Los ingresos deberán hacerse por terminación de DNI en la página www.anses.gob.ar con la Clave de la Seguridad Social, y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria.
El orden de ingreso será el siguiente: sábado 11, los titulares de DNI terminados en 0 y 1; domingo 12, los beneficiarios de DNI finalizados en 2 y 3; el lunes 13, los terminados en 4 y 5; el martes 14, los finalizados en 6 y 7; y el miércoles 15 deberán ingresar los titulares de los DNI terminados en 8 y 9.
En el caso de aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, la Anses informó que “podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana”.
La Anses advirtió que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.
La Administración recordó que los solicitantes están en condiciones de acceder a este beneficio siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; o de ser monotributista de categoría “C” o superior, o del régimen de autónomos; o de una prestación de desempleo.
Los últimos días de la política cordobesa desataron un verdadero tembladeral por distintas cuestiones. Porque, pasada la discusión por la reforma previsional, y en medio de las fricciones con Casa Rosada por la sanción del Presupuesto en el Congreso, el llaryorismo empujó en la siesta de este martes un acuerdo para ceder la silla de una fiscalía adjunta de la procuraduría penitenciaria a la UCR que responde a Rodrigo de Loredo.
Cubriendo así una de las vacantes en la polémica Procuraduría del Servicio Penitenciario cuya creación se votó hace unas semanas en la Legislatura provincial.
Todo esto, como uno de los datos sobresalientes de un reacomodamiento que implica el reseteo completo del Ministerio Público Fiscal que aceleró hace dos semanas cuando nombró al ex socio de Juez, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales y tal cual lo contó LPO.
Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas de la polémica procuraduría del servicio penitenciario. Organismo que se sancionó con fuertes cruces de la oposición en la Legislatura a principios de mes y que el oficialismo se vio obligado a quitar dos artículos centrales: cargos vitalicios y jubilaciones de privilegio para los integrantes de la procuraduría.
Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas.
Sin embargo, el llaryorismo no contó con el aval de la oposición que abandonó el recinto y entre los que, el propio radicalismo se retiró acusando la creación de un organismo ineficiente.
Porción de la UCR de la que sale ahora una de las postulantes para la fiscalía adjunta como Degano, que llega de la mano del exnegrista Julio Ochoa, un hombre afín al presidente del partido, Marcos Ferrer, y quien ayudó para que Degano llegara al directorio del Tribunal de Cuentas, el organismo provincial controlado por el juecismo.
Esto exacerbó los ánimos del juecismo que salió con el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, a decir: «repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial». «No se tranza con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y por el otro Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder».
Mismo tono con el que se expresó también el exintendente Ramón Mestre: «la designación de funcionarios judiciales de alto rango entre gallos y medianoche, y la aprobación en general de un presupuesto tramposo para el ciudadano, ambas decisiones, con el supuesto aval de Marcos Ferrer en su carácter de presidente de la UCR, constituyen no sólo una medida inconsulta que nunca fue puesta a consideración en el seno de los organismos partidarios, sino también la pérdida de identidad ideológica».
Repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial.
Cerca de la medianoche, radicales de la Unicameral buscaron despegarse de la maniobra en redes al decir que Llaryora «compró» a la dirigente radical, pero lo cierto es que el vínculo entre Degano y Ochoa, y de éste con Ferrer, existe. Y sobre el acuerdo algunos apuntan a la relación del Secretario General de la Gobernación, el ultrallaryorista David Consalvi, un peronista con domicilio en Río Tercero, la ciudad que gobierna Ferrer y en buena parte una especie de garante para asegurar la continuidad de la UCR en la localidad después del 2027.
En tanto, para la otra fiscalía adjunta fue postulada Guadalupe Trillo, del llaryorismo puro que tambaleó con la purga que hizo en la capital cordobesa el intendente Daniel Passerini en el área de ambiente.
Asimismo, como Procuradora del mencionado organismo, el llaryorismo postuló a Bettina Croppi, la fiscal general adjunta impulsada por el viguismo y quien tendrá ahora el joystick de las cárceles cordobesas.
TRABAJO COMUNITARIO EN REGINA ¿VOS QUÉ PROPONÉS? La iniciativa fue presentada por el intendente Carlos Vazzana y aprobada por el Concejo Deliberante (CD). De esta forma, y por medio de la ordenanza 097/18, se aprobó la figura de trabajo comunitario y se modificó el Código de Faltas Municipal, facultándolo al Juez de Faltas a implementar…
Partiendo de la creencia que todo está conectado, como si fuéramos una nube de energía conectando entre sí diferentes puntos , puedo decir que hoy -2018- ya estamos preparados para asimilar varios conceptos a la vez y entrelazarlos. Darles un significado en común, una compatibilidad. Ningún suceso es aislado, todos tienen un “código” y se…
La historia no empezó esta semana. Cuando LPO contó en julio del año pasado que Luis Caputo y Santiago Bausili sacaron las reservas de oro del país en un operativo clandestino, comenzó una saga de silencios y evasivas.
