LUEGO DE 2 AÑOS VUELVE EL NOCTURNO DE KARTING

La metalúrgica Cramaco, ubicada en Sastre (Santa Fe) dedicada a la fabricación de generadores y alternadores eléctricos anunció que frena su producción y despedirá a 35 obreros. Se dedicará a importar.

Cramaco es, en realidad, DBT, ya que tras un cambio de dueños en 1999, adoptó su nombre actual en referencia a los apellidos Druetta, Bearzotti y Talano. En 2003 se asoció con la multinacional española Himoinsa, consolidándose como líder del mercado local, con una participación del 85%, y exportaciones a América, Europa y Asia.

El martes la empresa anunció el despido de 35 trabajadores, lo que representa cerca del 90% de su grilla de empleados. Fuentes gremiales explicaron que la lista de despedidos incluye a personas con décadas de dedicación, incluyendo personal con 40, 37 y 28 años de antigüedad. La empresa se comprometió a pagar indemnizaciones.

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En la planta santafecina se fabricaban íntegramente los alternadores, que ahora, se estima, pasarán a importarse. La reducción es un nuevo golpe para Sastre, una ciudad de alrededor de 6.000 habitantes donde la planta de DBT era uno de los principales motores económicos.

La primera reacción llegó desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo personal resultó afectado por la medida. «De los 57 trabajadores, ayer (por el martes) fuimos despedidos 35. De ese total, 33 integran en el sector de producción y los dos restantes son administrativos. Quedan solo 22 empleados pero nadie de producción. Esto refleja la intención de la empresa», sostuvo en diálogo con la prensa Jorge Herrador, delegado de la UOM en la firma, con más de 25 años de antigüedad en la fábrica.

Herrador no ahorró calificativo hacia la medida: «Nos echaron a todos a la calle, una situación muy fea», resaltó. E insistió que la firma dejará de producir en la Argentina.

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No es la primera vez que la empresa recorta personal. A fines de septiembre del año pasado ya había despedido a 16 trabajadores por la caída en las ventas y la paralización de la actividad. En aquel momento, los empresarios advirtieron que la apertura de importaciones ponía en riesgo la producción local.

Según La Nación, la planta llegó a tener, en septiembre de 2024, un stock de 120 grupos electrógenos, mientras las ventas mensuales apenas alcanzaban entre 10 y 12 unidades, un desfasaje que anticipaba la crisis.

«Ahora se venderá la importación; no se va a producir más nada acá», confirmó un allegado a la empresa. Agregó que «la firma no cerrará, sino que operará como un depósito y centro de ensamblaje. Solo quedarían dos o tres empleados de logística, que son los que bajan las cosas que vienen de China, las limpian y se las cargan al camión», destacó.

Crece en Pinamar el escándalo que involucra a la ahora ex tesorera municipal, Norma Watson, quien fue filmada tomando de cajones de su oficina fajos de billetes que metió en su cartera y que, en total, representarían alrededor de 7 millones de pesos.

Aunque los 11 videos que exponen a la funcionaria datan de enero y febrero de este año, recién este martes se conoció el decreto del intendente Juan Ibarguren (PRO) que expulsa del municipio a Watson.

En la oposición local, el bloque del peronismo no descarta que las filmaciones filtradas de Watson vayan más allá de una acción aislada de la funcionaria y, por eso, insistirán en el Concejo para abrir una comisión investigadora.

«Seguramente hagamos una presentación pidiendo que se investigue en profundidad», señalaron a LPO en el bloque peronista de Pinamar que, anteriormente, había presentado un pedido de informes por el tema.

«La respuesta de Ibarguren fue muy laxa», señalaron en la oposición que, ahora, quiere promover un proyecto que enfoque la investigación «hacia arriba».

 «Seguramente hagamos una presentación pidiendo que se investigue en profundidad», señalaron a LPO en el bloque peronista de Pinamar que, anteriormente, había presentado un pedido de informes por el tema. 

En minoría, el peronismo buscará aliados en concejales radicales y del PRO alejados de Ibarguren. Lo harán en la sesión de la semana próxima, la última previo al recambio del 10 de diciembre que dejará al intendente más fortalecido en el Concejo.

Con 30 años de antigüedad, Watson tenía acceso al sistema y al manejo del efectivo por su rol. Filmada por cámaras de seguridad, la ex tesorera fue denunciada por un funcionario quee detectó la maniobra. Desde entonces fue sumariada y, concluida la auditoría interna, echada.

La defensa de Watson, en tanto, dijo que, en esos videos, la ex tesorera estaba tomando propio dinero que había ahorrado y que, por motivos de seguridad, prefería llevarlo consigo. Ese planteo fue rechazado de plano.

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren.

«La Municipalidad aportó todas las pruebas y la causa avanza en la Justicia», dijo este martes en su cuenta de X el intendente Ibarguren, que acusó a su ex tesorera: «Abusó de esa posición para apropiarse de dinero».

Ibarguren se ocupó de defender la reacción de su gestión ante el caso: «Desde el Municipio eliminamos el manejo de efectivo; iniciamos una auditoría interna y entregamos toda la información a la Justicia». También, indicó que pidió una pericia contable por la complejidad del caso.

Y agregó: «El Municipio actuó desde el primer momento con total transparencia, cumpliendo cada paso legal y colaborando con la Justicia».

Pero en el peronismo no están conformes con las explicaciones de Ibarguren y tienen sospechas de que sea mucho más dinero el faltante. Frente a eso, tienen previsto avanzar con una nueva presentación en la sesión donde también se estipula el tratamiento del presupuesto local.