La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que la Ley 24449 en su artículo 18 establece que el titular de una Licencia de Conducir debe denunciar a la brevedad todo cambio de los datos que figuran en ella.
En el caso de haber cambiado de jurisdicción, deberá solicitar otra licencia ante la nueva autoridad jurisdiccional, la cual debe otorgársela previo informe del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito contra entrega de la licencia anterior y por el período que le resta de vigencia.
La licencia caduca a los 90 días de producido el cambio no denunciado.
Con representación de asambleas de distintas localidades rionegrinas se llevó a cabo el 5° Plenario de las Asambleas del Curru Leufu en Las Grutas, allí definieron “exigir al gobierno provincial y nacional la restitución de la ley 3308 y el inmediato freno de los proyectos petroleros en el Golfo San Matías las explotaciones mineras de…
Él está solo. Pareciera que no necesita a nadie. Sin embargo, hay algo que sí necesita de verdad: saludar. Puede ser en una esquina, en el medio de calle, en una partecita de alguna vereda, al frente de alguna casa o plaza, o incluso, al costado de un auto. Sí, es el saludador que no…
Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles.
El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.
Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.
Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.
El juez federal Alejo Ramos Padilla.
Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.
El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.
La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.
El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.
La «táctica del silencio» contra COVID-19 no ha recibido suficiente atención. El SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través de partículas víricas que brotan cuando estornudamos, tosemos, hablamos o cantamos, a pesar de lo cual una táctica de comportamiento, al parecer parte importante del escudo epidemiológico, que consiste en el silencio, no ha recibido suficiente atención. En este…
Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revela que casi la mitad de los jóvenes del país vive en condiciones de vulnerabilidad social. El estudio -elaborado por investigadores del Ciclo Básico Común- alerta sobre un núcleo crítico que quedó fuera del sistema educativo y laboral, sin perspectivas de búsqueda activa.
El estudio ‘Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro’ establece que un tercio de la población juvenil que no trabaja ni estudia, ahora tampoco busca trabajo.
Sostiene además que la juventud atraviesa un escenario crítico marcado por la precariedad estructural y la falta de horizontes. Y explica que la vulnerabilidad ya no es un fenómeno marginal, sino que alcanza a casi la mitad de la población de entre 18 y 29 años (48,9%).
El estudio fue desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA) y arroja datos alarmantes sobre la desvinculación de los jóvenes respecto a las instituciones básicas de integración social: la escuela y el mundo del trabajo.
Uno de los puntos más preocupantes del informe es la consolidación del segmento denominado «NI-NI». Dos de cada diez jóvenes vulnerables en Argentina no trabajan ni estudian. Sin embargo, la investigación detecta un componente aún más grave dentro de este grupo: la ausencia de horizontes.
Entre quienes no cuentan con un empleo y tampoco estudian, existe un tercio de ellos que dejó de buscar trabajo. «Esta desconexión refleja una ruptura de las expectativas de progreso, donde el mercado laboral ya no es percibido como un espacio de inclusión accesible», explica Juan Cruz Esquivel, director de esta investigación.
La investigación se basó en una encuesta presencial realizada a 1002 jóvenes vulnerables de entre 18 y 29 años residentes en los principales aglomerados urbanos de la Argentina. El relevamiento se realizó entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
Entre los jóvenes que manifiestan no tener trabajo (30,6%), la búsqueda reciente de empleo alcanza solo a cuatro de cada diez, evidenciando procesos de desánimo profundamente arraigados y la magnitud de la crisis social juvenil en Argentina.
Para aquellos jóvenes vulnerables que sí logran insertarse en el mercado laboral, las condiciones distan de ser óptimas. El informe destaca que el empleo se concentra en actividades de baja calificación y altísima informalidad, principalmente en el comercio, la construcción y tareas de cuidado.
En este sentido, sólo el 18,9% de los jóvenes que trabajan cuenta con un empleo registrado (en blanco) o parcialmente registrado; mientras que el 75,9% se encuentra en una relación laboral no registrada o trabaja por cuenta propia (changas, venta ambulante o por internet); el 5% manifiesta estar bajo el régimen de monotributo. «Pero más allá de la formalidad o no, que es algo importante, la realidad material muestra que para el 57% de los jóvenes, los ingresos del hogar no alcanzan para llegar a fin de mes», explica Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y codirector de la investigación de este trabajo.
Según los especialistas, esta precariedad laboral tiene un impacto directo en la cobertura de derechos básicos: el 78% de este segmento carece de obra social o prepaga, dependiendo exclusivamente del sistema público de salud para cualquier atención médica.
La vulnerabilidad social no se agota en la falta de ingresos; permea la subjetividad de los jóvenes. El malestar psicológico se ha convertido en una experiencia cotidiana. Más del 70% de los jóvenes relevados manifiesta tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, mientras que el 50% reconoce sentir desgano o síntomas compatibles con la depresión. A esto se suma que un 30% reconoce dificultades para controlar el consumo de alcohol, tabaco o sustancias, una problemática que se intensifica en los sectores con menores niveles de instrucción.
