Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018)el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.
El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83 tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.
«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.
No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.
En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.
Paolo Rocca aprovechó un viaje de Sandra Pettovello a Dubai para forzar al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a presentar un proyecto sobre «Libertad Educativa» este lunes, en una reunión de asesores del Consejo de Mayo, el ámbito creado por Javier Milei para darle forma al insustancial Pacto de Mayo.
La iniciativa de Rocca y Torrendell, a la que accedió LPO en exclusiva, es un mamotreto de 34 páginas y 136 artículos que barre brutalmente con la Ley Nacional de Educación, sancionada en 2006, y transfiere a las familias el poder de decisión para definir la oferta educativa para sus hijos.
El dueño de Techint se da el lujo de impulsar el proyecto gracias a los hombres de su cantera que metió en el gobierno libertario. Así como logró colar a Julio Cordero como secretario de Trabajo, también impuso al ex director de la Escuela Técnica Rocca, Ludovico Grillo, como director del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).
Con un secretario de Estado y un director nacional, le sobran bíceps para tomarle a Pettovelo el ministerio de Capital Humano. Pero la jugada de Rocca con Torrendell acaso avance sobre terreno firme por la bronca de Karina Milei contra Pettovello, tal como reveló LPO después del escándalo de las coimas de la Andis, cuando la secretaria general de la Presidencia sospechó de la ministra y quiso correrla para poner al secretario de Educación.
El borrador del proyecto fue circulado por Torrendell y cuenta con anotaciones formuladas al margen del archivo por el director nacional de Gestión Universitaria, Matías Zubiría, un funcionario ubicado bajo el paraguas del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro «Galleguito» Álvarez. Zubiría apunta, sobre todo, contra dos artículos que tocan la ley de Educación Superior y pondrían en pie de guerra, otra vez, a las universidades.
El proyecto Techint modifica a través del artículo 126° el artículo 6° de la ley de Educación Superior, atacando la autonomía universitaria con definiciones de actividades formativas «sincrónicas» y «asincrónicas». «Hablar de qué es cada cosa es limitar lo creativo que podría venir del propio sistema», avisó.
Pettovello.
También modifica los parámetros para pautar el presupuesto, un tema explosivo. «El aporte estatal se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo, la actividad científica y tecnológica y otros criterios que defina el Consejo Interuniversitario Nacional, aplicando estos criterios para asignar montos incrementales», dice el artículo 128°.
El dueño de Techint se da el lujo de impulsar el proyecto gracias a los hombres de su cantera que metió en el gobierno libertario. Así como metió a Julio Cordero en Trabajo, impuso a Ludovico Grillo en el INET.
Zubiría advierte que ese tópico se cambió en el artículo 58° de la ley vigente, fijando que «el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional».
Como sea, fuentes del Consejo de Mayo reconocieron ante LPO que también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger, tenía prevista una reunión con algunos de sus miembros, para explicar la importancia del proyecto que debería pasar por el Congreso. «Torrendel aprovecha que Pettovello está en Dubai de vacaciones para presentar el proyecto, en tándem con Sturzenneger», comentaron.
LPO consultó tanto al entorno de Torrendel como de Pettovello. Cerca del secretario de Educación no brindaron explicación alguna mientras que en el equipo de la ministra alegaron desconocimiento sobre la agenda del Consejo de Mayo. Nada respondieron sobre las vacaciones en Dubai.
Rocca viene de lanzar duras críticas al gobierno de Milei en el encuentro de empresarios de la semana pasada. «Con la política monetaria no alcanza», dijo, y reclamó la intervención del Estado para el desarrollo: «Argentina necesita una estructura industrial fuerte. No puede irse solo con recursos naturales».
En efecto, Rocca mencionó las falencias del sistema educativo la semana pasada en la convención de la UIA, tal como informó LPO. «El sistema educativo debe volver a la esfera nacional», planteó el dueño de Techint, y criticó la provincialización de los 90′ que fragmentó el sistema: «Hay algo que no está funcionando como debería», dijo.
Torrendel aprovecha que Pettovello está en Dubai de vacaciones para presentar el proyecto, en tándem con Sturzenneger.
Sin embargo, el título III del proyecto se mete con criterios de financiamiento previstos en la Ley de Financiamiento Educativo promulgada en 2005 y vuelve a desmontar la responsabilidad del Estado nacional en el sostenimiento de las escuelas y el salario de los docentes. Si bien el expediente Techint establece una responsabilidad compartida entre el gobierno central y las provincias en su artículo 67°, también fija la «complementariedad» entre las jurisdicciones para que «el Estado apoye a las instituciones educativas y actores sociales cuando éstos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación, sin reemplazar su iniciativa ni limitar su autonomía».
El rumor de la existencia de este proyecto puso en alerta a los sindicatos docentes, porque propondría un retorno a etapas de fin del siglo pasado. De hecho, la desregulación de los 90′ atendía a desligar al Estado nacional de la responsabilidad para sostener a las escuelas en las provincias, con los salarios de los docentes y sus auxiliares.
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