Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018)el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.
El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83 tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.
«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.
No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.
En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.
Mientras que el empleo formal y las jubilaciones perdieron frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijos -AUH- y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gobierno de Milei. En esta descripción está contenido el corazón del modelo libertario y quizá explica la ausencia de conflictos sociales masivos, luego de dos años de ajuste sostenido.
En contra del relato del «fin de los planes», los números del presupuesto social muestran que la ayuda directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante el gobierno de Milei, tanto en cantidad de beneficiarios como en poder de compra real. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH fye en el 2023, en el último año del gobierno de Alberto Fernández. No parece un dato menor para sumar a las razones de la derrota electoral del peronismo.
Según confirmó LPO una fuente del Gobierno, a diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. Más de seis millones de planes. Todo un récord que habla mucho de la latinoamericanización de la Argentina, que está muy cerca de ser el gran país de clase media de América Latina que supo ser hasta los setenta.
A diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños.
Los cuadros de evolución real muestran que AUH y Alimentar fueron los únicos ingresos que corrieron por arriba de la inflación de manera consistente, en contraste con el salario mínimo, que perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total, según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral vinculada a Juan Grabois.
La combinación ayuda a explicar un dato político clave de la primera mitad de gestión libertaria: no hubo estallido social, pese a la magnitud del ajuste. Lejos de eliminar la asistencia, Milei hizo dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones piqueteras de la intermediación y reforzó las transferencias directas.
En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con 250 mil planes y el tema fue uno de los caballitos de batalla de Cambiemos que criticaba las políticas sociales del peronismo, bajo el despectivo título de «los planeros». Sin embargo, el sistema se terminó de desvirtuar durante la presidencia de Mauricio Macri cuando la ayuda social pegó un salto brutal a casi un millón y medio de beneficiarios como señala un informe del Observatorio de Datos de la Fundación del Plata. Luego, con Alberto Fernández y la pandemia la ayuda llegó a 4 millones de beneficiados y eso no se revirtió sino que creció con Milei, pese a que la pandemia ya pasó hace varios años.
Evolución de los planes sociales desde el gobierno de Cristina Kirchner al de Milei.
Macri casi triplicó los planes que recibió de Cristina Kirchner y Alberto Fernández duplicó los que recibió de Macri.
En ese sentido, la evolución real de la política de ingresos para la infancia, la Asignación Universal por Hijo, alcanzó durante el gobierno de Milei niveles históricamente altos en términos reales. La actual AUH es 23 por ciento más alta que la que se pagaba durante la presidencia de Alberto Fernández e incluso 10 por ciento superior a la vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner, creadora del programa.
La mejora se explica por un aumento extraordinario de la AUH, que en la comparación interanual muestra una suba real del 47 por ciento. Pero la medición que el propio Gobierno utiliza como referencia es aún más impactante: entre noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández, y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100 por ciento, una variación excepcional que consolidó a la política social como el principal amortiguador del modelo en un escenario de fuerte deterioro de los salarios que sintieron la devaluación del 120% de diciembre de 2023, que nunca se terminó de recuperar.
Mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se convirtió en el principal amortiguador del modelo, en un contexto de reducción de empleo de calidad.
Esto se vio además acompañado por una pérdida de empleos formales de calidad, que en los dos primeros años de Milei ronda los 180 mil puestos de trabajo, en una tendencia que se viene agravando: sólo en octubre pasado se perdieron 70 mil empleos.
La paradoja libertaria es que, mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se convirtió en el principal amortiguador del modelo, en un contexto de salarios en caída libre y pérdida de empleos formales.
El diagnóstico se refuerza al mirar los cuadros de evolución real de la AUH y la Tarjeta Alimentar elaborados por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) en su monitor de economía popular. Allí se observa que, a diferencia de los salarios, las transferencias sociales no fueron licuadas por la inflación durante el gobierno de Milei.
Por otro lado, gran parte de la contención social recayó en los gobernadores que fueron los otros afectados del ajuste de Milei. Según fuentes de Desarrollo Social del gobierno de Santa Fe que hablaron con LPO, durante el año 2025, se registró un incremento aproximado del 30% en la demanda alimentaria en la provincia.
En Santa Fe, los programas alimentarios se canalizan a través de la Tarjeta Única de Ciudadanía (TUC), Tarjeta Institucional (TI), ProSoNut que alcanzan a 246.153 personas, confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial a cargo de Victoria Tejeda.
