FABRICIO CARDELLI ESCRIBE PARA LATAPA
Chubut se convirtió en la primera provincia del país en prohibir el glifosato, entre idas y vueltas del gobernador. La idea de esta columna es dar un pantallazo de una problemática global: los controles a las multinacionales. Qué dijo el presidente Mauricio Macri sobre el herbicida y qué dice la Organización Mundial de la Salud. Condenas a Monsanto en EE.UU. y escándalo de espionaje en Francia. La relación con la amenaza latente de la minería en Chubut.
CHUBUT, LA PRIMERA DEL PAÍS
Chubut se convirtió en la primera provincia argentina en prohibir la fabricación, el uso y la comercialización del glifosato o herbicidas que lo contengan. El gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, que primero había criticado la ley, finalmente se abstuvo a vetarla como había anunciado. Tras las consultas que dijo haber hecho Arcioni con especialistas, afirmó que el uso del glifosato era “no nocivo” y anticipó que vetaría la ley. “Fue un proyecto con fines electorales”, valoró el gobernador, según un video que publicó Red43.
¿Por qué? La legislatura chubutense había aprobado por unanimidad –o sea, incluidos los votos de diputades oficialistas- la prohibición del glifosato un par de semanas antes de las elecciones generales en la provincia (se votó este domingo) por lo que el costo político de vetar la ley debía recaer sin más en el gobernador. Ante las críticas recibidas al anunciar el veto, las contradicciones de sus legisladores para explicarlo, y el riesgo de lo impopular de esta decisión, dio marcha atrás sin anunciarlo. La ley quedó promulgada (ver foto). El pasado domingo, Arcioni fue reelecto gobernador de Chubut, cargo al que había accedido tras la muerte de Mario Das Neves a fines de 2017.
LOS TRABAJADORES, LAS VÍCTIMAS
Hablar de glifosato es hablar de muerte. “Problablemente cancerígeno para los seres humanos”, afirmó la Organización Mundial de la Salud, como precisó el periodista Darío Aranda en esta nota fundamental sobre el tema para La Vaca. Antes que la ciencia, fueron los vecinos de a pie quienes demostraron las consecuencias mortales del uso del herbicida. Un caso testigo es el del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la pelea contra los agrotóxicos hasta su último minuto de vida, retratado por Télam en 2015.
Tristemente no es el único. Todavía puede no ser demasiado tarde para frenar el avance de este veneno, que según especialistas, se puede encontrar en casi todos los alimentos que consumimos.
SI ES BAYER, ¿ES BUENO?
Hablar de glifosato es hablar de multinacionales. La marca comercial Round up, el herbicida que tiene como principal componente al glifosato, es elaborado por Monsanto, una compañía agroquímica que desde junio de 2018 es propiedad de la multinacional alemana Bayer. Sí, la de los remedios. En lo que va de 2019 se cuentan ya cuatro condenas millonarias en Estados Unidos por los efectos nocivos a la salud de quienes trabajan la tierra con este herbicida.
“A pesar de los fallos judiciales, de más de 830 trabajos científicos que confirman su nocividad y de las denuncias de decenas de pueblos fumigados, en Argentina aún es defendido su uso por funcionarios, empresarios del agro y medios de comunicación”, escribió el ya mencionado Aranda. Luego de un fallo sin precedentes sobre la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las escuelas de Entre Ríos, recurso de amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná, el presidente Mauricio Macri lo calificó de “irresponsable”.
Un aspecto central para desenmascarar estas trampas discursivas es el tema de los controles: en la actividad que sea (aluminio, minería, fracking) las multinacionales (Aluar, PanAmerican Silver, Chevrón) generan mecanismos para controlarse a sí mismas y tienen el poder de lobby para comprar las opiniones científicas que mejor le quepan. O políticos que les voten leyes a medida. El periodista Santiago O’Donell dio cuenta ya en 2011 de la defensa de la Embajada de EE.UU. al uso del pesticida, un ejemplo de que la complicidad de los estados con las multinacionales es carnal. Bayer es uno de los principales comercializadores del glifosato, pero no el único: hasta YPF se cuenta en esa lista.
