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LOS SOLDADITOS DEL PLOMO

Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018) el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de gabinete Marcos Peña, no es alocado pensar en ajuste y represión, con la gente siendo el puente entre los fatídicos y costumbristas términos.

El planteo del presidente fue claro, sostener las funciones principales de las fuerzas tal como las conocemos y además agregar nuevas misiones, el punto que hace erupción en el consciente social es la  colaboración con la seguridad interior, esto rompe uno de los acuerdos fundamentales del periodo democrático de los argentinos, que desde el ‘83  tiene que ver con sostener el principio de demarcación que separa la defensa nacional para las fuerzas armadas y seguridad interior para las fuerzas de seguridad federal y policías provinciales. Este principio se ve corrompido de manera autoritarismo.

«Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional. Es importante que puedan colaborar con la seguridad  interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégicos», afirmó Macri sin aclarar cuáles serían esos eventos estratégicos, lo que abre una puerta a una libre interpretación en distintas situaciones que pueden, o no, ser catalogadas como eventos estratégicos. El abuso a un suspiro de distancia.

No hay que ser un gran memorioso para recordar lo que pasó en el país cuando las FFAA tuvieron libertad de accionar en asuntos de seguridad interior. El pueblo al igual que la oposición y otros dirigentes exigen que el debate se dé en el congreso y no en la mesa chica. «Sabemos q es necesario avanzar en un debate genuino sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, que nos permita reflexionar sobre la función de nuestras FFAA», dijo el presidente quien como toda la raza política Argentina tiene el don de no ser esclavo de sus palabras.

En febrero de este año Temer, Presidente de Brasil, intervino militarmente Rio de Janeiro con la excusa de enfrentar el delito común, al que calificó como “una metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población”. La firma de un decreto de este tipo es la primera desde el fin de la dictadura en 1985 y puso a militares del  ejército a cargo de la policía, bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río. La política neoliberalista del presidente brasilero es admirada y es reflejo para el gobierno nacional. Preocupa, inquieta y atemoriza; que en esta línea, la de defensa nacional; también sigamos los pasos de la doctrina Temer.

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    Otra cabeza que rueda: la salida de Baños expone el caos en Derechos Humanos y las internas que se devoran al gobierno

     

    La renuncia de Alberto Baños a la Subsecretaría de Derechos Humanos expone el derrumbe de una política pública que Milei convirtió en blanco predilecto. Su gestión estuvo marcada por despidos, censura, negacionismo y el vaciamiento sistemático de los espacios de memoria. Su salida revela la feroz interna que atraviesa al oficialismo, donde Santiago Caputo y sus alfiles avanzan sobre lo poco que queda en pie.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    Una renuncia que confirma el derrumbe

    El éxodo de funcionarios dentro del gobierno volvió a sumar un nombre clave: Alberto Baños dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) luego de meses de escándalos, retrocesos institucionales y conflictos internos. Su gestión, desde el primer día, fue sinónimo de degradación, persecución laboral y negacionismo explícito, culminando con un organismo reducido a un tercio de su estructura original.

    El mes pasado, Baños había representado al Estado argentino ante un comité de Naciones Unidas solo para minimizar el terrorismo de Estado, atacar a los organismos de derechos humanos y retomar el discurso negacionista de los 30.000 desaparecidos como “invención con fines económicos”.

    Un funcionario sin credenciales y con un prontuario político

    Baños llegó al cargo de la mano de su amigo Mariano Cúneo Libarona, arrastrando antecedentes polémicos: como juez, no investigó la desaparición del policía Arshak Karhanyan y permitió la excarcelación del ministro de la dictadura José Martínez de Hoz. Su paso por la SDH no mejoró esa imagen: despidos masivos, falta de designación de cargos clave y presencia de efectivos de la Policía Federal custodiando la sede dentro de la ex ESMA, un espacio de memoria que debería ser lo contrario a un cuartel.

    Cierres, censura y persecución en los espacios de memoria

    El inicio del año fue brutal. De un día para el otro, y a través de un simple mensaje de WhatsApp enviado por su secretaria, se anunció el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y la licencia de todo su personal. Baños prometió su reapertura en varios medios, pero el Conti nunca volvió a abrir.

    Tampoco dudó en censurar actividades ya programadas, impedir un recital en la ex ESMA e ir a la Justicia para prohibir eventos en El Faro, el sitio de memoria de Mar del Plata. Su estrategia fue clara: vaciar, silenciar y despedir.

    Una agenda alineada con los sectores más reaccionarios

    Baños también impulsó una “solución amistosa” ante la CIDH que equiparaba acciones de grupos guerrilleros con delitos de lesa humanidad, una maniobra repudiada incluso por especialistas internacionales.

    Y mientras desarticulaba políticas públicas, mantenía línea directa con Ricardo Saint Jean, referente de Justicia y Concordia, organización conocida por militar beneficios para represores. Fuentes internas revelaron que Saint Jean le marcaba cada paso para lograr nuevas domiciliarias.

    Además, permitió que Luis Petri y Patricia Bullrich atacaran públicamente a la Conadi, a la que definieron como un organismo “militante”.

    La degradación institucional como política de Estado

    El golpe final llegó en mayo, cuando Baños aceptó rebajar la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría. En simultáneo, el Museo Sitio ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria fueron degradados y quedaron bajo la órbita del CIPDH, un espacio cada vez más ocupado por funcionarios cercanos a Santiago Caputo, el verdadero poder en las sombras del gobierno.

    Las internas que estallaron por los aires

    Desde la llegada de Milei, Cúneo Libarona quedó pintado al óleo frente al avance de su número dos, Sebastián Amerio, alfil directo del asesor presidencial. Baños, por su parte, sintió el avance de las “fuerzas del cielo” que han copado el CIPDH y que responden, sin escalas, a Caputo.

    La situación se volvió insostenible cuando reapareció Alfredo Vitolo, viejo conocido del macrismo y defensor público del “perdón” a los represores. Vitolo fue designado como director nacional de Asuntos Jurídicos de la SDH y no tardó en chocar con Baños.

    Su desplazamiento quedó sellado cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una foto de Vitolo representando al país en una reunión donde Baños debía estar presente. Minutos después, a las 19.04, presentó su renuncia.

    Una salida prolija para tapar un desastre

    En su carta, Baños habló de “casi dos años de esforzada labor” y de “dejar a otros que continúen forjando un mejor país”. Cúneo Libarona lo despidió como a un “excelente funcionario”.

    Pero para los trabajadores despedidos, los organismos de derechos humanos y los espacios de memoria vaciados, su gestión fue una pesadilla.

    Por ahora, no hay reemplazo confirmado. Lo único seguro es que la SDH, que alguna vez fue un organismo emblemático, hoy es un cascarón vacío, víctima del desmantelamiento planificado por Milei y las internas feroces que se devoran al propio gobierno.

     

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