Los beneficiarios del IFE con trámite aprobado ya pueden ingresar a la página web de Anses

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Los ingresos deberán hacerse por terminación de DNI en la página www.anses.gob.ar con la Clave de la Seguridad Social, y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria.

El orden de ingreso será el siguiente: sábado 11, los titulares de DNI terminados en 0 y 1; domingo 12, los beneficiarios de DNI finalizados en 2 y 3; el lunes 13, los terminados en 4 y 5; el martes 14, los finalizados en 6 y 7; y el miércoles 15 deberán ingresar los titulares de los DNI terminados en 8 y 9.

En el caso de aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, la Anses informó que “podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana”.

La Anses advirtió que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.

La Administración recordó que los solicitantes están en condiciones de acceder a este beneficio siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; o de ser monotributista de categoría “C” o superior, o del régimen de autónomos; o de una prestación de desempleo.

Fuente: Telam

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  • Malvinas, más lejos que nunca

     

    Desde que se exhibió ese trapo maravilloso después del partido contra Inglaterra en el Mundial, distintas fuerzas políticas se hicieron eco y recuperaron el reclamo soberano por Malvinas, esa pasión que nunca nos deja. Lo que era impensable es que el Javier Milei, declarado admirador de Margaret Thatcher y quien consideraba irrelevantes a las islas, se embanderara anoche en cuanto tópico irredentista hemos sabido conseguir. Por eso, por debajo de ese humo neblinoso, debemos prestar atención a lo que viene escondido en este presente griego que parece ser la súbita conversión patriótica del presidente y de quienes ya se apresuran a no sacar los pies del plato para acompañarlo.

    Hay palabras que en Argentina nunca llegan solas. Arrastran muertos, derrotas, ilusiones y experiencias colectivas. Una de ellas es “Malvinas”; otra es “seguridad nacional”. Durante años, muchos sostuvimos la necesidad de construir una política democrática y autocrítica sobre Malvinas. No para abandonar la reivindicación soberana, sino para fortalecerla. Porque la causa no podía seguir siendo rehén de las simplificaciones patrióticas, de los reflejos nacionalistas ni de las manipulaciones partidarias. Había que rescatarla de quienes la utilizaban como consigna vacía y devolverla al terreno de la política para construir un proyecto democrático. No imaginábamos este giro. O quizás sí. Quizás estaba contenido en algunas de las contradicciones que durante décadas intentamos señalar.

    Hay palabras que en Argentina nunca llegan solas. Arrastran muertos, derrotas, ilusiones y experiencias colectivas. Una de ellas es “Malvinas”; otra es “seguridad nacional”.

    Porque lo que aparece hoy ante nuestros ojos es una escena paradójica: una causa nacional y federal degradada una vez más; las islas objetivamente más lejos que hace algunos años; la defensa convertida en justificación para nuevas estructuras de seguridad; y dirigentes de distintos signos políticos celebrando la incongruencia de un presidente que durante años despreció tradiciones fundamentales de la cultura política nacional y que ahora se presenta como defensor de los intereses argentinos.

    ¿Defensa? Mejor Seguridad

    La cuestión no es menor. Lo que se anunció en nombre de la defensa nacional obliga a formular preguntas incómodas. No solo sobre Malvinas, sino sobre el país que estamos construyendo. Porque la experiencia argentina enseña que cada vez que la palabra “seguridad” desplazó a la palabra “política”, las consecuencias fueron graves.

    Durante gran parte del siglo XX la defensa nacional estuvo asociada a una idea relativamente sencilla: la protección de la soberanía frente a amenazas externas. La existencia misma de las Fuerzas Armadas se justificaba por la necesidad de defender el territorio, los recursos y la independencia nacional. Pero a partir de los años sesenta comenzó a consolidarse otro paradigma. La llamada Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada en el contexto de la Guerra Fría, modificó profundamente esa concepción. El problema ya no era un enemigo exterior. El enemigo estaba adentro. La amenaza dejó de identificarse con otro Estado para asociarse con conflictos sociales, organizaciones políticas, movimientos sindicales, grupos estudiantiles o cualquier actor percibido como potencialmente desestabilizador. La consecuencia fue conocida en toda América Latina. En nombre de la seguridad nacional se justificaron sistemas de vigilancia, persecución política, estados de excepción, terrorismo de Estado y dictaduras militares. La cuestión ya no era proteger a la nación sino controlar a la sociedad.

