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Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.

El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90

La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.

Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.

En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.

Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.

La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.

Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización

La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.

El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.

Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.

La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.

Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.

Los bienes vuelven al Estado después de 30 años

Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.

No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.

Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.

Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.

La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización

El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.

Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.

La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.

La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.

Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión

Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.

Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.

La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.

 

 

El triunfo del Frente Cívico de Gerardo Zamora con el 66% de los votos y la derrota de La Libertad Avanza en Santiago del Estero exponen los límites del proyecto libertario en el interior argentino y anticipan una nueva disputa por el rumbo político nacional.

Por Roque Perez para NLI

Las urnas de Santiago del Estero dejaron mucho más que un resultado municipal. Detrás del contundente triunfo del Frente Cívico por Santiago, liderado por Gerardo Zamora, aparece una señal política que incomoda a la Casa Rosada: el discurso de La Libertad Avanza comienza a encontrar límites concretos cuando abandona el escenario de las redes sociales y se enfrenta al territorio real de la Argentina profunda.

Con el 66% de los votos, el oficialismo santiagueño se impuso en todos los municipios y departamentos donde se disputaron cargos, mientras que la fuerza de Milei quedó relegada al segundo lugar con apenas el 8% de los sufragios. La diferencia no fue solamente numérica: fue una demostración de estructura, presencia territorial y capacidad de representación política frente a un espacio libertario que todavía no logra construir raíces fuera de los grandes centros urbanos.

El resultado tiene una lectura nacional porque ocurre en un momento donde el Gobierno intenta instalar la idea de que su proyecto posee una adhesión social irreversible. Santiago del Estero muestra otra fotografía: una parte importante del electorado argentino continúa votando en función de identidades provinciales, obras públicas, presencia estatal, gestión concreta y vínculos comunitarios que no pueden ser reemplazados por una narrativa basada exclusivamente en la confrontación ideológica.

Un golpe al relato de una Argentina pintada de violeta

Desde la llegada de Milei al poder, La Libertad Avanza construyó una interpretación política según la cual el país habría iniciado una transformación histórica destinada a desplazar definitivamente a las fuerzas tradicionales. Bajo esa mirada, cada elección debía confirmar una expansión permanente del fenómeno libertario.

Pero el mapa electoral argentino es más complejo. Las provincias tienen dinámicas propias, liderazgos locales y estructuras políticas que no desaparecen simplemente porque un movimiento nacional logre una fuerte presencia mediática. Santiago del Estero volvió a mostrar que la política argentina no se define solamente desde Buenos Aires ni desde las tendencias digitales.

El Frente Cívico por Santiago, que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas, logró sostener una alianza amplia donde confluyen sectores del radicalismo, del peronismo y fuerzas provinciales. Esa construcción territorial fue precisamente lo que La Libertad Avanza todavía no consiguió desarrollar.

La derrota libertaria adquiere mayor relevancia porque no ocurrió frente a una oposición fragmentada que apenas logró sobrevivir electoralmente, sino ante una fuerza provincial con una identidad consolidada y una red política capaz de competir municipio por municipio. Según los datos difundidos tras los comicios, el espacio de Milei incluso tuvo una representación muy limitada en la disputa por concejalías.

El problema para la Casa Rosada es que Santiago del Estero no aparece como un caso aislado sino como parte de una pregunta más amplia: ¿qué ocurre cuando el ajuste económico impacta sobre comunidades donde el Estado tiene un rol histórico y donde la política se mide por resultados concretos?

El interior frente al experimento libertario

La elección santiagueña expone una tensión central del proyecto de Milei: mientras el Gobierno nacional busca reducir el Estado y presentar esa reducción como una condición necesaria para el crecimiento, muchas provincias construyeron durante décadas una relación política basada precisamente en la presencia estatal.

Escuelas, hospitales, rutas, programas sociales, empleo público y obras de infraestructura forman parte de una discusión que excede la economía y entra directamente en el terreno de la identidad política. En ese punto, el discurso libertario encuentra una resistencia diferente a la que puede enfrentar en sectores urbanos donde predominan otros reclamos.

La elección también representa un desafío para quienes sostienen que el peronismo y los espacios provinciales atraviesan un proceso irreversible de desaparición. La realidad electoral muestra que, cuando existe organización territorial y capacidad de gestión, esos espacios conservan una importante capacidad de representación.

El triunfo de Zamora no implica automáticamente una derrota nacional de Milei, pero sí funciona como una advertencia: el mapa político argentino no está completamente alineado con la lógica libertaria. La Argentina federal sigue teniendo actores propios, intereses locales y tradiciones políticas que no pueden ser anuladas por una construcción presidencial.

Santiago del Estero como primer aviso del desgaste

Toda elección provincial o municipal tiene sus particularidades y sería un error trasladar mecánicamente un resultado local a todo el país. Sin embargo, los procesos políticos suelen comenzar con señales pequeñas antes de transformarse en tendencias más amplias.

Santiago del Estero puede convertirse en una de esas señales porque muestra una contradicción que empieza a aparecer con mayor fuerza: mientras Milei sostiene un discurso de victoria permanente, las urnas comienzan a exhibir territorios donde su fuerza todavía no logra consolidarse.

El Gobierno nacional llegó al poder prometiendo una ruptura total con la política tradicional. Pero para transformar una sociedad no alcanza con ganar una elección presidencial: hace falta construir mayorías, organizar territorios y generar una representación que sobreviva al impacto inicial de un liderazgo carismático.

El resultado santiagueño deja una pregunta abierta para el oficialismo: si el proyecto libertario pretende convertirse en una nueva hegemonía política, deberá demostrar que puede algo más que movilizar adhesiones en redes sociales y grandes ciudades. Deberá disputar la Argentina real, esa que vive en municipios, provincias y comunidades donde la política todavía se construye cara a cara.

Porque allí, en el territorio donde los votos no se consiguen únicamente con consignas, apareció la primera grieta visible en el relato de un triunfo permanente. Santiago del Estero encendió una luz amarilla para Milei: la Argentina profunda todavía no está escrita en color violeta.