de Empleo Darío Centeno transmitió las felicitaciones del Intendente Marcelo Orazi a los asistentes por haber terminado las capacitaciones, las que les otorgará más herramientas para insertarse en el mercado laboral.
Las tensiones generadas la semana pasada en la policía santafesina tuvieron un marcado rebrote la noche del lunes. Grupos de familiares y allegados a efectivos activos volvieron a congregarse en la Jefatura de Rosario. Esta vez la situación fue más grave porque hubo patrulleros que no salieron a cumplir el servicio. También una decisión del jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, de desalojar por la fuerza a los que bloqueaban el ingreso del edificio policial. Lo que generó corridas, gritos y situaciones de conflictividad que se mantuvieron durante la madrugada.
Temprano a la mañana el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció medidas drásticas. Separó dos circunstancias que calificó como claras. Por un lado, dijo que se debía diferenciar los reclamos legítimos de aumento y bienestar policial, que el gobierno había acompañado con medidas hace siete días, que admitió deben profundizarse. Pero remarcó que estos malestares fueron aprovechados por actores separados de la fuerza por corrupción que se plegaron a las manifestaciones.
Anunció que a veinte policías que hicieron abandono de servicio se los puso en disponibilidad, con quite de arma reglamentaria, chaleco y credencial. Y que se impulsaron denuncias penales en fiscalía porque se resintió el servicio de seguridad con un perjuicio a la comunidad. También admitió el ministro que esta vez aunque no se dieron situaciones graves el servicio resultó afectado porque unos 20 patrulleros sobre 80 del turno nocturno no salieron a la calle.
Tras los anuncios la situación no pareció desinflarse. Personas cercanas a los policías permanecían en el portón de la Jefatura rosarina donde había estacionados en el exterior no menos de 40 patrulleros.
También la medida tuvo su correlato en la ciudad de Santa Fe, donde unos 60 efectivos de la Policía Motorizada, del Comando Radioeléctrico y de la Brigada de Orden Urbano, fueron llevados hacia la División Judiciales de la Jefatura de la capital provincial, donde se les retiraron las armas, según contó la periodista Ivana Fux. Desde el lunes familiares, retirados y personas de civil se habían concentrado para protestar en la Plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron a LPO que la Subsecretaría de Control no había iniciado actuaciones en esa ciudad.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas y hacer reclamos que aglutinan a todo el personal.
La semana pasada con los reclamos escalando el gobierno otorgó 500 mil pesos a los policías de calle, 250 mil a los choferes de patrulleros y anunció medidas para la contención policial, en especial luego de que el suicidio de Oscar Valdez, un efectivo de 32 años en la Jefatura de Rosario generara demandas explícitas de atención a situaciones de precariedad de salud integral de las fuerzas de seguridad.
«La protesta legítima, el reclamo legítimo por mejorar las condiciones de trabajo, nosotros los seguimos acompañando. Toda policía que hace correctamente su trabajo y que nos ha permitido llevar adelante una política de seguridad que ha bajado drásticamente los niveles de violencia que azotaban esta provincia la vamos a seguir defendiendo», dijo Cococcioni.
«Ahora sobre este reclamo legítimo se montaron y tenemos detectada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores hoy están privados de libertad. Esto nosotros no lo vamos a dejar pasar. Utilizar a la institución policial y a sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad, que tanto trabajo nos costó poner en orden en la provincia de Santa Fe, es una línea que nosotros no vamos a dejar cruzar», sostuvo.
El ministro de Seguridad dijo que al menos 20 funcionarios policiales, «y seguramente algunos más que irán siendo identificados mediante labores investigativas que se están desarrollando», fueron puestos en disponibilidad. «Además, estamos haciendo actuaciones de todo, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para que investigue posibles ilícitos penales de los funcionarios policiales y de estos grupos marginales y desplazados de la Policía de Santa Fe, que claramente no se resignan a que han perdido la posición de poder y de privilegio que obtuvieron en otro momento».
Cococcioni dijo que esta madrugada, a diferencia de la semana pasada, hubo afectación de la prestación de tareas. «Si bien no ha afectado sustancialmente la seguridad esta medida, si objetivamente no menos de 20 unidades de patrulla urbana abandonan su servicio en plena jornada, objetivamente eleva los niveles de riesgo. Y hasta me atrevería a decir que le acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado por culpa de esa acción de incumplimiento de sus deberes funcionales».