    A partir de 1983, parecía que habíamos aprendido que la defensa de la soberanía no podía separarse de la defensa de las instituciones democráticas. Hasta anoche.

    La Argentina conoce demasiado bien esa historia. La última dictadura fue la expresión más brutal de esa lógica. Y resulta imposible olvidar que la guerra de Malvinas fue, entre otras cosas, el intento final de aquel régimen por reconstruir una legitimidad que ya estaba agotada.

    Por supuesto, la causa de Malvinas no fue una invención de la dictadura. La reivindicación argentina es anterior, legítima y ampliamente compartida. Pero precisamente por eso resulta importante distinguir entre una causa nacional y los usos políticos que pueden hacerse de ella.

    A partir de 1983, parecía que habíamos aprendido que la defensa de la soberanía no podía separarse de la defensa de las instituciones democráticas. Que el patriotismo no podía quedar monopolizado por los militares y que la causa Malvinas necesitaba más democracia y no menos. Durante más de cuarenta años, con avances y retrocesos, esa convicción pareció consolidarse.

    Hasta anoche.

    El Escudo de las Américas

    Resulta preocupante observar la reaparición de un lenguaje político que vuelve a acercar conceptos que la experiencia democrática había procurado diferenciar. Cuando la reivindicación de Malvinas comienza a convivir con la expansión de estructuras de seguridad, con nuevas doctrinas de vigilancia y con alianzas hemisféricas concebidas en términos de amenazas permanentes, conviene prestar atención. Eso es lo que anunció Milei la noche del 3 de septiembre. 

    Resulta preocupante observar la reaparición de un lenguaje político que vuelve a acercar conceptos que la experiencia democrática había procurado diferenciar.

    En marzo de este año Argentina se incorporó al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por Donald Trump y constituye un buen ejemplo de esta situación. Los anuncios supuestamente malvineros de la cadena nacional son su capítulo más reciente.

    Presentada como una iniciativa destinada a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas transnacionales, la propuesta de Trump parece responder a desafíos reales. Sin embargo, también expresa una determinada concepción del continente basada en la seguridad y que organiza la política alrededor de amenazas. Una concepción que tiende a desplazar las preguntas sobre soberanía, desarrollo, desigualdad o integración regional hacia un lenguaje centrado en el control.

    La causa nacional

    Aquí aparece una paradoja difícil de ignorar. La causa Malvinas es, en esencia, una causa de descolonización. Remite a una disputa de soberanía con una potencia extranjera, al control de recursos naturales y a la presencia militar británica en el Atlántico Sur. Está en juego la autonomía argentina para decidir sobre su territorio y sus espacios marítimos. Sin embargo, la arquitectura estratégica que hoy se presenta como marco de defensa nacional se construye alrededor de prioridades definidas fuera del país.

    La arquitectura estratégica que hoy se presenta como marco de defensa nacional se construye alrededor de prioridades definidas fuera del país.

    Mientras se reivindica la soberanía argentina, se profundiza la integración en esquemas de seguridad diseñados en Washington. Se denuncia la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur y se celebra una alineación estratégica cuya principal preocupación no es la descolonización, sino la gestión hemisférica de amenazas (contra Estados Unidos). La contradicción resulta evidente. Y más aún cuando observamos el estado concreto de la cuestión Malvinas.

    Desde la derrota de 1982 las islas están más lejos que nunca de nuestras posibilidades de recuperación. Las negociaciones diplomáticas se encuentran estancadas. La presencia militar británica permanece intacta. La explotación de hidrocarburos fortalece la posición económica de los isleños y del Reino Unido.

    Mientras se reivindica la soberanía argentina, se profundiza la integración en esquemas de seguridad diseñados en Washington.

    El contexto internacional actual no ofrece señales favorables para una modificación sustancial del escenario. Frente a esa realidad, la retórica soberanista corre el riesgo de convertirse en una forma de compensación simbólica. La regla parecería ser que cuanto más lejos se encuentra el objetivo, más intensa se vuelve la apelación a lo emocional. 

