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LOS SOLDADITOS DEL PLOMO

Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018) el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.

El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la  colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83  tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.

«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad  interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.

No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.

En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del  ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.

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  • Satellogic, el unicornio argentino que se quiere subir a la ola espacial

     

    La carrera por la inteligencia artificial, la energía y la defensa acaba de sumar un nuevo protagonista. Satellogic, la empresa fundada por los argentinos Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte, se convirtió en una de las acciones de mejor desempeño de Wall Street en 2026, con una suba superior al 400 por ciento que la llevó a superar los USD 1.300 millones de valor de mercado.

    El rally llamó la atención de operadores e inversores porque no se trata de una compañía ligada al boom tradicional de la tecnología. Su negocio está en el espacio. Más precisamente, en la captura y procesamiento de datos obtenidos a través de una red de satélites que monitorean la Tierra en tiempo real.

    La empresa cotiza en Nasdaq bajo el ticker SATL y llegó a rozar una capitalización cercana a los USD 1.600 millones durante las últimas semanas. A comienzos de año valía apenas una fracción de esa cifra.

    El disparador de la suba fue una combinación de factores. La compañía anunció nuevos contratos vinculados a defensa, avanzó con acuerdos internacionales para la provisión de satélites y presentó resultados financieros que mostraron una mejora significativa en su situación operativa.

    Lo que está detrás del entusiasmo es la expectativa sobre una industria que muchos comparan con los primeros años de internet o de la inteligencia artificial.

    «Argentina suma un nuevo unicornio, pero esta vez está en órbita», afirmó Mariano Dragani, de Somos Inversores. Según explicó, la compañía ya cuenta con 54 satélites operativos, contratos vinculados a defensa y monitoreo terrestre y una posición financiera que comenzó a mostrar señales de madurez.

    Para Dragani, el atractivo no pasa solamente por el hardware espacial. «Ya no se trata sólo de lanzar satélites. Se trata de vender información para agricultura, defensa, recursos naturales, infraestructura y monitoreo climático», explicó.

    Ya no se trata sólo de lanzar satélites. Se trata de vender información para agricultura, defensa, recursos naturales, infraestructura y monitoreo climático

    Esa visión es compartida por una parte creciente del mercado. La tesis de inversión sostiene que los datos capturados desde el espacio pueden convertirse en un recurso estratégico de enorme valor económico, especialmente para gobiernos, empresas energéticas, compañías agrícolas y organismos de seguridad.

    Tomás Ambrosetti, cofundador de Guardian Capital, destacó que una de las ventajas de Satellogic es que diseña, fabrica y opera sus propios satélites. La empresa ya tiene presencia en defensa, agricultura y monitoreo ambiental, y avanza con la constelación Merlin, un proyecto que apunta a realizar un remapeo global diario hacia 2027.

    Según Ambrosetti, la fuerte suba de la acción estuvo impulsada por el renovado interés de los inversores en la economía espacial. Aun así, advirtió que se trata de una apuesta de riesgo: «Satellogic ocupa un nicho atractivo por su combinación de resolución, frecuencia y costos, pero la valuación actual es exigente y la volatilidad seguirá siendo elevada».

    Telecom Argentina, la única gran tecnológica de la bolsa local que capta la atención de Wall Street

    En ese contexto, Satellogic aparece como una de las pocas empresas cotizantes que permite apostar directamente a esa tendencia. A diferencia de gigantes como SpaceX, que aún no cotiza en bolsa, la firma argentina ofrece una puerta de entrada accesible para inversores que buscan exposición al sector espacial.

    Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, explicó que el mercado comenzó a prestar especial atención a la compañía a partir de marzo, cuando mostró una mejora sustancial en su posición de caja. «La acción estaba cerca de USD 3 y llegó a tocar USD 10 en cuestión de semanas. Ahora se mueve alrededor de USD 8», señaló.

    La acción estaba cerca de USD 3 y llegó a tocar USD 10 en cuestión de semanas. Ahora se mueve alrededor de USD 8

    Sin embargo, Lazzati advirtió que la fuerte revalorización también refleja el perfil de riesgo de la empresa. «Tiene un enorme potencial de crecimiento dentro de la industria satelital, pero también una volatilidad muy elevada. El precio puede pasar de USD 3 a USD 10 y volver a USD 5 en poco tiempo», sostuvo.

    Por esa razón, el especialista considera que se trata de una inversión adecuada únicamente para perfiles agresivos. «Es una acción para tener una posición pequeña dentro de la cartera, sin comprometer los flujos futuros del inversor», agregó.

