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LUZ, CÁMARA… (EMPTY)

Para muchos medios, hoy, no hay otra posibilidad en el horizonte de producción que analizar el «discursito» del presidente. Hablarán de la inexistencia de la autocrítica, la reducción de los ministerios, la falta de precisiones, a quien fue dirigido el mensaje, la inentendible «retención» a las exportaciones con un número fijo (3/4) frente a cada dólar exportado, siendo que ahora quienes venden al extranjero podrán especular  ya que si el dólar sube la retención es menor, analizarán también que los sueldos se licuan frente a la devaluación y que los márgenes de pobreza e indigencia subirán; entre otras tantas cosas.

 O si la línea editorial es más cruda se atacarán las frases armadas tristes y trilladas, la clara tomada de pelo al pueblo, la increíble pluralización del déficit fiscal haciendo responsable al pueblo de decisiones que no toma (en mi casa jamás se gastó más de lo que entró), la epifanía de hablar con el corazón: de hielo, y la apatía natural de su inconexión con el pueblo y con  el contexto real; aunque siempre (todo esto) se arrima más al cinismo que a la negligencia o impericia.

 Y como vivimos en la era del conocimiento a nivel mundial, y la era de la grieta comunicacional a nivel nacional, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de buscar la información que requiera o el análisis que les sienta más cómodo. Pues así es como funciona la mayoría, no busca información, sino lo que quiere leer o escuchar. Lo que le sienta bien. Y esto tiene que ver con un tipo de irresponsabilidad alimentada por la incapacidad de responsabilizarse de los adultos que infantilizados prefieren creerse cualquier cosa a tener que enfrentar el malestar que si se acepta puede doler hasta en los huesos.

Y es que la industria del entretenimiento nos preparó a toda una generación de consumidores de emociones falsas para este tipo de reacciones, de comportamientos. La astucia ficticia de no enfrentar el fracaso y, por ende, no hacerse cargo. Las caritas sonrientes, las enojadas y los corazoncitos de las redes sociales son una etapa más en la infantilización de la humanidad, que en Argentina se adquiere con aprecio y lujuriosa necesidad.

Ésta infantilización es la que nos permite colocarnos  en una posición de enfrentamiento, de oposición entre los ciudadanos, que es justamente como los poderosos quieren que nos situemos, y en base a ello subsisten hace un tiempo, estos y los otros.  Allá o acá. Y por las dudas, el medio es la ancha avenida de los tibios.

El discurso, fue un discurso vacío, que no colmó ni un poquito lo que los ciudadanos a pie necesitamos escuchar. Tranquilidad, responsabilidad, seguridad, progreso, crecimiento. Palabras que ni se mencionaron.

Por suerte hoy, vuelve Marce Tinelli a la caja boba.

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    Discapacidad sin respaldo: Milei elimina las compensaciones para pasajes gratuitos y pone en riesgo un derecho básico

     

    El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.

    Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.

    El ajuste llega a quienes más dependen del Estado

    El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.

    Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.

    El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.

    La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer

    En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.

    La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente

    La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.

    Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

    Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.

    La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.

    Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales

    Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.

    Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.

    La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.

     

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  • Llaryora se desmarca de Schiaretti y no avanzará contra Adorni

     

    Mientras la política nacional discute el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Y cuando hasta incluso los propios libertarios decidieron pedir la cabeza del protegido de Milei y Karina, el gobernador cordobés Martín Llaryora decidió desmarcarse de su antecesor, Juan Schiaretti, y no avanzará en el pedido de remoción del funcionario nacional.

    Sobre todo, porque entienden en el gabinete llaryorista eso se contrapone con las encuestas en Córdoba. «Las encuestas a Martín le marcan que la gente no lo quiere haciendo politiquería, lo quiere gestionando. Entonces, cuando tiene que opinar acerca de la gestión es crítico; ahora, por cosas como estas, como la de Adorni, no», dijo un funcionario de primera línea del llaryorismo en la mañana de este miércoles.

    De esta manera, Llaryora tomo distancia de Schiaretti, quien el viernes pasado salió a exigir en redes la salida de Adorni, en plena sintonía con lo que pide el PRO y, particularmente, Mauricio Macri.

    Schiaretti se suma a Macri y pide la renuncia de Adorni

    Sin embargo, cuando Adorni estuvo haciendo su presentación en la Cámara baja los diputados del schiarettismo decidieron no interpelar al jefe de Gabinete. Situación con la que Natalia de la Sota, quien sí cruzó al funcionario de Milei en Diputados, marcó la cancha en las últimas semanas.

    Las encuestas a Martín le marcan que la gente no lo quiere haciendo politiquería, lo quiere gestionando. Entonces, cuando tiene que opinar acerca de la gestión es crítico; ahora, por cosas como estas, como la de Adorni, no.

    «Natalia lo hace porque le rinde putearlo a Milei y porque le habla a un peronismo más duro», dijo un llaryorista y agregó en referencia a la decisión de Schiaretti de cruzar al jefe de Gabinete: «‘el Gringo’ lo hace por la relación con (Mauricio) Macri».

    Decisión la de Schiaretti que también arrastra a su mujer, la senadora Alejandra Vigo cuando se discuta el devenir de Adorni.

    Con lo cual, en el llaryorismo sostienen que no se pliegan al pedido de remoción del funcionario porque «a pesar de la caída de Milei en las encuestas, la gente le pide a Llaryora otra cosa», agregó una fuente.

    En esa línea, el gobernador cordobés sí cruzó a la Nación por no ocuparse de un delito federal como es el narcotráfico. «El narcotráfico es un delito federal, en las 427 comunas y localidades de la provincia, ¿cuántas tienen una dependencia de la Policía Federal?», dijo y agregó el reclamo por las cárceles federales: «tenemos 5.000 presos por delitos federales en Córdoba y no hay una cárcel federal».

    En simultáneo con la queja de Llaryora a la Nación, a esa hora en Casa Rosada, el ministro del Interior, Diego Santilli mantenía una reunión con intendentes cordobeses que fueron llevados a Balcarce 50 por el diputado Gabriel Bornoroni, la radical Soledad Carrizo y la bullrichista Laura Rodríguez Machado. 

    En esa reunión, Santilli les dijo a los alcaldes cordobeses que no hay acuerdo entre La Libertad Avanza y Llaryora para el 2027: ni explícito ni implícito.

     

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