    Épica

    Es un mecanismo conocido. La política cede lugar a la épica. Los resultados concretos son reemplazados por gestos. La complejidad desaparece detrás de los aplausos. Y entonces ocurre algo todavía más preocupante. La causa deja de pertenecer a la sociedad para transformarse en patrimonio de los gobiernos.

    Quien cuestiona una política específica parece cuestionar la soberanía misma. Quien formula dudas sobre una estrategia concreta es acusado de debilitar la posición nacional. La deliberación democrática se vuelve sospechosa. 

    Como señalamos, la causa nacional no se fortalece mediante unanimidades artificiales. Se fortalece mediante la discusión pública y el control democrático. Se nutre de políticas de Estado construidas sobre consensos amplios y no sobre adhesiones circunstanciales. La gran paradoja de este momento histórico es que la reivindicación de la soberanía parece reaparecer asociada a una tradición política que históricamente debilitó la capacidad de las sociedades para discutir libremente sus propios intereses.

    Ocurre algo preocupante: la causa deja de pertenecer a la sociedad para transformarse en patrimonio de los gobiernos.

    El resultado que hoy tenemos ante nuestros ojos parece condensar algunas de las peores posibilidades de la historia reciente argentina: una causa nacional y federal degradada y manipulada una vez más; las islas más lejos que nunca; la defensa convertida en argumento para ampliar mecanismos de control interno; y dirigentes de distintos signos políticos celebrando la paradoja de un presidente que durante años despreció la tradición nacional argentina y que ahora anuncia que defenderá los intereses nacionales.

    Por eso la pregunta verdaderamente importante no es qué pensamos sobre Malvinas. La pregunta es qué tipo de democracia queremos construir alrededor de Malvinas. Si queremos que la causa sirva para ampliar la participación ciudadana o para justificar nuevas formas de control. Si la defensa nacional será entendida como una política pública sometida al escrutinio democrático o como un ámbito reservado a expertos, servicios de inteligencia y estructuras de seguridad. Si aprenderemos algo de la historia reciente o si volveremos a recorrer caminos que ya conocemos demasiado bien.

    La entrada Malvinas, más lejos que nunca se publicó primero en Revista Anfibia.

     

  • Alarma en intendentes por un fallo de la Corte que puede impactar en tasas cuestionadas por el Gobierno

     

    Un reciente fallo de la Corte Suprema disparó alarmas en los municipios del Conurbano que tienen como epicentro de su recaudación tasas que son cuestionadas por el Gobierno, que advierte ausencia de contraprestación.

    La Corte revocó un fallo Tribunal Superior de Justicia cordobés que habilitaba al municipio de Córdoba a cobrarle al Banco Galicia una tasa que, según el Máximo Tribunal nacional, no indicaba contrapestación alguna.

    «La contraprestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones», planteó el fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

     Lo dictaminado cobra especial relevancia ante la posibilidad de que genere un efecto vinculante en la jurisprudencia de las Cámaras Federales Argentinas donde los bancos probablemente recurrirán para aplicar este último fallo. 

    Así, consideró quee la norma tributaria en cuestión, «en lugar de determinar los servicios por los que se pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación»

    Frente a eso, la Corte habló de «laxitud» del municipio cordobés a la hora de imponer su norma tributaria y concluyó que la tasa en cuestión -denominada «Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios»- es un «tributo que la demandada carece de facultades constitucionales para crear».

    Intendentes le advierten a Caputo que no podrán pagar el alumbrado público si no cobran las tasas en las boletas

    Lo dictaminado cobra especial relevancia ante la posibilidad de que genere un efecto vinculante en la jurisprudencia de las Cámaras Federales Argentinas donde los bancos probablemente recurrirán para aplicar este último fallo.

    En efecto, existen numerosos planteos judiciales del Banco Nación contra municipios (mayormente gobernados por el peronismo) en los que ponen en cuestión el cobro de tasas a sus sucursales.

    Además de esos tributos relativos a entidades bancarias, en los intendentes también preocupa que el fallo impacte en la Tasa Vial, que varios municipios cobran a la carga de combustible y que es blanco de acusaciones de Toto Caputo.

