Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018)el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.
El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83 tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.
«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.
No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.
En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.
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La Argentina de la “libertad” tiene cada vez más ciudadanos obligados a depender exclusivamente del hospital público. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual, mientras las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios. El deterioro del empleo formal y el fuerte aumento de las cuotas de las prepagas aparecen como dos de los factores centrales detrás de una transformación que vuelve a cargar sobre el Estado las consecuencias de un modelo que prometía exactamente lo contrario.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Hay números que permiten discutir una política económica y hay números que obligan a discutir qué sociedad se está construyendo. Los datos difundidos a partir de registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Encuesta Permanente de Hogares, relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG), pertenecen a la segunda categoría: desde el comienzo del gobierno de Javier Milei 1.246.285 personas se incorporaron al universo de argentinos que no cuentan con obra social, prepaga ni mutual. La cifra surge de comparar los 9.428.131 ciudadanos que estaban en esa situación en el cuarto trimestre de 2023 con los 10.674.416 registrados en el primer trimestre de 2026. En paralelo, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, en un proceso asociado a la pérdida de empleo registrado y al deterioro de la cobertura laboral.
El resultado es contundente: quienes dependen exclusivamente del sistema público pasaron de representar el 32% al 35,6% de la población. No se trata, por lo tanto, de una modificación marginal de las preferencias de los usuarios ni de una simple reorganización administrativa de las obras sociales. Es una transferencia de personas hacia el sistema público de salud, en un contexto en el que el Gobierno nacional viene sosteniendo una política de ajuste y reducción del gasto estatal que también impacta sobre hospitales, programas sanitarios, medicamentos y organismos vinculados a la atención de la población.
El “mercado” de la salud expulsa a quienes no pueden pagarlo
La contradicción del modelo libertario aparece con particular crudeza cuando se observa qué ocurre con la medicina privada. El Gobierno puede presentar la desregulación como una ampliación de la libertad de elección, pero la libertad de elegir una prepaga desaparece cuando el salario no alcanza para pagarla. Y si, al mismo tiempo, se deteriora el empleo formal, también se debilita la principal vía mediante la cual millones de trabajadores acceden a una obra social.
Los datos relevados muestran precisamente esa combinación. La merma de afiliados coincide con la pérdida de puestos de trabajo formales y con el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, dos procesos que fueron modificando las condiciones materiales de acceso a la cobertura. La consecuencia concreta es que familias que durante años contaron con una cobertura privada o de seguridad social comenzaron a abandonar esos esquemas y quedaron dependiendo del hospital público.
El fenómeno también puede observarse dentro de las propias obras sociales. OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, perdió el 20,2% de sus beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la caída fue del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados. La única entidad mencionada en el relevamiento que logró expandirse fue OSDEPYM, vinculada al universo de trabajadores monotributistas.
La fotografía que dejan esos números es particularmente significativa porque las obras sociales no funcionan aisladas del mercado laboral: son una expresión directa de la estructura del empleo. Cuando se destruyen puestos registrados, se deterioran los ingresos o aumenta la precarización, también se resiente el sistema de seguridad social que se financia mediante los aportes de trabajadores y empleadores. Por eso reducir la discusión sanitaria a cuánto dinero se destina al Ministerio de Salud significa mirar apenas una parte del problema.
El dato que debería preocupar especialmente al Gobierno: los jóvenes
Hay otro número que desnuda todavía más profundamente el alcance del proceso. Entre los argentinos de 15 a 29 años, el 49,9% no cuenta con obra social, prepaga ni mutual y depende exclusivamente del sistema público. Son 438.790 jóvenes más en esa situación respecto del cuarto trimestre de 2023.
Es difícil separar este fenómeno de la crisis que atraviesa el ingreso de las nuevas generaciones al mercado laboral. Los jóvenes suelen ser los primeros afectados por la informalidad, los empleos de menor estabilidad y los salarios que pierden capacidad de compra. Si a eso se suma que las coberturas privadas aumentan por encima de la capacidad de pago de muchas familias, el resultado es previsible: la cobertura sanitaria deja de ser un derecho garantizado por la inserción laboral y empieza a depender cada vez más de la capacidad económica individual.
