La espiral de violencia que se vive en el país nos expone y se expone a diario, es cotidiana y naturalizada por casi toda la población. Los medios son quienes seleccionan que actos violentos reprender, y que actos violentos presentarlos de manera jocosa o risueña. Básicamente eligen a quien pasar por la picadora de carne. El Pepo si, Darthés no.
La reacción arbitraria, agresiva e intolerante de los patrones, patroncitos o ¿peones? de estancia que se dio en la #Sociedad Rural contra activistas veganos que intervinieron en la pista central para hacer su reclamo; es el reflejo claro de lo más recalcitrante de nuestra sociedad. La oligarquía, el campo, los dobles apellidos; y el máximo esplendor de un odio social que les hace hervir la sangre, esa sangre de alta alcurnia, sangre liviana que nunca manchó el piso.
Podés estar de acuerdo o no con el reclamo, con las formas, con irrumpir en un espacio que no es habilitado para tal fin; pero lo que repele verdaderamente es la reacción de la “caballería” que no reparó si quiera en la disparidad de los grupos. Cartulinas contra rebenques, hombres a caballo contra chicos con mochilas; porque ellos son la ley.
Esta disparidad, que hoy se presenta suavizada en la TV es la misma que nos dejó sin pueblos originarios (pólvora contra boleadoras).
Dos opuestos se expresaron, uno da cara al futuro, jóvenes -muy jóvenes- que luchan por ideales que creen correctos a través de intervenciones que irrumpen de manera pacífica. Pancartas y cartulinas, lo más osado fue saltar hacia la pista. Otro, que retrocede al pasado, un sector que desprecia a todo aquel que no sea como ellos; compuesto por lo más rancio de nuestra sociedad.
Porque para los medios hegemónicos: violentos son los pobres, los que tienen hambre, los que se movilizan, los que pelean por lo suyo y lo del otro; los que tienen la vaca atada son justicieros.
El fracking hace un uso intensivo de los recursos, agua, suelo, aire, generando gran cantidad de residuos, estos se llaman “pasivos ambientales”. El control de estos “pasivos” lo hace el gobierno provincial con la “secretaría de medio ambiente”.
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Cristina Fernández de Kirchner decidió reforzar su estrategia judicial con la incorporación de dos abogados de reconocimiento internacional, con experiencia en causas de alto impacto político en América Latina. La exmandataria busca llevar su condena a nuevos escenarios jurídicos y profundizar el reclamo por lo que considera una persecución política con consecuencias institucionales.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una nueva etapa en la defensa de Cristina Kirchner
La condena en la causa Vialidad abrió una nueva etapa en la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia que impuso seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta decidió modificar el esquema de su defensa y sumar especialistas extranjeros con trayectoria en litigios vinculados a derechos humanos y persecución política.
En la carta abierta difundida este miércoles, Cristina anunció la incorporación de dos abogados de prestigio internacional que tendrán como objetivo avanzar en una discusión que exceda los tribunales argentinos: el planteo de que su caso debe ser analizado bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
La decisión no es solamente jurídica. En el entorno de la exmandataria interpretan que la disputa dejó de estar limitada al expediente por la obra pública en Santa Cruz y pasó a convertirse en una discusión sobre los límites entre una condena penal y sus efectos sobre la participación democrática de una dirigente política.
Cristiano Zanin y Marco Stabile, los nombres detrás de la nueva estrategia
Uno de los nuevos abogados que se incorporará a la defensa es Cristiano Zanin Martins, reconocido internacionalmente por haber sido el abogado principal del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la batalla judicial derivada de la causa Lava Jato.
Zanin tuvo un rol central en la estrategia que logró revertir las condenas contra Lula, luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil declarara la incompetencia del juez Sergio Moro y cuestionara la actuación judicial que había llevado adelante la causa. Su incorporación a la defensa de Cristina no es casual: el paralelismo entre ambos procesos forma parte del argumento político que el kirchnerismo viene sosteniendo desde hace años alrededor del concepto de lawfare, entendido como la utilización de herramientas judiciales con fines de disputa política.
El otro nombre que se suma al equipo es el abogado italiano Marco Stabile, especialista en derecho internacional y derechos humanos. Su participación apunta a reforzar la dimensión internacional del reclamo y a explorar vías ante organismos externos al sistema judicial argentino.
Del expediente argentino a la discusión internacional
La incorporación de estos abogados marca un cambio de enfoque. Hasta ahora, la defensa de Cristina había concentrado sus esfuerzos principalmente en las instancias nacionales, con planteos de nulidad, cuestionamientos al proceso y críticas a la actuación de jueces y fiscales.
La nueva estrategia apunta a instalar el caso en otro terreno: el de los derechos políticos y las garantías democráticas. En su carta, Cristina sostuvo que la verdadera sanción que enfrenta no es únicamente la condena penal, sino la imposibilidad de volver a competir electoralmente por una inhabilitación de por vida.
Ese punto es clave porque transforma el eje de la discusión. Mientras sus adversarios sostienen que la prohibición de ejercer cargos públicos es una consecuencia legal de una sentencia firme, desde el kirchnerismo argumentan que esa medida produce un efecto político equivalente a una proscripción, al impedir que sea la ciudadanía quien decida sobre su futuro electoral.
La apuesta de la defensa será, entonces, intentar que esa discusión sea observada bajo parámetros internacionales y no únicamente desde la interpretación de los tribunales argentinos.
La sombra del lawfare y el antecedente Lula
La elección de Zanin tiene además un fuerte componente simbólico. El abogado brasileño se convirtió en una figura asociada a la defensa de Lula frente a una estructura judicial que, según denunció el Partido de los Trabajadores brasileño, había sido utilizada para impedir su regreso a la política.
Para el kirchnerismo, el recorrido de Lula funciona como antecedente de una disputa donde una condena judicial puede tener consecuencias electorales determinantes. Para sus críticos, en cambio, se trata de casos diferentes en los que las condenas deben analizarse por sus pruebas y fundamentos propios.
Esa tensión atraviesa hoy el escenario argentino: la discusión ya no se limita a si Cristina Kirchner es responsable o no de los delitos por los que fue condenada, sino a si una decisión judicial puede tener como consecuencia excluir definitivamente a una dirigente del sistema político.
Una batalla judicial que también es política
La llegada de los nuevos abogados confirma que Cristina Kirchner no piensa cerrar la discusión con la resolución de la Corte Suprema. Por el contrario, busca trasladar el conflicto a nuevos ámbitos y convertir su situación judicial en una discusión sobre democracia, representación y derechos políticos.
En un escenario donde el peronismo atraviesa una etapa de reorganización y el gobierno de Javier Milei busca consolidar su proyecto político, la estrategia judicial de Cristina vuelve a tener un impacto directo sobre la disputa política nacional.
La defensa renovada no sólo buscará revertir o cuestionar aspectos jurídicos de la condena, sino instalar una pregunta que atraviesa todo el debate: si una dirigente elegida durante dos décadas por millones de argentinos puede quedar definitivamente fuera de la competencia electoral por una decisión judicial.
La respuesta a esa pregunta será, en los próximos meses, uno de los principales capítulos de la disputa institucional argentina.
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