Los ingresos deberán hacerse por terminación de DNI en la página www.anses.gob.ar con la Clave de la Seguridad Social, y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria.
El orden de ingreso será el siguiente: sábado 11, los titulares de DNI terminados en 0 y 1; domingo 12, los beneficiarios de DNI finalizados en 2 y 3; el lunes 13, los terminados en 4 y 5; el martes 14, los finalizados en 6 y 7; y el miércoles 15 deberán ingresar los titulares de los DNI terminados en 8 y 9.
En el caso de aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, la Anses informó que “podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana”.
La Anses advirtió que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.
La Administración recordó que los solicitantes están en condiciones de acceder a este beneficio siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; o de ser monotributista de categoría “C” o superior, o del régimen de autónomos; o de una prestación de desempleo.
Una nueva fecha del Top Race tiene su cita en el autódromo de Olavarria, el piloto rionegrino llega con las expectativas altas, ya asentado en la categoría va por el podio. Una temporada en ascenso y llena de desafíos para el reginense Facu Aldrghetti piloto de la escuadra JLSMotorsports-Corsi Sports, que llega a la 6ta…
I “abrir cámara de compresión (…) cerrar cámara de compresión”. en casi todas las películas de ciencia ficción, la voz (no se sabe por qué siempre latosa) de una computadora superinteligente que hay en la nave nos dice muy didáctica y redundantemente más de la mitá de lo que hay que saber de la trama…
El gobierno asumió este jueves que no llegaría a sancionar el tratado de patentes de medicamentos antes que finalice abril, un cronograma con el que se había comprometido Javier Milei con los laboratorios extranjeros en Estados Unidos. Fuentes del oficialismo en el Congreso reconocieron que «no se llega antes del 30 de abril» y cargaron la responsabilidad en la Cancillería, tal como informó LPO.
El principal promotor para sacar la aprobación definitiva del proyecto, que tiene media sanción del Senado desde 1998, es Federico Sturzenegger. Sin embargo, la resistencia de los laboratorios locales, nucleados en CILFA, es total.
Un sector del oficialismo aducía que, incluso, la suspensión del plenario de comisiones que debía tratar el proyecto este martes que pasó, se debía a que había alrededor de 20 diputados de excursión con la Red de Acción Política (RAP) en Estados Unidos, para una charla sobre IA en Harvard y el MIT, junto con empresas del sector minero y gerentes de laboratorios. En rigor, la orden para levantar el pie del acelerador habría salido de Cancillería, después de atender al riesgo de erosionar la relación con los laboratorios locales.
En efecto, Hugo Sigman, Daniel Sielecki y la familia Kovalivker figuran entre los más importantes aportantes de campaña de Milei, algo que condiciona el compromiso del Presidente con CAEME, la cámara que representa a las empresas extranjeras en este rubro.
Un diputado libertario admitió que su bloque prepara una sesión para el próximo 22 de abril, con la Ley Hojarasca como eje del temario, y el miércoles 29 de abril ya está reservado para la presentación de Manuel Adorni. Del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), nada.
Por eso, resulta difícil encontrar un hueco en las agendas de los 257 diputados para convocar a una tercera sesión en menos de 15 días pero el legislador confía en que la demora no traerá inconvenientes en la relación bilateral con el gobierno de Donald Trump.
Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz.
La postergación del debate sugiere que los laboratorios locales le doblaron el brazo, provisoriamente, a Sturzenegger. «Los laboratorios argentinos tienen un poder de lobby muy grande, financian todos los partidos políticos y, desde Arturo Illia para acá, son capaces de voltear gobiernos», dijo un dirigente al tanto de la situación del mercado farmacéutico.
Desde el entorno de Sturzenegger aseguraron a LPO que el tratado «se va a aprobar porque es un compromiso y, más importante que eso, es positivo para los argentinos, los investigadores, las startups biotecnológicas». Además, consideran que los estadounidenses «entienden que son esfuerzos que se hacen por resolver cada tema, como se hizo con las guías de patentabilidad farmacéutica, que se derogaron pero con una cláusula de transición».
Un diputado libertario admitió que su bloque prepara una sesión para el próximo 22 de abril, con la Ley Hojarasca como eje del temario, y el miércoles 29 de abril ya está reservado para la presentación de Manuel Adorni. Del PCT, nada.
El tema del patentamiento trascendió las fronteras legislativas y hasta estalló en un grupo de chat de WhatsApp de la Red de Acción Política, la organización de lobby que nuclea a dirigentes políticos de distintos partidos y cuenta con el auspicio de alrededor de 80 grandes empresas en el mundo.
El diario La Nación publicó una nota en la que cuenta la discusión entre el dueño de laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, el ruralista Miguel de Larminat y Jorge Steverlynck, miembro de Los Grobo y directivo del Hospital Británico. «Algunos creen que los de afuera son los buenos y nosotros, siempre los malos», posteó Figueiras.
Algunos creen que los de afuera son los buenos y nosotros, siempre los malos.