Además de las condenas en EE.UU., Bayer se vio forzado a “disculparse” tras desatarse el escándalo de espionaje ilegal realizado por su filial Monsanto a periodistas, políticos y científicos franceses para conocer su postura sobre este herbicida. ¿Las multinacionales hacen inteligencia o cuentan con complicidades de los Estados que cuidan sus intereses?
LA MEGAMINERÍA TAMBIÉN PROHIBIDA (POR AHORA)
Los chutenses tienen una fuerte historia de defensa de los recursos naturales ante los actores del extractivismo minero, a pesar de ser la primera provincia petrolera del país. El hito más saliente de estas manifestaciones populares es el plebiscito de Esquel de 2003 contra la megaminería: más del 81% de les vecines le dijo No a a la mina y hoy la Cordillera es casi un territorio intocable. De ese movimiento asambleario surgió la ley -popularmente conocida como Ley 5001- que prohíbe la megaminería en la provincia.
La riqueza de la tierra es la condena de los pueblos, decía el entrañable Eduardo Galeano en Las Venas… La multinacional Pan American Silver hace 16 años que acecha en la meseta central chubutense (el equivalente a la Línea Sur rionegrina) donde se estima que existe la reserva de plata más grande del mundo. El exgobernador peronista Martín Buzzi la había definido como “zona de sacrificio”. Sacrificio es el que hace la gente que vive en los pueblos de la meseta patagónica, sin energía eléctrica, sin trabajo, sin recursos; sin presencia del Estado. En Chubut se oye que esta miseria está planificada: le dicen “crisis autogenerada”. Y la minera tiene la varita mágica. ¿La plata quién se la llevaría?
En las sombras avanza el lobby minero ante la política local y el interés nacional, ambos a espaldas del pueblo. El episodio de la marcha anti minera de 2018 en Rawson lo ejemplifica: fue multitudinaria pero casi no tuvo cobertura de los medios tradicionales. Sí, los medios cómplices no se encuentran sólo en la Capital Federal.
En una nota que hicimos con una colega (también oriunda de Río Negro) para la revista Cítrica, el titular del gremio minero, militando abiertamente por la actividad en Puerto Madryn, nos dijo con micrófono encendido que los legisladores chubutenses les pedían coimas para aprobar la ley que le abre la puerta a PanAmerican. Nadie se escandalizó. El nivel de hipocresía es tal que el gobernador Arcioni, en la campaña legislativa de 2017, afirmaba estar en contra de la minería “que nos quieren imponer desde Buenos Aires”.
Hoy, junto con una liga de intendentes y jefes comunales, parece haber cambiado de opinión. En sintonía con Casa Rosada, maquilla su postura prominera con el eufemismo del debate y el desprestigio constante a quienes se oponen. Mire al peronista Miguel Pichetto, exbogado de una minera y compañero de fórmula de Macri. Y como presidente del Partido Justicialista lo tiene al sanjuanino Luis Gioja, el de la Barrick Gold. En temas de extractivismo, las oposiciones son alianzas.
¿Y quiénes se oponen, entonces? ¿Qué tiene en común el glifosato y la minería? En este juego discursivo perverso, amplificado por los medios de comunicación con bisturí, se construye la idea de que quienes defienden la tierra, los ríos, los cerros, las montañas, el mar… son “violentos” o “extremistas”… o “irresponsables”. Chubut tiene un solo río que recorre toda la provincia, ¿no sería un riesgo contaminarlo con cianuro? ¿La minería va a salvar a la provincia de sus deudas (económicas y sociales) o va a ser como el sueño del petróleo, que se acaba?
Por ahora, a pesar del constante embiste del lobby prominero, la voluntad popular resiste. Parece que no queda otra.
