Los ingresos deberán hacerse por terminación de DNI en la página www.anses.gob.ar con la Clave de la Seguridad Social, y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria.
El orden de ingreso será el siguiente: sábado 11, los titulares de DNI terminados en 0 y 1; domingo 12, los beneficiarios de DNI finalizados en 2 y 3; el lunes 13, los terminados en 4 y 5; el martes 14, los finalizados en 6 y 7; y el miércoles 15 deberán ingresar los titulares de los DNI terminados en 8 y 9.
En el caso de aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, la Anses informó que “podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana”.
La Anses advirtió que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.
La Administración recordó que los solicitantes están en condiciones de acceder a este beneficio siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; o de ser monotributista de categoría “C” o superior, o del régimen de autónomos; o de una prestación de desempleo.
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En siete días dos avionetas que salieron de Bolivia reventando de cocaína aterrizaron en pistas improvisadas en la zona central de Santa Fe. A la primera, que traía 400 kilos, la estaban esperando en la ciudad de Vera gracias a información de la DEA norteamericana. La segunda supuso una intervención menos planificada: los fiscales que seguían a dos miembros locales del grupo narco supieron de golpe que una Cessna iba a posar en un campo a 90 kilómetros de Rosario.
La detección del aterrizaje inminente hizo que se ordenara a un grupo de Gendarmes en la zona apostarse en el lugar del destino. Allí ya estaba la avioneta posada con 321 kilos de cocaína. Los que la habían esperado, sorprendidos, treparon a dos vehículos. Con uno de ellos le pasaron por encima a un uniformado que intentaba frenarlos, que está internado en terapia intensiva en Rosario, con fractura de cráneo y pronóstico reservado.
Este viernes al menos cuatro personas conectadas con este último vuelo serán imputadas en la Justicia Federal por contrabando de cocaína. Dos son los hermanos Juan Cruz y Santiago Emanuel Borras, considerados por la Procuración de Narcotráfico (Procunar) los encargados de la logística de la operación: la definición del lugar de llegada y el traslado de la carga de cocaína. Los otros dos detenidos son el piloto y el copiloto de la avioneta, ambos bolivianos.
En el origen de este caso también hay un seguimiento y una avioneta. El 11 de noviembre del año pasado en un campo en Arequito, también Santa Fe, se encontró abandonada una Cessna 210 con una avería aparente por un aterrizaje obligado. Adentro del habitáculo se encontró un teléfono celular. La extracción de su contenido disparó una pesquisa que se centró en algunos contactos de agenda. Entre ellos los hermanos Borras, uno de los cuales tiene domicilio en las afueras de Rosario, en la ciudad de Roldán, y tuvo una condena por drogas en 2014, por la que debía estar en prisión domiciliaria. Ninguno de los dos hermanos tiene antecedentes por actos violentos.
Siguiendo ese teléfono este martes un equipo liderado por el fiscal federal Matías Scilabra de Procunar Rosario recibió la información de un súbito aterrizaje y las coordenadas de la zona. Allí los que recibían a la avioneta fueron sorprendidos en mitad del campo, cerca del límite con Córdoba, y en la huida los hermanos Borras atropellaron a uno de los gendarmes, que está internado grave en el sanatorio Laprida de Rosario. Fueron detenidos cerca de Melincué, en el sur santafesino, y este viernes serán imputados de contrabando de estupefacientes y, se analizaba, el que manejaba de tentativa de homicidio. Los dos pilotos bolivianos también intentaron huir pero fueron apresados. Al costado de la avioneta quedó la carga que no alcanzaron a movilizar.
En la investigación sobre este grupo hay varias cosas en definición y una certera. Esta última es que esta línea de droga boliviana no tiene que ver con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo detenido hace dos meses en Santa Cruz de la Sierra y extraditado a Estados Unidos, que tiene fuertes conexiones con Paraguay y presuntamente socio del diputado Lalo Gomes de ese país, asesinado en su casa en 2024. Se está definiendo si uno de los hermanos Borrás tiene conexiones con Alejandro Zamudio, un hombre detenido en 2024 sospechado de estar en la trama de la organización del homicidio de Andrés Pillín Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central asesinato a tiros en noviembre de ese año. También llamó la atención que uno de los hermanos trabaja en una terminal portuaria del Gran Rosario, en tanto aparece ligado a la logística del narcotráfico, dado que la movilidad de los cargamentos hacia ultramar se define en ocasiones probadas a través de la hidrovía del río Paraná.
