Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018)el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.
El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83 tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.
«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.
No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.
En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.
Un hecho político inusual y profundamente revelador tuvo lugar este miércoles frente a la Casa Rosada: un efectivo de la Policía Federal Argentina decidió encadenarse esposado a la reja perimetral del Palacio de Gobierno para visibilizar el descontento y el sufrimiento real que atraviesan las fuerzas de seguridad bajo la gestión actual.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El protagonista de la protesta individual fue el cabo Miguel Ángel Montiel, quien se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a Balcarce 50. Con una pancarta en mano, denunció irregularidades dentro de la institución, maniobras de corrupción y el deterioro de su salario y condiciones laborales.
“Nos sacan la plata del bolsillo”: reclamos que estallan en plena Casa Rosada
Según explicó Montiel, su reclamo no se limitó a la cuestión salarial, aunque ésta fue eje central: señaló que la quita de derechos, la existencia de “planillas fantasmas” y maniobras irregulares con adicionales que no se cumplen terminan perjudicando directamente el bolsillo de los efectivos.
Además, el propio cabo denunció que en su Comisaría, la del Ferrocarril Belgrano Norte, existen prácticas que favorecen la corrupción, especialmente en servicios adicionales que no se efectivizan pero igual aparecen en los registros.
Lo más llamativo es que Montiel decidió canalizar su protesta en pleno frente de la sede del Poder Ejecutivo, obligando a la Casa Militar y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos especiales para contener la situación.
Un acto con mensaje político claro: el salario como conflicto estructural
La protesta del cabo Montiel es más que una acción aislada: pone en evidencia el profundo malestar dentro de las fuerzas de seguridad federales ante la precarización salarial y las condiciones de vida que enfrentan miles de agentes en un contexto de creciente inflación y pérdida de poder adquisitivo.
Mientras el Gobierno insiste en discursos de “orden y seguridad”, la realidad que viven los trabajadores de las fuerzas de seguridad —que también pagan alquileres, comida, transporte y educación— es otra: salarios que no alcanzan, condiciones laborales desactualizadas y ausencia de canales institucionales efectivos para resolver conflictos internos.
Montiel incluso admitió que los policías no están autorizados a protestar de esta forma, pero aseguró que ya no podía seguir callado frente a lo que calificó como un evidente deterioro de derechos y justicia interna.
«No podemos manifestarnos de esta manera, pero demuestro que soy camarada»
Un cabo de la Policía Federal Argentina se encadenó a la reja de la Casa Rosada para denunciar «corrupción en la Superintendencia de Transporte» y pidió que el Gobierno «no se olvide de lo sueldos». pic.twitter.com/lW3gXIckak
Este episodio, ocurrido en el corazón del poder estatal, desnuda una realidad incómoda para el gobierno: el descontento salarial trasciende a los sectores tradicionalmente alineados con la autoridad estatal, como son las fuerzas de seguridad, y cuestiona directamente la gestión en materia de políticas de ingresos y transparencia institucional.
La protesta se da en un contexto social donde los reclamos por salarios dignos, condiciones laborales justas y el fin de prácticas corruptas se multiplican en distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. La decisión de Montiel de esposarse frente a la Casa Rosada no es un mero acto simbólico, sino un llamado de atención tan político como la reivindicación de derechos que merece una discusión pública profunda.
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El gobierno logró después de la medianoche la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados por 135 votos contra 115, luego de conseguir el apoyo de los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, además de los bloques aliados del PRO, la UCR y las bancadas más pequeñas.
De hecho, los catamarqueños Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot se dieron el lujo de votar en contra de la norma porque el oficialismo estaba sobrado en número, gracias a los tres salteños, los cuatro misioneros, los dos tucumanos que se pronunciaron a favor -el tercero, Javier Noguera, no estuvo para la votación- y los tres cordobeses que se ausentaron. Incluso, Martín Llaryora pudo instrumentar no solo el faltazo de Juan Schiaretti, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca sino también el reparto para que Carlos Gutiérrez vote como los libertarios y Juan Brugge con el lote opositor.
Durante la votación en particular, el Título I se aprobó también por una holgada mayoría y sin la incorporación del artículo Galperín que reclamaba el PRO, mientras que el Título II, correspondiente al FAL, salió por 130 voluntades por la afirmativa, 117 por la negativa y las abstenciones de Lourdes Arrieta, Karina Banfi y el rionegrino Sergio Capozzi.