    Embestida judicial del Banco Nación contra intendentes por el cobro de tasas

    También, en 2024 el ministro de Economía intentó prohibir el cobro de tasas municipales en las boletas de servicios, algo que afectaba puntualmente a la tasa de alumbrado público.

    Eso fue judicializado por los intendentes, que habían advertido que no podrán pagar el alumbrado público si no cobraban las tasas en las boletas. En esas presentaciones, los municipios consiguieron fallos favorables pero la aparición del fallo de la Corte de este jueves reabrió la preocupación también por ese tributo. 

     

  • Seguimos disfrutando del programa “Sentite Turista” en Regina

    Desde el pasado jueves se disfrutaron de diferentes iniciativas propuestas desde la Dirección de Turismo como parte del programa ‘Sentite Turista’. El jueves los niños y niñas pintaron y colorearon luego de una caminata recreativa por los monumentos presentes en el Paseo del Arroyo. Por otro lado, el viernes se llevó a cabo la propuesta…

  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

  • AfD arrasa en Sajonia-Anhalt y roza la mayoría absoluta, según las encuestas a pie de urna

     

    Alternativa para Alemania ha arrasado este domingo en las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt, según varias encuestas a pie de urna publicadas tras el cierre de los colegios. El partido de extrema derecha, encabezado en el land por Ulrich Siegmund, habría obtenido el 44,5% de los votos y quedado muy por delante de la CDU del ministro-presidente Sven Schulze, que habría recibido apenas un 18.5% del respaldo, de acuerdo con el sondeo de la televisión pública ARD.

    La estimación sitúa a Die Linke como tercera fuerza, con el 9,5%, por delante de Los Verdes, que logran el 9%, y del SPD, que queda en el 8%. BSW, el partido de la ‘rojiparda’ Sahra Wagenknecht, aparece en el 4,5%, por debajo de la barrera electoral del 5%, mientras que el FDP se hunde hasta el 2%.

    La proyección no permite aún confirmar si AfD alcanzará la mayoría absoluta que necesitaría para gobernar en solitario. La formación ultra aparece con entre 39 y 43 escaños, mientras que el umbral de la mayoría absoluta se sitúa en 42. El desenlace dependerá en buena medida de si BSW supera finalmente la barrera del 5% y obtiene representación parlamentaria. Si se queda fuera, sus votos no contarían para el reparto ordinario de escaños y el partido de extrema derecha tendría más opciones de alcanzar la absoluta.

    AfD ya había sido segunda fuerza en Sajonia-Anhalt en 2021, con el 20,8% de los votos. Cinco años después, la candidatura de Ulrich Siegmund duplica aquel resultado y deja a la CDU a más de 25 puntos. Se trata de un salto de dimensiones históricas. Según el portal especializado Europe Elects, sería el mayor avance logrado por un partido en unas elecciones alemanas desde la Segunda Guerra Mundial.

    El avance de la formación se explica, ante todo, por la movilización de antiguos abstencionistas. Según los datos provisionales de ARD, AfD habría captado 157.000 votos de personas que no habían participado en las elecciones anteriores, muy por encima de los 83.000 procedentes de la CDU. También sumó apoyos desde el FDP, con 19.000 votantes; Die Linke, con 11.000; el SPD, con 7.000; y Los Verdes, con 2.000.

    «Hemos hecho historia, hay que decirlo claramente”, declaró Siegmund a ARD. Sobre la posibilidad de negociar con otros partidos, pese a que la mayoría había descartado antes de las elecciones colaborar con AfD, Siegmund aseguró que su formación está abierta a cooperar, pero sólo bajo sus condiciones: “No vamos a renunciar a nuestras posiciones básicas por estar en el poder”.

    Borja Bauzá. Berlín

    Sven Schulze admitió la derrota de la CDU y felicitó a AfD por su victoria. “Vivimos en una democracia. Me gustaría felicitar al ganador de las elecciones”, declaró el ministro-presidente de Sajonia-Anhalt. Pidió también no hablar de un “día negro” para el land. “Yo digo: esto es democracia”, afirmó. Para el dirigente democristiano, la elevada participación muestra que los ciudadanos han querido enviar un mensaje que los partidos deberán escuchar: “El pueblo ha expresado su opinión”, sentenció.

     

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