Las transformaciones dentro del lenguaje como en la naturaleza misma, son inevitables, considerar nulo el uso de la E como género neutro es como mínimo poner al utilitarismo conservador adentro de una caja académica, caja engalanada por la monarquía endocéntrica española. En la cual no me siento reflejado.
El lenguaje como todo sistema vivo evoluciona (o involuciona), diferencia vaga y subjetiva, pero cierta. Ellenguaje es como una célula que con el paso del tiempo se va modificando. La lengua española desciende del Latín, que luego del desmembramiento del imperio romano se disipó como un reguero por distintas regiones y se fue deformando o conformando en nuevas lenguas (“romances”).
El español, italiano, portugués y francés, (entre otros idiomas) son hijos del Latín, son lenguas hermanas que han adoptado distintos trayectos siendo un claro ejemplo de la mutación ramificada e independiente de cualquier lengua.
Los arcaísmos o neologismos, como también los préstamos lingüísticos; son conceptos que cimientan la metamorfosis continua del lenguaje. Ahora, ¿quién decide sobre esos cambios?
La Real Academia Española (RAE) es la entidad que se arroga la tarea de velar por la lengua castellana, hace unos días publicó un manual “Libro de estilo” donde atiende dudas frecuentes de hispanohablantes y en él juzga de innecesario el uso de la E como vocal genérica. Sin embargo, la RAE no es más que otro ejemplo de la centralización del poder, una manifestación religiosa-política unilateral que decide por el otro anulando la alteridad y las libertades individuales.
¿Quiénes están obligados a atarse a las reglas de la RAE? ¿Profesionales, educadores? ¿Todos, todes?. A las generaciones venideras no les interesa lo que opina la RAE. ¿Por qué no adelantarnos a ese proceso?. Si quienes deciden que podemos decir o no, o como decirlo, son sólo unos pocos vestidos de gala a 10 mil kilómetros de distancia.
Las libertades individuales y el desapego a las reglas, más aún si son dictadas por instituciones foráneas que ni siquiera tienen en cuenta la contextualización de los cambios y los nuevos fenómenos sociales; genera el espacio y colabora con la creación de neologismos.
En Argentina ésta polémica idiomática no es más que una especie de chivo expiatorio frente a problemáticas más complejas. Casi la mitad de los niños del país viven bajo los márgenes de pobreza pero eso no nos mueve la aguja. Sin embargo, cuando escuchamos un “todes” debatimos hasta el hartazgo.
Luchar contra la variabilidad del lenguaje es no entenderlo como lo que es, un sistema vivo, que como tal se modifica en relación a su entorno y sus actuantes.
Aceptarlo o no, es una decisión personalísima. Respetarlo, debiera ser un acuerdo tácito.
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La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
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El acto fue encabezado por Axel Kicillof, Augusto Costa y Ariel Sujarchuk, presidente ad honorem del organismo, que se propone como un ámbito de articulación entre el Estado y el ecosistema del conocimiento para fortalecer el desarrollo productivo y el empleo de calidad en la provincia y el resto de la Argentina.
Ante más de 800 representantes del sector, el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y Ariel Sujarchuk encabezaron el lanzamiento del Consejo Provincial de Economía del Conocimiento (COPEC), un espacio permanente de trabajo conjunto entre el Estado provincial y los sectores del conocimiento para diseñar e impulsar políticas que fortalezcan la innovación, el desarrollo productivo y la generación de empleo.
«Desde la Provincia de Buenos Aires queremos generar un ámbito de diálogo multisectorial, heterogéneo y diverso, donde las distintas miradas construyan un pensamiento colectivo. El COPEC viene a escuchar, debatir, aportar y generar propuestas para la economía del conocimiento, un sector profundamente dinámico y transversal que atraviesa a todas las industrias. Si la economía del conocimiento es la economía del futuro, tenemos que trabajar para que sea uno de los grandes motores del desarrollo de la Argentina», enfatizó Sujarchuk en su carácter de presidente ad honorem del COPEC.
El acto se realizó en el espacio El Cubo, de Vicente López, y contó con la presencia de representantes de cámaras y entidades empresariales, clústers tecnológicos, universidades nacionales y centros de formación públicos y privados, científicos e investigadores, sindicatos y gremios, autoridades provinciales y funcionarios municipales.
«El COPEC expresa la necesidad urgente de discutir, pensar y compartir conocimientos sobre un sector clave para el desarrollo nacional como es la economía del conocimiento. Por eso decidimos poner al frente a Ariel Sujarchuk, que tiene experiencia tanto en este sector como en la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión. En un momento en que el Gobierno Nacional desfinancia y destruye capacidades científicas, tecnológicas y universitarias que llevaron décadas construir, desde la Provincia proponemos generar una agenda, definir políticas públicas y trabajar junto con el sector privado, las universidades, los municipios y todos los actores para construir nuestro lugar en esta transformación», resaltó Kicillof.
El COPEC nace con el objetivo de consolidar una agenda estratégica para uno de los sectores con mayor capacidad de transformar la matriz productiva bonaerense. A través del diálogo permanente entre el sector público y el privado, buscará identificar desafíos, promover iniciativas de investigación, desarrollo e innovación, impulsar la formación de talento, fortalecer las capacidades tecnológicas y generar condiciones para el crecimiento de las actividades basadas en el conocimiento. El próximo viernes se abrirán las mesas de trabajo entre los distintos sectores.
«La economía del conocimiento es central para el desarrollo de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. Con el COPEC generamos un nuevo ámbito para nuclear a los diferentes sectores, escuchar, construir un diagnóstico común y trabajar juntos en propuestas y políticas públicas que permitan aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos de la revolución tecnológica que estamos viviendo», remarcó Costa.
La participación y el intercambio entre los distintos sectores comenzaron desde el propio acto de lanzamiento, donde también aportaron sus miradas el presidente del Polo IT La Plata, Gastón Menvielle; la presidenta de Bedson S.A., Alicia Romero de Colusi; el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea; el director ejecutivo de CAPIT, Pablo Wisznia; el CEO de CRUX Aerospace, Pablo Hollarl; el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco; y la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alejandra Zinni.
Con una agenda de actividades que comenzará en los próximos días, el Consejo funcionará como un espacio de construcción de consensos. Allí confluirán las distintas voces del ecosistema para definir prioridades, promover proyectos y contribuir al diseño de políticas públicas que respondan a las necesidades del sector.
