LAS PENAS SON DE NOSOTROS

La espiral de violencia que se vive en el país nos expone y se expone a diario, es cotidiana y naturalizada por casi toda la población. Los medios son quienes seleccionan que actos violentos reprender, y que actos violentos presentarlos de manera jocosa o risueña. Básicamente eligen a quien pasar por la picadora de carne. El Pepo si, Darthés no.

La reacción arbitraria, agresiva e intolerante de los patrones, patroncitos o ¿peones? de estancia que se dio en la #Sociedad Rural contra activistas veganos que intervinieron en la pista central para hacer su reclamo; es el reflejo claro de lo más recalcitrante de nuestra sociedad. La oligarquía, el campo, los dobles apellidos; y el máximo esplendor de un odio social que les hace hervir la sangre, esa sangre de alta alcurnia, sangre liviana que nunca manchó el piso.

Desprecio visceral, odio estructurado simétricamente.

Podés estar de acuerdo o no con el reclamo, con las formas, con irrumpir en un espacio que no es habilitado para tal fin; pero lo que repele verdaderamente es la reacción de la “caballería” que no reparó si quiera en la disparidad de los grupos. Cartulinas contra rebenques, hombres a caballo contra chicos con mochilas; porque ellos son la ley.

Esta disparidad, que hoy se presenta suavizada en la TV es la misma que nos dejó sin pueblos originarios (pólvora contra boleadoras).

Dos opuestos se expresaron, uno da cara al futuro, jóvenes -muy jóvenes- que luchan por ideales que creen correctos a través de intervenciones que irrumpen de manera pacífica. Pancartas y cartulinas, lo más osado fue saltar hacia la pista. Otro, que retrocede al pasado, un sector que desprecia a todo aquel que no sea como ellos; compuesto por lo más rancio de nuestra sociedad.

Porque para los medios hegemónicos: violentos son los pobres, los que tienen hambre, los que se movilizan, los que pelean por lo suyo y lo del otro; los que tienen la vaca atada son justicieros.

Portada: Germán Busin / Emiliano Piccinini
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  • País de boludos

     

    El meme: país de boludos

    ¿Cómo tomar en serio a alguien que toma a todos los argentinos como una sarta de boludos? ¿Para qué detenerse sobre algo tan transparente, tan cristalinamente autoincriminatorio? ¿Qué sentido tendría desnudar algo que ya se desnuda solo? ¿Cómo escribir sobre las declaraciones de Adorni algo que no sea un meme?

    El meme, ya ha sido dicho desde Trump vuelto meme en Pepe el Sapo, condensa la estrategia comunicacional estrella de una nueva forma de gobernanza global, en la que procesos de desregulación institucional se corresponden con procesos de desinhibición discursiva que aplanan la palabra en un juego obnubilante de obscenidades y evidencias. Volverse meme es un modo de forzar, en el gesto autosatírico, la neutralización de la crítica y el debate por anticipado.

    La Ley de Inocencia Fiscal es sólo el ejemplo más reciente, y uno de los más extremos, de un proceso de desregulación a favor de los ricos que está en el corazón del programa de este gobierno.

    Si esto es así, que el vocero del presidente libertario se haya convertido en un meme viviente no debería ser motivo para restarle importancia, todo lo contrario: es una razón para ahondar en los modos en que la descomposición política e institucional exige formas de descomposición comunicacional y mediática, que sitúan al meme como eje de nuestra amainada vida simbólica. 

    La extrema desregulación estatal promovida por el gobierno requiere una extrema desregulación cognitiva del discurso público general.

    Lanzar las inverosímiles y alucinatorias fabulaciones que anoche ofreció Manuel Adorni pretendiendo que sean recibidas como explicaciones plausibles de su situación patrimonial, contradiciendo sus propios dichos en esta farsa (y hacerlo además a horas del inicio del mundial), es tomarnos de boludos a los 45 millones de argentinos. Entonces, cómo llegó a tener el patrimonio que tiene es una preocupación que contiene otra, acaso más profunda: ¿cómo pudo un boludo del tamaño de Adorni llegar a tomar por boludos al resto de los argentinos?

