Matías Rodríguez, de 20 años, este mediodía recibió en su domicilio de la zona de Esteban Echeverría (Luis Guillón), donaciones de artículos de limpieza, higiene personal y alimentos no perecederos por parte de la institución ‘tricolor’ que lo asiste desde un principio de la afectación, y de Lugones, titular de Aprevide, como lo informó Brown por medio de sus redes sociales.
El joven zaguero central, que el pasado miércoles fue testeado con resultado positivo por COVID-19 como paciente asintomático, se encuentra aislado junto a los ocho miembros de su familia en su casa, esperando por su evolución dentro de las dos semanas requeridas.
La institución del sur del conurbano bonaerense a través de su cuenta de Twitter @CABrown_Oficial posteó: “¡Más ayuda para Mati! Nuestro jugador Matías Rodríguez, quien se encuentra aislado junto a su familia, recibió donaciones del club y de Juan Manuel Lugones. El titular de la APreViDe se acercó por la mañana a brindar su ayuda. El C. A. Brown agradece enormemente el gesto”.
La publicación fue acompañada con las imágenes de las cajas con los productos donados y el momento de la llegada de Lugones a la vivienda de ‘Cachorro’, tal el apodo de Rodríguez, que entrena con el primer equipo desde hace un año y en el que jugó tres partidos amistosos.
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La Cámara Federal de San Martín le dio la razón a la Municipalidad de Escobar al declarar inconstitucional la resolución del Ministerio de Economía de la Nación que intentaba restringir el cobro de tasas municipales.
Esta decisión de segunda instancia, que confirma lo establecido por el Juzgado Federal de Campana, ratifica también la autonomía de los gobiernos locales.
Este fallo resulta trascendental porque de haberse mantenido dicha resolución, hubiera tenido un severo impacto en el desarrollo del partido de Escobar.
De aplicarse, se limitaba la capacidad del Municipio no solo para financiar los costos de los servicios básicos como el alumbrado público, la recolección de residuos y el mantenimiento de las calles, sino también la realización de inversiones clave vinculadas a la salud, la educación y la seguridad.
Al mismo tiempo, hubiera impedido la continuidad con fondos municipales de muchas de las obras que le correspondían finalizar al propio gobierno nacional y que fueron abandonadas desde diciembre de 2023.
La polémica surgió en septiembre de 2024, cuando la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, emitió la Resolución Nº 267, mediante la cual se prohibía que las tasas incluyeran cualquier concepto que no correspondiera al precio contratado por el consumidor.
En aquel momento, el intendente Ariel Sujarchuk le pidió al ministro Luis Caputo que deje de lado “las bravuconadas y los ataques a los municipios” y lo invitó “a trabajar juntos pensando cómo mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.
Con este fallo, la Justicia dejó claro una vez más que la resolución emitida por orden del ministro de Economía, Luis Caputo, no solo conllevaba un grave perjuicio social sino también una inusitada gravedad inconstitucional.
En Escobar aseguraron que este fallo sienta las bases para una relación más equitativa entre el Ejecutivo Nacional y los gobiernos locales, garantizando que el Municipio pueda seguir administrando los fondos propios de su distrito para devolverlos en servicios de calidad para sus vecinos y vecinas.
El juez Pablo Yadarola le imprimió un ritmo arrollador a la causa por las diez valijas que trajo el avión privado de Leonardo Scatturice a la Argentina e ingresaron al país sorteando todos los controles de la Aduana.
El caso del avión golpea de lleno a Santiago Caputo, que le permitió a Scatturice conseguir contratos por miles de millones en distintas áreas del Estado y las empresas públicas, al punto que ya lo llaman en la política “el Lázaro Báez libertario”.
De hecho, en el avión venía la exazafata Laura Belén Arrieta, vinculada a las Las Fuerzas del Cielo y vínculo de Santiago Caputo y Agustín Romo con la organización trumpista C-PAC.
A cargo del juzgado Penal en lo Económico Nº 2, Yadarola dispuso esta semana una decena de medidas que habilitaron un avance acelerado de la causa, pese a que el asunto salpica al gobierno. Un comportamiento muy distinto al del fiscal federal Eduardo Taiano, que demora pruebas claves en el caso de la estafa Libra, que tiene muy preocupados a los hermanos Milei.
Si bien es cercana a las Fuerzas del Cielo, Arrieta se aseguró de tener un vínculo con Karina Milei, por intermedio de su hermano, Fernando Arrieta, quien mantuvo reuniones con el joven Caputo en Casa Rosada, al menos en dos ocasiones. El hermano de la exazafata estaría vinculado a la hermana del Presidente a través de su despliegue con la fundación “Dale”, una usina política con la que aporta “ideas” al armador karinista Sebastián Pareja.
El caso que lleva ahora Yadarola se inició con el arribo de la aeronave matrícula N18RU al territorio nacional el 26 de febrero pasado, a raíz de que allí viajó Arrieta y bajó con una decena de valijas con las que eludió el control aduanero. El avión pertenecía a Scatturice.
La batería de medidas dispuestas por el juez están en exacta consonancia con aquellas pedidas por los fiscales.
El juzgado tomó intervención el 17 de marzo, ante la prevención realizada por el servicio aduanero. Un funcionario judicial al tanto de la investigación, afirmó a LPO que “la batería de medidas dispuestas por el juez (están) en exacta consonancia con aquellas pedidas por los fiscales”.
Scatturice, el dueño del avión.
“Se recibieron una gran cantidad de informes de diversos organismos públicos, numerosas declaraciones testimoniales, se realizaron órdenes de presentación y allanamiento, se secuestraron y analizaron todas las cámaras del aeropuerto, se relevó una gran cantidad de documentación de diverso origen, se analizaron disposiciones regulatorias de ANAC, Orsna, seguridad aeroportuaria y aduanera”, agregó el funcionario.
Yadarola tuvo a cargo la causa de Antonini Wilson, el venezolano que ingresó una valija sin control con 700 mil dólares en 2007, durante el primer mandato de Cristina Kirchner.
El juez Yadarola tuvo a cargo la causa de Antonini Wilson, el venezolano que ingresó una valija sin control con 700 mil dólares en 2007, durante el primer mandato de Cristina Kirchner.
Por esa causa, el magistrado resolvió el 19 de diciembre de 2018 el procesamiento de Julio de Vido, Claudio Uberti, Victoria Bereziuk y Ricardo Echegaray. Yadarola los consideró penalmente responsables de “la tentativa de contrabando de importacion de divisas, agravado por la concurrencia de tres o mas personas y por la intervencion de funcionarios publicos”.
La situación procesal de los imputados fue elevada a juicio el 7 de abril de 2021 al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1. En tanto, el Poder Judicial resolvió que el decomiso del dinero oportunamente secuestrado fuera destinado a la construcción de dos centros de primera infancia en Misiones y Tucumán.
