Informe presentado por Human Rigth Watch en Santiago, Chile, hoy 26 de noviembre de 2019.
Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas , señaló hoy Human Rights Watch«.
«Human Rights Watch se reunió con el Presidente Sebastián Piñera hoy 26 de noviembre para hacerle entrega de un informe que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión.
A continuación en informe presentado:
Desde que comenzaron las manifestaciones y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos.
Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.
El propio oficialismo reconoció que desconocía que el gendarme Nahuel Gallo iba a ser liberado tras 448 días detenido en Venezuela. La gestión que permitió su regreso no fue impulsada por la Casa Rosada sino por la AFA, dejando al desnudo la falta de conducción diplomática de Milei.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde diciembre de 2024 en Venezuela, debería haber sido una noticia exclusivamente positiva. Sin embargo, el episodio terminó revelando algo mucho más grave: el gobierno de Milei ni siquiera sabía que el operativo que permitió su regreso estaba en marcha.
Mientras el discurso oficial intentaba capitalizar políticamente el retorno del uniformado, la propia Patricia Bullrich terminó confirmando lo que expone el fondo del problema. El Ejecutivo no estaba al tanto de la gestión que destrabó la situación. La negociación decisiva que permitió la liberación no fue conducida por el Estado argentino, sino que se desarrolló por fuera de los canales oficiales.
El dato resulta demoledor desde el punto de vista institucional: la salida de Gallo no fue consecuencia de la política exterior argentina, sino de una vía alternativa impulsada desde el fútbol.
Diplomacia paralela ante un gobierno ausente
Después de 448 días detenido bajo acusaciones de espionaje, Gallo regresó al país en un vuelo vinculado a gestiones que no fueron coordinadas por la Cancillería ni por la Casa Rosada. La intervención de la AFA como puente humanitario operó sin que el propio gobierno tuviera conocimiento del desenlace inminente.
Así, el episodio dejó en evidencia una situación tan inusual como alarmante: el Ejecutivo nacional no participó del tramo decisivo de la negociación, no coordinó el traslado y ni siquiera fue informado del operativo que resolvería uno de los conflictos diplomáticos más sensibles de su gestión.
Mientras desde el oficialismo se insistía en que se habían realizado gestiones formales a través de terceros países, la resolución concreta terminó llegando por otra vía. En términos políticos, el resultado es elocuente: Argentina logró recuperar a un agente de seguridad detenido en el exterior sin que su propio gobierno supiera cómo ni cuándo ocurriría.
El síntoma de una política exterior sin rumbo
El caso Gallo había sido presentado durante más de un año como una prioridad diplomática, desde su detención el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela. Sin embargo, el desenlace dejó al descubierto la fragilidad de la estrategia oficial.
La relación política con Caracas permanecía bloqueada y las gestiones estatales no habían logrado avances concretos. La resolución, en cambio, apareció por fuera del esquema institucional, confirmando que el éxito no fue producto de la conducción gubernamental sino que se produjo a pesar de ella.
En ese contexto, el episodio deja de ser una anécdota aislada para transformarse en un síntoma. Lo que aparece es una política exterior desarticulada, sin canales eficaces de negociación y sin capacidad de conducción real.
Cuando el fútbol reemplaza al Estado
La liberación terminó concretándose gracias a una gestión humanitaria canalizada desde el ámbito del fútbol, que actuó como puente informal en medio de la tensión política entre Buenos Aires y Caracas.
La postal que queda es incómoda: un conflicto internacional de alto nivel fue resuelto por actores no estatales mientras la administración nacional se enteraba del desenlace prácticamente en simultáneo con la opinión pública.
La propia reconstrucción oficial de los hechos deja entrever el nivel de desorden. Gallo ni siquiera sabía que estaba regresando al país cuando subió al avión que lo traería de vuelta.
Impericia como política de Estado
Lo ocurrido excede el caso puntual y expone un problema estructural. La falta de coordinación diplomática, el aislamiento político y la ausencia de canales formales eficaces terminan delineando un patrón que atraviesa la gestión.
Se trata de un gobierno que proclama firmeza pero que no logra conducir los procesos que afirma encabezar. Cuando las resoluciones llegan por fuera del Estado y el Ejecutivo se entera después, lo que queda no es estrategia sino improvisación.
Y cuando la improvisación se vuelve constante, la impericia deja de ser un error.
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