Los ingresos deberán hacerse por terminación de DNI en la página www.anses.gob.ar con la Clave de la Seguridad Social, y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria.
El orden de ingreso será el siguiente: sábado 11, los titulares de DNI terminados en 0 y 1; domingo 12, los beneficiarios de DNI finalizados en 2 y 3; el lunes 13, los terminados en 4 y 5; el martes 14, los finalizados en 6 y 7; y el miércoles 15 deberán ingresar los titulares de los DNI terminados en 8 y 9.
En el caso de aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, la Anses informó que “podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana”.
La Anses advirtió que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.
La Administración recordó que los solicitantes están en condiciones de acceder a este beneficio siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; o de ser monotributista de categoría “C” o superior, o del régimen de autónomos; o de una prestación de desempleo.
El gobierno porteño avanza con la demolición de las casas ocupadas de la ex AU3 y este año subastará cinco terrenos que estaban intrusados. En paralelo, la Ciudad tendrá listos en 2027 110 departamentos para mudar los antiguos ocupantes.
La AU3 fue una autopista planificada por la última dictadura que nunca llegó a concretarse. Buscaba una salida/entrada desde provincia por el norte de la Ciudad a través de los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita.
Para ejecutar la traza se expropiaron decenas de propiedades, pero el proyecto nunca comenzó. Por eso, los barrios se llenaron de terrenos baldíos y las casas que no habían llegado a demolerse fueron ocupadas.
En algunas zonas, como el eje Donado-Holmberg, la Ciudad avanzó con desarrollos durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la mayoría de las propiedades continuaron ocupadas.
La Ley 6769 prevé la relocalización de las familias que ocupan las viviendas que estaban en la traza de la ex AU3. Esas viviendas luego son demolidas y se subastan los terrenos para emprendimientos inmobiliarios. Pero antes de demolerlas, las familias deben ser reubicadas en otra vivienda.
Para desarrollar las soluciones habitacionales, la traza de la ex AU3 se dividió en seis sectores. El sector 4, que comprende las casas intrusadas desde Juan B Justo a Avenida de los Incas es el que está en ejecución.
Render de los futuros edificios.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Gabriel Mraida acordaron avanzar con 6 nuevos edificios para mudar a los ocupantes y adjudicaron los proyectos en diciembre de 2025. Entre enero y octubre de 2027 estarán listos.
Los edificios están ubicados en Tronador 1131, en Córdoba 6520, en Córdoba 6210, en Humboldt 1235, en Darwin 1251 y en Forest 1083.
Para 2026 están previstas subastas de terrenos en Charlone 1645 (sector 4), Brasil 3219 (sector 4), La Pampa y Donado (sector 5), Sucre 4258 (sector 5) y Donado 1761/71 (sector 5).
«Se configura un circuito integral: la construcción de nuevas viviendas permite la relocalización de familias; esa relocalización habilita la demolición de los inmuebles ocupados; y la liberación de los lotes posibilita tanto nuevas obras como subastas, que a su vez generan recursos para sostener y ampliar el programa», sostuvieron desde el Ministerio de Desarrollo.
Entre 2024 y 2025 se construyeron 45 viviendas y 3 locales que sirvieron para relocalizar a 42 familias. La mudanza de estas familias permitió la subasta de 4 parcelas por casi 5 millones de dólares.
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El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.
Por Tomás Palazzo para NLI
Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.
La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.
Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables
La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen
La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.
En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.
La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.
Una excepción que amenaza con convertirse en regla
Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.
La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.
Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.
El ataque a balazos contra efectivos de fuerzas federales afectados a la seguridad en un barrio de alta conflictividad en Rosario aparece como un hecho oscuro. El ataque fue en un pasillo de Villa Banana donde funciona un bunker de drogas. Desde allí abrieron fuego contra dos empleados de la Policía Federal. Uno de ellos murió en el acto. El segundo se encuentra internado en muy grave estado.
El efectivo que murió es el agente Rodolfo Arnaldo Manfredi, tenía 30 años, pertenecía a la Policía Federal y estaba afectado al Plan Bandera, que realiza tareas preventivas y operativas de manera fija en ocho zonas priorizadas por la violencia. El otro policía que recibió disparos es el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, de 34 años, oriundo de Santiago del Estero. Según fuentes médicas reportaron a LPO, uno de los balazos le perforó diafragma e intestino grueso, lo que motivó que lo operaran. Este viernes al anochecer evaluaban su traslado al Hospital Churruca en Buenos Aires.
Ocurrió en la zona de un bunker que se atribuye al grupo de Leonardo Dalmacio Saravia, conocido como Leo Rey Saravia, un aliado del Ariel «Viejo» Cantero, antiguo líder de la banda de Los Monos, quien en 2023 fue condenado por portación de armas a cuatro años de prisión. Pero que antes estuvo imputado por asociación ilícita y delitos violentos.
