Para muchos medios, hoy, no hay otra posibilidad en el horizonte de producción que analizar el «discursito» del presidente. Hablarán de la inexistencia de la autocrítica, la reducción de los ministerios, la falta de precisiones, a quien fue dirigido el mensaje, la inentendible «retención» a las exportaciones con un número fijo (3/4) frente a cada dólar exportado, siendo que ahora quienes venden al extranjero podrán especular ya que si el dólar sube la retención es menor, analizarán también que los sueldos se licuan frente a la devaluación y que los márgenes de pobreza e indigencia subirán; entre otras tantas cosas.
O si la línea editorial es más cruda se atacarán las frases armadas tristes y trilladas, la clara tomada de pelo al pueblo, la increíble pluralización del déficit fiscal haciendo responsable al pueblo de decisiones que no toma (en mi casa jamás se gastó más de lo que entró), la epifanía de hablar con el corazón: de hielo, y la apatía natural de su inconexión con el pueblo y con el contexto real; aunque siempre (todo esto) se arrima más al cinismo que a la negligencia o impericia.
Y como vivimos en la era del conocimiento a nivel mundial, y la era de la grieta comunicacional a nivel nacional, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de buscar la información que requiera o el análisis que les sienta más cómodo. Pues así es como funciona la mayoría, no busca información, sino lo que quiere leer o escuchar. Lo que le sienta bien. Y esto tiene que ver con un tipo de irresponsabilidad alimentada por la incapacidad de responsabilizarse de los adultos que infantilizados prefieren creerse cualquier cosa a tener que enfrentar el malestar que si se acepta puede doler hasta en los huesos.
Y es que la industria del entretenimiento nos preparó a toda una generación de consumidores de emociones falsas para este tipo de reacciones, de comportamientos. La astucia ficticia de no enfrentar el fracaso y, por ende, no hacerse cargo. Las caritas sonrientes, las enojadas y los corazoncitos de las redes sociales son una etapa más en la infantilización de la humanidad, que en Argentina se adquiere con aprecio y lujuriosa necesidad.
Ésta infantilización es la que nos permite colocarnos en una posición de enfrentamiento, de oposición entre los ciudadanos, que es justamente como los poderosos quieren que nos situemos, y en base a ello subsisten hace un tiempo, estos y los otros. Allá o acá. Y por las dudas, el medio es la ancha avenida de los tibios.
El discurso, fue un discurso vacío, que no colmó ni un poquito lo que los ciudadanos a pie necesitamos escuchar. Tranquilidad, responsabilidad, seguridad, progreso, crecimiento. Palabras que ni se mencionaron.
Por suerte hoy, vuelve Marce Tinelli a la caja boba.
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
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Milei volvió a atacar a Lula y profundiza la crisis con Brasil. La política exterior argentina, cada vez más subordinada a la batalla ideológica de la ultraderecha.
Por Roque Pérez para NLI
El Presidente volvió a atacar a Lula y esta vez decidió amplificar las acusaciones de un congresista estadounidense aliado de Donald Trump. Mientras Brasil reclama terminar con las agresiones y ya rebajó el nivel de su representación diplomática en Buenos Aires, la política exterior argentina parece cada vez más subordinada a las disputas ideológicas de la ultraderecha internacional.
Milei volvió a elegir la confrontación como instrumento de política exterior. Lejos de intentar bajar la tensión con Brasil, el Presidente decidió replicar en sus redes sociales las críticas del congresista estadounidense Carlos Giménez, un dirigente republicano de origen cubano y cercano a Donald Trump, quien atacó públicamente al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y lo calificó de “delincuente”. Milei hizo propio el mensaje y volvió a colocar al principal socio regional de la Argentina en el centro de su batalla política.
