La espiral de violencia que se vive en el país nos expone y se expone a diario, es cotidiana y naturalizada por casi toda la población. Los medios son quienes seleccionan que actos violentos reprender, y que actos violentos presentarlos de manera jocosa o risueña. Básicamente eligen a quien pasar por la picadora de carne. El Pepo si, Darthés no.
La reacción arbitraria, agresiva e intolerante de los patrones, patroncitos o ¿peones? de estancia que se dio en la #Sociedad Rural contra activistas veganos que intervinieron en la pista central para hacer su reclamo; es el reflejo claro de lo más recalcitrante de nuestra sociedad. La oligarquía, el campo, los dobles apellidos; y el máximo esplendor de un odio social que les hace hervir la sangre, esa sangre de alta alcurnia, sangre liviana que nunca manchó el piso.
Podés estar de acuerdo o no con el reclamo, con las formas, con irrumpir en un espacio que no es habilitado para tal fin; pero lo que repele verdaderamente es la reacción de la “caballería” que no reparó si quiera en la disparidad de los grupos. Cartulinas contra rebenques, hombres a caballo contra chicos con mochilas; porque ellos son la ley.
Esta disparidad, que hoy se presenta suavizada en la TV es la misma que nos dejó sin pueblos originarios (pólvora contra boleadoras).
Dos opuestos se expresaron, uno da cara al futuro, jóvenes -muy jóvenes- que luchan por ideales que creen correctos a través de intervenciones que irrumpen de manera pacífica. Pancartas y cartulinas, lo más osado fue saltar hacia la pista. Otro, que retrocede al pasado, un sector que desprecia a todo aquel que no sea como ellos; compuesto por lo más rancio de nuestra sociedad.
Porque para los medios hegemónicos: violentos son los pobres, los que tienen hambre, los que se movilizan, los que pelean por lo suyo y lo del otro; los que tienen la vaca atada son justicieros.
El Intendente Marcelo Orazi participó el miércoles de la presentación del proyecto de conectividad por fibra óptica a cargo de autoridades de la Agencia Río Negro Innova. La directora ejecutiva de RN Innova, Soledad Gonnet, presentó el proyecto y Maria Elena Guaresti, de la UPCEFE, mostró los estudios de impacto ambiental y social. El proyecto…
Fernando Cerimedo se largó a llorar ante los periodistas bolivianos que lo interceptaron este jueves en los tribunales de La Paz, tras ser acusado por el intento de homicidio de su ex novia Nadia Beller.
El ex asesor de Javier Milei se presentó en el Palacio de Justicia de Santa Cruz para una audiencia que finalmente fue suspendida, escoltado por las fuerzas de seguridad bolivianas y con su rostro cubierto con una capucha.
Antes de entrar al ascensor del edificio, los periodistas lo abordaron y le preguntaron quién está detrás del atentado a la abogada de 33 años. «Defiéndase señor Cerimedo», le insistían los bolivianos.
Cerimedo se puso a llorar. «Sólo quiero ver a mis hijos», dijo con la voz quebrada. Antes de subirse al ascensor, pronunció solo tres palabras: «No puedo hablar».
Luego las puertas del ascensor se cerraron y el consultor entró, seguido por un custodio personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia. Una vez en el ascensor, se tiró al piso y siguió llorando.
En su hora más baja, Cerimedo tuvo que aguantar que su socio en La Derecha Diario, Javier Negre, se despegara de él y dijera que su caso es «personal». El español dijo que el caso «afecta única y exclusivamente a él, que no tiene ningún cargo de gestión ni directivo en el medio».
Negre no se refirió a la composición accionaria de La Derecha Diario, puesto que Cerimedo seguiría siendo titular de la mitad.
La paz no se puede conseguir por la fuerza, solo se puede conseguir por la comprensión Albert Einstein Jean Jaques Rousseau define a la oclocracia como la degeneración de la democracia. Si uno quisiera situar los cambios cíclicos en las formas de hacer política, la oclocracia o gobierno de la muchedumbre estaría en el…
La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?
Por Roque Pérez para NLI
La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.
Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos
El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.
Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.
En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.
Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas
La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.
Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.
Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.
Mucho más que una obra pública
La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.
En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.
La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.
Luego de la realización del 1er cortometraje documental «ALLEN, ZONA DE SACRIFICIO» estrenado en el año 2019, el realizador Rionegrino Alejo Estrabou en embarcó en la realización de una serie web de 10 capítulos que se estará estrenando en redes a partir del próximo 23 de Agosto
