Las transformaciones dentro del lenguaje como en la naturaleza misma, son inevitables, considerar nulo el uso de la E como género neutro es como mínimo poner al utilitarismo conservador adentro de una caja académica, caja engalanada por la monarquía endocéntrica española. En la cual no me siento reflejado.
El lenguaje como todo sistema vivo evoluciona (o involuciona), diferencia vaga y subjetiva, pero cierta. Ellenguaje es como una célula que con el paso del tiempo se va modificando. La lengua española desciende del Latín, que luego del desmembramiento del imperio romano se disipó como un reguero por distintas regiones y se fue deformando o conformando en nuevas lenguas (“romances”).
El español, italiano, portugués y francés, (entre otros idiomas) son hijos del Latín, son lenguas hermanas que han adoptado distintos trayectos siendo un claro ejemplo de la mutación ramificada e independiente de cualquier lengua.
Los arcaísmos o neologismos, como también los préstamos lingüísticos; son conceptos que cimientan la metamorfosis continua del lenguaje. Ahora, ¿quién decide sobre esos cambios?
La Real Academia Española (RAE) es la entidad que se arroga la tarea de velar por la lengua castellana, hace unos días publicó un manual “Libro de estilo” donde atiende dudas frecuentes de hispanohablantes y en él juzga de innecesario el uso de la E como vocal genérica. Sin embargo, la RAE no es más que otro ejemplo de la centralización del poder, una manifestación religiosa-política unilateral que decide por el otro anulando la alteridad y las libertades individuales.
¿Quiénes están obligados a atarse a las reglas de la RAE? ¿Profesionales, educadores? ¿Todos, todes?. A las generaciones venideras no les interesa lo que opina la RAE. ¿Por qué no adelantarnos a ese proceso?. Si quienes deciden que podemos decir o no, o como decirlo, son sólo unos pocos vestidos de gala a 10 mil kilómetros de distancia.
Las libertades individuales y el desapego a las reglas, más aún si son dictadas por instituciones foráneas que ni siquiera tienen en cuenta la contextualización de los cambios y los nuevos fenómenos sociales; genera el espacio y colabora con la creación de neologismos.
En Argentina ésta polémica idiomática no es más que una especie de chivo expiatorio frente a problemáticas más complejas. Casi la mitad de los niños del país viven bajo los márgenes de pobreza pero eso no nos mueve la aguja. Sin embargo, cuando escuchamos un “todes” debatimos hasta el hartazgo.
Luchar contra la variabilidad del lenguaje es no entenderlo como lo que es, un sistema vivo, que como tal se modifica en relación a su entorno y sus actuantes.
Aceptarlo o no, es una decisión personalísima. Respetarlo, debiera ser un acuerdo tácito.
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El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la conferencia de prensa en la que se presentó la décima edición del ‘Pedaleando por un sueño’ que se desarrollará el 20 y 21 de noviembre. Estuvieron presentes Martín Torres, presidente del Club de Leones, institución organizadora; Osvaldo Ruiz Díaz, director del hospital local e integrantes de…
El uso de la capacidad instalada cayó a 61%, un rango que la ubica por debajo de 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid. Por entonces, ese índice había caído al 61,8. Son datos del Indec que difundió en las últimas horas el gobierno de Axel Kicillof.
Es que la caída en la producción industrial tiene un impacto directo en Buenos Aires toda vez que la provincia aporta nada menos que el 48,9% al Producto Bruto Interno (PBI) industrial. Le siguen muy lejos la Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (10,3%) y Córdoba (7,7%).
La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Sin embargo, los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre.
Los datos oficiales muestran que el 2019, la capacidad instalada de la industria era del 62,8%, y en 2020, el año de la pandemia, descendió a 61,8%. Después hizo un pico -modesto- en 2022 del 66% pero ahora están en el 61%.
«La crisis industrial no se refleja solo en la pérdida de empleo y la subutilización de la capacidad instalada: de manera estructural, la destrucción de más de 22.400 empresas desde la asunción del Gobierno nacional es un fenómeno grave y transversal a todos los sectores», dijo el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en una serie de posteos.
Uno de los rubro más afectados en la industria textil, que enfrenta una intensa apertura importadora. Allí, la caída desde 2023 es del 23,3%. También sufren el impacto rubros como los minerales no metálicos que registraron una caída del 22,6%. También los productos de metal bajaron 22,4%.
Para el ministro de Kicillof, el cuadro es claro: sin una mejora sostenida de los ingresos y del empleo, la producción industrial no tiene perspectivas de recuperación. La caída del consumo interno, sumada a la presión importadora, reduce el mercado para las empresas locales y profundiza la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en las ramas más sensibles.
LPO contó que la industria está pagando el mayor costo del ajuste. Los números no admiten eufemismos. La capacidad instalada atraviesa el peor nivel desde 2002.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron 19.114 empresas, según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa caída se tradujo en una pérdida de algo más de 264.000 puestos de trabajo registrados.
Si se mira con lupa, la destrucción es cotidiana. Esas 19.114 empresas cerradas equivalen a casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora, que dejaron de tener trabajo en el registro formal.
Cristina Kirchner fue operada este sábado por la tarde de una apendicitis con peritonitis localizada en el Sanatorio Otamendi y se recupera sin complicaciones.
La expresidenta fue revisada por médicos en su departamento de Constitución por los dolores abdominales que sufría y se decidió trasladarla de urgencia al Otamendi, donde se realizó la cirugía laparoscópica, que es poco invasiva.