    Necesitamos memes, pero necesitamos también ir más a fondo. Porque ellos sí que están yendo a fondo con un modelo de gobierno, de estado y de economía del cual el caso Adorni no es más que el testimonio más insólito, exótico y lumpen. Apenas la punta de iceberg de un modelo de país que el gobierno está construyendo para unos pocos. 

    Legalizar lo ilegal: el estado como agente paraestatal

    La verdadera cuestión en relación al caso Adorni es menos su declaración irrisoria que la Ley de Inocencia Fiscal con la que se busca lavar todos los desfalcos e irregularidades en que incurrió el actual jefe de Gabinete. Y con él, las de toda una lista de rufianes -entre los que se encuentran el actual ministro Sturzenegger y el cancelado ex candidato a legislador Espert- que ahora pueden blanquear bienes que tenían en negro sin explicar sus origen ni pagar multas. Un  ordenamiento legal diseñado para la perpetuación del desfalco y la irregularidad.

    Este gobierno, se ha dicho muchas veces, supo leer los efectos de la informalidad que aquejaba la vida económica en la Argentina, sobre todo al mundo de la informalidad laboral, cuyos problemas, frustraciones y resentimientos -no tenidos en cuenta por los gobiernos anteriores – fueron escuchados y atendidos por Milei. Pero el objetivo del gobierno en relación a esas zonas de informalidad no fue ni eliminarlas ni regularlas, sino convertirlas en el modelo de una nueva estatalidad reducida que garantizara el libre juego de fuerzas para-institucionales, en las que pudiera construirse una exótica alianza de clases lumpen entre los de muy abajo, para los que las regulaciones nunca fueron una ayuda, y los de muy arriba, para los que las regulaciones nunca fueron un problema.

    El escándalo Adorni es el rostro bobo de la inquietante utopía tecnocapitalista de desestatización de la soberanía, en la que el mercado, la tecnología y la competencia entre jurisdicciones reemplazarían progresivamente funciones históricamente asociadas al Estado.

    El actual gobierno llega al estado como agente paraestatal. No es vano repetir que Milei, hoy inmolándose en defensa de Adorni, es quien formuló su tarea en la máxima magistratura como la del topo que llega al Estado para destruirlo desde dentro. Milei, que tendrá razones turbias para defender al indefendible Adorni, es el que repite como un mantra que los impuestos son un robo, y que quienes evaden son héroes. “Defender lo indefendible” se llama el libro que Milei regaló a todo su gabinete como obsequio navideño del año pasado. Entre los crímenes que se reivindican en ese libro atroz, los de Adorni son un juego de niños.

    En este contexto tan extraño y distorsivo en el que un jefe de Estado usa su posición para legitimar la descomposición del Estado como ordenador de la distribución de la riqueza del país, la “corrupción” cambia de sentido. ¿Cómo se resignifica en un país en el que se legitima la evasión de impuestos? ¿Qué implica un acto delictivo en un debate público en el que se propone ese dejar hacer?

    La Ley de Inocencia Fiscal es sólo el ejemplo más reciente, y uno de los más extremos, de un proceso de desregulación a favor de los ricos que está en el corazón del programa de este gobierno. El cometido fundamental de ese Terminator calvo en el que proyectan al ministro de desregulación “Arnold” Sturzenegger: dar fuerza de ley a la ley del más fuerte. Así como, también por vía de la “legalización”, se intenta legitimar la entrada de los tecnomagnates para apropiarse del territorio y los datos de los argentinos a través del Súper RIGI, muy pronto a tratarse en el Congreso. 

    Porque de futuros anticipados y tecnologías delirantes estamos hablando. Un mundo soñado y promovido por las estrechas mentes de los superricos que pretenden digitar nuestro futuro.

    Laboratorio de un mundo posdemocrático: Adorni y Peter Thiel

    Uno de esos tecnomagnates se ha instalado en nuestro país, y su presencia nos obliga a conectar el escándalo de superficie con movimientos mucho más hondos de la historia presente. Si el iceberg que estamos por chocar tiene a Adorni en la punta, en lo profundo de sus sombras reinan figuras como las de Peter Thiel.

