Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018)el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.
El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83 tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.
«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.
No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.
En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.
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El gobierno habilitó la designación de la tucumana Sandra Mendoza en la poderosa Comisión de Acuerdos del Senado, que dictamina los pliegos de los jueces. Esa decisión busca ablandar la resistencia de los senadores que responden a Cristina Kirchner, que traban el nombramiento de los dos cargos vacantes en la Corte Suprema y más de 200 jueces federales.
La aparición de Mendoza en la nómina de integrantes de esa comisión empoderó al gobernador de su provincia, Osvaldo Jaldo, que ya había colado allí a Beatriz Ávila. LPO reveló a mediados de enero el interés del tucumano por el nombramiento de jueces federales, algo que comparte con el resto de los gobernadores.
En efecto, la impericia de la Rosada para completar las vacantes de más de 200 juzgados federales se debe a que los estrategas del gobierno en materia judicial intentaron una «negociación global» con el kirchnerismo, vía Wado de Pedro, pero fracasaron. El camino que ahora ensayan con Jaldo busca hacer una gesto a los gobernadores peronistas más dialoguistas, para correr al cristinismo de la discusión por los ministros de la Corte Suprema, un tema que empezaría a debatirse otra vez a partir de marzo. Un anticipo de esa diagonal se vio en la extensión del mandato d euna camarista de Misiones, negociada con Rovira.
Para los miembros de la bancada Convicción Federal (CF) del peronismo disidente que preside el puntano Fernando Salino e integra Mendoza, la estrategia kirchnerista de vaciar las comisiones ante el despojo de lugares para el peronismo que lleva adelante Bullrich, deja a la oposición sin política y al oficialismo con el terreno despejado para sacar leyes. La explicación de José Mayans es que, por la cantidad de votos en las urnas, al peronismo le corresponderían 7 senadores en vez de los 5 que le ofrece la jefa de bancada de LLA.
La impericia de la Rosada para completar las vacantes de la Corte Suprema y más de 200 juzgados federales se debe a que los estrategas del gobierno en materia judicial intentaron una «negociación global» con el kirchnerismo, vía Wado de Pedro, pero fracasaron.
Por eso, el formoseño no mandó la lista de sus colegas para la comisión de Trabajo, sus sillas quedaron vacías en diciembre y la reforma laboral salió por una mayoría abultada esta semana. «Nos robaron 7 senadores», fue la excusa que esgrimió en su discurso de cierre contra el proyecto oficialista.
Desde su entorno, alegan que la configuración impuesta por la exministra «es ilegal porque no respeta la representación popular en la integración proporcional de las comisiones», y aseguran que se evalúa el camino de la judicialización de las normas que se sancionen con esta aritmética. La judicialización de derrotas parlamentarias no es parte de la tradición peronista, que siempre estuvo del lado de la imposición de las mayorías.
El jefe del bloque peronista José Mayans, en el recinto.
Un senador le confirmó a LPO que Salino le avisó a Mayans durante la sesión de este miércoles que mandaría a Mendoza para la comisión de Acuerdos y también a Guillermo Andrada, hombre de Raúl Jalil, para la de Relaciones Exteriores. El formoseño, que aspiraba a retener la facultad de negociar nombres y lugares, insistió con su rechazo de plano a convalidar la reducción de espacios para su fuerza política y el puntano le recordó que ya son bloques separados y, por lo tanto, enviaría a esos dos senadores a esas comisiones.
El problema de Mayans es que la decisión de bloque de peronistas disidentes, que incluye a Carolina Moisés y Fernando Rejal además de Salino, Mendoza y Andrada, le termina restando una plaza al kirchnerismo. La cuenta de Bartolomé Abdala, presidente provisional de la cámara y firmante de la nota de conformación de las comisiones, es que el peronismo ya designó un miembro en cada una y le quedarían cuatro más. «Si a ellos no les gustan los nombres que mandaron, problema de ellos», afirmó.
Según el bloque de Salino, la estrategia kirchnerista de vaciar las comisiones ante el despojo de lugares para el peronismo que lleva adelante Bullrich deja a la oposición sin política y al oficialismo con el terreno despejado para sacar leyes.
El giro es evidente, lo que pierde el kirchnerismo lo ganan los gobernadores. En este caso, Jaldo y Jalil, pero la diáspora no terminaría allí: se especula que el santiagueño Gerardo Zamora también se tienta con mandar su nombre o el de su colega del Frente Cívico, Elia Moreno, para sumarse a alguna comisión.
Gerardo Zamora y Elia Moreno.
La maniobra desplegada por Salino desbarata cualquier posibilidad del kirchnerismo para trabar pliegos de jueces en la comisión de Acuerdos o bloquear su aprobación en recinto con más de un tercio del total de senadores. Al designar a Mendoza, Jaldo se quedó con dos senadoras en una comisión de 17 miembros y le arrebató un lugar a Mayans dentro del lote que pretendía administrar.
El movimiento habría sido tan violento que Villarruel se negó a firmar la nota formal de integración. «Ni el peronismo le hizo esto a la oposición cuando fue gobierno», habría advertido la vicepresidenta delante de Bullrich, Abdala y el secretario parlamentario, Agustín Giustinian.
Ni el peronismo le hizo esto a la oposición cuando fue gobierno.
Con la temeridad que la caracteriza, Bullrich argumentó que compensarían al kirchnerismo con lugares en la comisión de Banca de la Mujer y, como Villarruel no se allanó, la exministra miró a Abdala y encontró la solución: «No importa, firma Bartolomé». El puntano agachó la cabeza y estampó su firma.
Uno de los senadores que ya figura en las comisiones explicó a LPO que «Villarruel busca poner racionalidad a las decisiones pero Bullrich sostiene que es una decisión del peronismo no participar». La Vicepresidenta habría deslizado la chance de que el kirchnerismo tenga 6 sillas si no acepta 5 pero la ex ministra descartó esa salida.
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