Luego de relanzar la estructura bonaerense del partido con el acto que encabezó en Vicente López, ahora Mauricio Macri promueve acciones territoriales del PRO en el Conurbano focalizadas en el purismo amarillo y sin libertarios a la vista.
En Pilar, dirigentes del PRO que en las últimas elecciones jugaron en listas separadas volvieron a coincidir en una actividad impulsada por el senador Alex Campell relativa a la entrega de material deportivo a un club de Villa Rosa, lo que sirvió para dar una señal de incipierte reagrupamiento del espacio en ese municipio.
De ese encuentro, participaron el concejal Sebastián Neuspiller -alineado a Diego Santilli y que integró la lista local de La Libertad Avanza en las últimas legislativas- y la ex diputada nacional Adriana Cáceres, que el año pasado rechazó un acuerdo con los libertarios y encabezó la lista local de Nuevos Aires.
Según señalaron a LPO fuentes del PRO, la idea de esa actividad fue «mostrar unidad y acompañamiento al reacomodamiento nacional del partido». Eso, en un contexto donde La Libertad Avanza presenta fuertes tensiones internas en varios distritos del Conurbano, con Pilar como uno de sus máximos exponentes.
En ese municipio de la Primera sección, los cortocircuitos desembocaron en un cambio de coordinación. Sebastián Pareja corrió a la concejal Solana Marchesán (que el año pasado había pegado un portazo de una reunión seccional) y puso en su lugar a otra concejal libertaria, María Ratti Repetto.
Apartado de ese sector, aparecen otros armados libertarios como el de Juan Martín Tito y Andrés Genna, que días atrás recibió en el distrito a su jefa política, Patricia Bullrich, que empieza a profundizar desembarcos territoriales en medio de las tensiones con Karina. «Están todos peleados con todos», resumió una fuente conocedora de la convivencia libertaria de Pilar.
Es ahí donde el PRO empieza a mostrar una contracara de unidad y autónoma del turbulento microclima libertario.
Más allá de eso, en Pilar todavía no se apuran a hablar de una construcción conjunta a 2027. Neuspiller responde a Santilli y, como su referente, se inclina a una alianza con los libertarios. De hecho, el ex candidato a intendente del PRO ya se muestra en el Concejo en tádem con la libertaria Marchesán.
Cáceres, por su parte, se orienta a una profundización de la identidad PRO que promueve el ex presidente y, de hecho, hoy se desempeña activamente dentro de la estructura nacional del partido.
En la interna amarilla está latente la discusión entre quienes promueven la candidatura bonaerense de Santilli en confluencia plena con LLA y los que ven al Colo afuera de la estructura PRO y apelan a una candidatura pura del partido. Pero, por lo pronto, prevalece la instrucción de Macri de mostrar unidad y acción en la provincia en general y en el Conurbano en particular.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, destruyó uno de los pilares del relato económico de Caputo y Milei. Un informe técnico del organismo monetario confirmó que desde que se instrumentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al cuarto trimestre de 2025 hubo egresos netos de inversión extranjera directa por USD 4.687 millones.
El régimen de beneficios impositivos para atraer inversiones de magnitud entró en vigencia el 8 de julio, pero según el informe sobre Inversión Extranjera Directa al 31 de diciembre de 2025 que publicó el Banco Central esta semana, por ahora no tuvo el efecto buscado.
El propio informe intenta justificar la salida neta de capitales bajo un signo positivo. Argumenta que muchas multinacionales aprovecharon las flexibilizaciones cambiarias y los incentivos exportadores para cancelar deuda comercial entre empresas vinculadas, reorganizar balances internos y retirar posiciones acumuladas durante los años anteriores.
El núcleo de ese movimiento estuvo en el complejo exportador. Según el informe, gran parte del desendeudamiento se explicó por la cancelación de adelantos de cobro de exportaciones vinculados al Decreto 682, que había reducido transitoriamente las retenciones para determinados sectores. La escena se parece bastante a una vieja postal argentina: el Estado necesita dólares urgentes, libera incentivos extraordinarios y el capital responde con movimientos financieros de corto plazo antes que con inversión productiva sostenida.
Cuando se observa el detalle del documento, el cuadro se vuelve todavía más evidente. La renta de capital de la inversión extranjera directa alcanzó los 1.436 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. Dentro de ese total, la distribución de utilidades y dividendos sumó 1.194 millones, mientras que la reinversión quedó reducida apenas a 241 millones.
Ese número probablemente sea uno de los datos más relevantes del informe. Porque una cosa es obtener rentabilidad en la Argentina y otra muy distinta es decidir dejar esas ganancias dentro del país para ampliar plantas, incorporar tecnología o desarrollar proveedores locales. Eso es justamente lo que no aparece en los números del Banco Central.