«Se puede dialogar para mejorar las condiciones de trabajo, se puede organizar mejor las jornadas de trabajo, totalmente de acuerdo. Ahora, no estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública, la seguridad de todos los habitantes de la provincia de Santa Fe. Estas acciones ilícitas, antijurídicas y en algunos casos violentas, entendemos que quieren golpear la política de seguridad, que es una política de seguridad exitosa. A quien le guste, esta es la política que en conjunto con el gobierno nacional y con el Ministerio de Seguridad Nacional, está bajando el delito y está bajando la violencia, en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Así que acá es donde trazamos una raya que no estamos dispuestos a permitir que se cruce», subrayó el ministro.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas
Tras el anuncio de sanciones y el duro mensaje del ministro no dispersó durante la mañana a los allegados a los familiares y cercanos que seguían apostados frente a la Jefatura de Rosario. En ellos los reclamos eran de mejoras salariales, de prestaciones integrales para la salud mental en una profesión sometida a altos niveles de estrés, y a que resuelva cambios en el régimen horario, que complican el descanso adecuado para una enorme cantidad de suboficiales que están en las ciudades del sur de la provincia pero que son oriundos del norte y tienen que cubrir distancias de hasta 800 kilómetros cuando retornan. El policía con carpeta médica que se suicidó el sábado pasado en Jefatura era de Vera que está a 450 kilómetros de Rosario donde estaba asignado.
«Intentaron dividir con los anuncios, alimentos para unos pocos. Estamos pidiendo que el aumento sea para toda la policía, no para unos pocos», declaró el abogado Gabriel Sarla, un ex policía santafesino que estuvo la semana pasada como interlocutor de los que protestaban en las conversaciones ante el Ministerio de Seguridad que derivaron en los anticipos de beneficios no remunerativos.
«El conflicto ha tomado una escala que no queríamos», reconoció. «Era pacífico pero un hecho desafortunado anoche, cuando el señor Maldonado decidió reprimir, lo que hizo que los policías vengan a apoyar a sus familiares. Una mujer embarazada recibió gas pimienta», comentó el abogado a Cadena 3 Rosario.
Pero como resaltó LPO el día que se hicieron los anuncios, las mejoras económicas no llegan a la totalidad de la fuerza sino a un 40 por ciento que es la que realiza las prestaciones operativas de seguridad en calle. Y además se trata de sumas no remunerativas. Desde la zona de la protesta, un oficial le comentó a este medio por qué el cortafuegos ensayado por la provincia no satisface.
«Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario. Esto a los policías que tienen que viajar seis o siete horas ida y vuelta hacia sus destinos no les resuelve gran cosa», dijo el oficial con veinte años de servicio.
Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario
Esta es una de las protestas más fuertes surgidas en Rosario desde la muerte en 2005 del agente Diego Navarro cuando custodiaba un supermercado, que tuvo sin embargo una magnitud incomparable, porque la ciudad quedó entonces sin servicio policial, bajo el gobierno de Jorge Obeid. Lo que derivó en que más de 300 gendarmes fueran transferidos a Rosario para realizar tareas de patrullaje urbano.
Según fuentes de la Casa de Gobierno santafesina, la administración de Pullaro se propone cortar de raíz cualquier situación que implique una escalada del conflicto. En la calle pese a los anuncios disciplinarios la tensión no se había disipado.
«Yo estuve en el acuartelamiento cuando mataron a Navarro en el súper Azul en 2005», decía un policía con mando medio a LPO desde el lugar donde siguen los familiares. «Esa vez nos conformaron con un par de borcegos, con el retiro de las viejas pistolas 11.25 que se trababan como le pasó a Navarro y con el aumento del adicional. Pero ahora es distinto. La policía está mejor soportada en sus demandas y además hay una situación económica que vuelve comprensibles los reclamos», le comentó a La Política Online otro policía cercano a los 50 años desde las inmediaciones a Jefatura rosarina.
Verónica Magario no consigue ordenar la interna peronista en el Senado y quiere que Axel Kicillof se involucre en el conflicto. Para el jueves está convocada una sesión que debe definir las autoridades y no asoma acuerdo alguno por la poderosa vicepresidencia primera, la secretaría Administrativa y la jefatura del bloque de Fuerza Patria.
La vicegobernadora plantea que a esta altura la interna no la pueden resolver los senadores y pide que se active una negociación como la que resolvió las diferencias por el PJ bonaerense. Esto supone negociadores de Kicillof, pero también del kirchnerismo.
Este lunes Magario se reunió con el gobernador en Casa de Gobierno. Allí le planteó que se involucre en la interna.
