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Más de 4.500 niños y niñas disfrutaron del ‘Mes de la Niñez’

Más de 4.500 niños y niñas reginenses disfrutaron de las actividades propuestas por el ‘Mes de la Niñez’ que se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad y que tuvieron su gran cierre el sábado en el Paseo del Arroyo.

Durante cuatro sábados (sólo en una ocasión se suspendió por mal tiempo), hubo un importante despliegue de distintas áreas municipales, junto a concejales y al equipo de trabajo de la Legisladora Marcela Ávila, que coordinaron acciones para que los más pequeños y sus familias pudieran vivir un mes especial.

El último sábado se realizó el cierre: distintos juegos y sorpresas, sumado a un día primaveral, marcó el fin de las actividades. El Intendente Marcelo Orazi se sumó a la actividad del sábado, oportunidad en la que saludó a los asistentes y participó de las distintas propuestas.

La Municipalidad de Villa Regina agradece a quienes se sumaron a los festejos en los barrios de la ciudad.

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    El Senado de Brasil aprobó este miércoles por 48 votos a favor y 25 en contra, el Proyecto de Ley de Sentencias que reduce las penas de los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 y el intento de golpe de Estado juzgados por el Supremo Tribunal Federal, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro. 

    Ahora, el proyecto pasa ahora al presidente para su sanción pero hay grandes chances que la vete porque considera que Bolsonaro tiene que pagar por su condena.

     LPO publicó la semana pasada que el líder brasileño dijo en na entrevista que «cuando llegue a mi despacho, tomaré la decisión. Así que, ahora, que se exprese el Legislativo. Cuando llegue al despacho del Ejecutivo, tomaré mi decisión».

    Lula dejó en claro que Bolsonaro «tiene que pagar» por haber atentado contra la democracia y afirmó que si Bolsonaro hubiera tenido la misma actitud que cuando perdió las elecciones, hoy no estaría en prisión y «podría estar presentándose a las elecciones».

    El Congreso de Brasil discute un proyecto que podría bajar la condena de Bolsonaro

    «Tiene que pagar por el intento de golpe de Estado, por el intento de destruir la democracia que llevó a cabo en este país. Él lo sabe. No tiene sentido quejarse ahora. Fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión porque intentó hacer algo muy serio», remarcó.

    El impulsor de la iniciativa es el senador de derecha Esperidião Amin que en la Comisión de Constitución y Justicia, aceptó una enmienda del senador y ex juez Sergio Moro para restringir la reducción de penas en regímenes cerrados en relación con delitos contra el Estado Democrático de Derecho. 

    En la práctica, la propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. 

    La propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022

    A pesar de modificar el proyecto de ley, la enmienda fue clasificada como editorial, no sustancial, por el relator. Esto permite que el texto evite su retorno a la Cámara de Diputados para su análisis, con aprobación en el pleno. Sin embargo, los senadores de la comisión y del pleno discreparon sobre la clasificación de la enmienda. 

    En efecto, la propuesta aborda la reducción del cálculo de las penas y, para ello, el texto enumera condiciones y establece porcentajes mínimos para el cumplimiento de la pena y la progresión de régimen. También determina que la remisión de la pena puede ser compatible con el arresto domiciliario. 

    El proyecto de ley modifica la Ley de Ejecución Penal, estableciendo nuevas condiciones y porcentajes mínimos para la progresión de régimen. Según la norma actual, la transferencia a un régimen menos restrictivo se produce tras cumplir el 16% de la condena, siempre que el delito no se haya cometido con violencia ni amenaza grave. 

    En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena

    De esta forma, la iniciativa prevé la posibilidad de progresión tras cumplir una sexta parte de la condena, con porcentajes más altos para delitos atroces, feminicidios, formación de milicias y reincidencia. 

    Bolsonaro eligió a su hijo Flavio como candidato a presidente de Brasil 

    En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena». Este sería el caso de Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión y con la ley permanecería en prisión preventiva otros 2 años y 4 meses.

