Ayer por la tarde lxs trabajadores de La Reginense tuvieron una reunión con el intendente de la ciudad Marcelo Orazi, quien los recibió en el municipio. En esta oportunidad los obreros de la sidrera estuvieron representados por Juan Caniupán, Alicia Monsalve y Sergio Gallardo. En un encuentro productivo el mandatario se comprometió con respecto al pago que se efectuaría este viernes y también a mejorar el diálogo y mantener una relación más directa con los trabajadores.
Gentileza Juan Canupán
“La confianza de la gente está quebrada, y es imposible recuperarla con tanto manoseo, el compromiso del intendente es de tratar de mejorar el diálogo con los trabajadores, de tener una llegada más directa con la gente”, cuenta Caniupán.
“Mediante el diálogo pudimos aclarar algunas situaciones que pasaron en la temporada, aprovechamos a dejar en claro que nosotros queremos que se nos pague todo nuestro sueldo, que lo que sucedió la semana pasada con Santivañez y Perez no había sido consultado a los trabajadores, ese monto propuesto no resuelve nada. Pedimos que se eleve la suma del depósito que plantean hacer el día viernes”, le dejaron en claro lxs trabajadores al intendente.
Durante la semana recibieron los módulos alimenticios que habían prometido desde el Concejo Deliberante.
“Nosotros dejamos bien en claro que acá el primer compromiso que hay que cumplir es con la gente. Si bien lo mejor que podemos tener es nuestra fuente laboral, tampoco queremos esto, si trabajamos queremos cobrar por nuestro trabajo como se debe. Es lo mínimo que uno espera como trabajador” expresaron los trabajadores por medio de Caniupán quién tomó la posta una vez que las relaciones con el sindicato de obreros empacadores de la fruta se quebró.
La búsqueda de lo que le corresponde se ha dado de manera independiente ya que los obreros se consideran desafiliados y autónomos, debido a que el sindicato mediante su delegado y el ex interventor les han ocasionado más problemas que soluciones en este último tiempo, siempre pergeniando resoluciones a espaldas de lxs trabajadores.
“A esta altura estamos totalmente desconfiados de lo que puede llegar a suceder, va a ser un trabajo difícil recuperar la confianza de la gente y si siguen con actitudes de resolución por encima de la gente no va a suceder. Y así sería muy difícil llevar adelante otra reactivación”, agregó Caniupán en entrevista con #LaTapa.
Este viernes lxs trabajadores deberían recibir en sus cuentas sueldo un pago parcial de sus haberes, y están a la espera de que el monto sea más elevado de lo que se les ha informado.
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Cristina Fernández de Kirchner decidió reforzar su estrategia judicial con la incorporación de dos abogados de reconocimiento internacional, con experiencia en causas de alto impacto político en América Latina. La exmandataria busca llevar su condena a nuevos escenarios jurídicos y profundizar el reclamo por lo que considera una persecución política con consecuencias institucionales.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una nueva etapa en la defensa de Cristina Kirchner
La condena en la causa Vialidad abrió una nueva etapa en la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia que impuso seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta decidió modificar el esquema de su defensa y sumar especialistas extranjeros con trayectoria en litigios vinculados a derechos humanos y persecución política.
En la carta abierta difundida este miércoles, Cristina anunció la incorporación de dos abogados de prestigio internacional que tendrán como objetivo avanzar en una discusión que exceda los tribunales argentinos: el planteo de que su caso debe ser analizado bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
La decisión no es solamente jurídica. En el entorno de la exmandataria interpretan que la disputa dejó de estar limitada al expediente por la obra pública en Santa Cruz y pasó a convertirse en una discusión sobre los límites entre una condena penal y sus efectos sobre la participación democrática de una dirigente política.
Cristiano Zanin y Marco Stabile, los nombres detrás de la nueva estrategia
Uno de los nuevos abogados que se incorporará a la defensa es Cristiano Zanin Martins, reconocido internacionalmente por haber sido el abogado principal del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la batalla judicial derivada de la causa Lava Jato.
Zanin tuvo un rol central en la estrategia que logró revertir las condenas contra Lula, luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil declarara la incompetencia del juez Sergio Moro y cuestionara la actuación judicial que había llevado adelante la causa. Su incorporación a la defensa de Cristina no es casual: el paralelismo entre ambos procesos forma parte del argumento político que el kirchnerismo viene sosteniendo desde hace años alrededor del concepto de lawfare, entendido como la utilización de herramientas judiciales con fines de disputa política.
El otro nombre que se suma al equipo es el abogado italiano Marco Stabile, especialista en derecho internacional y derechos humanos. Su participación apunta a reforzar la dimensión internacional del reclamo y a explorar vías ante organismos externos al sistema judicial argentino.
Del expediente argentino a la discusión internacional
La incorporación de estos abogados marca un cambio de enfoque. Hasta ahora, la defensa de Cristina había concentrado sus esfuerzos principalmente en las instancias nacionales, con planteos de nulidad, cuestionamientos al proceso y críticas a la actuación de jueces y fiscales.
La nueva estrategia apunta a instalar el caso en otro terreno: el de los derechos políticos y las garantías democráticas. En su carta, Cristina sostuvo que la verdadera sanción que enfrenta no es únicamente la condena penal, sino la imposibilidad de volver a competir electoralmente por una inhabilitación de por vida.
Ese punto es clave porque transforma el eje de la discusión. Mientras sus adversarios sostienen que la prohibición de ejercer cargos públicos es una consecuencia legal de una sentencia firme, desde el kirchnerismo argumentan que esa medida produce un efecto político equivalente a una proscripción, al impedir que sea la ciudadanía quien decida sobre su futuro electoral.
La apuesta de la defensa será, entonces, intentar que esa discusión sea observada bajo parámetros internacionales y no únicamente desde la interpretación de los tribunales argentinos.
La sombra del lawfare y el antecedente Lula
La elección de Zanin tiene además un fuerte componente simbólico. El abogado brasileño se convirtió en una figura asociada a la defensa de Lula frente a una estructura judicial que, según denunció el Partido de los Trabajadores brasileño, había sido utilizada para impedir su regreso a la política.
Para el kirchnerismo, el recorrido de Lula funciona como antecedente de una disputa donde una condena judicial puede tener consecuencias electorales determinantes. Para sus críticos, en cambio, se trata de casos diferentes en los que las condenas deben analizarse por sus pruebas y fundamentos propios.
Esa tensión atraviesa hoy el escenario argentino: la discusión ya no se limita a si Cristina Kirchner es responsable o no de los delitos por los que fue condenada, sino a si una decisión judicial puede tener como consecuencia excluir definitivamente a una dirigente del sistema político.
Una batalla judicial que también es política
La llegada de los nuevos abogados confirma que Cristina Kirchner no piensa cerrar la discusión con la resolución de la Corte Suprema. Por el contrario, busca trasladar el conflicto a nuevos ámbitos y convertir su situación judicial en una discusión sobre democracia, representación y derechos políticos.
En un escenario donde el peronismo atraviesa una etapa de reorganización y el gobierno de Javier Milei busca consolidar su proyecto político, la estrategia judicial de Cristina vuelve a tener un impacto directo sobre la disputa política nacional.
La defensa renovada no sólo buscará revertir o cuestionar aspectos jurídicos de la condena, sino instalar una pregunta que atraviesa todo el debate: si una dirigente elegida durante dos décadas por millones de argentinos puede quedar definitivamente fuera de la competencia electoral por una decisión judicial.
La respuesta a esa pregunta será, en los próximos meses, uno de los principales capítulos de la disputa institucional argentina.
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