    El escándalo Adorni tiene como trasfondo real la reformulación de la estructura legal del estado para normalizar comportamientos como los de Adorni, es decir, para que lo que considerábamos “corrupción” pase a ser considerado un conjunto de prácticas normales y legales. Lo que antes era excepción, busca hacerse sitio como nueva regla. Innovaciones legales que van desde el proyecto de gemelo digital o de “corporaciones no humanas” hasta el régimen de inocencia fiscal son expresión de una reformulación integral del sentido del estado como tal.

    Y allí es donde la presencia de Thiel en la Argentina oficia de recordatorio siniestro acerca del horizonte histórico hacia el que Milei pretende llevarnos. 

    El escándalo Adorni es el rostro bobo de la inquietante utopía tecnocapitalista de desestatización de la soberanía, en la que el mercado, la tecnología y la competencia entre jurisdicciones reemplazarían progresivamente funciones históricamente asociadas al Estado.

    Algunos aspectos centrales de esta agenda que necesitamos tener a la vista son:

    1. Los impuestos son concebidos como una expropiación de la innovación y la acumulación. La tributación aparece menos como mecanismo redistributivo o de financiamiento de bienes públicos que como obstáculo para la creatividad empresarial y el crecimiento económico.

    2. La soberanía estatal es vista como ineficiente y monopolística. Frente al monopolio territorial del Estado, se fabula un ecosistema de jurisdicciones en competencia: ciudades privadas, zonas económicas especiales, comunidades flotantes, plataformas digitales o incluso redes de gobernanza algorítmica.

    3. La tecnología funciona como sustituto de la política. Problemas tradicionalmente resueltos mediante deliberación democrática y conflicto político aspiran a ser abordados mediante mecanismos técnicos, incentivos de mercado o sistemas automatizados.

    4. La ciudadanía se transforma en elección de pertenencia. El modelo deja de ser el ciudadano sujeto a una soberanía territorial para acercarse a la figura del consumidor que selecciona entre distintas ofertas de gobernanza.

    En este marco, la “corrupción” cambia su marco teórico, y en tiempos de “defender lo indefendible” y de celebración de la “incorrección política” puede convertirse en una nueva forma de heroísmo del nuevo orden posdemocrático en construcción. 

    Por eso hay que insistir en que la crítica a los impuestos no es simplemente económica: es parte de un proyecto más amplio de erosión de la capacidad estatal para identificar, registrar, controlar y redistribuir la riqueza, función indispensable para que el estado pueda seguir siendo un estado democrático. 

    La Ley de Inocencia Fiscal no debe leerse, entonces, como una medida tributaria puntual, sino como un síntoma de esa imaginación política más amplia. La idea de presumir la legitimidad de los fondos no declarados, reducir los mecanismos de fiscalización y desplazar la carga de la prueba hacia el Estado expresa una concepción según la cual la circulación privada del capital debe gozar de una autonomía creciente frente a las capacidades de inspección pública, es decir, de contralor democrático.

    Lo interesante es que aquí aparece una tensión. Estas corrientes suelen presentarse como defensoras de una sociedad capaz de funcionar con menos Estado. Sin embargo, la historia muestra que los mercados requieren infraestructuras jurídicas, monetarias y coercitivas complejas para operar. Por eso algunos críticos sostienen que la promesa de una “gobernanza sin Estado” no implica realmente la desaparición del poder, sino su relocalización: desde instituciones públicas relativamente universalistas-democráticas hacia actores privados-corporativos capaces de ejercer funciones cuasi soberanas.

    La crítica tecnocapitalista a los impuestos no apunta únicamente a reducir la presión fiscal, sino a debilitar uno de los fundamentos materiales de la soberanía estatal. Desde Peter Thiel hasta Nick Land, emerge una imaginación política que concibe la competencia entre jurisdicciones, la innovación tecnológica y la autonomía del capital como sustitutos de la mediación democrática. 

    En ese horizonte, herramientas como la Ley de Inocencia Fiscal pueden interpretarse como anticipaciones parciales de una utopía postestatal: una sociedad donde la circulación de la riqueza quede progresivamente desacoplada de los mecanismos públicos de registro, control y redistribución, y donde la gobernanza adopte formas cada vez más privatizadas y tecnificadas.