A pesar del entorno hostil, el estudio rescata que la educación sigue siendo valorada: el 85,7% considera que estudiar le permitiría mejorar su calidad de vida. No obstante, los obstáculos estructurales (falta de dinero y de oportunidades reales) operan como barreras que limitan estas aspiraciones.
«La vulnerabilidad social opera como un eje estructurante de desigualdades materiales y subjetivas, cuya complejidad demanda intervenciones coordinadas e integrales», concluye el informe.
Mientras buena parte del país se encuentre abducido por la semifinal del Mundial entre Francia y España, el Indec dará a conocer este martes el Indice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a Junio.
La expectativa compartida es que el índice consiga perforar el 2%, tal como adelantó el vocero Adrian Ravier, en una declaración que quedó al límite de exponer una violación del secreto estadístico.
Sin embargo, el festejo podría durar poco. Las primeras mediciones de julio muestran que la desaceleración perdió fuerza y que los alimentos volvieron a traccionar los precios hacia arriba.
Las consultoras privadas detectaron una aceleración en la primera semana del mes y coinciden en que el segundo semestre será más desafiante que el primero. A la presión de los alimentos se suma un dólar que volvió a moverse, mayores costos energéticos y la incertidumbre sobre la evolución de los combustibles.
La señal más fuerte la dio LCG. La consultora registró una suba semanal del 2,4% en la canasta de alimentos y bebidas. Fue el mayor aumento en más de un año y cortó una racha de seis semanas consecutivas de estabilidad o variaciones marginales. De todos modos, el promedio móvil de las últimas cuatro semanas continuó descendiendo y quedó en 0,8%, gracias al arrastre estadístico de las semanas previas.
La consultora LCG registró una suba semanal del 2,4% en la canasta de alimentos y bebidas. Fue el mayor aumento en más de un año y cortó una racha de seis semanas consecutivas de estabilidad o variaciones marginales.
El salto tuvo dos protagonistas claros. Las verduras encabezaron los aumentos con un incremento del 5,7%, mientras que las carnes avanzaron 4,3% en apenas siete días. Entre ambos rubros explicaron cerca del 75% de la aceleración semanal. También subieron los productos de panificación, cereales y pastas, con un 2,3%, mientras que los lácteos y huevos aumentaron 1,2%.
La carne aparece como uno de los focos de mayor preocupación hacia adelante. Salvador di Stefano, uno de los analistas económicos más cercanos al presidente Javier Milei y un habitual defensor de la política económica oficial, advirtió que el mercado ganadero atraviesa un proceso de retención de vientres que podría derivar en una fuerte suba de los precios durante el segundo semestre, especialmente a partir de septiembre.
Según explicó, el valor del ternero alcanzó los 4 dólares por kilo, un nivel sin antecedentes, y todavía tendría margen para seguir subiendo. A eso se suma un escenario internacional de menor oferta de carne, que refuerza la presión sobre los precios locales. Di Stefano incluso alertó que el encarecimiento de la carne vacuna terminaría trasladándose también al pollo y al cerdo, los cortes que habitualmente funcionan como alternativa cuando el asado se vuelve inaccesible.
EcoGo mostró un panorama más moderado, aunque también detectó un cambio de tendencia. La consultora observó una suba semanal del 0,5% en los alimentos consumidos dentro del hogar y, con esos primeros datos, proyecta que la inflación del rubro alimentos, incluyendo el consumo dentro y fuera del hogar, cerrará julio alrededor del 2,1%.
Para EcoGo, además, el problema excede a los alimentos. Sebastián Menescaldi, director de la consultora, sostuvo que durante el segundo semestre habrá una oferta más reducida de divisas y una mayor demanda asociada al Mundial, las vacaciones de invierno y los pagos de importaciones energéticas. «El tipo de cambio va a ir al alza y probablemente eso haga que la inflación no baje tanto. Estamos previendo en torno al 2% en julio y los siguientes meses y probablemente por debajo del 2% recién en el último trimestre», afirmó.
El tipo de cambio va a ir al alza y probablemente eso haga que la inflación no baje tanto. Estamos previendo en torno al 2% en julio y los siguientes meses y probablemente por debajo del 2% recién en el último trimestre.
El diagnóstico encuentra un dato concreto. Durante junio el dólar avanzó cerca del 5% y volvió a superar los $1.500. Aunque el traslado a precios no es inmediato, las consultoras esperan que parte de ese movimiento cambiario se refleje en los bienes durante las próximas semanas.
Otro frente de presión proviene de la energía. El último informe de la Organización Latinoamericana de Energía y Combustibles (OLACDE) mostró que la inflación energética interanual pasó del 2,12% en marzo al 4,52% en abril y alcanzó el 6,41% en mayo. El organismo vinculó esa aceleración con las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la incertidumbre que todavía persiste sobre los mercados internacionales de hidrocarburos.
Argentina fue el país exportador de energía de América Latina donde más aumentaron los combustibles desde marzo, con un alza promedio del 27%. Para la especialista Cledis Candelaresi, esa dinámica difícilmente se revierta en el corto plazo. «La no intervención estatal y la concentración del mercado hacen difícil que esos precios retrocedan tanto como subieron, aunque el petróleo volvió casi a valores de preguerra», afirmó.
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