El episodio podría parecer, a primera vista, una nueva disputa discursiva en redes sociales. Pero ocurre después de una sucesión de ataques que ya produjo consecuencias concretas para la relación bilateral. Brasil retiró a su embajador de Buenos Aires y redujo su representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una decisión extraordinaria entre dos países que, más allá de las diferencias ideológicas entre sus gobiernos, mantienen una relación económica, comercial, social y estratégica que excede largamente a sus presidentes de turno.
La pregunta que debería hacerse la Argentina, entonces, no es qué tan fuerte fue el insulto de Milei contra Lula, sino qué beneficio obtiene el país de esta política exterior basada en agravios personales y alineamientos ideológicos. Porque mientras el Presidente parece encontrar en cada conflicto internacional una nueva oportunidad para reforzar su identidad política ante sus seguidores, los costos de esas decisiones recaen sobre el conjunto del país.
Una diplomacia diseñada para la batalla ideológica
Desde que llegó al poder, Milei modificó de manera sustancial la tradición diplomática argentina. La política exterior dejó de estar planteada fundamentalmente alrededor de los intereses permanentes del Estado para quedar cada vez más vinculada a una particular concepción ideológica del mundo.
En ese esquema, Estados Unidos, Donald Trump, Israel y las derechas radicalizadas de distintos países aparecen como aliados naturales, mientras que los gobiernos que Milei identifica con la izquierda o el progresismo son tratados como adversarios políticos. Brasil, por su peso regional y por la presencia de Lula en la conducción del país, ocupa un lugar central en esa disputa.
El problema es que una cosa es que el Presidente tenga diferencias políticas con Lula y otra muy distinta es transformar esas diferencias en una política de Estado. La Argentina no tiene por qué compartir las posiciones del gobierno brasileño para entender que Brasil es su principal socio regional, una de las mayores economías del mundo y un actor indispensable para cualquier estrategia de integración sudamericana.
Sin embargo, Milei parece haber decidido que la relación con Brasil debe estar condicionada por la pelea entre la derecha y la izquierda. Incluso su respaldo político a dirigentes brasileños enfrentados con Lula forma parte de ese esquema. La diplomacia tradicional entiende que un Presidente representa a todos los argentinos incluso cuando habla con gobiernos que no le gustan. La lógica de Milei parece funcionar al revés: cada escenario internacional es convertido en una extensión de su propia interna política.
Y allí aparece una de las principales contradicciones de su discurso. El Gobierno suele presentar su política exterior como una defensa de la libertad, del comercio y de los intereses argentinos. Pero una política exterior verdaderamente pragmática debería preguntarse primero qué necesita la Argentina y no quién comparte la misma ideología que el Presidente.
El dato que Milei omite cuando habla de Lula
En sus ataques, Milei suele presentar a Lula como un dirigente que fue condenado y posteriormente liberado. La formulación, sin embargo, omite un dato jurídico fundamental: las condenas contra Lula fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
En marzo de 2021, el ministro Edson Fachin determinó que la Justicia Federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar los casos contra Lula porque los hechos investigados no tenían relación directa con los desvíos de Petrobras. El Plenario del Supremo Tribunal Federal confirmó posteriormente esa decisión por 8 votos contra 3.
Pero hubo además otro elemento decisivo. El Supremo Tribunal Federal reconoció la parcialidad del entonces juez Sérgio Moro en el proceso del triplex de Guarujá y anuló las decisiones adoptadas por él en esa causa.
Esto no significa que una discusión política deba convertirse en una defensa automática de Lula ni que las acusaciones de corrupción puedan ser borradas de la historia. Significa algo mucho más sencillo: un Presidente argentino no debería presentar como verdad absoluta una caracterización jurídica que omite las decisiones posteriores de la máxima instancia judicial brasileña.
Y mucho menos utilizar esa caracterización para justificar una escalada diplomática con el gobierno de un país vecino.
El asunto adquiere todavía mayor gravedad porque el ataque ya no se limita a las declaraciones personales de Milei. Ahora el Presidente reproduce las acusaciones de un congresista estadounidense y las incorpora a su propia comunicación política. Es decir, la diplomacia argentina aparece cada vez más atravesada por una lógica de alineamiento internacional donde los adversarios políticos de Trump se convierten automáticamente en adversarios de Milei.