El gobierno nacional dispuso que Martín Ferlauto, número dos del Ministerio de Seguridad, viajara a Rosario. «Hemos perdido a un agente que puso su vida para defender a la patria. Es un héroe. Vamos a despedirlo como tal. Murió cumpliendo con el deber y merece nuestra memoria», dijo el funcionario. Al final de la tarde el caso pasó a manos de fiscales de la Procuración del Narcotráfico (Procunar) de la Justicia Federal.
En primer plano, ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y secretario de Seguridad de la Nación Martín Ferlauto, en Rosario tras el ataque a balazos a policías federales en un bunker de drogas
Hubo inicialmente dos civiles detenidos en la zona del incidente. Uno de ellos quedó preso y será imputado en audiencia este lunes por el fiscal federal Matías Scilabra.
A esta hora lo más controvertido de este incidente aún en investigación inicial es qué hacían los policías en el interior de Villa Banana, en un pasillo situado en cercanías de Gutenberg y Gálvez, en la zona oeste rosarina. Es una zona de gran conflictividad. Según los primeros relatos ofrecidos por testigos, los policías que llegaron al lugar en compañía del chofer de la patrulla, el agente Ricardo Barrios Zabala, se bajaron a las 23 de este jueves en una zona peligrosa sin vestimenta que los identificara de manera clara como personal policial, ni tampoco con el chaleco antibalas reglamentario.
Un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación consultado por este medio dijo que se trata de establecer esa circunstancia que es llamativa. «En principio no se encontraban realizando tareas de inteligencia que es lo que podría explicar que no llevaran el uniforme reglamentario». Si realizaban labores propias del trabajo preventivo deberían haber llevado uniforme y, según distintos testigos iniciales, solo llevaban pantalones y camperas de uso civil.
Luego esto fue relativizado por el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien señaló a LPO que los policías efectivamente no llevaban chalecos, pero que calzaban camperones de uso regular de la Policía Federal.
Los policías estaban afectados a la Dirección de Investigaciones Federales (DFI) de la Policía Federal. Las primeras impresiones producen incertidumbre a los investigadores por el aparente desapego a los protocolos policiales de los efectivos atacados. Estos habrían bajado de un móvil de la fuerza identificable sin ir vestidos de manera clara como policías y, según testimonios que se consideran, caminado hacia un puesto de venta de drogas. Desde allí se habrían empezado a acumular personas, según declararon, y habrían provenido los disparos.
«Eran unas 15 personas en total, estaban en motos, y fue una cortina de balas contra los policías. Hubo intercambio de disparos», indicó a LPO un participante de la preliminar pesquisa judicial. «No se advierte a priori nada irregular en el accionar de los policías pero sí luce extraño que hayan actuado en esa área difícil a esa hora», agregó.
Las referencias oficiales indican que los policías fueron atacados a balazos cuando se disponían a identificar a un grupo de personas que estaban en el lugar. La Policía Federal indica que identificar personas en zonas conflictivas es una práctica regular de esta fuerza. No lo es de otras como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que también participan en el Plan Bandera.
Una versión que recogió LPO y que proviene de la misma repartición a al que pertenecen los policías atacados indica que desde la superioridad los mandaron a intentar una compra de droga como forma de asegurar evidencia del lugar ilícito. No se entiende entonces que hayan llegado en un patrullero -móvil 13205- hasta el borde mismo del corredor donde está el búnker de drogas y donde se produjo la balacera.
Analistas de temas criminales que trabajan en investigaciones penales tienen otra idea. Estos afirman que existe una tolerancia de sectores de fuerzas de seguridad santafesinas que admiten la compraventa de drogas en determinadas zonas calientes a cambio de garantizar el no ejercicio de la violencia. En ese sentido la presencia de policías que pudieron haber ido a pedir o hacer algo por fuera del acuerdo, aún sin objetar que sea algo legal, supuso algún punto de ruptura. O bien porque no era claro que estuvieran uniformados. O porque tenían una fisonomía que llamó la atención. Según les atribuyen a propios camaradas de la Policía Federal que dicen que al menos uno de los policías atacados -tez clara ojos claros- tenían rasgos físicos que habrían sido llamativos.
Gómez Villafañe, el policía herido tenía el vaso, diafragma e intestino grueso perforados. Está intubado, con gran pérdida de sangre y se le practicó una colostomía. «Fue un hecho gravísimo. Se ha perdido la vida de un efectivo de la Policía Federal Argentina que, además, formaba parte de un trabajo conjunto entre Nación y provincia. Acompañamos a su familia y a todas las fuerzas federales en este momento tan doloroso», dijo el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que hoy y mañana se estará trabajando con la máquina motoniveladora en los barrios Don Rodolfo y Mitre. Por esta razón se solicita a los vecinos no dejar los vehículos estacionados para posibilitar el paso de la máquina. (Foto archivo) Difunde esta…
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