La ayuda llega a 177 localidades de los 19 departamentos y a 926 instituciones, con una inversión mensual de más de 3.800 millones. Una ayuda que se reforzó en las fiestas con una partida extra de 3.200 millones.
El cuadro de la FDHI muestra el aumento nominal de la AUH y de la Tarjeta Alimentar desde la asunción de Milei
Como sea, según el estudio de la FDHI, medidos en términos reales, los montos combinados de AUH y Tarjeta Alimentar muestran una recuperación sostenida desde el inicio de la gestión libertaria, con aumentos que superaron el ritmo de los precios. En los gráficos, la asistencia social aparece como la única variable de ingresos que logra mantenerse -e incluso mejorar- frente al avance inflacionario.
El contraste con los salarios es contundente. Mientras la AUH y la Alimentar mejoran su desempeño relativo frente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el salario mínimo cae en picada frente a la Canasta Básica Total (CBT), profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores formales. En términos simples: la política social amortiguó la indigencia, pero el ajuste recayó sobre el trabajo.
Los cuadros también muestran que, aun con las mejoras, la AUH y la Tarjeta Alimentar siguen cubriendo solo una fracción limitada de la CBT, es decir, no alcanzan para sacar a un hogar de la pobreza. Sin embargo, sí logran contener el umbral alimentario, un dato clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.
En ese sentido, el informe de la DHI confirma la paradoja del modelo libertario: Milei ajustó fuerte por el lado del salario y el empleo, pero blindó la asistencia directa, consolidando a los planes sociales como la principal ancla de estabilidad social en un contexto de deterioro acelerado de los ingresos formales y las jubilaciones.
El jefe de Gabinete de Milei confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud. La decisión fue presentada como una medida administrativa, pero llega en pleno escándalo por presuntas coimas, direccionamiento de compras y manejos irregulares que el Gobierno evita mencionar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene las horas contadas. Así lo anunció Manuel Adorni, quien informó que el organismo será disuelto y absorbido por el Ministerio de Salud, en una decisión que el Gobierno intenta mostrar como un simple “reordenamiento del Estado”, pero que se produce en un contexto político mucho más delicado.
Según explicó el vocero de Milei, la medida responde a “irregularidades detectadas” en el funcionamiento del organismo. Sin embargo, Adorni evitó mencionar el escándalo de presuntas coimas, sobreprecios y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios del propio Gobierno y que ya se encuentran bajo investigación judicial.
Una disolución que intenta borrar huellas
La ANDIS viene siendo señalada desde hace meses por denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, especialmente en la compra de medicamentos, insumos y prestaciones. En lugar de transparentar la situación, avanzar con auditorías públicas y señalar responsables, el Ejecutivo, complicado por el 3% de Karina, eligió una salida conocida: cerrar el organismo cuestionado.
La absorción por parte del Ministerio de Salud no aclara qué pasó con los recursos, quiénes tomaron las decisiones ni quiénes se beneficiaron con las presuntas maniobras irregulares. Por el contrario, diluye responsabilidades políticas y administrativas.
“No se van a cortar pensiones”, pero crece la incertidumbre
Ante la preocupación de miles de beneficiarios, Adorni aseguró que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones”. La frase busca llevar tranquilidad, pero no despeja las dudas de fondo en un contexto marcado por ajustes, recortes y revisiones masivas de beneficios sociales.
Organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores advierten que la desaparición de la ANDIS puede traducirse en más burocracia, menos controles específicos y una pérdida de jerarquía institucional para un área históricamente postergada.
Corrupción sin nombres ni explicaciones
Uno de los puntos más llamativos del anuncio fue el silencio oficial sobre las causas concretas de las irregularidades. El Gobierno no explicó por qué no se avanzó con sumarios, denuncias penales o apartamientos preventivos, ni dio precisiones sobre el rol de los funcionarios involucrados.
La estrategia parece clara: presentar la disolución como una decisión técnica mientras se evita el costo político de reconocer un nuevo escándalo de corrupción que choca de frente con el discurso anticasta y anticorrupción con el que Milei llegó al poder.
Ajuste, desmantelamiento y opacidad
La eliminación de la ANDIS no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia de desmantelamiento del Estado, ajuste fiscal y opacidad, donde se cierran organismos sin explicar qué falló, quién robó y quién paga las consecuencias.
En el medio, las personas con discapacidad vuelven a quedar atrapadas en la incertidumbre, mientras el Gobierno promete continuidad de derechos al mismo tiempo que borra instituciones clave y esquiva explicaciones.
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