Ayer por la tarde lxs trabajadores de La Reginense tuvieron una reunión con el intendente de la ciudad Marcelo Orazi, quien los recibió en el municipio. En esta oportunidad los obreros de la sidrera estuvieron representados por Juan Caniupán, Alicia Monsalve y Sergio Gallardo. En un encuentro productivo el mandatario se comprometió con respecto al pago que se efectuaría este viernes y también a mejorar el diálogo y mantener una relación más directa con los trabajadores.
Gentileza Juan Canupán
“La confianza de la gente está quebrada, y es imposible recuperarla con tanto manoseo, el compromiso del intendente es de tratar de mejorar el diálogo con los trabajadores, de tener una llegada más directa con la gente”, cuenta Caniupán.
“Mediante el diálogo pudimos aclarar algunas situaciones que pasaron en la temporada, aprovechamos a dejar en claro que nosotros queremos que se nos pague todo nuestro sueldo, que lo que sucedió la semana pasada con Santivañez y Perez no había sido consultado a los trabajadores, ese monto propuesto no resuelve nada. Pedimos que se eleve la suma del depósito que plantean hacer el día viernes”, le dejaron en claro lxs trabajadores al intendente.
Durante la semana recibieron los módulos alimenticios que habían prometido desde el Concejo Deliberante.
“Nosotros dejamos bien en claro que acá el primer compromiso que hay que cumplir es con la gente. Si bien lo mejor que podemos tener es nuestra fuente laboral, tampoco queremos esto, si trabajamos queremos cobrar por nuestro trabajo como se debe. Es lo mínimo que uno espera como trabajador” expresaron los trabajadores por medio de Caniupán quién tomó la posta una vez que las relaciones con el sindicato de obreros empacadores de la fruta se quebró.
La búsqueda de lo que le corresponde se ha dado de manera independiente ya que los obreros se consideran desafiliados y autónomos, debido a que el sindicato mediante su delegado y el ex interventor les han ocasionado más problemas que soluciones en este último tiempo, siempre pergeniando resoluciones a espaldas de lxs trabajadores.
“A esta altura estamos totalmente desconfiados de lo que puede llegar a suceder, va a ser un trabajo difícil recuperar la confianza de la gente y si siguen con actitudes de resolución por encima de la gente no va a suceder. Y así sería muy difícil llevar adelante otra reactivación”, agregó Caniupán en entrevista con #LaTapa.
Este viernes lxs trabajadores deberían recibir en sus cuentas sueldo un pago parcial de sus haberes, y están a la espera de que el monto sea más elevado de lo que se les ha informado.
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El Gobierno de Milei admite que utiliza fondos destinados a las rutas para sostener el equilibrio fiscal, mientras más de un billón de pesos permanece sin ejecutar en obras viales.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente expuesto ante una contradicción central de su programa económico: mientras presenta el ajuste y el “déficit cero” como una cuestión casi moral, existen recursos públicos recaudados con un destino específico que no llegan a las obras para las que fueron creados. Una investigación de LA NACION reveló que el fondo vial recibió más de $1,5 billones durante los dos años y medio de gestión libertaria, pero apenas una cuarta parte fue aplicada a obras, mientras que más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo. Días después, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”.
El dato adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se lo cruza con el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras y la creciente necesidad del Gobierno de construir acuerdos parlamentarios con gobernadores que no necesariamente comparten su programa. La denuncia publicada por Prensa Obrera sostiene precisamente que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no solo están siendo retenidos para fortalecer las cuentas fiscales, sino que la administración de esos fondos permitiría manejar discrecionalmente recursos hacia las provincias en momentos políticamente sensibles. La acusación es grave y debe ser diferenciada de los hechos comprobados: está documentada la subejecución y la utilización financiera de los recursos; la hipótesis de que determinados desembolsos hayan sido utilizados para comprar voluntades políticas requiere probar cada caso concreto.
Un impuesto que se cobra para las rutas y termina financiando otra cosa
El corazón del problema está en el Impuesto a los Combustibles y en el Sistema Vial Integrado, un mecanismo creado para garantizar que una parte de esos recursos tenga un destino determinado: la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. Según la investigación de LA NACION, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SisVial $1.503.252 millones, pero solo fueron ejecutados $394.406 millones en obras. Es decir, quedaron sin aplicar más de un billón de pesos, de los cuales $1.038.779 millones estaban colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente al cierre del período analizado.
