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LOS SOLDADITOS DEL PLOMO

Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018) el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.

El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la  colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83  tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.

«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad  interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.

No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.

En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del  ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.

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  • Denuncian que las concesiones viales de Milei son inconstitucionales y triplican las tarifas de peajes

     

    El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) denunció que el régimen de concesiones viales con cobro de peaje que impulsa el gobierno de Javier Milei es «inconstitucional» y prevén presentaciones judiciales para frenar futuras licitaciones.

    «Es volver a un régimen nefasto que fracasó en los 90», dijo a LPO el titular del Conaduv, Ricardo Lasca, que habló de un sistema de «falso peaje» porque no hay tránsito para implementarlo ni se vuelca lo que se recauda al camino.

    «Vulnera la Constitución, al no contemplar la existencia de caminos alternativos libres de pago. Esta omisión implica una restricción indirecta al derecho constitucional de libre tránsito por el territorio nacional», denunciaron en Conaduv.

    En concreto, denuncian que los pliegos licitatorios solo contemplan tareas de mantenimiento de rutina (corte de pasto, limpieza y conservación), pero sin exigir una ampliación de las rutas a concesionar.

     De Capital a Bahía Blanca, van a existir ocho peajes y un camión va a pagar 35 millones de pesos por año sólo de peajes 

    Eso, mientras se prevé triplicar las tarifas y sumar 54 estaciones de peaje a las que ya existen, lo que representaría una frecuencia promedio de una estación cada 97 kilómetros.

    «El camión se multiplica por eje, va a pagar de 25 mil a 30 mil pesos en cada estación. De Capital a Bahía Blanca, van a existir ocho peajes y un camión va a pagar 35 millones de pesos por año sólo de peajes», ejemplificó Lasca.

    Otra irregularidad detectada es que el sistema de concesiones a 30 años que promueve el libertario no estipula un ente regulador, que debería tener dado que las concesiones viales tienen carácter de servicio público.

    Al final la primera obra pública de Milei se hará con fondos públicos

    Esa es otra de las razones por las que en la entidad analizan presentar una cautelar para detener el avance de licitaciones al menos hasta que se conforme por ley un ente regulador que integre a los usuarios.

    Sin embargo, señaló que los planteos deberían ser canalizados a través del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo sin cubrir hace 16 años y que recién por estos días se está discutiendo en el Congreso.

    Por eso, al momento hicieron una presentación vía el defensor del Pueblo del Chaco pero el trámite judicial se paralizó porque un defensor del Pueblo provincial no tiene legitimidad federal. También se presentó un amparo en Gualeguaychú para que se suspenda el cobro de peajes en todas las rutas nacionales pero no prosperó.

    En Conaduv analizan hacer una presentación judicial para detener el avance de licitaciones al menos hasta que se conforme por ley un ente regulador que integre a los usuarios.

    En Conaduv señalaron que el Gobierno recauda por año alrededor de 3.000 millones de dólares en concepto de Impuesto al Combustible que debería volcar a la red vial y que, desde la llegada de Milei, no destinó un peso. «Son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación», acusaron.

    LPO contó que, en contradicción con el relato libertario, la primera concesión tendrá un fuerte financiamiento del Estado a partir de créditos a tasas subsidiadas del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que depende de Economía.

    Se trata de las rutas 12 y 14, que tuvieron como gran ganador de la licitación a José Cartellone, empresario que está siendo juzgado en Cuadernos por 10 pagos de sobornos y que, si resulta condenado, el Estado debería revocarle la concesión.

    Milei le dio al imputado Cartellone la primera concesión de rutas, pero la perdería si lo condenan por Cuadernos

    «Se están premiando a empresas de la patria contratista», dijo Lasca para marcar otra contradicción del relato libertario, que hablaba de «Cámara Argentina de la Corrupción» al referirse a las constructoras contratistas del Estado.

    Al advertir que «las obras de envergadura para evitar los choques frontales no se van a ver» con el sistema impulsado por Milei, Lasca sostuvo que el sistema de peaje es inviable económicamente debido al bajo caudal de tránsito.

    El Gobierno culpa por los accidentes en la destruida ruta 3 a la «negligencia de los conductores»

    «En más de 35 años no se hizo un solo kilómetro de camino nuevo, lo poco que se hizo fue con fondos del Estado nacional o de las provincias», agregó el titular de Conaduv, que se había reunido por este tema con el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. «Da bronca cómo nos mintieron», expuso.

    En Conaduv pretenden que Vialidad Nacional -organismo que Milei intentó disolver-«reasuma la administración, mantenimiento y desarrollo de la red vial, priorizando un modelo de gestión pública transparente, con control ciudadano y destino específico de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles para obras». 

     

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