Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018)el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.
El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83 tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.
«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.
No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.
En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
Encuentro una dentadura postiza con quince dientes. Está guardada en un cajón, de esos que uno no abre con frecuencia. Justo al ladito de la dentadura, rodeado de un polvillo hay un papel cortado con la siguiente inscripción: vuelvo en quince minutos. Levanto la dentadura y el papelito, los coloco arriba de la mesa como…
Martín y Lule Menem quedaron expuestos ante la tropa libertaria, después de que Santiago Caputo les deschavara la cuenta Rufus que se dedicaba a hostigar a sus adversarios internos como el propio asesor, el ministro de Economía Toto Caputo y la senadora Patricia Bullrich.
El escándalo obligó al propio Milei a defender a Menem con un argumento tan inconsistente -«le armaron una operación»-, que la palabra presidencial quedó afectada no ya frente a la sociedad en general, si no frente a las propias bases libertarias.
Sin embargo, los primos que expandieron su influencia en el gobierno bajo la protección de Karina Milei no parecen preocupados por revisar su torpe estrategia digital. «Son indolentes», lo definió un diputado oficialista preocupado por la agudización de la interna con las Fuerzas del Cielo.
El cálculo de los riojanos es que, efectivamente, la pelea va a continuar. En el Salón Pasos Perdidos del Congreso, comentaron a LPO que ambos esperan «una blitzkrieg de Caputo y las Fuerzas del Cielo».
Pero un libertario erudito -que los hay- advirtió que «los Menem solo tienen una Línea Maginot», en referencia a la estrategia que el ministro de Defensa francés, André Maginot, propuso para defenderse del avance de Alemania. La «guerra relámpago» de los alemanes estragó rápidamente las fortificaciones que los galos construyeron durante seis años.
Los riojanos no pierden la calma, aunque saben que Santiago Caputo controla YPF, la SIDE y ARCA, acredita relaciones con gobernadores y un sector de Comodoro Py. «Que vengan», dicen en su entorno.
Pero los riojanos no pierden la calma, aunque saben que el asesor controla YPF, la SIDE y ARCA, acredita relaciones con gobernadores y un sector de Comodoro Py. «Que vengan», dicen en su entorno.
Los Menem están envalentonados por la hegemonía interna que lograron en el gobierno de Milei y el volumen que sumaron con las incorporación de Diego Santilli, pieza clave para conseguir los votos que les faltan en Diputados. Poder real al que se suma la alianza tejida con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que aceitó el desembarcó de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.
Pero no son pocos los funcionarios y dirigentes del oficialismo que observan con preocupación la escalada de la interna que dificulta al gobierno instalar una narrativa más positiva y lo mantiene bajo la tensión de los escándalos que se suceden, en muchos casos alimentados por la propia dinámica caníbal de los libertarios.
Menem intentó no perder la calma durante los momentos más álgidos de la sesión de este miércoles e, incluso, sobreactuó el tono canchero que cultiva para esconder el nerviosismo. En más de una ocasión, apeló al término «dipu» para pedirles amablemente a los legisladores opositores que cerraran sus discursos sin insumir más tiempo o no se engancharan en discusiones que podían agudizar la confrontación.
En efecto, recurrió a esas dos sílabas como apócope informal para pedirle a Juan Marino que culmine su cuestión de privilegio al final de la jornada pero, antes, lo hizo para rogarle a Horacio Pietragalla que volviera a su banca, cuando salió disparado para ir a buscar al tucumano Gerardo Huessen, quien desde la otra punta del recinto lanzaba improperios inaudibles contra el kirchnerismo después que Rodoldo Tailhade se quejara por las condiciones de detención de Cristina Kirchner en comparación con las que se conceden a los genocidas y los narcos, tal como informó LPO.
De hecho, Pietragalla cruzó todo el hemiciclo hasta la bancada libertaria junto con Javier Andrade y otros compañeros de su bloque pero Huessen se escondió detrás de los cortinados. O sea, la calidez de Menem hasta fue ociosa porque no había chances de trifulca.
Otro momento destacado por una diputada opositora que repara en los detalles se produjo cuando Menem decidió interrumpir abruptamente el discurso de cierre de Gabriel Bornoroni, antes de la votación de la ley Hojarasca. «Me corta rápido el micrófono a mí», dijo el cordobés, entre risas, pero marcando que no había finalizado su discurso.
El jueves 13 de septiembre el concejo deliberante (CD) de la ciudad aprobó por unanimidad otorgar un aporte económico a una de las tantas iglesias que se han instalado en nuestra ciudad durante los últimos años. Es sabido que la Constitución Nacional (CN) en su artículo 2 sostiene el culto católico apostólico romano pero también…
Luego de hacer su bajada por el Sendero de la Capilla y, repartir caramelos para todos los presentes, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron trasladados al Anfiteatro “Cono Randazzo” por los Bomberos Voluntarios en su autobomba. Allí los esperaban miles de niños, con toda la ilusión que genera, esperando por los sorteos y los espectáculos que…