La réplica de de Larminat fue inmediata. «La realidad que la prensa cuidadosamente omite es que los medicamentos en la Argentina, sean de marca o genéricos, están entre 3 y 15 veces más caros que en los países en donde rigen las patentes», se quejó.
En ese contexto, la pelea escaló y tuvieron que intervenir el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Sturzenegger, y Luciano Vivlione, una suerte de Vocero de Bayer, pero el grupito de WhatsApp ardía. «Está todo el país prácticamente ahí, gobernadores, senadores, diputados, funcionarios, empresarios, pero nunca se había filtrado nada hasta ahora», expresó con sorpresa uno de los miembros del chat.
Las diferencias al interior del sector de los laboratorios parecen difífiles de saldar. LPO informó que fue Pablo Quirno quien pisó el tratado de patentes de medicamentos y chocó de lleno Federico Sturzenegger. «La Cancillería le volteó a Sturzenegger el tratado», dijeron.
Documentos desclasificados revelan que la Secretaría de Inteligencia del Estado impulsó de manera deliberada una campaña clandestina para instalar uno de los discursos más funcionales al encubrimiento del terrorismo de Estado. Lejos de una interpretación espontánea del pasado, la llamada “teoría de los dos demonios” aparece ahora como una operación política diseñada desde las entrañas del aparato de inteligencia.
Por Alcides Blanco para NLI
La historia argentina vuelve a sacudirse con una revelación que confirma lo que durante décadas denunciaron organismos de derechos humanos: la disputa por la memoria no fue —ni es— inocente. Los archivos desclasificados de la SIDE muestran que la instalación de la teoría de los dos demonios no surgió como una lectura académica o social del pasado, sino como una estrategia deliberada de propaganda.
Según la documentación revelada, un funcionario identificado como “Subsecretario A”, perteneciente a la Dirección 8-Interior del organismo, ordenó directamente la elaboración de un material con fines políticos: un libro diseñado para difundir esa interpretación y legitimar un relato funcional al poder. La tarea no fue marginal ni improvisada: incluyó redacción, edición y distribución sistemática.
Una teoría construida desde el poder
La llamada “teoría de los dos demonios” sostiene que la violencia estatal desplegada durante la última dictadura cívico-militar es equiparable a la ejercida por organizaciones guerrilleras. Esa equiparación, sin embargo, fue históricamente rechazada por la Justicia y por los organismos de derechos humanos, que señalaron el carácter sistemático, planificado y estatal del terrorismo ejercido entre 1976 y 1983.
Lo que ahora aportan los archivos es una pieza clave: esa narrativa no solo fue discutida en el terreno político o mediático, sino que fue activamente promovida desde el aparato de inteligencia del Estado. Es decir, no fue una lectura posterior, sino parte de una política concreta de construcción del sentido.
El dato no es menor. Implica que el intento de relativizar el genocidio no fue una consecuencia espontánea del debate democrático, sino una maniobra diseñada para intervenir en la memoria colectiva y condicionar la interpretación histórica.
Memoria en disputa, ayer y hoy
La desclasificación de estos documentos se inscribe en un proceso más amplio de apertura de archivos que abarca el período 1973-1983 y que busca reconstruir el accionar del aparato estatal durante años clave. Sin embargo, también reabre un interrogante incómodo: qué se muestra y qué se oculta cuando el propio Estado decide qué parte de su pasado revelar.
El contexto actual no es ajeno a esa disputa. En los últimos meses, el gobierno nacional volvió a impulsar discursos que retoman elementos de la teoría de los dos demonios bajo la idea de una “memoria completa”, en abierta tensión con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia construidas desde 2003.
La coincidencia entre los documentos del pasado y los discursos del presente no pasa desapercibida. Lo que ayer fue una operación clandestina hoy reaparece en formatos institucionales, mediáticos y culturales.
El sentido profundo de los archivos
Los archivos no son solo papeles: son pruebas de cómo el poder intenta moldear la historia. Que la SIDE haya intervenido activamente en la difusión de una narrativa destinada a relativizar el terrorismo de Estado revela hasta qué punto la batalla por la memoria fue —y sigue siendo— una batalla política.
En un país donde los juicios por crímenes de lesa humanidad establecieron responsabilidades concretas y donde la desaparición forzada fue reconocida como política sistemática, estos documentos aportan un elemento central: el intento deliberado de diluir esas responsabilidades no fue casual.
La historia, entonces, no solo se escribe en tribunales o en libros: también se fabrica en oficinas de inteligencia. Y cuando esos archivos salen a la luz, lo que queda expuesto no es solo el pasado, sino las continuidades incómodas del presente.
Extractos de la investigación de la profesora e historiadora reginense Silvia Zanini presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia, organizadas por el GEHiSo y las Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), General Roca. BAIROLETTO: Una cuestión aparte “Bairoletto anduvo por acá cuando quiso, anduvo varias veces.”…
Cuando era chica usaba buzos de mis hermanos con jeans, me gustaba la amplitud y la comodidad que me daba ese tipo de prendas masculinas (?), mi mamá me sugería que use perlitas o argollitas porque tenía que mantener la coquetería ante la “falta de femeneidad” que tenía en la elección de mi vestimenta. Esa…
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