LO PROMETIDO TAMBIÉN ES DEUDA

La inflación de mayo desaceleró al 2,1% y marcó el registro más bajo desde septiembre de 2025. El Gobierno leyó el dato como una confirmación de su estrategia económica. Pero detrás del promedio que publica el Indec, los rubros que pesan más en la vida cotidiana siguieron corriendo por arriba del índice general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,5% en el mes. Según el Indec, el aumento estuvo explicado sobre todo por el salto de las verduras, con fuertes incrementos en distintas regiones del país. Es decir, la baja del índice general convivió con subas más fuertes en el gasto básico de las familias.

La Canasta Básica Alimentaria, que marca la línea de indigencia, aumentó 2,4%, también por encima del IPC. La Canasta Básica Total, que define el umbral de pobreza, avanzó 2%. Con esos valores, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para no caer bajo la línea de pobreza.

El mayor aumento de mayo se registró en Comunicación, con una suba de 3,4%. Allí impactaron los ajustes en telefonía celular, internet y televisión por cable. Luego aparecieron Educación, con 2,9%; Salud, con 2,6%; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también con 2,6%.

En el AMBA, las boletas de electricidad y gas para los hogares sin subsidio aumentaron 5,6% y 5,1%, respectivamente. Esos ajustes forman parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional para avanzar en la desregulación energética.

En Salud, la suba respondió al incremento de las cuotas de medicina prepaga y a nuevas remarcaciones en medicamentos. En Vivienda, el golpe vino por los servicios públicos, con aumentos en electricidad, gas y agua.

Son rubros cada vez más relevantes dentro del presupuesto familiar. Además, tienen una particularidad: no se pueden recortar con facilidad. Una familia puede postergar una compra, pero no puede dejar de pagar la luz, el gas, el transporte, el alquiler, la prepaga o el colegio.

Por eso, más que mirar sólo el promedio de precios del Indec, la variable central para medir el impacto social del programa económico es el salario disponible. Es decir, cuánto dinero le queda efectivamente a un trabajador después de pagar los gastos fijos e inevitables.

Ese ingreso disponible acumuló una caída promedio del 12% durante la gestión de Javier Milei. A diferencia del salario real general, este indicador mide el ingreso neto que queda luego de cubrir tarifas de servicios públicos, alquileres, transporte, medicina prepaga y educación.

El deterioro se explica por varios factores. El primero es la quita de subsidios, que trasladó a los hogares una parte mayor del costo de la luz, el gas, el agua y el transporte. Esos aumentos neutralizaron buena parte de las recomposiciones salariales obtenidas en paritarias.

Otro factor es el peso creciente de la canasta de servicios. Los gastos de mantenimiento del hogar y los servicios esenciales ya absorben cerca de un cuarto de un sueldo promedio en Argentina.

La desaceleración de la inflación general, entonces, no alcanza para mejorar el ingreso disponible. Mientras el IPC muestra una baja, los precios regulados, las tarifas y los combustibles siguen avanzando por encima de los salarios corrientes. Ahí aparece la distancia entre el dato que celebra el Gobierno y la plata que queda en el bolsillo.

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