    Adorni es la cara boba de un mismo proyecto cuya cara siniestra acaba de instalarse en una mansión en Barrio Parque. Es fácil hacer de Adorni un meme. No pasa lo mismo con Thiel, verdadero Terminator que llega, como el verdadero Schwarzenegger, de un futuro distópico que se está haciendo realidad gracias a la apariencia grotesca de sus operadores locales.

    La entrada País de boludos se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    Ahora también Milei le pone precio a los estudios para trasplantes: el Gobierno oficializó un arancelamiento en el INCUCAI

     

    Una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial aprobó un cuadro tarifario para los estudios que realiza el Laboratorio Nacional de Inmunogenética del INCUCAI. Entre las prestaciones alcanzadas figuran análisis indispensables para pacientes en lista de espera de trasplantes de órganos y de médula ósea, con valores que llegan hasta los 979 mil pesos.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno nacional profundizó este lunes su política de arancelamiento de prestaciones estatales con la publicación de una resolución del INCUCAI que establece, por primera vez, un nomenclador de costos para los estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Inmunogenética. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 146/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, y fija valores para una amplia gama de análisis indispensables en los procesos de donación y trasplante de órganos y de células progenitoras hematopoyéticas.

    Aunque la resolución no modifica el régimen legal de acceso a los trasplantes ni dispone que los pacientes deban pagar directamente estos montos, sí introduce formalmente un sistema de aranceles para prestaciones que hasta ahora eran absorbidas por el Estado nacional, trasladando el costo a los financiadores o a quienes deban afrontar esos estudios cuando no exista cobertura.

    Estudios imprescindibles que ahora tienen un precio

    El nuevo cuadro tarifario alcanza a algunos de los análisis más sensibles dentro del sistema de trasplantes. Entre ellos se encuentra la inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido, cuyo costo fue fijado en 514.000 pesos. Ese procedimiento incluye la tipificación genética HLA y los estudios inmunológicos necesarios para determinar la compatibilidad del futuro receptor.

    También se establecieron valores para el denominado cross match, indispensable para verificar la compatibilidad entre donante y receptor antes de un trasplante, con un costo de 248.000 pesos, mientras que la tipificación HLA para donantes de órganos sólidos costará 251.000 pesos.

    Uno de los estudios de mayor complejidad, destinado a pacientes candidatos a trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas —como los trasplantes de médula ósea—, tendrá un valor de 979.000 pesos, constituyéndose en la prestación más costosa del nomenclador aprobado.

    La resolución también fija aranceles para determinaciones de anticuerpos anti-HLA, estudios de quimerismo, cuantificación de células CD34+, detección de ADN libre circulante y otras prácticas altamente especializadas utilizadas para el seguimiento clínico de pacientes trasplantados.

    Un cambio que vuelve a poner el foco sobre el financiamiento sanitario

    Desde el punto de vista administrativo, el INCUCAI argumenta que resulta necesario contar con un esquema actualizado de recuperación de costos para las prestaciones brindadas por su laboratorio nacional de referencia.

    Sin embargo, la decisión vuelve a instalar el debate sobre el progresivo retiro del financiamiento estatal en áreas estratégicas de la salud pública, especialmente en procedimientos donde el tiempo, la disponibilidad de recursos y la realización de estudios especializados resultan determinantes para salvar vidas.

    Los análisis comprendidos en el nomenclador no constituyen estudios accesorios: son requisitos indispensables para determinar compatibilidades inmunológicas, ingresar a listas de espera, seleccionar donantes y controlar la evolución posterior de los trasplantes. Sin ellos, el sistema de procuración y trasplante simplemente no puede funcionar.

    En un contexto marcado por los recortes presupuestarios sobre organismos científicos, hospitales nacionales y programas sanitarios, la incorporación de estos aranceles aparece como un nuevo paso en la lógica de trasladar costos que históricamente eran absorbidos por el Estado, aun cuando se trate de prestaciones vinculadas con tratamientos de altísima complejidad y, muchas veces, de carácter vital para los pacientes.

     

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