    Más allá de las advertencias, el caso de Satellogic muestra cómo el mercado empezó a mirar con otros ojos a la economía espacial. Lo que hace apenas unos años parecía una apuesta futurista hoy se transformó en una industria capaz de atraer miles de millones de dólares. Y en esa nueva carrera por los datos, una empresa nacida en Argentina logró convertirse en uno de los nombres más comentados de Wall Street.

     

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    ENTREVISTA LTA/MARCELO ORAZI

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    «No hay más secundario»: empresas de colectivos descargan la crisis sobre los estudiantes y ponen en jaque un derecho conquistado

     

    La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?

    Cuando la crisis la pagan los estudiantes

    El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.

    Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.

    La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.

    La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.

    El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados

    La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.

    Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.

    Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.

    El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.

    Un nuevo golpe contra la educación pública

    La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.

    Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.

    Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.

    Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.

     

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    La motosierra no se detiene: el Gobierno prepara una nueva ola de despidos en todo el Estado

     

    El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de ajuste sobre la administración pública y ya trabaja en un plan de recortes que alcanzaría a todos los ministerios y organismos descentralizados. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, busca profundizar la reducción del empleo estatal y podría traducirse en miles de nuevas desvinculaciones durante los próximos meses.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la denominada «motosierra» se convirtió en el principal emblema de su gestión. Lo que comenzó con la no renovación de contratos temporarios y el cierre de distintas áreas estatales se transformó en una política permanente de reducción del sector público. Ahora, el Gobierno pretende avanzar sobre una nueva etapa que incluiría ministerios, organismos técnicos y empresas estatales.

    Según la información difundida este martes, Sturzenegger mantiene activa la planificación de nuevos recortes y busca acelerar la disminución de personal en distintas dependencias nacionales. La intención oficial es continuar reduciendo estructuras administrativas bajo el argumento de mejorar la eficiencia y disminuir el gasto público.

    Un objetivo ambicioso: miles de puestos menos

    La ofensiva no surge de la nada. Durante los últimos meses, distintos medios especializados revelaron que el Gobierno se fijó como meta reducir alrededor de un 10% adicional el empleo público nacional durante 2026. Algunas estimaciones hablan de entre 5.000 y 6.000 despidos en una primera etapa, mientras que otras proyectan un recorte mucho más amplio que podría superar los 27.000 puestos entre organismos, empresas estatales y administración central.

    Los antecedentes muestran que la política de ajuste ya tuvo un impacto considerable. Diversos relevamientos indican que desde diciembre de 2023 más de 66.000 trabajadores dejaron de desempeñarse en el Estado nacional, ya sea por despidos, retiros voluntarios o no renovación de contratos.

    Detrás de esos números existen miles de familias afectadas por una política que el oficialismo presenta como una reorganización administrativa, pero que para los sindicatos constituye un proceso de desmantelamiento de capacidades estatales construidas durante décadas.

    Organismos estratégicos bajo la mira

    Los organismos técnicos aparecen entre los principales objetivos de la nueva avanzada. Durante los últimos meses se conocieron planes de reducción en áreas como el INTI, el INTA, el SENASA, la ANMAT, la Aduana y distintos entes vinculados a la producción, la ciencia y el control estatal.

    También hubo conflictos recientes en organismos sensibles como el Servicio Meteorológico Nacional, donde se denunciaron despidos y recortes presupuestarios que, según trabajadores y especialistas, podrían afectar servicios estratégicos para la aeronavegación, la producción agropecuaria y la prevención de emergencias climáticas.

    El ajuste no se limita únicamente al personal. En paralelo, el Gobierno viene ejecutando reducciones presupuestarias en distintas áreas, incluyendo Salud, organismos científicos y programas sociales, con el objetivo declarado de sostener el superávit fiscal y cumplir las metas económicas acordadas con los organismos internacionales de crédito.

    La lógica de Milei: menos Estado, más mercado

    La nueva tanda de despidos confirma que el proyecto político de Milei no atraviesa una etapa transitoria sino estructural. La reducción del aparato estatal sigue siendo uno de los pilares centrales de su programa económico y político.

    Mientras el oficialismo celebra cada baja como una muestra de eficiencia fiscal, los gremios estatales advierten que detrás de cada puesto eliminado desaparecen funciones públicas vinculadas a controles sanitarios, investigación científica, infraestructura, producción agropecuaria, salud, educación y derechos ciudadanos. El debate ya no gira únicamente alrededor del gasto público: la discusión de fondo es qué Estado quedará en pie cuando la motosierra termine de pasar por todas las áreas que hoy siguen en la mira del Gobierno.

     

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