Las transformaciones dentro del lenguaje como en la naturaleza misma, son inevitables, considerar nulo el uso de la E como género neutro es como mínimo poner al utilitarismo conservador adentro de una caja académica, caja engalanada por la monarquía endocéntrica española. En la cual no me siento reflejado.
El lenguaje como todo sistema vivo evoluciona (o involuciona), diferencia vaga y subjetiva, pero cierta. Ellenguaje es como una célula que con el paso del tiempo se va modificando. La lengua española desciende del Latín, que luego del desmembramiento del imperio romano se disipó como un reguero por distintas regiones y se fue deformando o conformando en nuevas lenguas (“romances”).
El español, italiano, portugués y francés, (entre otros idiomas) son hijos del Latín, son lenguas hermanas que han adoptado distintos trayectos siendo un claro ejemplo de la mutación ramificada e independiente de cualquier lengua.
Los arcaísmos o neologismos, como también los préstamos lingüísticos; son conceptos que cimientan la metamorfosis continua del lenguaje. Ahora, ¿quién decide sobre esos cambios?
La Real Academia Española (RAE) es la entidad que se arroga la tarea de velar por la lengua castellana, hace unos días publicó un manual “Libro de estilo” donde atiende dudas frecuentes de hispanohablantes y en él juzga de innecesario el uso de la E como vocal genérica. Sin embargo, la RAE no es más que otro ejemplo de la centralización del poder, una manifestación religiosa-política unilateral que decide por el otro anulando la alteridad y las libertades individuales.
¿Quiénes están obligados a atarse a las reglas de la RAE? ¿Profesionales, educadores? ¿Todos, todes?. A las generaciones venideras no les interesa lo que opina la RAE. ¿Por qué no adelantarnos a ese proceso?. Si quienes deciden que podemos decir o no, o como decirlo, son sólo unos pocos vestidos de gala a 10 mil kilómetros de distancia.
Las libertades individuales y el desapego a las reglas, más aún si son dictadas por instituciones foráneas que ni siquiera tienen en cuenta la contextualización de los cambios y los nuevos fenómenos sociales; genera el espacio y colabora con la creación de neologismos.
En Argentina ésta polémica idiomática no es más que una especie de chivo expiatorio frente a problemáticas más complejas. Casi la mitad de los niños del país viven bajo los márgenes de pobreza pero eso no nos mueve la aguja. Sin embargo, cuando escuchamos un “todes” debatimos hasta el hartazgo.
Luchar contra la variabilidad del lenguaje es no entenderlo como lo que es, un sistema vivo, que como tal se modifica en relación a su entorno y sus actuantes.
Aceptarlo o no, es una decisión personalísima. Respetarlo, debiera ser un acuerdo tácito.
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Villa Regina hace años que no encuentra el rumbo para su crecimiento económico, nuestra economía regional está conectada a un respirador artificial en una agonía terminal. ¿Hay que reactivar la producción frutícola o buscar otras alternativas y variantes económicas? Difunde esta nota
Novela de carácter histórico que trabaja como temática central el Holocausto. El libro se basa sobre la vida de la sobreviviente Hanka Dziubas Grzmot y se construye a dos tiempos: la actualidad de Hanka como residente de la ciudad de Buenos Aires y los recuerdos que la trasportan a su infancia cubierta por el horror…
Patricia Bullrich lanzó críticas filosas al plan económico del gobierno y deslizó que los logros de los que se jactan Javier Milei y Luis «Toto» Caputo no se sienten en la vida cotidiana de las personas.
La senadora nacional publicó un tuit en el que aseguró que «el rumbo es el correcto» y que «este camino es parte de un proceso de transformación profundo».
Como en los comunicados del FMI, lo jugoso vino después del pero: «Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana», dijo la ex presidenta del PRO. «No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro», concluyó.
Si bien ya ha marcado diferencias con el propio gobierno, es la primera vez que Bullrich sale a hacer cuestionamientos al plan económico. Su enfrentamiento con Karina Milei surgió tras sus críticas públicas a Manuel Adorni, que terminaron con una renuncia escandalosa. Ahora, las críticas apuntan al corazón del gobierno libertario.
Las críticas de Bullrich se dan horas después de que LPO revelara que ya prepara un partido nacional para poder competir el año que viene por la presidencia, si es que los Milei rompen con ella.
Son sugestivas las críticas de Bullrich al programa de Caputo días después de que ministro fuera el intermediario de un diálogo entre Karina y Mauricio Macri que la dejó afuera de las negociaciones entre el PRO y los libertarios.
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
Si algo le faltaba a este bendito país para estar un poco más cerca del apocalipsis era una final de copa libertadores entre los dos clubes más trascendentes del país. Y como es sudamérica (y Argentina) es lógico que lo programado por la entidad superior del fútbol se modifique. Que éste día no se juega,…