El Banco Central cargó USD 5.000 millones en lingotes de oro en un avión comercial en plena madrugada, sin dejar rastro documental, sin contratos, sin papeles, sin auditoría posible. Una escena propia de una novela policial que de la administración de las reservas de un país. Pero ocurrió.
Lo grave es que desde el Banco admitieron oficialmente ante la Auditoría General de la Nación que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío de oro al exterior. Ni ahora ni al cierre del año pasado.
«Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen», señalaron desde la entidad monetaria en la nota enviada a la Auditoría. La postura oficial fue al extremo al afirmar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, «no hay contratos». Este punto deberá ahora ser ratificado en sede judicial. Y la Justicia exige explicaciones.
La respuesta dejó sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operatoria valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que revisar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.
La presunción de delito encuentra sustento en elementos concreto. Porque los funcionarios del Central no manejan bienes propios. Custodian activos públicos. La inexistencia de respaldo contractual no es un detalle administrativo: abre un flanco penal. Cuando un activo estratégico de esa magnitud pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal. No hay margen para la ingenuidad contable.
Ahora el expediente escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se achicó. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado alega confidencialidad, debe probar un daño concreto. No alcanza con invocar riesgos genéricos.
En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de nuevos auditores.
El contexto internacional vuelve todo más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico. Ese salto funciona como un salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas hundidas. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales podrían rondar los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el rojo sería todavía más profundo.
La paradoja es evidente. Los lingotes computan como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan rendimiento o si fueron entregados como garantía para conseguir dólares frescos.
Carlos Rodríguez, arquitecto del programa económico de Milei durante la campaña que quedó afuera apenas asumió el gobierno calificó el episodio como «simplemente insólito». Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo en dólares ya consumido y reclamó conocer la ubicación de todos los activos y pasivos del Central.
Rodríguez fue un paso más allá. Además de preguntar por el oro, pidió saber dónde están los billetes dólar de los encajes de los depósitos y reclamó la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del Fondo Monetario Internacional.
LPO advirtió sobre la sospecha del mercado respecto al pagó del vencimiento de Bopreal de USD 1.000 millones con depósitos de las personas. Con reservas en rojo por USD 18.000 millones según el dato de LCG, la única ventanilla líquida del sistema son los encajes bancarios. El resto es swap con China y crédito del Fondo que no se pueden tocar.
Durante los últimos días, distintos vecinos reginenses recibieron, por parte del municipio, apercibimientos por alimentar en sus veredas a perros callejeros: ¿Está prohibido darle de comer a los animales de la calle? La respuesta la podemos encontrar en diferentes cuerpos legislativos, tanto a nivel municipal (Ordenanza Municipal 014-14), como nacional (Ley Nº 14.346) e internacional…
Gabriel Bornoroni decidió marcar territorio y lo hizo con un gesto político de alto voltaje simbólico: dejó afuera a Rodrigo de Loredo de la comitiva invitada al Festival de Jesús María, donde este fin de semana se mostrará Javier Milei.
El jefe del bloque libertario en Diputados eligió no convocar al referente de la UCR cordobesa y exsocio parlamentario clave del oficialismo nacional, y en cambio sí invitó a la ex diputada radical Soledad Carrizo, tropa de Alfredo Cornejo.
El movimiento no pasó inadvertido en el ecosistema político cordobés. En un contexto donde Milei intenta ordenar su armado territorial y Bornoroni busca consolidarse como el principal candidato opositor en la provincia, la exclusión de De Loredo fue leída como un mensaje directo: la lapicera libertaria no se comparte y las alianzas se administran desde Buenos Aires, no desde el radicalismo local.
Milei aprovechará el evento para reforzar su vínculo con el interior productivo y con el electorado tradicionalista, mientras Bornoroni se muestra como el anfitrión político del Presidente en Córdoba. En ese esquema, De Loredo quedó corrido de la escena principal.
Como Plan B, De Loredo viajará igual a Jesús María acompañado por intendentes radicales del interior, en una jugada que apunta a mostrar volumen político propio y anclaje territorial, dos atributos que Bornoroni todavía no logra exhibir fuera del paraguas presidencial.
El desplante tiene antecedentes. En el entorno libertario vienen repitiendo en voz baja que De Loredo «juega a dos puntas», que busca capitalizar el vínculo con Milei sin pagar los costos del ajuste y que mantiene abiertas sus conversaciones con el peronismo cordobés de Martín Llaryora.
La decisión de excluirlo del evento fue, en ese marco, una forma de bajarle el precio a su rol de socio estratégico en el Congreso. El episodio vuelve a poner sobre la mesa la discusión de fondo: quién lidera la oposición en Córdoba y quién capitaliza el vínculo con el Presidente.
Bornoroni apuesta a un armado puro, sin intermediarios y con control total de la marca Milei. De Loredo, en cambio, cree que él es el mejor candidato y el único que tiene chances matemáticas de ganarle al peronismo, una cuenta que hace sobre la base de una encuesta que no muestra.
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