    La base del gobierno rechazó el proyecto pero en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía), el líder del oficialismo en el Senado, Jaques Wagner, declaró que buscaba un acuerdo de procedimiento, no de fondo, con la oposición para que el texto se sometiera a votación este miércoles y no se pospusiera hasta el próximo año. Afirmó que la iniciativa era suya y no contaba con la aprobación del Palacio Presidencial.

     

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    Martín Llaryora y Daniel Passerini entran en 2026 con una certeza incómoda: si el peronismo no logra mostrar gestión, el proyecto provincial podría empezar a crujir en el año previo a la elección de 2027. Por su fragilidad financiera, en parte por la herencia que recibió Passerini al suceder a Llaryora, y por «funcionarios que no funcionan», la capital cordobesa aparece como el eslabón más frágil del esquema cordobesista, aunque claro que no es el único.

    Para revertir esta situación, confiaron en el peronismo provincial, habrá tres grandes apuestas durante este año: se habilitarán tres majestuosas obras viales en la ciudad; se apostará al mantenimiento de alumbrado, bacheo y plazas (varias de ellas cerradas) y aparecerá como gran objetivo erradicar a los «naranjitas» (trapitos), algo que Llaryora intentó en diciembre aunque finalmente clavó los frenos a último momento por las críticas de la Iglesia.

    Por ahora, en la agenda del gobernador aparecen programadas para este año las habilitaciones del altonivel de Valle Escondido, que beneficia principalmente a los vecinos del mega country homónimo y otros barrios ABC1 de la zona de la ciudad donde La Libertad Avanza arrasa; del altonivel de avenida Vélez Sársfield, uno de los ingresos más importantes desde el sur provincial; y del acceso sobre la ruta 19, a la altura de Malvinas Argentinas, una obra clave para la logística y el transporte regional.

    A Passerini, por su parte, le toca el complejo día a día, con cuentas en crisis por los pagos de la deuda y la caída de la recaudación. La sistematización de los bulevares San Juan (en el Centro) y Ambrosio Olmos (Nueva Córdoba), cuya finalización está prevista para el primer semestre, le permitirá al jefe comunal mostrar obra vial propia.

    Daniel Passerini

    Ambas obras son un símbolo ambivalente: para la gestión, es modernización urbana, ordenamiento del tránsito y recuperación del espacio público; pero para comerciantes y vecinos, sinónimo de cortes, caída de ventas y una planificación que no termina de convencer, sobre todo por el lento avance producto de la situación financiera, pero también de la burocracia municipal.

    Como contrapeso, Passerini tiene que lidiar con la gestión diario de bacheo, mantenimiento de alumbrado y el espacio público, con varias plazas emblemáticas de la ciudad cerradas porque las empresas abandonaron las obras de refuncionamiento iniciadas durante la gestión de Llaryora, una descoordinación que horada la expectativa electoral.

    Llaryora cede a la presión de la Iglesia y posterga la prohibición de los trapitos 

    Sin embargo, el capítulo más sensible es el de los «naranjitas» (cuidacoches). Llaryora pasó de largo en diciembre cuando amagó con prohibir esa actividad y reculó por la presión de la iglesia católica. Es un tema de doble filo: avanzar implica confrontar con denuncias de criminalización de la pobreza y un conflicto social latente. No hacerlo implica pagar el costo del hartazgo ciudadano frente a prácticas extorsivas cada vez más visibles. Como dato objetivo: durante 2025, la Policía detuvo en la ciudad de Córdoba más de 350 cuidacoches por ejercer violencia hacia automovilistas.

    «Si se logra sacar a los naranjitas ilegales y a los limpiavidrios, los libertarios se quedan sin una de sus principales banderas en la ciudad. Y con las obras viales deberíamos representar a nuestro electorado tradicional», dice un funcionario que confía en el plan para que el peronismo recupere la iniciativa de gestión.

     

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