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VIRALIZACIÓN EN TIEMPOS DE VIRUS

Esta primer pandemia de la nueva era de comunicación global además de los férreos ataques a la salud de las personas arremete con daños colaterales gravísimos, por ejemplo logró ralentizar el engranaje del capitalismo salvaje mundial, la ONU estima que podrían perderse 195 millones de puestos de trabajo durante 2020. El organismo internacional informó que 2.700 millones de trabajadores, más o menos el 81% de la fuerza laboral global, se encuentran afectados en estos momentos por medidas de confinamiento total o parcial.

Bajo este panorama económico el virus logró también agravar las condiciones de dominación empujando a la calle una militarización en muchos países del mundo, en algunos maquillada y en otros no. El control llega a un punto máximo cuando cualquier sujeto se convierte en juez y fiscal de manera voluntaria.

A su vez, como lo expresa el concepto dual del taoísmo (ying/yang), la pandemia también puede dejar enseñanzas que hagan de la nuestra, una sociedad mejor.

Cambiemos el óptico asumamos las responsabilidades que nos tocan como por ejemplo quedarnos en casa, compartamos información oficial, confiemos en nuestro sistema de salud pública porque por más precario que te parezca cuenta con profesionales comprometidos que nunca bajan la guardia; y en este tiempo que nos da el aislamiento seamos introspectivos, encontrémonos, reconozcámonos frente a los demás, y salgamos de esto siendo mejores de lo que eramos.

° ° ° ° °

La evolución del brote del coronavirus dependerá de la medida en que se haga llegar la información correcta a la gente que la necesita.

Tedros Adhanom, director general de la OMS

Este nuevo coronavirus se multiplicó de manera simultánea y global, creció a pasos agigantados desde fines del año pasado, pero a la par, el virus viajó siempre con una maleta de desinformación que nosotros mismos transportamos.

Sumado a nuestra irresponsabilidad, el discurso mediático con el que nos atacan es siempre el mismo y se emite en todos los medios hegemónicos, es tan fuerte que hasta atraviesa a algunos medios alternativos que descansan sobre la misma cantaleta. Discurso que tuvo su génesis en los principales medios del viejo continente y se replicó sin chistar en nuestra región.

Bombardean virus 24×7, coronavirus y muerte entrelazados, proporcionan números absolutos convirtiéndose en contadores siniestros de muertos en todo el mundo, en resumen: Generan pánico. No podemos esperar menos de empresas que bregan siempre por sus intereses. Sin embargo, la lógica del discurso mediático la retroalimentamos nosotros.

El nivel de conexión global que tenemos hoy es muy superior al que teníamos un lustro atrás, debido a la presencia omnipresente del wifi y la masificación de los dispositivos celulares.

En función de ello cobra extremo valor social el ser conscientes que las vías comunicativas han cambiado y ahora nos posicionamos todos como sujetos (objetos) activos en el flujo informativo, somos nexos vinculantes. La desinformación al igual que el coronavirus es indiferente a clases sociales, edades, identidades de género, o culturas. El periodista dejó de ser el único hilo conductivo entre la noticia y la sociedad. La globalización de la comunicación nos sitúa a todos en una posición vital al darnos la posibilidad de ser parte del circuito comunicativo.

Los mass media generan, pero nosotros ya no solo recibimos, sino que también nos convertimos inmediatamente en transmisores. Un sistema comunicativo circular.

Exigirle a cada ciudadano que corrobore fuentes informativas antes de compartirlas es complejo si coincidimos en que muchos profesionales de la comunicación  han dejado de hacer algo tan básico y primordial como lo es chequear fuentes. Si no lo hacen los comunicadores ¿por qué lo va a hacer Tito antes de viralizar un audio mientras relaja en el baño?.

Las corporaciones invadieron las redes sociales, la comunicación es circular, las nuevas tecnologías nos posicionan como sujetos activos respecto al flujo informativo y de este modo los dispositivos móviles se convirtieron en armas que también se disparan con índices y pulgares.

Desde el aislamiento el coronavirus no contagia a partir de una partícula ínfima que pulula por el aire sino que se transmite de manera abstracta por el ciberespacio. Todos alojamos el virus, y lo viralizamos desde nuestro celular.

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    Con modificaciones por decreto a la Ley de Migraciones, el gobierno de Milei profundiza su política de persecución contra los migrantes

     

    El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.

    Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI

    El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros

    Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.

    El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.

    Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación

    Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.

    El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.

    Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.

    La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.

    Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado

    El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.

    La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

    A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.

    Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei

    La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.

    Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.

     

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