Las transformaciones dentro del lenguaje como en la naturaleza misma, son inevitables, considerar nulo el uso de la E como género neutro es como mínimo poner al utilitarismo conservador adentro de una caja académica, caja engalanada por la monarquía endocéntrica española. En la cual no me siento reflejado.
El lenguaje como todo sistema vivo evoluciona (o involuciona), diferencia vaga y subjetiva, pero cierta. Ellenguaje es como una célula que con el paso del tiempo se va modificando. La lengua española desciende del Latín, que luego del desmembramiento del imperio romano se disipó como un reguero por distintas regiones y se fue deformando o conformando en nuevas lenguas (“romances”).
El español, italiano, portugués y francés, (entre otros idiomas) son hijos del Latín, son lenguas hermanas que han adoptado distintos trayectos siendo un claro ejemplo de la mutación ramificada e independiente de cualquier lengua.
Los arcaísmos o neologismos, como también los préstamos lingüísticos; son conceptos que cimientan la metamorfosis continua del lenguaje. Ahora, ¿quién decide sobre esos cambios?
La Real Academia Española (RAE) es la entidad que se arroga la tarea de velar por la lengua castellana, hace unos días publicó un manual “Libro de estilo” donde atiende dudas frecuentes de hispanohablantes y en él juzga de innecesario el uso de la E como vocal genérica. Sin embargo, la RAE no es más que otro ejemplo de la centralización del poder, una manifestación religiosa-política unilateral que decide por el otro anulando la alteridad y las libertades individuales.
¿Quiénes están obligados a atarse a las reglas de la RAE? ¿Profesionales, educadores? ¿Todos, todes?. A las generaciones venideras no les interesa lo que opina la RAE. ¿Por qué no adelantarnos a ese proceso?. Si quienes deciden que podemos decir o no, o como decirlo, son sólo unos pocos vestidos de gala a 10 mil kilómetros de distancia.
Las libertades individuales y el desapego a las reglas, más aún si son dictadas por instituciones foráneas que ni siquiera tienen en cuenta la contextualización de los cambios y los nuevos fenómenos sociales; genera el espacio y colabora con la creación de neologismos.
En Argentina ésta polémica idiomática no es más que una especie de chivo expiatorio frente a problemáticas más complejas. Casi la mitad de los niños del país viven bajo los márgenes de pobreza pero eso no nos mueve la aguja. Sin embargo, cuando escuchamos un “todes” debatimos hasta el hartazgo.
Luchar contra la variabilidad del lenguaje es no entenderlo como lo que es, un sistema vivo, que como tal se modifica en relación a su entorno y sus actuantes.
Aceptarlo o no, es una decisión personalísima. Respetarlo, debiera ser un acuerdo tácito.
Si ustedes quieren tener un pulso de la pobreza espiritual contemporánea, tienen que mirar no la tele, ni los discursos políticos ni el estado de las cloacas o de la poesía o de la educación. tienen que mirar las páginas de películas y series, con sus contenidos, sus títulos, sus sinopsis, su taxonomía que se…
Mauricio Macri podría ser alcanzado por los coletazos de la crisis que sacude a la FIFA a partir de la intención de su titular Gianni Infantino de abrir la Copa del Mundo a inversores privados, con un familiar de Donald Trump como agente financiero.
El ex presidente argentino llegó a la fundación del máximo organismo mundial de fútbol en enero de 2020, un mes después de dejar la Casa Rosada, por impulso del propio Infantino.
Macri había tejido un lazo cercano al suizo y le otorgó una invitación especial a la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires en 2018. La Fundación FIFA la inventó el propio Infantino en 2018 y luego de dos años de preparación, el suizo le creó el cargo a Macri como primer Executive Chariman (presidente ejecutivo).
Como toda fundación, se inventó para recaudar fondos y Macri acercó sus influencias con los qataríes, con los que hace tiempo sueña con privatizar el fútbol argentino. Al líder del PRO se lo pudo ver en buena parte de los partidos de Qatar 2022 y en el reciente mundial de Estados Unidos.
