Las transformaciones dentro del lenguaje como en la naturaleza misma, son inevitables, considerar nulo el uso de la E como género neutro es como mínimo poner al utilitarismo conservador adentro de una caja académica, caja engalanada por la monarquía endocéntrica española. En la cual no me siento reflejado.
El lenguaje como todo sistema vivo evoluciona (o involuciona), diferencia vaga y subjetiva, pero cierta. Ellenguaje es como una célula que con el paso del tiempo se va modificando. La lengua española desciende del Latín, que luego del desmembramiento del imperio romano se disipó como un reguero por distintas regiones y se fue deformando o conformando en nuevas lenguas (“romances”).
El español, italiano, portugués y francés, (entre otros idiomas) son hijos del Latín, son lenguas hermanas que han adoptado distintos trayectos siendo un claro ejemplo de la mutación ramificada e independiente de cualquier lengua.
Los arcaísmos o neologismos, como también los préstamos lingüísticos; son conceptos que cimientan la metamorfosis continua del lenguaje. Ahora, ¿quién decide sobre esos cambios?
La Real Academia Española (RAE) es la entidad que se arroga la tarea de velar por la lengua castellana, hace unos días publicó un manual “Libro de estilo” donde atiende dudas frecuentes de hispanohablantes y en él juzga de innecesario el uso de la E como vocal genérica. Sin embargo, la RAE no es más que otro ejemplo de la centralización del poder, una manifestación religiosa-política unilateral que decide por el otro anulando la alteridad y las libertades individuales.
¿Quiénes están obligados a atarse a las reglas de la RAE? ¿Profesionales, educadores? ¿Todos, todes?. A las generaciones venideras no les interesa lo que opina la RAE. ¿Por qué no adelantarnos a ese proceso?. Si quienes deciden que podemos decir o no, o como decirlo, son sólo unos pocos vestidos de gala a 10 mil kilómetros de distancia.
Las libertades individuales y el desapego a las reglas, más aún si son dictadas por instituciones foráneas que ni siquiera tienen en cuenta la contextualización de los cambios y los nuevos fenómenos sociales; genera el espacio y colabora con la creación de neologismos.
En Argentina ésta polémica idiomática no es más que una especie de chivo expiatorio frente a problemáticas más complejas. Casi la mitad de los niños del país viven bajo los márgenes de pobreza pero eso no nos mueve la aguja. Sin embargo, cuando escuchamos un “todes” debatimos hasta el hartazgo.
Luchar contra la variabilidad del lenguaje es no entenderlo como lo que es, un sistema vivo, que como tal se modifica en relación a su entorno y sus actuantes.
Aceptarlo o no, es una decisión personalísima. Respetarlo, debiera ser un acuerdo tácito.
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Mientras el Gobierno construye un discurso de supuesta superioridad moral contra quienes reciben asistencia estatal, protestan o cuestionan sus políticas, cada vez aparecen más funcionarios que utilizan el mismo régimen que el oficialismo promocionó para regularizar activos y patrimonios. Tras conocerse la adhesión de Manuel Adorni y su esposa, ahora trascendió que Federico Sturzenegger también recurrió a la denominada «Inocencia Fiscal».
Por Roque Pérez para NLI
El relato libertario volvió a chocar contra la realidad. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó al Régimen Simplificado de Ganancias conocido oficialmente como «Inocencia Fiscal», un esquema impulsado por el propio Gobierno para facilitar la exteriorización y regularización patrimonial bajo nuevas condiciones. La información apareció pocas horas después de que se conociera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa también habían presentado la adhesión.
La noticia profundiza una contradicción política que ya resulta difícil de ocultar. El mismo oficialismo que construyó buena parte de su identidad acusando a otros sectores de vivir de privilegios, esconder dinero o aprovechar beneficios estatales, ahora exhibe una larga lista de funcionarios utilizando un mecanismo creado por el propio Gobierno para blanquear situaciones fiscales y obtener seguridad jurídica.
De Adorni a Sturzenegger, una cadena de adhesiones
La revelación sobre Sturzenegger llega apenas horas después de la polémica generada por la adhesión de Adorni y de su esposa, un episodio que abrió fuertes cuestionamientos sobre la utilización del régimen por parte de los más altos funcionarios nacionales.
