La espiral de violencia que se vive en el país nos expone y se expone a diario, es cotidiana y naturalizada por casi toda la población. Los medios son quienes seleccionan que actos violentos reprender, y que actos violentos presentarlos de manera jocosa o risueña. Básicamente eligen a quien pasar por la picadora de carne. El Pepo si, Darthés no.
La reacción arbitraria, agresiva e intolerante de los patrones, patroncitos o ¿peones? de estancia que se dio en la #Sociedad Rural contra activistas veganos que intervinieron en la pista central para hacer su reclamo; es el reflejo claro de lo más recalcitrante de nuestra sociedad. La oligarquía, el campo, los dobles apellidos; y el máximo esplendor de un odio social que les hace hervir la sangre, esa sangre de alta alcurnia, sangre liviana que nunca manchó el piso.
Podés estar de acuerdo o no con el reclamo, con las formas, con irrumpir en un espacio que no es habilitado para tal fin; pero lo que repele verdaderamente es la reacción de la “caballería” que no reparó si quiera en la disparidad de los grupos. Cartulinas contra rebenques, hombres a caballo contra chicos con mochilas; porque ellos son la ley.
Esta disparidad, que hoy se presenta suavizada en la TV es la misma que nos dejó sin pueblos originarios (pólvora contra boleadoras).
Dos opuestos se expresaron, uno da cara al futuro, jóvenes -muy jóvenes- que luchan por ideales que creen correctos a través de intervenciones que irrumpen de manera pacífica. Pancartas y cartulinas, lo más osado fue saltar hacia la pista. Otro, que retrocede al pasado, un sector que desprecia a todo aquel que no sea como ellos; compuesto por lo más rancio de nuestra sociedad.
Porque para los medios hegemónicos: violentos son los pobres, los que tienen hambre, los que se movilizan, los que pelean por lo suyo y lo del otro; los que tienen la vaca atada son justicieros.
El artículo detalla cómo la organización Red Atlas, influenciada por el ideario de Ayn Rand y financiada por magnates como los Koch y Adelson, ha fomentado el ultraliberalismo en Latinoamérica. A travès de think tanks y apoyo de EE. UU., propaga valores neoliberales y desregulación, influyendo en políticas y gobiernos, como el de Mauricio Macri en Argentina. La Red, criticada por promover un capitalismo sin democracia, ha sido clave en el giro político de la región, rechazando regulaciones estatales y promoviendo un mercado sin restricciones.
El 31 de agosto de 2021, se publicó la resolución 550/2021 del ministerio de economía en la que se autorizó el llamado a licitación pública para contratar la impresión de los cuestionarios del censo. En el Anexo II de la Resolución, el Estado Nacional mostraba un primer modelo de acta censal. El ítem 23 incluía…
“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado” Giuseppe Chiovenda En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones…
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El descontento: he allí la fuerza histórica afectiva capaz de hacer que se bifurque el curso de la cosas. Frédéric Lordon Hasta ahora no he escuchado que un gobierno decrete un día para parar un poco y animarse a ponerse en el lugar de la gente; o inclusive, se haga un paro a sí mismo…
La Secretaría de Energía modificó el régimen de exportaciones de hidrocarburos y eliminó la obligación de que las empresas ofrecieran primero su producción al mercado interno. El Gobierno asegura que busca atraer inversiones y generar dólares, pero la decisión abre una nueva disputa: qué prioridad tiene la energía argentina, si garantizar el abastecimiento nacional o convertirse en un negocio exportador.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno de Javier Milei volvió a mover una pieza clave del modelo energético argentino. A través de la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y publicada hoy en el Boletín Oficial, se modificó el esquema que regulaba la exportación de hidrocarburos y se eliminó una herramienta que obligaba a las empresas a demostrar que el mercado interno había tenido prioridad antes de vender al exterior.
La decisión cambia la lógica que durante años acompañó la administración de un recurso estratégico como el petróleo. A partir de ahora, las compañías tendrán un camino más directo para exportar crudo y derivados, mientras el Estado conserva una capacidad de intervención más limitada frente a eventuales problemas de abastecimiento.