La pregunta inevitable es dónde queda la defensa del interés argentino.
Brasil no es un enemigo de Milei: es un vecino de la Argentina
La crisis actual debería ser observada desde una perspectiva mucho más amplia. Argentina y Brasil no son simplemente dos gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas. Existe entre ambos países una estructura económica y social construida durante décadas, con millones de personas vinculadas por comercio, inversiones, turismo, industria, energía y cadenas productivas.
El Mercosur, además, constituye uno de los principales instrumentos de inserción internacional de la Argentina. Romper puentes con Brasil por una disputa personal entre dos presidentes no es una muestra de firmeza: puede convertirse en una forma extremadamente costosa de aislamiento.
Brasil ya dio una señal concreta. El retiro de su embajador y la reducción de la representación diplomática fueron justificadas por el Gobierno de Lula como una respuesta a los “reiterados insultos y agresiones” de Milei. La Cancillería brasileña reclamó que Argentina detenga las agresiones para poder recomponer el vínculo.
La respuesta argentina debería ser sencilla: defender sus posiciones, negociar lo que corresponda y preservar los canales diplomáticos. Pero el Gobierno parece atrapado en una dinámica diferente, en la cual retroceder frente a un adversario ideológico es interpretado como una derrota política.
Ese mecanismo puede funcionar en una campaña electoral o en las redes sociales. En relaciones internacionales, puede ser desastroso.
Porque los Estados no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes: tienen intereses. Y una política exterior madura busca preservar esos intereses incluso cuando los gobiernos que están del otro lado de la mesa piensan completamente distinto.
Milei parece haber elegido otro camino.
El costo de convertir a la Argentina en una pieza de la interna de Trump
Hay una dimensión todavía más profunda en esta crisis. El nuevo ataque a Lula, producido mediante la reproducción de las palabras de un congresista estadounidense cercano a Trump, muestra hasta qué punto la política exterior argentina puede estar funcionando como una extensión de la batalla política de la derecha norteamericana.
La Argentina no debería necesitar que un congresista de Estados Unidos le indique quién es amigo y quién enemigo en América Latina. Mucho menos que la agenda internacional del país quede determinada por las disputas electorales o geopolíticas de Washington.
El alineamiento automático tiene un problema elemental: Estados Unidos cambia de intereses según sus propias necesidades y sus propios gobiernos. La Argentina, en cambio, tiene que convivir con sus vecinos todos los días. Brasil seguirá estando al lado de nuestro país cuando cambie el gobierno de Milei, cuando termine el gobierno de Lula y cuando Donald Trump deje la Casa Blanca.
Por eso una diplomacia inteligente debería construir puentes, diversificar vínculos y defender la soberanía nacional. No transformar a la Argentina en un actor secundario dentro de una pelea ideológica ajena.
La política exterior de Milei corre, en cambio, el riesgo de convertir al país en algo mucho más pequeño: un país que grita fuerte pero negocia desde una posición cada vez más débil.
Y la crisis con Brasil es la demostración más concreta.
Mientras el Presidente obtiene repercusión en las redes sociales por cada nuevo insulto, la Argentina pierde capacidad de diálogo con uno de sus socios fundamentales. Mientras Milei fortalece su imagen ante el núcleo duro que celebra sus enfrentamientos, el país paga el costo de una diplomacia que confunde firmeza con agresión, soberanía con alineamiento y liderazgo con provocación.
La política exterior no debería existir para alimentar el algoritmo presidencial. Debería existir para defender los intereses de la Argentina.
Y si para sostener una pelea ideológica con Lula el Gobierno está dispuesto a deteriorar la relación con Brasil, entonces el problema ya no es solamente el estilo de Milei.
El problema es que la Argentina puede estar empezando a pagar el precio de una política exterior diseñada para satisfacer al Presidente antes que para servir al país.
