El gobierno porteño avanza en la planificación de la Línea F y ya se conocen los primeros detalles. Algunas estaciones tendrán luz natural y todos los andenes serán centrales.
La F tendrá una impronta mucho más moderna que las demás líneas porteñas y habrá estaciones más amplias, con balcones 360° como algunas de la Línea H y las más nuevas de la Línea B.
Al menos tres de las estaciones tendrán luz natural en los andenes y todas contarán con luz natural en los accesos. Si bien habrá choferes, el sistema de señales está preparado para que los coches funcionen sin conductor como ocurre con la Línea 14 del metro de París.
El ministro de Infraestructura Pablo Bereciartúa se reunió en las últimas semanas con autoridades del metro de Londres y de Madrid, que supervisan parte del proyecto.
De hecho, el ingreso a las estaciones tendrá similitudes con el subte londinense. La entrada no estará sobre las veredas sino que será a través de edificios aledaños, como ocurre con la estación Lavalle de la Línea C o Pueyrredón de la Línea H y también en el subte de Tokio y Seúl. Es una manera de liberar el espacio público.
Los andenes centrales permitirán cambiar de dirección sin necesidad de subir y bajar escaleras y la forma elipsoide de las estaciones hará menos laberínticas las estaciones. El recubrimiento de las paredes mezclará hormigón con plástico para disminuir el ruido.
«Hay muy pocas estaciones en el mundo que tienen luz natural en los andenes», explicó una fuente al tanto del proyecto. La Línea F anunciada por Jorge Macri es la primera iniciativa de este tipo en 25 años en la Ciudad.
Como contó LPO, Siemens, Alstom y la china CRRC son las principales interesadas en competir por la obra.
La F partirá de Barracas y cruzará Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta hasta llegar a Palermo. En su recorrido permitirá combinar con las seis líneas existentes y con la estación Constitución del Roca y Palermo del San Martín.
A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.
Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.
Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.
Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.
Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).
En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.
Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.
Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno
En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.
Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.
El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora
El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.
Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.
«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.
Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones.
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