«Los Borrás como la inmensa mayoría de los logísticos no son los dueños de la droga. Lo que hacen es lo que caracteriza a muchos operadores de esta zona. Que tienen, ya no hablando de estos hermanos, como función la unión del comprador con el vendedor: bajan la mercadería, la ponen en un puerto y la sacan a despachos de Europa u otros destinos continentales», le dijo a LPO uno de los que trabajó en esta investigación.
Un punto notorio que tienen estas dos detecciones de avionetas con cocaína boliviana y que aparece como una novedad es el hecho de que los traslados aéreos ya no necesitan la etapa de una escala previa para la que en general se utilizaba suelo paraguayo, en especial el área del Chaco. La autonomía del Cessna 210 como los ahora localizados en estas pistas santafesinas, que son caminos rurales, es de unos dos mil kilómetros que se reduce por el peso de la carga. No obstante fuentes de Gendarmería Nacional contaron a este medio que los transportadores, para evitarse la escala, están reabasteciendo en vuelo las avionetas. No mediante el método de los aviones militares sino de modo más casero: Utilizan bidones de importante porte con una manguera conectada al tanque y por eso es necesario un segundo ocupante que se suma al piloto: para que realice esta tarea.
El pasado 5 de mayo, con datos de la agencia norteamericana DEA, la Procunar había esperado con agentes federales la llegada de una avioneta a un campo llamado Don Julio en adyacencias de la ciudad de Vera, 440 kilómetros al noroeste de Rosario, que se posó allí con 442 kilos de cocaína. La avioneta era una Cessna 210. Seguían esta operación desde septiembre del año pasado.
El dueño de ese cargamento, por las interceptaciones de teléfonos, era el boliviano José Pedro Rojas Velazco, conocido como «Pepa», quien era un miembro comprobado de la red de Marset. El tráfico se organizó con Pepa en vida, quien no se enteró de la detención de sus pilotos en Santa Fe: lo mataron a tiros hace veinte días, el pasado 26 de abril, mientras disputaba una carrera de rally. Pero Pepa tenía entre sus interlocutores a un abonado argentino que fue crucial para detectar los pasos de la banda narco sobre la preparación del arribo del vuelo.
Hace diez días los detenidos en Vera por este cargamento fueron llevados a audiencia de imputación en la Justicia Federal de Rosario, donde el juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz les impuso 180 días de prisión preventiva.
Rojas Velasco mantenía contacto con Brian Bilbao, un narcotraficante de Rosario que en noviembre pasado fue detenido en Pavón, en el sur santafesino, en un operativo en el que le secuestraron 956 kilos de cocaína en su vehículo, también procedente de Bolivia.
La extradición de Marset además tiene impacto en la reconfiguración del mapa narco en la parte sur de Sudamérica. El uruguayo Marset no era un simple capo: controlaba importantes segmentos del tráfico por la hidrovía y operaba como el gerente de una multinacional con sede en Bolivia. Su deportación a Estados Unidos en marzo de 2026 rompió la unidad de mando y fragmentó su estructura.
Las chances del juez federal de la Seguridad Social Fernando Strasser de ascender a camarista quedaron reducidas por un motivo inesperado. Ocurre que hace diez días otro juez, que se defiende con uñas y dientes de que lo manden a juicio político, lo mandó al frente. Sostuvo que en su momento Strasser, en el concurso con el que buscaba ser magistrado, ocultó que había tenido una sanción como funcionario judicial. Y eso ahora tiene consecuencias que pueden sacarlo de carrera.
En 2014 Strasser concursó para ser juez subrogante. En ese momento no consignó que cuando era secretario del juzgado federal 8 de la Seguridad Social había recibido una sanción de 30 días por un proceso disciplinario. El que recordó eso hace diez días fue el juez federal de Rosario Gastón Salmain. Que hizo lo mismo cuando concursó en 2017: omitió decir que en 2002 la Corte Suprema de la Nación lo dejó cesante de su cargo de empleado de la Justicia Federal por haber ofrecido una coima a una secretaria de tribunal para direccionar un expediente.
