Pese al aumento de los casos, Arabia Saudíta finaliza el toque de queda y reabre comercios y mezquitas

Arabia Saudíta puso este domingo punto final al toque de queda que aún regía por la pandemia de coronavirus y permitió la reapertura de mezquitas en la ciudad sagrada de La Meca, pese a que el número de casos aumenta a un ritmo de 3.000 contagios diarios en el país más afectado de Medio Oriente.

La monarquía petrolera, que registra 157.612, aunque solo 1.267 decesos, entró en la tercera y última fase de la reducción de las restricciones que comenzó el 28 de mayo.

Desde hoy reabrieron todas las actividades económicas y comerciales y se puede circular libremente entre provincias, mientras que el 75% de los empleados públicos regresarán a sus puestos de trabajo, informó la agencia EFE.

No obstante, los portavoces de los ministerios Salud, Interior y Trabajo saudíes aseguraron que «la vuelta a la vida normal no significa la desaparición del virus» por lo que se hará «una evaluación continua y se aplicarán medidas especiales contra el que no cumpla los protocolos preventivos contra el virus».

Arabia Saudita registró durante las últimas semanas un aumento significativo de casos, llegando a alcanzar los 4.000 contagios en un día, aunque en los últimos días la cifra se estabilizado en alrededor de los 3.000, igual un elevado número.

Con la fase tres, las autoridades pretenden que todas las regiones vuelvan a «situaciones normales» previas a las del toque de queda.

El plan era de aplicación en todo el país salvo en la ciudad sagrada de La Meca, principal lugar de peregrinación para el islam en el mundo y segunda localidad saudí en número de contagios.

Sin embargo, alrededor de 1.500 mezquitas de La Meca reabrieron hoy tras casi tres meses cerradas entre medidas de seguridad sanitaria como el uso obligatorio de la mascarilla y pantallas electrónicas para concientiziar a los fieles.

Las otras 90.000 mezquitas del país ya acogían a los fieles desde el pasado 31 de mayo,

Pero todavía las autoridades no se han pronunciado sobre la posible cancelación de la peregrinación anual a La Meca, que cada año atrae a millones de musulmanes, y que ya fue postergada por la pandemia.

Por otra parte, el emirato de Dubái, centro económico de Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció hoy que a partir del próximo 7 de julio aceptará a turistas extranjeros siempre y cuando presenten los resultados de un test para demostrar que no tienen coronavirus.

El Comité Supremo de Gestión de Crisis y Desastres informó en un comunicado que todos los visitantes internacionales que deseen entrar en Dubái deberán cumplir con los requisitos de ingreso en EAU, como la descarga de una aplicación móvil, tener un seguro sanitario válido y presentar los resultados de un test de Covid-19.

El texto detalló que los turistas deben presentar la prueba 96 horas antes de la fecha de salida con dirección a Dubái o, de lo contrario, tendrán que someterse a un test en el mismo aeropuerto de la ciudad. Si dan positivo, deberán permanecer en cuarentena catorce días en sus casas.

Dubái, uno de los principales nodos de conexión entre Asia, África, Medio Oriente y Europa, interrumpió los vuelos a mediados de marzo como consecuencia de la pandemia.

Hasta el momento, Emiratos registra 44.925 casos de coronavirus y 302 fallecimientos.

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    De la “hojarasca” a las patentes: las leyes estratégicas que Milei quiere borrar detrás del ajuste silencioso

     

    Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.

    Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.

    La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.

    El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.

    La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.

    En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.

    La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.

    La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.

    Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.

    Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.

     

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