La relación estrecha que cultivó con Infantino lo ató a la suerte del suizo en la FIFA. Infantino tiene intenciones de renovar su último mandato en 2027 hasta 2031, pero la propuesta de privatizar la FIFA y el Mundial, empujado por Trump, le provocó un efecto boomerang que incluso motivó versiones de su renuncia. Su principal asesor, Carlos Cordeiro, renunció este viernes en medio del desplante de la UEFA, Concacaf y la confederación de Asia.
«Si cae Infantino, cae Macri», dijo a LPO un importante dirigente de la Conmebol, que en la tarde de este viernes salió a rechazar la propuesta de Infantino.
Como parte de las acciones tendientes a la prevención y detección temprana de casos de COVID-19, a partir de esta semana comenzaron a realizarse en el Complejo Fitosanitario Aduanero los tests de PCR solicitados en frontera a los transportistas rionegrinos. También podrán realizarlo los choferes que tengan como destino otras provincias. El Intendente Marcelo Orazi…
La discusión sobre el empleo argentino ya no puede reducirse a saber cuántas personas tienen trabajo. El desempleo convive con informalidad, subocupación, pluriempleo y nuevas formas de contratación, mientras la reforma laboral de 2026 modificó reglas centrales de la relación entre trabajadores y empleadores. Los números oficiales permiten dimensionar el fenómeno, pero la sociología ayuda a entender qué ocurre cuando la incertidumbre laboral deja de ser una excepción y empieza a convertirse en una experiencia cotidiana.
Por Tomás Palazzo para NLI
Hay una escena que se repite cada vez con mayor frecuencia en la Argentina: una persona que trabaja, pero busca otro trabajo. Un empleado que conserva su puesto, aunque empezó a hacer repartos por la noche. Una profesional que se convirtió en monotributista para realizar tareas que antes hacía bajo relación de dependencia. Un trabajador que acepta una ocupación informal porque necesita ingresos inmediatos y otro que acumula varias actividades porque ninguna de ellas, por separado, alcanza para pagar el alquiler, los alimentos y los servicios. Todos están ocupados. Pero no necesariamente todos tienen un empleo que permita construir una vida alrededor del trabajo.
Ese es uno de los principales problemas que aparecen cuando se mira el mercado laboral exclusivamente a través de la tasa de desempleo. El INDEC informó que en el primer trimestre de 2026 la desocupación alcanzó el 7,8%, mientras que la tasa de empleo fue del 44,8%, la de actividad del 48,6% y la subocupación llegó al 11,1%. Es decir, hay una porción significativa de personas que trabajan menos horas de las que desean y necesitan. La propia estadística oficial incorporó además, desde 2025, una medición específica de la informalidad laboral, reconociendo que el dato sobre cuántas personas tienen o no una ocupación no alcanza para describir la estructura del mercado.
La fotografía se vuelve todavía más compleja cuando se incorpora la calidad de esos puestos. Según una medición elaborada por el investigador del CONICET Jorge Paz, utilizando una definición amplia que incluye tanto asalariados no registrados como trabajadores independientes de baja calificación, la informalidad alcanzaba aproximadamente al 49% de los trabajadores. La estimación no es idéntica a la medición estadística oficial —y es importante no mezclar metodologías—, pero permite comprender la magnitud del fenómeno desde otra perspectiva.
La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué significa exactamente estar empleado en la Argentina de 2026?
La sociología de un trabajador que nunca termina de llegar
El sociólogo francés Robert Castel utilizó hace décadas una idea que resulta particularmente útil para pensar el presente: el trabajo no es solamente una fuente de ingresos, sino también uno de los principales mecanismos de integración social. El empleo estable permite construir vínculos, acceder a derechos, proyectar una familia, organizar el tiempo y establecer una relación relativamente previsible con el futuro. Cuando esa estabilidad se erosiona, no desaparece solamente una parte del salario: se debilita también una estructura social.