La diferencia entre utilidades giradas y utilidades reinvertidas muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva. El capital entra, obtiene ganancias y luego vuelve a salir.
La gran diferencia entre utilidades giradas al exterior y utilidades reinvertidas en el país que descubre el informa del Banco Central muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva.
También resulta revelador el mapa geográfico de las salidas de capital. Los principales egresos provinieron de Suiza, Reino Unido, Países Bajos y España. No es casual. Son jurisdicciones centrales dentro de las arquitecturas financieras globales utilizadas por holdings multinacionales, fondos y vehículos societarios para triangular inversiones y administrar flujos internacionales.
En paralelo, el gobierno prorrogó por un año adicional el plazo de adhesión al RIGI mediante el Decreto 105 publicado días atrás en el Boletín Oficial. El vencimiento original estaba previsto para julio de 2026 y ahora se extendió hasta julio de 2027. La decisión dejó una lectura política incómoda: si el régimen estuviera generando una llegada masiva e inmediata de inversiones, no habría necesidad de extender tan rápido los plazos originales.
A eso se sumó el anuncio del gobierno sobre el envío al Congreso de un nuevo proyecto denominado «Súper RIGI», que baja de 25 puntos a 10 el tributo de ganancias en caso de inversiones tecnológicas, una iniciativa anticipada en exclusiva por LPO.
El nombre sintetiza bastante bien la lógica que atraviesa buena parte de las reformas económicas argentinas: cada nueva versión necesita exhibirse más extrema.
El problema es que el RIGI no movió el amperímetro de la inversión agregada. Pese a los miles de millones comprometidos sobre el papel, el régimen todavía no generó un salto perceptible en la formación de capital del conjunto de la economía. Incluso sectores cercanos al pensamiento liberal empezaron a marcar esa limitación.
Si de promesas se trata, la minería se convirtió en el gran escaparate económico del gobierno. Caputo suele mostrar cifras cercanas a los USD 95.000 millones vinculados al RIGI y proyecta unos USD 140.000 millones futuros. Pero allí se mezclan proyectos presentados, anuncios preliminares, carpetas en evaluación e iniciativas no aprobadas.
Lo efectivamente aprobado hasta ahora representa algo más de 17.000 millones de dólares. Y aun esa cifra sigue siendo potencial. Porque aprobación no significa desembolso real. La inversión que efectivamente se movió fue muchísimo menor: en 2025 rondó los 1.388 millones de dólares y durante el primer trimestre de 2026 ingresaron aproximadamente 1.205 millones vinculados al régimen.
Un informe reciente de la Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sostuvo que «la baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión». El documento plantea que crear un Súper RIGI sin resolver los problemas estructurales replica el mismo esquema en una escala todavía mayor.
El estudio agrega otro dato revelador. Mientras la inversión productiva sigue estancada, durante 2025 las personas destinaron el equivalente al 4,7% del PBI a comprar dólares para ahorro. El dinero existe, pero se fuga hacia la dolarización defensiva. «Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos fuera del sistema», señala el informe.
La baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión. Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos.
Idesa también cuestiona la proliferación de regímenes especiales. El RIGI, el RIMI incluido en la reforma laboral y ahora el proyectado Súper RIGI forman una superposición de excepciones que generan asimetrías entre empresas. Los proyectos que acceden a esos beneficios compiten con ventajas tributarias, cambiarias y regulatorias frente a quienes quedan afuera. «Son esquemas burocráticos y discrecionales que suman distorsiones» aclara.
El Súper RIGI expone además otro problema. El proyecto limita Ingresos Brutos al 0,5% y prohíbe tasas municipales sobre ventas para los emprendimientos incluidos en el régimen. Es decir: reconoce implícitamente que el esquema tributario general resulta inviable para invertir. El alivio fiscal existe, pero sólo para quienes logran ingresar al club de excepción. El resto de la economía sigue conviviendo con la asfixiante presión tributaria combinada de Nación, provincias y municipios.
Por eso el informe de IDESA propone otra lógica: avanzar hacia reglas generales para toda la economía en lugar de seguir acumulando privilegios sectoriales. Entre otras medidas, plantea crear un «Súper IVA» coordinado con las provincias que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales sobre ventas para todos los sectores, no únicamente para proyectos seleccionados. Un proyecto que varios gobernadores aliados impulsaron en su momento, pero que la Casa Rosada eligió no tratar.
La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.
La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.
La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.
El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.
Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.
Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.
El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.
Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.
La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.
Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.
En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.
La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores.
«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector.
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