Y allí aparece una de las grandes paradojas de la experiencia libertaria. El discurso oficial plantea que el Estado debe retirarse para que los individuos puedan elegir libremente. Pero cuando el mercado expulsa a quienes no pueden pagar, esos mismos ciudadanos no desaparecen. Siguen necesitando atención médica. Van al hospital público, concurren a las guardias, requieren medicamentos, estudios, tratamientos y profesionales. El Estado no deja de existir: recibe la demanda, pero con menos recursos y mayores dificultades para atenderla.
La consecuencia puede ser un sistema sanitario cada vez más segmentado: quienes tienen ingresos suficientes conservan o compran cobertura privada; quienes tienen una relación laboral formal intentan sostener su obra social; y una porción creciente de la población queda directamente a merced del sistema público. La supuesta libertad de elección termina convirtiéndose, para millones, en una elección que nunca existió: pagar o quedarse afuera.
Una transferencia silenciosa hacia el hospital público
El dato central de este proceso no es solamente cuántas personas perdieron una cobertura. Es quién termina absorbiendo las consecuencias. Cuando una familia abandona una prepaga porque ya no puede pagar la cuota, la necesidad sanitaria continúa. Cuando un trabajador pierde su empleo formal, también pierde la estructura de cobertura asociada a ese trabajo. Y cuando una obra social pierde afiliados, su capacidad financiera puede deteriorarse, afectando también la calidad y disponibilidad de las prestaciones.
Por eso, el crecimiento de la población sin obra social, prepaga ni mutual debería ser leído como un indicador social y económico de primer orden. Entre fines de 2023 y comienzos de 2026, más de 1,24 millones de personas se incorporaron al universo que carece de esos tres tipos de cobertura.
La discusión excede, entonces, la clásica pelea entre “Estado” y “mercado”. En la Argentina, la salud siempre estuvo organizada alrededor de una combinación de sistema público, seguridad social y sector privado. El problema aparece cuando una de esas patas comienza a recibir cada vez más demanda mientras las otras pierden afiliados y capacidad de financiamiento.
Y mientras el Gobierno celebra la reducción de determinadas partidas como si fueran simples números de una planilla presupuestaria, del otro lado de esa planilla hay personas. Son trabajadores que ya no tienen obra social, familias que dejaron de pagar una prepaga, jóvenes que nunca lograron acceder a una cobertura y pacientes que, ante una enfermedad, terminan recurriendo al hospital público.
El modelo puede llamarlo “eficiencia”. Puede presentarlo como una consecuencia inevitable de ordenar las cuentas. Pero los números muestran otra cosa: una parte creciente de la sociedad argentina está siendo empujada hacia un sistema público que, paradójicamente, el mismo modelo económico pretende adelgazar.
La verdadera pregunta política ya no es cuánto puede reducirse el Estado. Es cuánto puede soportar una sociedad cuando cada vez más personas necesitan de él y, al mismo tiempo, el Gobierno decide retirarle recursos. Porque la salud no funciona como una mercancía cualquiera: cuando alguien deja de poder pagarla, no deja de enfermarse. Y esa cuenta, tarde o temprano, alguien tiene que pagarla.
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En una época donde las mujeres tenían enormes obstáculos para acceder a la educación superior, Cecilia Grierson decidió desafiar las reglas de su tiempo y convertirse en la primera médica argentina. Su trayectoria no fue solamente una conquista personal: abrió un camino para miles de mujeres que llegaron después a las universidades, impulsó la enfermería profesional, promovió la educación sanitaria y defendió derechos que todavía hoy forman parte de las discusiones sociales. A más de un siglo de sus primeros logros, su historia revela cómo la educación pública y el conocimiento pueden transformar una sociedad.
Por Redacción de NLI
En la Argentina de fines del siglo XIX, imaginar a una mujer dentro de una facultad de Medicina parecía, para buena parte de la sociedad, una provocación. La universidad era un espacio dominado casi exclusivamente por hombres y los prejuicios de la época sostenían que determinadas profesiones no estaban destinadas a las mujeres. En ese contexto apareció Cecilia Grierson, una joven que no solamente decidió estudiar Medicina, sino que tuvo que enfrentar resistencias institucionales, cuestionamientos sociales y obstáculos que iban mucho más allá de lo académico.
Su historia comienza en 1859, cuando nació en Buenos Aires dentro de una familia de origen escocés e irlandés. Desde joven conoció las dificultades económicas y la necesidad de trabajar. Antes de ingresar a la universidad se desempeñó como docente, una experiencia que sería fundamental en su vida porque entendió que la educación era una herramienta central para mejorar las condiciones de vida de la población.
