Los ingresos deberán hacerse por terminación de DNI en la página www.anses.gob.ar con la Clave de la Seguridad Social, y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria.
El orden de ingreso será el siguiente: sábado 11, los titulares de DNI terminados en 0 y 1; domingo 12, los beneficiarios de DNI finalizados en 2 y 3; el lunes 13, los terminados en 4 y 5; el martes 14, los finalizados en 6 y 7; y el miércoles 15 deberán ingresar los titulares de los DNI terminados en 8 y 9.
En el caso de aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, la Anses informó que “podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana”.
La Anses advirtió que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.
La Administración recordó que los solicitantes están en condiciones de acceder a este beneficio siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; o de ser monotributista de categoría “C” o superior, o del régimen de autónomos; o de una prestación de desempleo.
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La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.
«Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».
La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.
El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.
El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.
El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.
Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.
El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.
El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.
El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.
Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.
El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.
La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.
El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.
Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.
La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.
Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.
La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles.
El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.
Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.
El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza.
La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos.
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El ataque a balazos contra efectivos de fuerzas federales afectados a la seguridad en un barrio de alta conflictividad en Rosario aparece como un hecho oscuro. El ataque fue en un pasillo de Villa Banana donde funciona un bunker de drogas. Desde allí abrieron fuego contra dos empleados de la Policía Federal. Uno de ellos murió en el acto. El segundo se encuentra internado en muy grave estado.
El efectivo que murió es el agente Rodolfo Arnaldo Manfredi, tenía 30 años, pertenecía a la Policía Federal y estaba afectado al Plan Bandera, que realiza tareas preventivas y operativas de manera fija en ocho zonas priorizadas por la violencia. El otro policía que recibió disparos es el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, de 34 años, oriundo de Santiago del Estero. Según fuentes médicas reportaron a LPO, uno de los balazos le perforó diafragma e intestino grueso, lo que motivó que lo operaran. Este viernes al anochecer evaluaban su traslado al Hospital Churruca en Buenos Aires.
Ocurrió en la zona de un bunker que se atribuye al grupo de Leonardo Dalmacio Saravia, conocido como Leo Rey Saravia, un aliado del Ariel «Viejo» Cantero, antiguo líder de la banda de Los Monos, quien en 2023 fue condenado por portación de armas a cuatro años de prisión. Pero que antes estuvo imputado por asociación ilícita y delitos violentos.
El gobierno nacional dispuso que Martín Ferlauto, número dos del Ministerio de Seguridad, viajara a Rosario. «Hemos perdido a un agente que puso su vida para defender a la patria. Es un héroe. Vamos a despedirlo como tal. Murió cumpliendo con el deber y merece nuestra memoria», dijo el funcionario. Al final de la tarde el caso pasó a manos de fiscales de la Procuración del Narcotráfico (Procunar) de la Justicia Federal.
En primer plano, ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y secretario de Seguridad de la Nación Martín Ferlauto, en Rosario tras el ataque a balazos a policías federales en un bunker de drogas
Hubo inicialmente dos civiles detenidos en la zona del incidente. Uno de ellos quedó preso y será imputado en audiencia este lunes por el fiscal federal Matías Scilabra.
A esta hora lo más controvertido de este incidente aún en investigación inicial es qué hacían los policías en el interior de Villa Banana, en un pasillo situado en cercanías de Gutenberg y Gálvez, en la zona oeste rosarina. Es una zona de gran conflictividad. Según los primeros relatos ofrecidos por testigos, los policías que llegaron al lugar en compañía del chofer de la patrulla, el agente Ricardo Barrios Zabala, se bajaron a las 23 de este jueves en una zona peligrosa sin vestimenta que los identificara de manera clara como personal policial, ni tampoco con el chaleco antibalas reglamentario.
Un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación consultado por este medio dijo que se trata de establecer esa circunstancia que es llamativa. «En principio no se encontraban realizando tareas de inteligencia que es lo que podría explicar que no llevaran el uniforme reglamentario». Si realizaban labores propias del trabajo preventivo deberían haber llevado uniforme y, según distintos testigos iniciales, solo llevaban pantalones y camperas de uso civil.
Luego esto fue relativizado por el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien señaló a LPO que los policías efectivamente no llevaban chalecos, pero que calzaban camperones de uso regular de la Policía Federal.
Los policías estaban afectados a la Dirección de Investigaciones Federales (DFI) de la Policía Federal. Las primeras impresiones producen incertidumbre a los investigadores por el aparente desapego a los protocolos policiales de los efectivos atacados. Estos habrían bajado de un móvil de la fuerza identificable sin ir vestidos de manera clara como policías y, según testimonios que se consideran, caminado hacia un puesto de venta de drogas. Desde allí se habrían empezado a acumular personas, según declararon, y habrían provenido los disparos.
«Eran unas 15 personas en total, estaban en motos, y fue una cortina de balas contra los policías. Hubo intercambio de disparos», indicó a LPO un participante de la preliminar pesquisa judicial. «No se advierte a priori nada irregular en el accionar de los policías pero sí luce extraño que hayan actuado en esa área difícil a esa hora», agregó.
Las referencias oficiales indican que los policías fueron atacados a balazos cuando se disponían a identificar a un grupo de personas que estaban en el lugar. La Policía Federal indica que identificar personas en zonas conflictivas es una práctica regular de esta fuerza. No lo es de otras como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que también participan en el Plan Bandera.
Una versión que recogió LPO y que proviene de la misma repartición a al que pertenecen los policías atacados indica que desde la superioridad los mandaron a intentar una compra de droga como forma de asegurar evidencia del lugar ilícito. No se entiende entonces que hayan llegado en un patrullero -móvil 13205- hasta el borde mismo del corredor donde está el búnker de drogas y donde se produjo la balacera.
Analistas de temas criminales que trabajan en investigaciones penales tienen otra idea. Estos afirman que existe una tolerancia de sectores de fuerzas de seguridad santafesinas que admiten la compraventa de drogas en determinadas zonas calientes a cambio de garantizar el no ejercicio de la violencia. En ese sentido la presencia de policías que pudieron haber ido a pedir o hacer algo por fuera del acuerdo, aún sin objetar que sea algo legal, supuso algún punto de ruptura. O bien porque no era claro que estuvieran uniformados. O porque tenían una fisonomía que llamó la atención. Según les atribuyen a propios camaradas de la Policía Federal que dicen que al menos uno de los policías atacados -tez clara ojos claros- tenían rasgos físicos que habrían sido llamativos.
Gómez Villafañe, el policía herido tenía el vaso, diafragma e intestino grueso perforados. Está intubado, con gran pérdida de sangre y se le practicó una colostomía. «Fue un hecho gravísimo. Se ha perdido la vida de un efectivo de la Policía Federal Argentina que, además, formaba parte de un trabajo conjunto entre Nación y provincia. Acompañamos a su familia y a todas las fuerzas federales en este momento tan doloroso», dijo el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
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