Los agentes de Educación Vial asistieron a la Colonia de Vacaciones Municipal en Cumelen

Un total de 6 vehículos fueron retenidos en el marco de los operativos realizados por el personal de Tránsito Municipal para controlar el cumplimiento del decreto 059/2021 que estableció las nuevas medidas sanitarias vigentes en la ciudad. En este sentido, además de la retención de los rodados, se les aplicó a sus conductores una multa…

Javier Milei sacó un decreto alevoso en la noche de este jueves para instruir a la Procuración del Tesoro el cese de la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis «Toto» Caputo por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019, tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa.

El Presidente retiró entonces al Estado de la causa que debía investigar el destino de los fondos otorgados por el organismo multilateral de crédito, para favorecer tanto a su ministro de Economía como a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también formó parte del gobierno de Cambiemos.

El decreto de Milei es el 87/26 y establece en su artículo 2° que se instruye a la Procuración «a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019». Esa investigación se caratuló «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros» y fue la querella criminal que anunció el expresidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.

Capuchetti consideró en su fallo que «las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados». Por eso, dispuso el archivo de la causa.

La jueza Capuchetti.

Sin embargo, el fiscal Franco Picardi objetó la medida al señalar que la magistrada realizó «una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas». «Todo ello, para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación», aseveró.

Según Picardi, «la resolución recurrida posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa».

La magistrada realizó una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas.

La investigación tenía como objeto esclarecer si había efectivamente un «esquema defraudatorio» montado entre por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), en connivencia con agentes del sector privado. Picardi recuerda que se contrajo deuda por U$s 57100 millones «vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas».

Además, postula que se destinaron «de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público». «Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales», completa.

Noticia en desarrollo.

Tras jugarse durante el fin de semana la séptima fecha de la Liga de Fútbol Femenino, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina comparte la tabla de posiciones. Difunde esta nota

Acompañado por el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena firmó la resolución que designa a 70 escribanos de la provincia de Buenos Aires en el marco de un nuevo concurso para la Provisión de Titularidades de Registros Notariales.

Luego de 11 años, la provincia de Buenos Aires avanzó en la designación de Titularidades de Registros Notariales, una política fundamental para democratizar la función notarial.

Finalizado este proceso se comenzará a trabajar inmediatamente en el nuevo proceso concursal para regularizar definitivamente la situación en toda la provincia.

Guillermo Longhi y Juan Martín Mena.

Las designaciones corresponden a los distritos de Almirante Brown, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Campana, Carlos Tejedor, Cañuelas, Coronel Brandsen, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Colón, Dolores, Escobar, Esteban Echeverria, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pueyrredón, General Rodriguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, San Cayetano, San Isidro, San Pedro, Tandil, Tigre, Tornquist, Tres Arroyos, Vicente López.

El último concurso para la designación de notarios se había realizado en el año 2012, y finalizado su sustanciación con la firma de la resolución ministerial en el año 2015.