Al momento de someterse a consideración el Título III, volvió a suscitarse un intenso debate por el traspaso de fuero laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, el bloque de LLA reunió 135 votos positivos, la oposición alcanzó 110 negativos y hubo cinco abstenciones, correspondientes a los radicales Martín Lousteau, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, junto a los lilitos Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.
Uno de los aliados que votó a favor tanto en general como en particular le dijo a LPO que el gobernador de su provincia fundamentó sus instrucciones para que respalde la ley con argumentos temerarios. «No te pares adelante del auto que viene a 200 kilómetros por hora, dejalo pasar y que choque solo», habría sido el resumen.
La lectura de ese cacique provincial es que «lamentablemente hay que dejar que los libertarios avancen». «El argentino vota bien cuando le va mal y vota mal cuando le va bien», presumió ante su mano derecha en el Congreso.
Tal como anticipó LPO, la ausencia de los diputados cordobeses Schiaretti, Torres y García Aresca restó fuerzas a una oposición que se desgranó irremediablemente, pese a que Llaryora había comprometido su apoyo a la CGT, pero tampoco asistieron el riojano Sergio Casas y el fueguino Agustín Tita por Fuerza Patria.
Vancsik, Herrera Ahuad, Giudici, Vega y Fernández.
Aunque en la última reunión de bloque de la bancada peronista se evaluaron acciones que impidieran o entorpecieran el avance de la sesión de este jueves, el despliegue de los legisladores liderados por Germán Martínez no pudo superar siquiera la voluntad mayoritaria de los libertarios y sus aliados para imponer su propio plan de labor. Al inicio de la tarde, Paula Penacca, Agustín Rossi, Cecilia Moreau, Carlos Castagneto, Lorena Pokoik y Germán Martínez llegaron a piquetearle el estrado a Martín Menem, que sorteó el sitio con la serenidad de contar con los votos suficientes.
En medio del desorden, la santafecina Florencia Carignano aprovechó la batahola contra el titular de la Cámara Baja para arrancarle los cables a los micrófonos y los módem de los taquígrafos.
Por su parte, el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, llevó hasta las narices del riojano una cadena, para resumir el significado de la ley en discusión con la metáfora de la esclavitud.
Diputados kirchneristas rodean a Menem.
La tensión parecía inmanejable pero, con astucia, Menem concedió a Hugo Yasky la oportunidad de realizar un homenaje a Beto Pianelli, el reconocido dirigente gremial del sindicato del subte que falleció el pasado 29 de enero, y el alboroto se diluyó.
Si bien la jornada continuó casi sin zozobra, a excepción de los cruces entre los kirchneristas y los peronistas que dieron quórum, el peronista rionegrino Marcelo Mango sacó de la galera a las 21:18 una moción para que regrese a la comisión el proyecto de ley y se revise su constitucionalidad. Mango aprovechó que el recinto estaba semivacío, porque los libertarios se habían ido a cenar, y Luis Petri, al mando de la sesión, se apuró a mensajear en el grupito de WhatsApp a sus colegas de bloque para que retornen.
Menem y los suyos llegaron con los justo para superar la cantidad de votos del peronismo, que pretendía dinamitar la sesión con la vuelta a comisión. Mango había argumentado que había «un vicio de nulidad absoluta por el artículo 52 de la Constitución», que establece que por los aspectos tributarios del proyecto correspondía su ingreso por la Cámara de Diputados.
El peronista rionegrino Marcelo Mango sacó de la galera una moción para que regrese a la comisión el proyecto de ley y se revise su constitucionalidad. Aprovechó que el recinto estaba semivacío, porque los libertarios se habían ido a cenar, y Luis Petri, al mando de la sesión, se apuró a mensajear en el grupito de WhatsApp a sus colegas de bloque para que retornen.
Sin embargo, el secretario parlamentario, Adrián Pagán, dijo que la moción no podía hacerse porque requería quórum, con 129 legisladores sentados a sus bancas, y desde el peronismo contestaron entonces que la sesión debía declararse caída. La exradical macrista Silvana Giudici pidió la palabra para darle tiempo a la tropa oficialista para llegar a sus bancas, hasta que Menem habilitó la votación de la moción de Mango y consideró que el resultado arrojó un rechazo a mano alzada.
La propia Giudici planteó una moción de orden para que se vote en media hora el proyecto de ley en general y, aunque su iniciativa prevaleció, retiró su propuesta después de una reunión con todos los presidentes de bloque. La oposición se había quedado sin recursos para frenar la reforma.
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