La nueva regla se inscribe dentro del programa de desregulación económica impulsado por Milei, que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayor libertad comercial a las empresas. Para el Gobierno, la medida permitirá acelerar inversiones, potenciar Vaca Muerta y transformar a la Argentina en un jugador internacional de energía.
Pero la modificación abre una discusión de fondo: ¿la energía argentina debe estar orientada primero a garantizar las necesidades de los argentinos o a generar dólares mediante la exportación?
Del control estatal a la libertad exportadora
Hasta ahora, las empresas que pretendían exportar determinados hidrocarburos debían atravesar un procedimiento donde tenían que acreditar que el mercado interno había tenido la posibilidad de acceder a esa producción. Ese mecanismo funcionaba bajo una idea histórica: antes de vender un recurso estratégico al exterior, el Estado debía garantizar que no existieran problemas de abastecimiento dentro del país.
La Resolución 166/2026 cambia esa dinámica. En lugar de una autorización previa basada en una evaluación del mercado interno, establece un sistema donde las empresas notifican sus operaciones y el Estado puede objetarlas únicamente ante situaciones específicas.
En los hechos, la lógica pasa de un modelo de control preventivo a uno de intervención excepcional. El cambio parece técnico, pero tiene una fuerte carga política: modifica quién tiene la prioridad sobre un recurso clave de la economía nacional.
Vaca Muerta, dólares y la apuesta del Gobierno
La administración libertaria sostiene que la Argentina necesita convertirse en un gran exportador energético para fortalecer sus cuentas externas.
El argumento oficial es que si las petroleras tienen reglas más previsibles y menos restricciones podrán invertir más en producción, aumentar las exportaciones y generar los dólares que el país necesita. En esa visión, Vaca Muerta no debe ser solamente una fuente de abastecimiento interno, sino una plataforma exportadora capaz de competir en los mercados internacionales.
La resolución se apoya en la filosofía del DNU 70/2023 y la Ley Bases, que impulsaron un esquema de mayor apertura y menor regulación estatal sobre distintos sectores económicos. La apuesta es clara: que el incentivo privado sea el motor del crecimiento energético.
El interrogante que queda abierto: ¿qué pasa con los argentinos?
El punto más sensible de la medida aparece cuando se analiza el rol del Estado frente al mercado interno. Aunque la Secretaría de Energía mantiene herramientas para intervenir ante riesgos de desabastecimiento, la nueva normativa reduce los mecanismos que permitían anticiparse a esas situaciones. La discusión no pasa solamente por cuánto petróleo produce Argentina, sino por quién define el destino de esa producción.
En un contexto donde los precios de los combustibles, las tarifas y el costo energético tienen impacto directo sobre hogares e industrias, cualquier cambio en la administración de los recursos energéticos genera un debate que excede al sector petrolero.
La pregunta política queda planteada: si el petróleo argentino genera una enorme oportunidad exportadora, ¿cómo se garantiza que esa riqueza también impacte primero en quienes viven y producen en Argentina?
Un nuevo capítulo en la disputa por los recursos estratégicos
La Resolución 166/2026 representa un nuevo paso en el giro energético del Gobierno de Milei. No elimina completamente la intervención estatal, pero sí modifica la relación entre Estado y empresas.
El modelo anterior colocaba al abastecimiento interno como una condición previa para exportar. El nuevo esquema pone el foco en facilitar las ventas externas y deja al Estado con un rol de vigilancia posterior.
Mientras el Gobierno celebra una herramienta que considera necesaria para atraer inversiones y convertir a la Argentina en una potencia energética, sus críticos advierten que el país corre el riesgo de privilegiar el ingreso de divisas por encima de la protección del mercado interno.
La pelea por el petróleo argentino vuelve así a una vieja discusión: si los recursos estratégicos deben funcionar como una herramienta de desarrollo nacional o como una mercancía más dentro del mercado mundial.
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