Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018)el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.
El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83 tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.
«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.
No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.
En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.
TRABAJADORXS SIN TRABAJO, COOPERATIVA SIN PRODUCCIÓN, INTERVENCIÓN ¿PARA QUÉ? Los trabajadorxs de la icónica Cooperativa La Reginense, nuevamente como hace menos de un año atrás, se encuentran reclamando nada más y nada menos lo que les pertenece: Sus sueldos, sus aportes, el pago de la obra social; y la reactivación de la empresa para poder…
El dirigente de la UATRE Eduardo Davico presentó este jueves una denuncia ante la Corte Suprema contra Elena Nolasco Highton, secretaria letrada del máximo tribunal e hija de la ex jueza Elena Highton de Nolasco, por sus vínculos con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La jugada se produjo luego que Santiago Caputo convenciera a Javier Milei de retirar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania de la comisión de Acuerdos del Senado, que debía dictaminar ambas postulaciones para la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal Económico, donde terminarían tramitando las causas contra Claudio «Chiqui» Tapia por presunta evasión.
Davico envió su escrito después que le dejaran un sobre anónimo en la puerta de su casa con información precisa sobre un vuelo privado que habrían compartido Nolasco Highton y Toviggino junto a Jorge Giani, esposo de la funcionaria judicial y presidente de la empresa Surco Seguros, conocida por negocios relacionados con el mundo del fútbol pero también la esfera sindical. Con un texto de 12 carillas, el sindicalista de Necochea sembró la inquietud sobre la cobertura que la hija de Highton podría facilitarle a la AFA en el cuarto piso de Tribunales.
De hecho, LPO informó que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asumió su cargo con el mandato de mitigar el apremio judicial de Tapia y Toviggino. Para eso, elevó no solo los pliegos que Milei decidió abortar sino también los de Rául Agustín Rubiero, Matilde Ballerini y Javier Cosentino, que falló en el juzgado Comercial N°8 a favor de la AFA en la causa de World Eleven. Los últimos tres siguen su camino en el Congreso.
No es casualidad que Mahiques haya escalado desde la Procuración General de la Ciudad al gabinete presidencial, en un acuerdo entre Karina Milei y Daniel «Tano» Angelici. Pero el desembarco del ministro funcionó, además, como un lubricante en la relación de la Casa Rosada con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, enfrentado ahora a Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Por propiedad transitiva, la denuncia de Davico sugiere connivencia entre el gobierno, el Ministerio de Justicia, el máximo tribunal y la AFA.
Nolasco, creen en la agrupación opositora de la UATRE, podría ser el dispositivo en las sombras para que en el Palacio Talcahuano terminen salvando a Tapia y Toviggino si las causas escalan desde los tribunales inferiores.
Juan Bautista Mahiques.
Según el documento de Davico, el trío de Nolasco, Giani y Toviggino viajó en un vuelo privado desde Miami al aeropuerto de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 2021, apenas 12 días después que el equipo de Lionel Messi levantara la Copa América en el Maracaná. Por entonces, regían en el país durísimas restricciones para la circulación por el rebrote del Covid19 y el segundo año de cuarentena, algo que torna más sospechoso el viaje de ida y vuelta en un día que compartieron los tres pasajeros entre Estados Unidos y Argentina.
La aeronave que los transportó es una modelo Gulfstream G450, con matrícula LV-GTQ y número de serie 4147. Se trata de un avión de lujo, operado por la firma Alas del Fin del Mundo SRL, y habría sido utilizado para traslados oficiales, incluyendo viajes del ex presidente Alberto Fernández a Bolivia en 2020 y compromisos internacionales de la AFA.
Nolasco, Giani y Toviggino viajó en un vuelo privado desde Miami al aeropuerto de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 2021, apenas 12 días después que el equipo de Lionel Messi levantara la Copa América en el Maracaná.
Líder de la oposición a José Voytenco en la UATRE, Davico advierte en su denuncia sobre la proximidad entre Nolasco, Giani y Toviggino «mediante vuelos privados compartidos, relaciones personales reconocibles, coincidencias reiteradas y vínculos con actores insertos en estructuras sometidas a investigaciones públicas y judiciales». «No se afirma aquí que Nolasco haya intervenido indebidamente en expediente alguno ni que haya ejercido influencia concreta sobre decisiones jurisdiccionales pero tampoco puede ignorarse que el estándar institucional exigible a una funcionaria de la Corte Suprema obliga precisamente a evitar situaciones capaces de generar sospechas razonables acerca de posibles condicionamientos, accesos privilegiados o relaciones impropias», sostiene.
El verdadero escudo defensivo de Chiqui Tapia y Toviggino es Giani, que mantiene negocios con la AFA y está casado con Nolasco, garante de la admisibilidad de una queja interpuesta por los dirigentes del fútbol ante la Corte Suprema en busca de impunidad.
Fuentes al tanto de la situación indicaron a LPO que la sospecha es que «el verdadero escudo defensivo de Chiqui Tapia y Toviggino es Giani, que mantiene negocios con la AFA y está casado con Nolasco, garante de la admisibilidad de una queja interpuesta por los dirigentes del fútbol ante la Corte Suprema en busca de impunidad».
En efecto, Giani sería socio de Julio Comparada, ex presidente del Club Atlético Independiente, en la aseguradora. Desde allí habrían cerrado una serie de contratos de seguro de los espectadores en estadios de fútbol y descuentos de aportes con sindicatos, sobre todo con aquellos ligados a Luis Barrionuevo.
Por eso, la denuncia de Davico promueve la investigación para determinar si hay conflicto de interés a partir del vuelo privado, entre el tesorero de la AFA y el dueño de una empresa que tiene contratos con la misma entidad. «Legalmente, esto se vuelve relevante si hubo beneficios personales indebidos, en caso que el vuelo haya sido un ‘regalo’, y eso deriva en protección judicial hacia Toviggino», dijo un allegado al dirigente gremial.
En el sindicato precisan que «lo que realmente importa jurídicamente, más que el vuelo en sí, es quién pagó el viaje, si hubo contraprestación, si se tomaron decisiones en la AFA que beneficiaron a Giani y si hubo intervención judicial donde exista conflicto».
El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.
La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.
El regreso del modelo de los ‘90
La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.
Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.
Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.
Tarifas, negocios y control social
El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.
La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.
El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.
Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.
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