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LOS SOLDADITOS DEL PLOMO

Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018) el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.

El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la  colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83  tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.

«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad  interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.

No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.

En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del  ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.

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  • El kirchnerismo en la Legislatura va por otro intento de aprobar las emergencias de Ishii contra Kicillof

     

    El kirchnerismo en el Senado bonaerense intentará mañana aprobar en el recinto las emergencias -alimentaria y sanitaria- presentadas por Mario Ishii y que generaron un fuerte roce con Verónica Magario en la última sesión.

    En las últimas horas cerró el plazo para que los bloques pidan proyectos que requieren los dos tercios de los votos porque no pasaron por las comisiones de trabajo. Fuentes del Senado sostienen que el kirchnerismo pidió incluir los dos proyectos presentados por el líder de José C. Paz en los que enumera una serie de fallas de la gestión provincial.

    Sergio Berni no cuenta con los votos para aprobar los proyectos con mayoría especial. Los senadores de Kicillof no avalan la movida de Ishii y la oposición pide cambios. Por caso, los libertarios lo acompañarían, pero si se eliminan de los textos las críticas al gobierno nacional.

    Estalló la interna peronista en el Senado: Ishii y Berni cruzaron a Kicillof y chocaron con Magario

    Otros senadores, como Marcelo Leguizamón (Hechos-UCR), vienen pidiendo que los proyectos se discutan en comisión porque en definitiva que las emergencias le dan a Kicillof la facultad de reacomodar partidas presupuestarias.

    Sin embargo, la jugada de avanzar con esas iniciativas en las reuniones previas a la sesión supone que tanto Ishii como Berni buscarán hablar del tema en la sesión del jueves.

    A fines de junio, tanto Ishii como Berni chocaron fuerte con Magario por estos proyectos. «El gobernador no quiso que se trate sobre tablas», acusó directamente Ishii en esa sesión, que sostuvo que, con el giro a comisión de los expedientes, «esto se dilata» cuando «es un tema que no puede esperar».

    Marcelo Leguizamón.

    «Yo invité al gobernador a que camine un poco por el Conurbano, dos o tres veces, para que vea cómo están desbordados los hospitales y la falta de insumos que hay. No lo ha hecho», acusó Ishii.

    Ahí, intervino Magario para informarle que se habían cumplido los cinco minutos establecidos para las exposiciones por temas que no fueron acordados en Labor Parlamentaria. «Sí, pero necesitaría hablar, son temas que nos competen a todos», dijo Ishii. «Se terminó el tiempo», insistió la titular del Senado.

    Berni quiere que la Legislatura controle el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina

    «Esto es más importante que todos los proyectos que se han presentado», retrucó el paceño que había empezado a elevar el tono cuando Magario le cortó el micrófono.

    En las últimas horas Ishii avanzó con un proyecto para que el ministerio de Seguridad de la provincia se haga cargo de los gastos en patrulleros y combustible que hoy afrontan los intendentes.

    El proyecto plantea que cuando el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad resulte insuficiente deberá ser el gobierno provincial quien se haga cargo de los gastos para paliar la inseguridad «sin que pueda imponerse a los municipios la obligación de afectar recursos propios».

    El texto sostiene que la seguridad pública es una competencia propia y exclusiva de la del gobierno de la provincia. Es la misma Constitución quien atribuye al Ejecutivo la conducción de la Policía. En tanto, la ley 12.154 establece expresamente que la seguridad pública es responsabilidad exclusiva del Estado provincial.

     

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