La situación adquiere una dimensión política todavía mayor porque fue este mismo Gobierno el que impulsó la denominada Ley de Inocencia Fiscal como una herramienta para incentivar el ingreso al sistema de activos no declarados y reducir las consecuencias penales de determinadas infracciones tributarias. Entre sus principales modificaciones se elevaron considerablemente los montos para configurar delitos de evasión y se simplificaron procedimientos administrativos.
Mientras tanto, desde el discurso oficial se continúa apelando a conceptos como «la casta», «la superioridad moral» y la necesidad de terminar con los privilegios de la política, aunque cada nueva revelación parece mostrar que las herramientas creadas por el Ejecutivo también son utilizadas por quienes integran el propio gabinete.
La doble vara como política
No es la primera vez que un gobierno liberal queda asociado a un régimen de sinceramiento fiscal utilizado por sus propios funcionarios. Durante la administración de Mauricio Macri, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, también había sido señalado por acogerse al blanqueo de capitales impulsado por ese gobierno antes de asumir su cargo, una situación que generó fuertes cuestionamientos públicos.
Ahora, la historia parece repetirse con otro protagonista de peso dentro del gabinete de Milei. Sturzenegger, uno de los principales ideólogos del programa de desregulación y reducción del Estado, aparece entre quienes eligieron adherir al régimen que el oficialismo presenta como un «cambio de paradigma» en materia tributaria.
La contradicción resulta evidente: mientras se exige transparencia absoluta para amplios sectores de la sociedad y se condena con dureza cualquier irregularidad ajena, los máximos funcionarios recurren a un mecanismo especialmente diseñado para regularizar su propia situación fiscal bajo reglas mucho más favorables.
La moral libertaria parece funcionar con dos velocidades: una inflexible para el ciudadano común y otra considerablemente más flexible cuando los beneficiarios son quienes integran el propio Gobierno.
En siete días dos avionetas que salieron de Bolivia reventando de cocaína aterrizaron en pistas improvisadas en la zona central de Santa Fe. A la primera, que traía 400 kilos, la estaban esperando en la ciudad de Vera gracias a información de la DEA norteamericana. La segunda supuso una intervención menos planificada: los fiscales que seguían a dos miembros locales del grupo narco supieron de golpe que una Cessna iba a posar en un campo a 90 kilómetros de Rosario.
La detección del aterrizaje inminente hizo que se ordenara a un grupo de Gendarmes en la zona apostarse en el lugar del destino. Allí ya estaba la avioneta posada con 321 kilos de cocaína. Los que la habían esperado, sorprendidos, treparon a dos vehículos. Con uno de ellos le pasaron por encima a un uniformado que intentaba frenarlos, que está internado en terapia intensiva en Rosario, con fractura de cráneo y pronóstico reservado.
Este viernes al menos cuatro personas conectadas con este último vuelo serán imputadas en la Justicia Federal por contrabando de cocaína. Dos son los hermanos Juan Cruz y Santiago Emanuel Borras, considerados por la Procuración de Narcotráfico (Procunar) los encargados de la logística de la operación: la definición del lugar de llegada y el traslado de la carga de cocaína. Los otros dos detenidos son el piloto y el copiloto de la avioneta, ambos bolivianos.
En el origen de este caso también hay un seguimiento y una avioneta. El 11 de noviembre del año pasado en un campo en Arequito, también Santa Fe, se encontró abandonada una Cessna 210 con una avería aparente por un aterrizaje obligado. Adentro del habitáculo se encontró un teléfono celular. La extracción de su contenido disparó una pesquisa que se centró en algunos contactos de agenda. Entre ellos los hermanos Borras, uno de los cuales tiene domicilio en las afueras de Rosario, en la ciudad de Roldán, y tuvo una condena por drogas en 2014, por la que debía estar en prisión domiciliaria. Ninguno de los dos hermanos tiene antecedentes por actos violentos.
Siguiendo ese teléfono este martes un equipo liderado por el fiscal federal Matías Scilabra de Procunar Rosario recibió la información de un súbito aterrizaje y las coordenadas de la zona. Allí los que recibían a la avioneta fueron sorprendidos en mitad del campo, cerca del límite con Córdoba, y en la huida los hermanos Borras atropellaron a uno de los gendarmes, que está internado grave en el sanatorio Laprida de Rosario. Fueron detenidos cerca de Melincué, en el sur santafesino, y este viernes serán imputados de contrabando de estupefacientes y, se analizaba, el que manejaba de tentativa de homicidio. Los dos pilotos bolivianos también intentaron huir pero fueron apresados. Al costado de la avioneta quedó la carga que no alcanzaron a movilizar.
