El gobierno cree que tienen que meter preso a Tapia en marzo

El gobierno cree que tienen que meter preso a Tapia en marzo

 

En el gobierno de Javier Milei quieren meter presos a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en marzo para poder correrlos de la AFA sin que la FIFA descalifique a la Selección del Mundial.

La evaluación interna que hacen en el gobierno es que hasta marzo inclusive es probable avanzar en la detención del Chiqui porque en la medida que avance el calendario hacia el Mundial, será más riesgoso detenerlo por las consecuencias que podría traerle a La Scaloneta.

La FIFA le impidió a Guatemala, Kuwait e Indonesia participar del mundial de Rusia 2018 porque detectó la intervención del Poder Ejecutivo o el Judicial en las asociaciones. En el caso de Guatemala, la FIFA descalificó al país de las eliminatorias luego de la destitución judicial de dirigentes de la federación local, lo que consideró como injerencia estatal.

En el gobierno creen que si meten preso a Tapia el escenario será diferente y habrá margen para negociar con la FIFA un proceso de normalización que no afecte la participación del equipo de Messi en Estados Unidos, México y Canadá.

Tapia denuncia que Milei quiere intervenir la AFA y en Europa ya dicen que la FIFA podría sacar a Argentina del Mundial 

En la AFA hay desconcierto por la falta de una estrategia clara contra la ofensiva de varios frentes que llega desde el gobierno y los factores de poder. Por más que el tribunal de ética de la AFA está integrado por jueces federales, Tapia no tiene una defensa fuerte y las causas avanzan por dos carriles diferentes.

En la AFA hay desconcierto por la falta de una estrategia clara contra la ofensiva de varios frentes que llega desde el gobierno y los factores de poder. 

El juez federal Luis Armella investiga los vínculos de Tapia y Toviggino con la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, por presunto lavado de dinero. En tanto que el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, también investiga a Toviggino por lavado de dinero por la compra de una mansión con helipuerto en Villa Rosa, Pilar.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en el estadio de Santiago del Estero que construyó Gerardo Zamora, jefe del Tesorero de la AFA.

El gobierno, por el contrario, tiene la estrategia de atenazar a los principales hombres de la AFA con detenciones de personajes que podrían declarar como arrepentidos. Por eso, en el gobierno festejaron cuando Armella procesó por el delito de encubrimiento agravado a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, y a los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín.

Sánchez, que se negó a declarar como arrepentida, fue detenida preventivamente en su domicilio. El objetivo del gobierno es que alguien termine quebrándose para llegar a Tapia y Toviggino, que para colmo arrastran una relación turbulenta desde hace meses. Toviggino, el tesorero y el hombre que más suele exponerse en nombre de la asociación, no quiere ser el chivo expiatorio en el caso de que el Chiqui se vea obligado a entregar piezas.

El gobierno tiene la estrategia de atenazar a los principales hombres de la AFA con detenciones de personajes que podrían declarar como arrepentidos.

Tapia explota su buena relación con Messi y los jugadores de La Scaloneta, al menos en el plano de la imagen pública. En el plano político, el Chiqui se recuesta en el respaldo de Conmebol y su estrecho vínculo con el paraguayo Alejandro Domínguez y de la FIFA, que confirmó al argentino como miembro pleno de su Consejo Directivo en medio de la guerra con Milei. Tanto Infantino como Domínguez se mostraron junto a Tapia la semana pasada, en un fuerte gesto de apoyo.

Pero la Justicia argentina corre por otros canales y Tapia se enfrenta a dos inconvenientes vernáculos. Uno es el nexo del juez Aguinsky con Patricia Bullrich, que tomó la bandera del gobierno contra la AFA. Otro es el distanciamiento con Daniel Angelici. La relación con el Tano se rompió hace años y ahora es más necesaria que nunca, visto el panorama judicial nublado que se le presentó al número uno de la asociación del fútbol.

 

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    La SIDE de Milei: verdades, historia y certezas

     

    El DNU 941/2025 no moderniza la inteligencia argentina: la redefine en clave autoritaria. Bajo un lenguaje técnico y eufemístico, el decreto amplía facultades, diluye controles y habilita un esquema de vigilancia política interna incompatible con el Estado de Derecho. No es una hipótesis alarmista: está escrito, negro sobre blanco.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El gobierno de Milei volvió a recurrir al atajo institucional del Decreto de Necesidad y Urgencia para reformular de manera integral el sistema de inteligencia nacional. Lo hizo sin debate parlamentario, sin consensos mínimos y sin explicaciones públicas serias. El resultado es un texto extenso, ambiguo y peligrosamente abierto a interpretaciones expansivas, que concentra poder en la SIDE, debilita los controles democráticos y habilita prácticas históricamente asociadas al espionaje interno y al disciplinamiento político.

    No se trata de una discusión técnica. Se trata de qué tipo de Estado se está construyendo y contra quiénes se orientan sus herramientas más opacas.


    De la inteligencia estratégica al control político interno

    El DNU 941/2025 redefine los objetivos de la SIDE ampliando de manera sustancial el concepto de “seguridad estratégica”. Bajo esa categoría difusa se incorporan amenazas que ya no se limitan a riesgos externos, sino que incluyen fenómenos internos vinculados a la “influencia”, la “injerencia”, la “desestabilización” o la “afectación del orden institucional”.

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    El decreto refuerza la autonomía operativa de la SIDE, reduce instancias de supervisión externa y consolida un esquema de concentración de poder en el Ejecutivo, con una cadena de mando corta y opaca. El Congreso queda relegado a un rol casi decorativo, sin herramientas reales para auditar en tiempo real las actividades de inteligencia.

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    El decreto formaliza y potencia el rol de las llamadas comunidades CIFN (Comunidad de Inteligencia Federal Nacional) y CITN (Comunidad de Inteligencia Territorial Nacional), estructuras destinadas a articular información entre distintos organismos del Estado y actores privados. En los hechos, se trata de redes de intercambio de datos a gran escala, con escasos límites normativos y controles difusos.

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