Lo más urgente para Magario parece ser la presidencia del bloque. Es que hasta tanto no esté resuelta esa figura, la vicegobernadora debe dialogar con los 24 senadores del peronismo. «Ordenen esto. Yo no estoy dispuesta a estar todo el día respondiendo mensajes», se queja.
Todo indicaba que Sergio Berni se iba a quedar con las riendas del bloque, sin embargo, eso entró en crisis en las últimas semanas. «No quiero ni el bloque, ni la vicepresidencia primera», dijo el ex ministro de Seguridad a LPO.
La vicepresidencia del Senado es el cargo que más tensión genera en la interna entre axelistas y kirchneristas. Este medio viene contando la relevancia de ese asiento. Es el segundo lugar en la línea sucesoria y cobra relevancia en estos momentos porque se prevé que, de cara a la campaña presidencial, Kicillof pedirá varias licencias para viajar al exterior. Durante esos viajes, Magario quedará al frente del Ejecutivo y el viceprimero comandará el Senado.
En el axelismo no quieren saber nada con que alguien que no sea considerado propio se quede temporalmente con el control de la Cámara Alta. Por eso apuntalan a Ayelén Durán, una senadora de Bahía Blanca que reporta a Andrés Larroque.
Este lunes trascendió que Magario había convocado a la oposición para juntar los votos para definir las autoridades. Eso suponía una guerra total con el kirchnerismo. Sin embargo, senadores opositores desmintieron haber sido convocados, aunque están convencidos que si el acuerdo no emerge en las próximas horas habrá una convocatoria formal por parte de la vicegobernadora para resolver la situación.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el Programa de Turismo Educativo destinado a instituciones de los tres niveles (inicial, primario y medio) con trabajos acordes a cada uno de ellos. El programa contempla salidas guiadas para conocer la historia, cultura, paisajes naturales y producción de nuestra ciudad. Por…
Martín Menem informó este jueves que ingresó a la Cámara de Diputados el Acuerdo UE-Mercosur, un texto de más de 5000 páginas que el Congreso debe aprobar para respaldar la suscripción del Estado argentino.
Tras un primer sondeo de las voluntades, los libertarios confían que alcanzarán los votos suficientes para refrendar el documento. En efecto, el oficialismo cuenta con un bloque de 95 diputados pero, además, tendría el apoyo de casi todo el interbloque de Unidos, que junta a los legisladores de Provincias Unidas, los radicales de Martín Lousteau y Pablo Juliano, los socialistas y los pichettistas, por un lado, y el interbloque del PRO, el MID y la UCR de Aldredo Cornejo, Gustavo Valdés y Leandor Zdero.
La gran incógnita es la postura que adoptará la bancada peronista. Como anticipó LPO, habría por lo menos tres grandes grupos: los peronistas ligados a los sectores productivos, que pretenden la aprobación del acuerdo, los kirchneristas que esperan alguna indicación de Cristina Kirchner y un grupo que se identifica con la expresidenta pero que no duda en fijar su posición sin consultar o debatir con sus colegas.
El acuerdo entre los dos bloques de países supone un entendimiento entre naciones que conforman un espacio económico de más de 700 millones de personas. Los especialistas estiman que entre la UE y el Mercosur se concentra el 35 por ciento del comercio global.
Para darle tratamiento en la Cámara Baja, el oficialismo necesita integrar la comisión de Relaciones Exteriores y la de Mercosur. Para aprobar el proyecto formal que ratifica el acuerdo, se requiere un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones, algo que Menem y Gabriel Bornoroni pretenden lograr la semana próxima.
Aun cuando los aliados se manifiestan a favor del acuerdo en general, ponen reparos sobre temas puntuales que podrían afectar la producción rural o determinados sectores industriales. «Estamos trabajando ya en la reglamentación y salvaguardas, porque hay temas de patentes de medicamentos y algún tema para pymes que hay que cuidar», dijo un legislador del interbloque de Unidos.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la fecha, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», dijo Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia.
La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las próximas horas presenten la ley ante la AN, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.
Delcy pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».
Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos
A su vez, indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
Cárcel del Helicoide, en Caracas.
Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.
El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».
A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».
Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.
La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.
En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.
En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.
El Consejo Local de Ecología, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Concejo Deliberante de Villa Regina convoca a interesados a ser parte de la Guardia Ambiental creada por ordenanza N° 039/13. La convocatoria está orientada a mayores de 18 años con residencia en Villa Regina no inferior a los 2 años quienes serán parte del cuerpo…
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