La investigación argentina sobre mercado laboral viene señalando precisamente esa dimensión. Estudios del CONICET sobre informalidad, precariedad y segmentación laboral advierten que la inseguridad ocupacional no se distribuye al azar y que la calidad del empleo tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de caer o permanecer en la pobreza. Una investigación de Jésica Pla, Santiago Poy y Agustín Salvia encontró que la clase ocupacional y la calidad del empleo mantienen efectos persistentes sobre la probabilidad de experimentar pobreza, mientras que la inseguridad laboral atraviesa distintos grupos sociales.
Esto permite comprender por qué la precarización tiene una dimensión sociológica que no aparece inmediatamente en una planilla de estadísticas. Cuando una persona no sabe cuánto va a ganar el mes próximo, cuándo terminará su contrato, si podrá mantener sus horas de trabajo o si deberá aceptar una segunda ocupación, cambia su relación con el futuro. La incertidumbre se incorpora a la vida cotidiana.
Y cuando esa incertidumbre se vuelve colectiva, también modifica comportamientos sociales. Se posterga la compra de una vivienda, se demora la decisión de tener hijos, se reemplaza el consumo duradero por gastos inmediatos, se prolonga la convivencia con los padres, se abandona una actividad educativa para conseguir ingresos o se aceptan trabajos por debajo de la calificación profesional. No hace falta que todos esos fenómenos aparezcan juntos para que exista un cambio estructural: alcanza con que una parte creciente de la población deje de sentir que el trabajo constituye una plataforma segura para proyectarse.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea precisamente que la informalidad no debe analizarse solamente como ausencia de registro, sino en relación con derechos, productividad, protección social y oportunidades de desarrollo. En su actualización conceptual publicada en 2025, la organización advierte que las formas contemporáneas de informalidad son diversas y requieren políticas de transición hacia la formalidad que garanticen trabajo decente.
La cuestión, entonces, no es únicamente cuántos argentinos están «en negro». Es qué tipo de ciudadanía social produce una economía donde una parte importante de sus trabajadores carece de las protecciones asociadas al empleo formal.
La reforma laboral y el nuevo mapa de derechos
Aquí aparece el costado jurídico, que tampoco puede separarse de la discusión económica. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece que el trabajo «en sus diversas formas» debe gozar de protección legal y menciona expresamente condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, retribución justa y protección contra el despido arbitrario. No se trata de una declaración decorativa: constituye el marco constitucional dentro del cual deben interpretarse las leyes laborales.
Pero en 2026 ese marco comenzó a convivir con una modificación importante de la legislación ordinaria. La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero y publicada en marzo, introdujo cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en distintos regímenes laborales. Entre otras cuestiones, modificó el esquema de cálculo de la indemnización por despido, estableció nuevas reglas sobre determinados componentes remunerativos y habilitó que mediante convenios colectivos pueda sustituirse el régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral financiado por el empleador.
También creó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a colaborar con el cumplimiento de determinadas obligaciones e indemnizaciones laborales. Y la reforma estableció un régimen específico para los prestadores independientes de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, definiéndolos jurídicamente como independientes y fijando determinados derechos sin que estos constituyan, por sí mismos, indicios de una relación de dependencia.
Esto último resulta especialmente relevante desde una perspectiva sociológica. Una parte del nuevo mundo laboral se está construyendo alrededor de trabajadores que no encajan cómodamente en la vieja división entre empleado y trabajador autónomo. El repartidor que se conecta cuando quiere puede ser presentado como un emprendedor independiente; pero si su ingreso depende de una plataforma, de sus algoritmos, de las tarifas que esta determina y de una demanda que no controla, la discusión sobre dónde termina la autonomía y dónde comienza la subordinación seguirá abierta.
Especialistas en derecho laboral que analizaron la nueva legislación han señalado precisamente que la reforma modifica cuestiones sensibles como el período de prueba, las jornadas y el llamado banco de horas, el cálculo indemnizatorio, los fondos de cese, las plataformas y la presunción de laboralidad.