No se trata, entonces, simplemente de que el Estado “no tenga plata” para arreglar las rutas. El problema es bastante más incómodo: hay recursos recaudados y asignados específicamente al sistema vial que no se están transformando en infraestructura vial. El propio Gobierno confirmó la existencia del mecanismo. Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y que otra es dispuesta por Economía como parte del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. La declaración modifica sustancialmente la discusión, porque ya no estamos solamente ante una denuncia de la oposición o de organizaciones gremiales: existe un reconocimiento oficial de que esos recursos están siendo utilizados dentro de la estrategia fiscal del Ejecutivo.
La dimensión del desvío también permite comprender por qué el deterioro de las rutas dejó de ser una cuestión secundaria. De acuerdo con los datos difundidos por LA NACION, la subejecución del SisVial alcanzó el 73,8% durante el período analizado. En 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%. El contraste entre la recaudación y la ejecución resulta particularmente fuerte porque se produce mientras miles de kilómetros de rutas nacionales requieren mantenimiento, rehabilitación y obras de seguridad.
El déficit cero como prioridad por encima de la infraestructura
La cuestión de fondo es qué entiende el Gobierno por “ordenar las cuentas públicas”. El discurso oficial presenta cada peso no gastado como una victoria frente al supuesto despilfarro estatal. Pero no todo gasto público es equivalente. Una cosa es eliminar un gasto superfluo y otra muy distinta es dejar de mantener una infraestructura estratégica que utilizan diariamente trabajadores, transportistas, productores, comerciantes, turistas, ambulancias y comunidades enteras.
Las rutas no son un lujo ni una concesión ideológica del Estado. Son parte de la infraestructura básica que permite que la producción circule. Un camión que tarda más, rompe neumáticos o suspensiones, consume más combustible o enfrenta una ruta deteriorada termina incorporando esos costos al precio final de los productos. Una ruta sin mantenimiento tampoco es solamente un problema de comodidad: puede convertirse en un factor de riesgo vial. El propio sindicato de trabajadores viales advirtió que el ajuste sobre Vialidad implica frenar obras, reducir inversión y trasladar el costo del deterioro hacia quienes circulan por las rutas.
Por eso resulta difícil sostener que el ajuste en infraestructura es neutral. La reducción de la inversión pública puede mejorar una planilla fiscal en el corto plazo, pero también deteriora activos públicos, aumenta costos logísticos y obliga a afrontar reparaciones más caras en el futuro. Es la vieja discusión sobre el mantenimiento de una casa: ahorrar en el techo puede mejorar las cuentas del mes, pero cuando finalmente entra el agua la reparación cuesta mucho más.
Y existe una segunda dimensión: el trabajo. La obra pública moviliza directamente a trabajadores de la construcción, pero también genera actividad en empresas proveedoras, transporte, producción de materiales y servicios. La paralización de rutas no solamente deja pozos y obras inconclusas; también destruye cadenas económicas en localidades del interior que dependen de esos proyectos.
Cuando el ajuste se convierte en una herramienta política
La denuncia política más delicada aparece cuando se analiza qué ocurre con los fondos que no se distribuyen regularmente. Los desembolsos para obras viales se concentraron en determinados períodos vinculados con sesiones legislativas en las que el oficialismo necesitaba votos y que algunas provincias recibieron recursos en momentos políticamente sensibles. Esa interpretación debe ser presentada como una acusación, no como un hecho judicialmente probado. Pero incluso dejando de lado esa hipótesis, existe un problema institucional evidente cuando un Gobierno concentra recursos que tienen un destino específico y luego administra discrecionalmente cuándo y cómo los libera.
El Gobierno de Milei necesita permanentemente negociar con gobernadores para conseguir respaldo legislativo. La experiencia de los últimos meses mostró que la relación entre la Casa Rosada y las provincias está atravesada por reclamos de fondos, obras, coparticipación y transferencias. En ese contexto, cualquier recurso nacional cuya distribución pueda acelerarse, demorarse o condicionarse adquiere inevitablemente una dimensión política.
Y aquí aparece una paradoja particularmente fuerte para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la llamada “casta”. La discrecionalidad estatal no desaparece cuando se reduce el gasto: puede cambiar de forma. Si el Estado deja de financiar masivamente obras pero conserva recursos determinados para administrarlos según sus necesidades fiscales y políticas, el problema no desaparece. Simplemente cambia el mecanismo de distribución del poder.
La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a si el Gobierno “gasta mucho” o “gasta poco”. La pregunta verdaderamente importante es qué hace con los recursos que recauda, qué destino legal tienen y quién decide cuándo se utilizan. Porque un Estado puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, estar descapitalizando su infraestructura, deteriorando sus rutas y acumulando problemas que tarde o temprano deberán ser pagados por la sociedad.