En la investigación sobre este grupo hay varias cosas en definición y una certera. Esta última es que esta línea de droga boliviana no tiene que ver con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo detenido hace dos meses en Santa Cruz de la Sierra y extraditado a Estados Unidos, que tiene fuertes conexiones con Paraguay y presuntamente socio del diputado Lalo Gomes de ese país, asesinado en su casa en 2024. Se está definiendo si uno de los hermanos Borrás tiene conexiones con Alejandro Zamudio, un hombre detenido en 2024 sospechado de estar en la trama de la organización del homicidio de Andrés Pillín Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central asesinato a tiros en noviembre de ese año. También llamó la atención que uno de los hermanos trabaja en una terminal portuaria del Gran Rosario, en tanto aparece ligado a la logística del narcotráfico, dado que la movilidad de los cargamentos hacia ultramar se define en ocasiones probadas a través de la hidrovía del río Paraná.
«Los Borrás como la inmensa mayoría de los logísticos no son los dueños de la droga. Lo que hacen es lo que caracteriza a muchos operadores de esta zona. Que tienen, ya no hablando de estos hermanos, como función la unión del comprador con el vendedor: bajan la mercadería, la ponen en un puerto y la sacan a despachos de Europa u otros destinos continentales», le dijo a LPO uno de los que trabajó en esta investigación.
Un punto notorio que tienen estas dos detecciones de avionetas con cocaína boliviana y que aparece como una novedad es el hecho de que los traslados aéreos ya no necesitan la etapa de una escala previa para la que en general se utilizaba suelo paraguayo, en especial el área del Chaco. La autonomía del Cessna 210 como los ahora localizados en estas pistas santafesinas, que son caminos rurales, es de unos dos mil kilómetros que se reduce por el peso de la carga. No obstante fuentes de Gendarmería Nacional contaron a este medio que los transportadores, para evitarse la escala, están reabasteciendo en vuelo las avionetas. No mediante el método de los aviones militares sino de modo más casero: Utilizan bidones de importante porte con una manguera conectada al tanque y por eso es necesario un segundo ocupante que se suma al piloto: para que realice esta tarea.
El pasado 5 de mayo, con datos de la agencia norteamericana DEA, la Procunar había esperado con agentes federales la llegada de una avioneta a un campo llamado Don Julio en adyacencias de la ciudad de Vera, 440 kilómetros al noroeste de Rosario, que se posó allí con 442 kilos de cocaína. La avioneta era una Cessna 210. Seguían esta operación desde septiembre del año pasado.
El dueño de ese cargamento, por las interceptaciones de teléfonos, era el boliviano José Pedro Rojas Velazco, conocido como «Pepa», quien era un miembro comprobado de la red de Marset. El tráfico se organizó con Pepa en vida, quien no se enteró de la detención de sus pilotos en Santa Fe: lo mataron a tiros hace veinte días, el pasado 26 de abril, mientras disputaba una carrera de rally. Pero Pepa tenía entre sus interlocutores a un abonado argentino que fue crucial para detectar los pasos de la banda narco sobre la preparación del arribo del vuelo.
Hace diez días los detenidos en Vera por este cargamento fueron llevados a audiencia de imputación en la Justicia Federal de Rosario, donde el juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz les impuso 180 días de prisión preventiva.
Rojas Velasco mantenía contacto con Brian Bilbao, un narcotraficante de Rosario que en noviembre pasado fue detenido en Pavón, en el sur santafesino, en un operativo en el que le secuestraron 956 kilos de cocaína en su vehículo, también procedente de Bolivia.
La extradición de Marset además tiene impacto en la reconfiguración del mapa narco en la parte sur de Sudamérica. El uruguayo Marset no era un simple capo: controlaba importantes segmentos del tráfico por la hidrovía y operaba como el gerente de una multinacional con sede en Bolivia. Su deportación a Estados Unidos en marzo de 2026 rompió la unidad de mando y fragmentó su estructura.
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