¿Por qué Salmain botoneó así a Strasser? Para tener un argumento defensivo. Lo que dijo es que el reglamento de concursos exige hacer constar antecedentes de los últimos diez años de la compulsa, y que cuando él era examinado había pasado más tiempo. Pero además dijo que otros candidatos habían tenido sanciones y eso no les había impedido ser designados. Ahí dio el ejemplo de Strasser. Sin nombrarlo, pero dando datos inequívocos de que hablaba de su caso.
La referencia difícilmente ayude a Salmain, porque el Consejo de la Magistratura decidió el jueves llevar su caso al plenario, donde pueden suspenderlo e iniciar el proceso para su destitución. Pero los dichos pusieron en alerta a los consejeros, que dijeron que si se comprueba lo que dijo el polémico juez de Rosario, el Senado no deberá aprobar el pliego de Strasser.
Con buenas relaciones con el macrismo, ahora impulsado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, Strasser es un magistrado oriundo de la ciudad de Buenos Aires con reiterados cuestionamientos de sectores políticos y jurídicos amplios que lo califican de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar «el Bonadío de la seguridad social».
Strasser fue cuestionado por sectores políticos y jurídicos que lo calificaban de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar el Bonadío de la seguridad social
Lo que dijo Salmain implicó que esta semana le abrieran un expediente en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Fue a partir de una presentación de Yamil Castro Bianchi, abogado de Salmain, en referencia a la omisión del dato de la sanción del juez de Rosario. Y a las constancias del descargo de Salmain, donde señala que Strasser también pasó de largo en su momento de su primer concurso, cuando no dijo que lo habían sancionado.
Salmain conocía bien el ejemplo que daba. Antes de que lo echaran por ofrecer un soborno en 2002, trabajaba también, con el cargo de secretario, en el juzgado federal 8 de la Seguridad Social. Era el mismo donde sancionaron a Strasser con un mes de suspensión y el congelamiento de haberes. Según dos miembros la Justicia Federal y del Consejo dijeron a LPO, Salmain fue despedido en el mismo año cuando trabajaba allí.
El abogado de Salmain hizo algo más: pidió al Consejo la nulidad «absoluta e insanable» del concurso 253 con el que Strasser fue nombrado juez subrogante, por haber omitido las sanciones disciplinarias que tuvo.
En 2014 el Consejo fue advertido de esa omisión. Pero por una rosca de los consejeros, contaron desde adentro, todos menos uno consideraron que no haber dicho nada de que lo habían sancionado no sería motivo de objeción. Con eso terminó nombrado.
Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado.
Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado
Sobre todo porque en 2023, cuando tuvo la entrevista en el Consejo de la Magistratura, a Strasser le volvieron a preguntar si había tenido sanciones. El que hizo la pregunta, directa, fue Guillermo Tamarit. Strasser respondió que no y así lo atestigua el registro en audio de esa sesión del organismo que evalúa a los jueces y a los que son candidatos a serlo.
Ahora el Consejo tiene en una carpeta la resolución 31 del Tribunal de Superintencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social que en 2001 sancionó por 30 días con suspensión sin goce de haberes a Strasser. Un año después la Corte ratificó la medida aunque excluyó afectarle su sueldo.
Si fuera por la letra estricta del reglamento 11 del reglamento de concursos, solo hay que mencionar antecedentes de los últimos diez años a la fecha de la prueba. El senador nacional y consejero Luis Juez descalificó este jueves la entidad de esa normativa y, sobre todo, su lógica política. «¿A ustedes les parece que da lo mismo que el Senado cuando evalúa a alguien que va a ser juez hasta los 75 años sepa que esa persona tuvo sanciones o no sepa?», fue su pregunta. Justamente lo decía porque él se comió la situación de avalar a Salmain en 2017 sin tener idea que lo habían echado 15 años antes del Poder Judicial por intentar armar un caso de fórum shopping.
Lo que pide el abogado de Salmain parece inviable porque el concurso está terminado. Sin embargo sí habilita la discusión política que probablemente se dé en el Senado si los pilegos se tratan este jueves. ¿Es viable nombrar a un juez que omite señalar una sanción disciplinaria que recibió? Es la misma pregunta que el Consejo, con Salmain, hace tres días consideró algo inaceptable.
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