El traslado se dispuso con autorización judicial, porque la expresidenta está presa en su departamento de San José 1111. En el Otamendi le diagnosticaron «apendicitis con peritonitis localizada» y por la noche la intervinieron.
Luego de la intervención la directora médica del Otamendi, Marisa Lanfranconi, firmón un parte en el que se informa que Cristina Kirchner está «evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias».
De inmediato, seguidores de la ex presidenta se acercaron a la clínica ubicada en Barrio Norte y colocaron una bandera de apoyo.
La paciente fe sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópita, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias.
Cristina está presa desde junio de este año, condenada en la causa Vialidad y hace unas semanas la justicia endureció las condiciones de su detención, luego que la ex presidenta posteara una foto reunida con seis economistas jóvenes que fueron a visitarla.
Además, el juez federal Jorge Gorini, la obligó a continuar usando la tobillera electrónica y rechazó algunos de los nombres que Cristina propuso para que la visiten regularmente.
El Gobierno anunció la entrada en vigencia de un nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados, como le impuso el FMI, pero aun no ha sido implementado.
A una semana de la publicación del decreto que debía poner en marcha el nuevo esquema, siguen vigentes los precios mayoristas de gas y electricidad del régimen anterior. No hay nuevos cuadros tarifarios. Tampoco hay precisiones operativas. Las categorías por ingresos N1, N2 y N3 continúan activas, pese a que el discurso oficial ya las dio por superadas.
A fines de diciembre, la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti ajustó el precio estacional de la energía (PEST) un 3% y el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte (PIST) apenas un 0,53%. Ambos movimientos se hicieron bajo los parámetros del esquema anterior.
Esos dos precios no son un detalle técnico. Son la base sobre la cual los entes reguladores calculan los cuadros tarifarios que llegan a las facturas. El argumento oficial fue que faltaba la norma que ordenara la instrumentación del nuevo régimen.
Esa norma llegó recién el 2 de enero, primer día hábil de 2025, cuando Javier Milei firmó el decreto 943/2025 de subsidios energéticos focalizados. Desde entonces pasaron seis días hábiles y Energía todavía no publicó los nuevos valores de PEST y PIST para usuarios residenciales, ni para los que recibirán subsidios ni para los que quedarán afuera. En la práctica, los hogares de mayores ingresos siguen percibiendo ayuda estatal en sus boletas de luz y gas, algo que el propio Gobierno dice querer eliminar.
Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple.
Las demoras no son inocuas. Las distribuidoras tienen cada vez menos margen para adaptar sus sistemas de facturación. Se elimina una categoría. Se incorpora una bonificación adicional del 25% que rige este año y se va reduciendo hasta desaparecer en diciembre. Si el esquema no entra en vigencia este mes, todo el cronograma se corre y el ahorro fiscal prometido también, tal como calculó el portal especializado El Post Energético.
Pero en la industria miran otro frente. Afirman que la indefinición sobre el costo de la energía está íntimamente ligada a las dificultades para desarmar el Plan Gas.
La plata de Fortín de Piedra de Techint en Vaca Muerta.
«Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple. Y cuando un Estado rompe contratos, el mensaje al mercado es devastador. Si el Gobierno quiere modificar el esquema, debería sentarse a renegociar, buscar una transición ordenada, no avanzar de hecho. Desarmarlo de un día para otro es jurídicamente muy difícil y económicamente peligroso. No es una perilla que se apaga: atrás hay inversiones, financiamiento y producción en curso», afirmó a LPO un importante empresario petrolero.
En rigor, el nuevo diseño del precio del gas natural introduce un cambio estructural: el valor será el mismo todo el año, sin diferenciar invierno y verano.
El nuevo esquema fija subsidios del 50% del costo del gas entre abril y septiembre, con volúmenes que dependen de la región, y suma la bonificación del 25% el primer año. Con esa lógica, el nuevo PIST debería ubicarse todo el año en 3,79 dólares por millón de BTU. El problema es que los cuadros hoy vigentes fijan 2,98 dólares para el verano. Mientras no se actualicen, los usuarios reciben un subsidio mayor al previsto.
Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.
Ese precio plano obliga a reformular el Plan Gas, que fue diseñado justamente con precios diferenciados por estacionalidad. Y ahí aparece el nudo político y económico. El Plan Gas fue, para las empresas, un negocio redondo. Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.
El Estado compró toda la producción hasta 2028, garantizando un precio dolarizado por encima de la referencia internacional. Además, el esquema incluye cláusulas de take or pay: aunque no necesite todo el gas contratado, el Estado debe pagar al menos el 75% del volumen acordado.
Para el Estado, el acuerdo también tenía una lógica. Le dio previsibilidad al sistema energético. El gas no es solo lo que llega por red o garrafa. Es el insumo clave de la generación térmica que explica buena parte de la electricidad del país.
Ahora el Gobierno busca desarmar ese andamiaje. Para eso, empezó a ofrecer «regalitos» a las petroleras para que acepten salir antes de los contratos. Eliminar el control sobre los planes de inversión. Quitar la obligación de destinar un 30% de la producción al sector industrial. Y pagar un 5% más de adelanto por los volúmenes inyectados, solo con declaración jurada y sin certificaciones.
En el sector deslizan que el «regalito» mayor todavía no se mostró. «Cuando aparezca, el costo no lo van a pagar las petroleras. Como casi siempre, va a terminar en la boleta», afirmó un especialista consultado.
