La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que la Ley 24449 en su artículo 18 establece que el titular de una Licencia de Conducir debe denunciar a la brevedad todo cambio de los datos que figuran en ella.
En el caso de haber cambiado de jurisdicción, deberá solicitar otra licencia ante la nueva autoridad jurisdiccional, la cual debe otorgársela previo informe del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito contra entrega de la licencia anterior y por el período que le resta de vigencia.
La licencia caduca a los 90 días de producido el cambio no denunciado.
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
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La crisis que envuelve al Pami llegó a un punto límite. Por eso, las cámaras que nuclean a los distintos prestadores de la obra social de los jubilados salieron con un mensaje en bloque denunciando un atraso del 102% en los valores por prestación.
Eso, luego del paro de odontólogos y las sistemáticas denuncias de colegios de farmacéuticos por retrasos en los pagos.
Aunque el Gobierno anunció una emisión de deuda por 580 mil millones para que el Pami pague sus deudas, lo concreto es que, al momento, ningún anuncio de las autoridades morigeró la fuerte preocupación de las cámaras de prestadores, que alertan que, de seguir este escenario crítico, los servicios están en riesgo.
Pese al actual atraso de un 102% de los valores, aplicarán incrementos de apenas 1,9% para junio y 1,9% para julio 2026, actualizaciones que son las únicas reconocidas en este año e impactarán recién en las liquidaciones de agosto y septiembre
Entidades como la Cámara de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y federaciones de clínicas como Fecliba y Confeclisa, entre otras, acusaron un deterioro de las condiciones de financiamiento.
«Pese al actual atraso de un 102% de los valores, aplicarán incrementos de apenas 1,9% para junio y 1,9% para julio 2026, actualizaciones que son las únicas reconocidas en este año e impactarán recién en las liquidaciones de agosto y septiembre», denunciaron en un comunicado.
Ahí, las cámaras también advirtieron que, en los encuentros mantenidos con las autoridades de la obra social comandada por Esteban Leguizamo «se ha reconocido la existencia de esta problemática». «Sin embargo, las medidas anunciadas hasta el momento resultan insuficientes», cruzaron.
Frente a la ausencia de una actualización adecuada de los valores , sumado al fuerte atraso acumulado en los últimos meses y los débitos injustificados, las cámaras señalaron que todo eso «compromete la capacidad de numerosas instituciones para sostener sus servicios en condiciones normales y continuar garantizando una atención de calidad».
Y agregaron: «De persistir este escenario, podrían verse afectadas la continuidad de las prestaciones, la capacidad operativa de los establecimientos de salud y el acceso oportuno a la atención médica por parte de millones de afiliados en todo el país».
Al mismo tiempo, las cámaras de prestadores privados dieron cuenta de la gravitación que tienen en el sistema sanitario: «Más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen a establecimientos privados, por lo que cualquier dificultad en su funcionamiento repercute directamente en la capacidad de respuesta sanitaria nacional», señalaron.
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