El Gobierno puede sostener que estas modificaciones buscan reducir la litigiosidad, facilitar contrataciones y generar mayor previsibilidad para las empresas. Esa es una hipótesis económica legítima que deberá contrastarse con los resultados. Pero también existe una pregunta jurídica y social diferente: ¿cuánto puede flexibilizarse una relación laboral antes de que la flexibilidad deje de funcionar como instrumento para generar empleo y empiece a trasladar sistemáticamente el riesgo económico hacia quien trabaja?
No existe una respuesta automática. Y justamente por eso no alcanza con decir que una reforma es «pro trabajador» o «anti trabajador». Hay que mirar qué derechos cambia, qué obligaciones modifica, qué incentivos genera y, sobre todo, qué ocurre después con el empleo real.
El dato que falta: no solamente cuánto empleo hay, sino qué empleo estamos construyendo
Existe además una paradoja que atraviesa la historia argentina reciente. La informalidad no nació con Milei y sería incorrecto presentarla como una creación de su Gobierno. La Argentina arrastra desde hace décadas un mercado laboral profundamente segmentado. Investigaciones de la OIT ya habían documentado la coexistencia de empleo asalariado informal, trabajo independiente de subsistencia y modalidades atípicas incluso durante períodos en los que la ocupación y los salarios mejoraban.
Pero reconocer ese problema estructural no significa que todos los gobiernos produzcan los mismos resultados. Las políticas económicas pueden favorecer determinados sectores, destruir otros, modificar los incentivos para contratar formalmente y cambiar la relación entre salarios, productividad y empleo. De acuerdo con datos recopilados recientemente, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 se habían perdido cerca de 400.000 puestos asalariados formales, según registros del Ministerio de Capital Humano citados por El País: alrededor de 250.000 correspondían al sector privado, 130.000 al público y 17.400 al régimen de casas particulares.
Ese número tampoco puede interpretarse aisladamente como prueba de que cada puesto perdido se convirtió automáticamente en empleo informal. Una parte de las personas puede haber salido de la fuerza laboral, otra puede haber quedado desempleada y otra puede haberse desplazado hacia actividades independientes. Precisamente por eso las estadísticas laborales deben leerse como un conjunto y no como titulares separados.
La cuestión central aparece cuando se cruzan todos esos indicadores: desocupación, subocupación, informalidad, empleo registrado, salarios y horas trabajadas. Allí comienza a verse una economía en la que tener trabajo no garantiza necesariamente estabilidad y en la que conseguir ingresos puede requerir acumular ocupaciones.
La propia OIT insiste en que la transición hacia la formalidad requiere políticas integrales y no solamente cambios normativos. En Argentina, su trabajo reciente sobre sectores como construcción, textil y trabajo doméstico pone el foco justamente en las barreras concretas que impiden formalizar empleo y en la necesidad de combinar regulación, incentivos, productividad y protección social.
Por eso la pregunta más importante para la Argentina de los próximos años no debería ser solamente cuántos puestos de trabajo crea la economía, sino qué clase de puestos está generando.
Porque una sociedad puede mostrar una tasa de desempleo relativamente contenida y, al mismo tiempo, tener cientos de miles de personas que trabajan sin estabilidad, sin protección suficiente, con ingresos insuficientes o con la necesidad de sumar una segunda ocupación para completar el mes.
El trabajo sigue estando. Lo que está cambiando es aquello que el trabajo permite construir.
Y esa diferencia es mucho más profunda que una cifra de desempleo. Es una transformación en la relación entre economía y sociedad, entre trabajador y empresa, entre presente y futuro. También es una discusión sobre el sentido mismo del derecho laboral: si su función consiste simplemente en ordenar contratos entre partes formalmente iguales o si, como reconoce la Constitución, debe intervenir para equilibrar una relación en la que el poder económico de las partes nunca fue exactamente simétrico.
La respuesta no se encuentra solamente en una ley ni en una estadística. Se va a ver en la vida concreta de quienes trabajan.
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