El caso del SisVial desnuda esa tensión con una claridad difícil de ocultar. Mientras el Gobierno exhibe el déficit cero como la prueba de su éxito económico, más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial permanecían fuera del asfalto. Y mientras las rutas esperan mantenimiento, el dinero puede permanecer colocado en instrumentos financieros o ser utilizado dentro de la estrategia general de administración fiscal.
El interrogante político que queda planteado es, entonces, mucho más profundo que una disputa presupuestaria: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para mostrar una determinada cifra fiscal, incluso cuando para conseguirla posterga obras que tienen un destino específico y una función económica y social concreta? El “déficit cero” puede ser presentado como una bandera de austeridad, pero si el precio de esa bandera es una ruta destruida, una obra paralizada, un trabajador despedido o una infraestructura que pierde valor, habrá que preguntarse qué tipo de equilibrio se está construyendo y, sobre todo, quién termina pagando su costo.
Eduardo Vischi propuso rechazar in limine una denuncia contra el juez Luis Armella por trabar la investigación del caso Sur Finanzas, que involucra al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.
El impulsor del expediente contra el magistrado es el abogado Daniel Sarwer, que se hizo acreedor de la etiqueta de «denunciante serial», y su trámite debería discutirse este miércoles, en la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Ese ámbito está presidido por el abogado César Grau pero también lo integran los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, los senadores Luis Juez, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y el propio Vischi y el moleísta Hugo Galderisi.
La presencia de cuatro jueces en la comisión, más la recomendación de Vischi para desestimar la denuncia de Sarwer, coloca a Armella muy cerca de la chance de salvarse. Sin embargo, otros consejeros consideran que lo correcto sería discutir el expediente.
La iniciativa de Sarwer contra el juez a cargo del Juzgado N° 2 de Lomas de Zamora planteaba «la inacción, desatención o demora reiterada» por parte del magistrado en la causa de Sur Finanzas, que investiga una red de operaciones financieras vinculadas al dueño de la empresa, Ariel Vallejos, cercano al presidente de la AFA. «Este tipo de información no puede ser considerada una cuestión menor, y exige imperiosamente una investigación disciplinaria, a fin de determinar si se está ante negligencia grave, desidia funcional, incumplimiento de los deberes del magistrado, o cualquier otra conducta incompatible con la función judicial», sostuvo el denunciante.
Luis Armella.
Armella delegó la investigación en la fiscal Cecilia Incardona, quien había sonado como candidata para ocupar el cargo de Leopoldo Bruglia, silla que ahora podría quedar en manos de Pablo Yadarola si el Senado aprueba el pliego que la comisión de Acuerdos dictaminó el miércoles pasado. Incardona, que cosecha el apoyo de la familia judicial pero también del peronismo, habría sido atendida por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para brindarle explicaciones acerca de por qué no sería impulsada por el Poder Ejecutivo. Se rumorea, de todas maneras, que podría ser compensada en otro concurso, más adelante.
Pese a la red de presunta protección que pretende demostrar Sarwer en su escrito, Vischi consideró que el texto contiene «relatos genéricos, vagos y de difícil comprensión».
La denuncia incumple el deber de autosuficiencia. Si bien el Consejo no es formalista, el denunciante debe darle al cuerpo los elementos mínimos para saber qué expediente ir a buscar al juzgado.
Para impedir el avance del expediente en el Consejo, el senador correntino señaló que «el denunciante no se refiere a ningún expediente o causa en particular» y «tampoco menciona datos que ayuden a identificar posibles expedientes, tales como fecha de presentación o entidades denunciadas». «La denuncia incumple el deber de autosuficiencia. Si bien el Consejo no es formalista, el denunciante debe darle al cuerpo los elementos mínimos para saber qué expediente ir a buscar al juzgado», fundamentó.
Esa justificación despertó suspicacias entre los rivales de Vischi en la Magistratura. «Rechaza la denuncia porque no está especificada la fecha, cuando lo que correspondería es que los consejeros investiguen», dijo uno de los consejeros, al tiempo que otro objetó que se descarte a Sarwer por ser «denunciante serial»: «¿qué queda para Carrió?», se preguntó.
Según el senador, «las deficiencias detalladas aniquilan las potestades investigativas de esta comisión, por lo que la denuncia debe ser rechazada por resultar manifiestamente improcedente». «La falta de pruebas que respalden las acusaciones y la confusión en la exposición de los hechos no justifican iniciar un proceso que podría afectar la integridad y el normal funcionamiento del sistema judicial», alegó.
A principios de este año la Municipalidad de Villa Regina, en un trabajo en conjunto en el que intervinieron la Secretaría de Obras y Servicios y las Direcciones de Cultura y de Deportes, comenzó con las tareas de mejoramiento del skatepark, espacio al que su constante uso había provocado su deterioro. El proyecto de restauración…
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