La muerte de una amiga cercana por una enfermedad despertó en ella el interés por la medicina. En una época donde las mujeres eran frecuentemente relegadas a tareas vinculadas al hogar y al cuidado informal, Grierson decidió ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, un camino que no estaba preparado para recibir estudiantes mujeres.
Su ingreso no fue sencillo. Tuvo que demostrar permanentemente que podía cumplir con las mismas exigencias que sus compañeros varones y enfrentó miradas que cuestionaban su presencia en las aulas. No era solamente una estudiante intentando obtener un título profesional: representaba una ruptura con un orden social establecido.
Una pionera que no buscaba solamente un título
En 1889, Cecilia Grierson se convirtió en la primera mujer médica argentina. Pero reducir su trayectoria a ese dato sería insuficiente. Su verdadero legado está en todo lo que construyó después.
A diferencia de quienes podrían haber entendido su logro como una meta individual, Grierson utilizó sus conocimientos para ampliar el acceso de otras personas a la educación y a la salud. Creó instituciones vinculadas a la formación de enfermeras, impulsó la enseñanza de primeros auxilios y trabajó para mejorar la atención sanitaria.
En una Argentina que atravesaba un crecimiento urbano acelerado, con barrios populares donde las condiciones sanitarias eran muy deficientes, la medicina comenzaba a enfrentar nuevos desafíos. Las enfermedades infecciosas, la falta de infraestructura y las dificultades de acceso a profesionales capacitados exigían políticas públicas que fueran más allá de la atención individual.
Grierson comprendió que la salud no podía pensarse solamente desde el consultorio. La prevención, la educación y las condiciones sociales eran elementos fundamentales para mejorar la vida de la población.
Ciencia, educación y derechos de las mujeres
Uno de los aspectos más interesantes de su figura es que su lucha profesional estuvo conectada con una visión más amplia sobre el lugar de las mujeres en la sociedad.
Durante décadas participó en debates vinculados a la educación femenina, la formación profesional y los derechos civiles. En una época donde las mujeres tenían una participación política limitada y muchas restricciones legales, defendió la idea de que el acceso al conocimiento era una herramienta indispensable para alcanzar mayor autonomía.
Su pensamiento se adelantó a discusiones que luego ocuparían un lugar central durante el siglo XX. Para Grierson, una sociedad no podía desarrollarse plenamente si la mitad de su población quedaba excluida de la educación superior y de determinadas profesiones.
Su trayectoria también muestra la importancia de las instituciones públicas. La posibilidad de estudiar Medicina en la Universidad de Buenos Aires fue una herramienta decisiva para que una mujer pudiera romper una barrera histórica. Sin una universidad abierta y accesible, historias como la suya difícilmente hubieran sido posibles.
Un legado que sigue presente
Cecilia Grierson murió en 1934, pero su figura continuó creciendo con el paso del tiempo. Hoy es reconocida como una de las personalidades más importantes de la historia científica y social argentina.
Su nombre aparece asociado a hospitales, escuelas e instituciones educativas, pero su mayor legado no está solamente en esos homenajes. Está en las miles de médicas, investigadoras, enfermeras y científicas argentinas que continuaron un camino que ella comenzó cuando parecía imposible.
En momentos donde vuelve a discutirse el papel de la educación pública, el financiamiento de la ciencia y el lugar del conocimiento en el desarrollo nacional, la historia de Grierson adquiere una nueva dimensión. Su vida demuestra que la inversión en educación no produce resultados solamente inmediatos: construye generaciones capaces de transformar una sociedad.
La ciencia argentina tuvo momentos de enorme reconocimiento internacional porque durante décadas existieron universidades, hospitales, organismos de investigación y profesionales formados en un sistema que permitió que personas de distintos orígenes pudieran acceder al conocimiento.
La historia de Cecilia Grierson no es solamente la historia de una mujer que consiguió un título universitario antes que nadie. Es la historia de una Argentina que, a través de la educación y la ciencia, fue capaz de desafiar sus propios límites. Su vida recuerda que cada vez que una sociedad abre las puertas del conocimiento, no solamente cambia el destino de una persona: cambia también el futuro de un país entero.
