Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018)el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.
El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83 tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.
«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.
No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.
En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.
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El gobierno de Javier Milei apura la entrega de nuevos permisos para expandir la pesca del calamar, actualmente la especie más rentable. Busca hacerlo en tiempo récord, lo que desató sospechas de actores del sector sobre la transparencia del proceso y el rechazo del gobierno de Axel Kicillof, que acusa discriminación.
En el Consejo Federal Pesquero (CFP) que integra con las provincias del litoral marítimo, Nación informó a mediados de mayo que estaba elaborando una propuesta para sumar nuevos buques poteros y expandir la explotación del calamar.
Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos. Ahí, se estableció un plazo exprés de 20 días hábiles para la presentación de proyectos para obtener alguno de los 18 nuevos permisos de explotación por hasta 30 años.
La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
En el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas señalaron que el plazo exiguo que se determinó para presentar propuestas «solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación».
Pero la aprobación no fue por unanimidad. El representante de la provincia de Buenos Aires, Carlos Liberman, advirtió sobre la inexistencia de instancias previas de análisis del proyecto, alertó sobre el impacto que esa expansión podría tener el stock de calamar y denunció una situación de «gravedad inusitada».
Ahí, sostuvo que, en las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que propongan descargar el calamar en la provincia de Buenos Aires tienen solo por esa razón un puntaje inferior al de aquellos que propongan hacer sus descargas en otro puerto del país.
«Esta discriminación es injustificada, choca con la Ley Federal de Pesca, es arbitraria e inconstitucional», denunció Liberman, según consta en las actas de la sesión del CFP donde se debatió el proyecto.
En esa disparidad, el mayor perjuicio lo focalizan en Mar del Plata, donde este jueves el gremio Supa y la Federación de Cooperativas Portuarias presentaron una demanda contra la resolución que definieron como una «acción de gobierno que aparece deliberadamente en contra de los intereses marítimos de los marplatenses».
El apuro por sacar los nuevos permisos fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
Más directo fue el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la entidad empresaria del sector más fuerte de Mar del Plata, que apuntó contra los tiempos acotados para presentarse por uno de los 18 permisos y reclamó modificar los plazos para llevarlo a un periodo no menor a los 180 días corridos.
«El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», dijo la gerenta del Cepa, María Fernanda Grimaldi, en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla a la que tuvo acceso LPO.
El subsecretario de Pesca y titular del Consejo Federal Pesquero, Juan López Cazorla.
Y agregó: «Dicho plazo solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación, mientras que el resto no».
Algunas fuentes del sector consultadas por LPO ven el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.
Ahora, en el entramado portuario hay quienes señalan que este proceso habilitará una mayor presencia de intereses chinos en la pesca nacional, reforzando lo que ya sucede con la pesca de calamar.
Un informe reciente del investigador especializado en pesca ilegal y conservación marina Milko Schvartzman reveló que, de los 84 barcos poteros (especializados en captura de calamar) que operan dentro de las 200 millas marinas de jurisdicción argentina, 53 (más de un 63% el total) están controlados por firmas de origen chino.
Se trata de empresas constituidas en el país, que operan con buques de bandera argentina -como todos los que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)- pero que tienen origen de capital chino.
En el sector que advierten que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados en el mar argentino y no la nota de dos carillas del Inidep.
Para sumar 18 barcos a los 84 existentes, en Nación se ampararon en una nota de una página y media del Inidep, el Instituto de Desarrollo Pesquero que asesora en el uso racional de los recursos.
En esas dos carillas, el Inidep expuso que la flota potera nacional llegó a tener 150 buques, por lo que sumar hasta 20 más no implicaría un riesgo para el recurso.
Ese argumento fue tajantemente objetado por la Provincia de Buenos Aires, donde expusieron que los buques actuales tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a pescar hasta 900.
En Nación argumentaron que el calamar que no se pesca en la ZEEA es capturado por buques extranjeros en la milla 201. Pero en el gobierno bonaerense señalaron que las dos poblaciones de calamar que más se pescan, no salen de la ZEEA.
Los buques poteros que hoy operan tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a contener hasta 900 tn.
Hay actores del sector que advierten sobre el riesgo para el recurso y reclamaron que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados por estos buques, y no la nota de dos carillas del Inidep.
Por eso, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a cargo de Javier Rodríguez interpuso un recurso de reconsideración ante el CFP que entró en la sesión de este jueves. El planteo fue girado para su análisis, pero en la Provincia no se hacen demasiadas expectativas y, de ser rechazado el planteo, analizan ir a la Justicia.
No queda mucho tiempo. El plazo establecido por el CFP para presentar propuestas vence en los primeros días de julio. «Quieren hacer todo antes de que termine el Mundial», dijo una fuente del sector que alertó que, de avanzar el otorgamiento de estos permisos, una mecánica similar tendrá la cuotificación del langostino.
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