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La Legislatura de Córdoba volvió a quedar en el centro de un escándalo por una denuncia vinculada con delitos contra la integridad sexual. El protagonista es Omar «Manotas» Ludueña, un empleado de planta permanente que tiene una extensa trayectoria de militancia junto a Rodrigo de Loredo.

Ludueña fue denunciado por una mujer que asegura haber sufrido abusos sexuales durante su infancia y adolescencia. Según la denuncia difundida públicamente, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía entre 3 y 14 años. La causa tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 2° Turno.

El caso adquiere una dimensión política por la trayectoria del empleado dentro de la Unicameral. Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR, como contratado bajo la modalidad de Asistente Legislativo. Posteriormente pasó a formar parte de la planta permanente. 

Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

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La documentación administrativa de la Legislatura confirma, además, que Ludueña figura entre los empleados del cuerpo legislativo. Un listado oficial de personal de la Unicameral lo registra como Auxiliar Principal.

Pero hay otro dato que resulta relevante: el 1° de febrero de 2024, la dirección de Capital Humano de la Legislatura le confirmó a «Manotas» que su nuevo destino sería la oficina Alejandra Ferrero, una de las espadas de De Loredo, «cumpliendo funciones de apoyo a las actividades que se desarrollan en la misma». 

El denunciado Omar «Manotas» Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR. Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

La nota lleva la firma de la propia Ferrero como responsable de la oficina de destino. El 8 de septiembre pasado, luego de que se hiciera pública la acusación a Ludueña, Ferrero solicitó a la vicegobernadora Myrian Prunotto que «arbitre las medidas para el apartamiento de las funciones» de Ludueña. 

El bloque de Hacemos Unidos, que viene de atravesar la crisis de «Cañito» Flores, presentó un pedido de informes en el que deja expuesto que Ludueña habría trabajado de manera ininterrumpida para legisladores de la UCR durante años y habría desarrollado también actividad política vinculada con ese espacio. 

La diputada radical Alejandra Ferrero.

Efectivamente, «Manotas» es un reconocido militante de la seccional Cuarta de la ciudad de Córdoba. El pedido de informes del oficialismo dejará expuesto cuándo ingresó Ludueña, quién solicitó su contratación, cómo fue su pase a planta permanente y todos los cambios registrados posteriormente. 

Es un dardo directo a De Loredo, puesto que el denunciado habría sido contratado por él en 2011. El planteo tiene un componente político adicional: el peronismo pretende que los distintos bloques fijen posición frente al caso y recuerda los antecedentes recientes de pedidos de exclusión y cuestiones de privilegio presentados por situaciones de gravedad similar. 

En principio, el peronismo buscará que se aplique la «jurisprudencia ‘Cañito’ Flores»: arrinconar a la radical Ferrero para que se tome licencia por haber cobijado en su oficina al denunciado. Como se recordará, Flores solicitó licencia y a las pocas horas renunció luego de que su exasesor José Villarreal fuera detenido e imputado en una causa por abuso sexual de menores.

La concejala radical Elisa Caffaratti, que conoce a Ludueña por su trabajo territorial y que también está vinculada al espacio de De Loredo, dijo que tomó conocimiento de la denuncia a través de la propia denunciante y que realizó una presentación judicial para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Hizo ruido en Catamarca la entrega de la concesión por 20 años de buena parte de la autopista Rosario-Córdoba a la unión de empresas integrada por Guido Mogetta S.A., empresa que tiene el dominio absoluto de la obra pública catamarqueña y que es sindicada como la «preferida» del gobernador Raúl Jalil.

La empresa de la familia del ex secretario de Transporte de Milei, Franco Mogetta, se quedó con los peajes del tramo Centro de la Red Federal de Concesiones promovida por Toto Caputo. Son 682 kilómetros que además incluye tramos de las rutas 19 y 34.

Fuentes al tanto de estas licitaciones advierten que la adjudicación en cuestión fungió como prenda de negociación de Jalil con el Gobierno para definir el voto de legisladores catamarqueños en próximas leyes de interés de Milei, entre ellas la eliminación de las PASO.

Jalil con Franco Mogetta cuando era el secretario de Transporte de Milei.

«Mogetta es el Lázaro Báez catamarqueño», sostuvo una fuente de esa provincia que enumeró una serie de obras clave que el gobierno de Jalil otorgó a Guido Mogetta S.A. La más significativa fue la Ruta Provincial N.º 43, por casi 1.500 millones.

Luego, aparecen la Ruta 1 -por casi 878 millones y donde Mogetta fue el único oferente-, el Paseo Religioso Virgen del Valle -por casi 250 millones- y hasta lo que se presentó como «el puente más largo de Catamarca», inaugurado la semana pasada sobre el río Santa María.

Los cálculos de las obras más recientes exponen que el gobierno de Jalil adjudicó a Mogetta obras por más de 3.500 millones.

Hay casos, como la remodelación del Dique Jumeal (por más de 160 millones) donde la licitación quedó desierta y la gestión Jalil recurrió a contratar directamente a Mogetta.

Los cálculos de las obras más recientes exponen que el gobierno de Jalil adjudicó a Mogetta obras por más de 3.500 millones.

Como contó LPO, el grupo Mogetta también está asociado con la poderosa empresa cordobesa Boeto y Buttigliengo Constructora (BBC) como contratistas en la explotación de Galaxy Lithium, en la puna catamarqueña.

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Un dato que ponen en Catamarca para ilustrar el estrecho lazo que une a Jalil con la contratista es que, a través de un «convenio de colaboración» entre el Ministerio de Educación y Mogetta se lanzó un «Campus de Entrenamiento Laboral» para formar a operadores de maquinaria vial. 

«La provincia pone recursos para formar a los empleados de Mogetta», cuestionan en Catamarca.

Para la concesión otorgada por Caputo días atrás, Guido Mogetta se impuso sobre otras seis ofertas proponiendo una tarifa de 1.399 + IVA para el peaje.

A la semana siguiente de la entrega de la concesión de la autopista Rosario-Córdoba a Mogetta, el Gobierno logró aprobar en Diputados la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Ahí, los diputados de Jalil no mostraron resistencia y se abstuvieron.