Ayer por la tarde lxs trabajadores de La Reginense tuvieron una reunión con el intendente de la ciudad Marcelo Orazi, quien los recibió en el municipio. En esta oportunidad los obreros de la sidrera estuvieron representados por Juan Caniupán, Alicia Monsalve y Sergio Gallardo. En un encuentro productivo el mandatario se comprometió con respecto al pago que se efectuaría este viernes y también a mejorar el diálogo y mantener una relación más directa con los trabajadores.
Gentileza Juan Canupán
“La confianza de la gente está quebrada, y es imposible recuperarla con tanto manoseo, el compromiso del intendente es de tratar de mejorar el diálogo con los trabajadores, de tener una llegada más directa con la gente”, cuenta Caniupán.
“Mediante el diálogo pudimos aclarar algunas situaciones que pasaron en la temporada, aprovechamos a dejar en claro que nosotros queremos que se nos pague todo nuestro sueldo, que lo que sucedió la semana pasada con Santivañez y Perez no había sido consultado a los trabajadores, ese monto propuesto no resuelve nada. Pedimos que se eleve la suma del depósito que plantean hacer el día viernes”, le dejaron en claro lxs trabajadores al intendente.
Durante la semana recibieron los módulos alimenticios que habían prometido desde el Concejo Deliberante.
“Nosotros dejamos bien en claro que acá el primer compromiso que hay que cumplir es con la gente. Si bien lo mejor que podemos tener es nuestra fuente laboral, tampoco queremos esto, si trabajamos queremos cobrar por nuestro trabajo como se debe. Es lo mínimo que uno espera como trabajador” expresaron los trabajadores por medio de Caniupán quién tomó la posta una vez que las relaciones con el sindicato de obreros empacadores de la fruta se quebró.
La búsqueda de lo que le corresponde se ha dado de manera independiente ya que los obreros se consideran desafiliados y autónomos, debido a que el sindicato mediante su delegado y el ex interventor les han ocasionado más problemas que soluciones en este último tiempo, siempre pergeniando resoluciones a espaldas de lxs trabajadores.
“A esta altura estamos totalmente desconfiados de lo que puede llegar a suceder, va a ser un trabajo difícil recuperar la confianza de la gente y si siguen con actitudes de resolución por encima de la gente no va a suceder. Y así sería muy difícil llevar adelante otra reactivación”, agregó Caniupán en entrevista con #LaTapa.
Este viernes lxs trabajadores deberían recibir en sus cuentas sueldo un pago parcial de sus haberes, y están a la espera de que el monto sea más elevado de lo que se les ha informado.
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A Patricia Bullrich le voltearon la sesión que pretendía convocar para este jueves, entre el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, los senadores de la UCR y sus pares libertarios Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, unidos en la resistencia al proyecto de ley de Biocombustibles que se dictaminó la semana pasada.
Fuentes del Poder Ejecutivo comentaron a LPO que el gobierno rechaza las modificaciones negociadas por la jefa de la bancada de LLA en el Senado con los legisladores aliados. A la cabeza del bloqueo figura González, un funcionario dependiente del ministro Luis «Toto» Caputo.
También se agruparon en el rechazo los radicales de la provincia de La Pampa y Santa Fe, Daniel Kroneberger, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, pero se terminaron plegando el resto de sus colegas de bloque. «La UCR asumió una postura unificada hasta no arreglar por el tema de biodiésel», precisó una legisladora.
Y además, Patricia se encontró con la declaración de rebeldía de dos senadores de LLA. Los puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta se plantaron contra el proyecto porque la nueva regulación supone un perjuicio para las pymes del sector emplazadas en San Luis. «Es un gran daño para nuestra provincia», contestaron cerca de Arrascaeta.
Con la falta de apoyo de los radicales, que son 10 en total, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto. Pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.
Por eso, Bullrich tuvo que optar por bajar la reunión de labor parlamentaria que pretendía para este miércoles, pese a que había tanteado a los aliados en una reunión que mantuvo con ellos el martes por la tarde y había salido confiada a comunicar que habría sesión esta semana.
Sin los radicales, el oficialismo estaba en serias dificultades para abrir el recinto pero con el conato de Abdala y Arrascaeta quedaba condenado al papelón.
Fuentes del Congreso dijeron a LPO que González «no estuvo de acuerdo sobre cómo quedó el dictamen firmado en la Comisión de Minería y Energía por presión del sector del mercado del biodiesel, a pesar de haber sido acordado y trabajado durante muchos meses». Pero, además del lobby del biodiésel, habría llegado un pedido expreso desde la cartera de Caputo para que se baje el tratamiento.
Las empresas medianas vinculadas a la producción de aceite para el biodiesel se oponen a la iniciativa porque avizoran una pérdida de 10 mil puestos de empleo directos e indirectos para el sector.
Las senadoras Alejandra Vigo, Beatriz Avila, Flavia Royón y Carolina Moisés, comprometidas con el impulso del bioetanol por los intereses de sus provincias, intentaron hasta último momento rescatar la chance de llegar al recinto, pero tampoco pudieron lograrlo. Bullrich bajó la convocatoria hasta que se consensúen las modificaciones al dictamen, que había sido firmado en la comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidida por la salteña Royón, el último jueves.
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El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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