La última trampa de la inteligencia artificial

La última trampa de la inteligencia artificial

 

1. IA y el sueño de la industria del software argentina

Un alto ejecutivo de Facebook pidió a sus trabajadores que “no utilicen la IA solo por el hecho de utilizarla”; Uber limitó el uso de tokens de sus trabajadores a 1.500 USD mensuales, después de descubrir en abril que ya se habían gastado todo el presupuesto asignado de la compañía a IA de 2026. Estas y otras noticias similares han estado rebotando por los diferentes rincones del mundo tecnológico por meses, pero ahora, amplificado por varios medios internacionales, podemos decir que es oficial: la IA se ha revelado como cara, carísima. Es extraño, porque esperábamos muchas cosas (buenas y malas) de la IA, excepto esto. 

Para la industria de software y servicios informáticos de Argentina, una de las ramas industriales que mayor uso hace de herramientas de IA en el país, la noticia no hace más que desnudar el principal rasgo estructural del sector: su dependencia. 

Durante dos décadas -antes de Vaca Muerta, la minería y el litio-, la economía del conocimiento era una de las grandes promesas de la economía argentina. Se creaban nuevas empresas, crecía el empleo, los salarios y las exportaciones. Una industria que se caracterizaba tanto por su dinamismo en los negocios, como por su base tecnológica. La historia tenía, además, todos los ingredientes de una épica moderna; desde Sadosky fundando una nueva disciplina científica en el país, hasta los miles de jóvenes decididos a estudiar informática con la promesa de ascenso social. La ley de software completaba el panorama, dando un marco institucional que fomentaba a las empresas tecnológicas por su contribución a la transformación productiva del país. Pero esa historia tenía sus límites. 

Desde la salida de la pandemia, el sector fue perdiendo dinamismo. Esto se refleja en menor crecimiento, estancamiento de las exportaciones, y, la novedad: despidos masivos. El chivo expiatorio ha sido la IA, pero también se conoce que el deterioro del mercado interno y de la demanda estatal han hecho su parte. La unificación y apreciación cambiaria también afectó al negocio exportador, especialmente para el segmento del empresariado local acostumbrado a cobrar en dólares y pagar en pesos. Sin dudas, el verdadero talón de Aquiles del sector ha sido su especialización en la colocación de programadores, bajo una lógica extractiva, sin el desarrollo de productos tecnológicos propios o servicios sofisticados.

Nuestra hipótesis es que la inteligencia artificial generativa no inventó la crisis, pero sí modificó las reglas del juego. Si durante años Argentina se especializó en ofrecer programadores y ahora ya no son el factor escaso, ¿cuál va a ser nuestra fuente de competitividad? Y si además la industria es crecientemente dependiente de herramientas de IA que se pagan en dólares, la promesa de aportar divisas a la economía con un sector intensivo en conocimiento se hace cada vez más utópica.

2. La IA redefine las condiciones de escasez

Hasta hace muy poco, el principal problema de una empresa de software era conseguir buenos programadores. Formarlos llevaba años, retenerlos era caro. Esa escasez explicaba buena parte de la renta del sector. La inteligencia artificial modifica esa ecuación. Los grandes modelos de lenguaje encontraron uno de sus primeros campos de aplicación en el desarrollo de software. Herramientas como Copilot, Claude o Codex de ChatGPT ya forman parte de la rutina cotidiana de millones de desarrolladores en todo el mundo. Pero los modelos de lenguaje, antes que reemplazar a los programadores, trabajan con ellos. Un programador asistido por IA puede escribir código más rápido, automatizar tareas repetitivas, encontrar errores con mayor facilidad y aprender nuevas tecnologías en menos tiempo. En promedio, se necesitarán menos horas de programación para resolver los mismos problemas o, alternativamente, los mismos equipos podrán desarrollar más y mejores soluciones.

Los programadores, entonces, no dejaron de ser necesarios, pero ya no son el eslabón sensible de la cadena. En cambio, lo que empezó a manifestar su escasez es el servicio que ofrecen las grandes plataformas de inteligencia artificial. Los costos crecientes de la IA tienen fundamentos tecnológicos, económicos, ambientales y geopolíticos. Desarrollar un modelo de frontera exige inversiones gigantescas en investigación y desarrollo, entrenamiento e infraestructura. Pero, además, también tiene grandes costos la inferencia: cada vez que un usuario realiza una consulta, el modelo debe volver a ponerse en funcionamiento consumiendo energía y recursos. Esto marca una diferencia fundamental con software tradicional —donde desarrollar el producto es costoso pero distribuir una copia adicional cuesta prácticamente cero—.

Las gigantes tecnológicas y las nuevas empresas de IA (como Anthropic) todavía enfrentan enormes dificultades para monetizar plenamente sus modelos. En muchos casos continúan subsidiando el acceso para acelerar su adopción y ganar participación de mercado, una estrategia que difícilmente pueda sostenerse por mucho tiempo. Todo indica que, a medida que esos subsidios disminuyan, el acceso a los modelos de mayor capacidad tenderá a encarecerse.

La explicación es sencilla. Detrás de cada respuesta generada por un modelo de lenguaje hay centros de datos masivos que consumen cantidades extraordinarias de energía y agua, para la refrigeración.  La electricidad (y en particular su costo), pasa a ser una variable crítica del negocio de la IA, a tal punto que las gigantes tecnológicas prevén infraestructuras eléctricas dedicadas especialmente a abastecer a estos centros, al tiempo que evalúan la localización de centros en función del acceso a estos recursos junto con la infraestructura de comunicaciones.

En este contexto, el cuello de botella ya no es el talento humano, sino la capacidad de cómputo, la disponibilidad energética y la infraestructura necesaria para sostener esos servicios a escala global, desde  los modelos hasta los propios datos utilizados para el entrenamiento e inferencia. La inteligencia artificial no eliminó la escasez. Simplemente la trasladó. Y cuando cambia aquello que es escaso, también cambia quién está en condiciones de capturar la renta.

3. Tokenmaxxing

Si la inteligencia artificial vuelve más productivos a los programadores, parecería lógico pensar que las empresas de software simplemente ganarán más dinero al incorporarla. Bajo esta idea muchas empresas impulsaron el uso irrestricto de estas herramientas. En parte por entusiasmo tecnológico y en parte por miedo a quedarse atrás frente a la competencia. 

La consigna fue simple: usar toda la IA posible. Al punto que muchas empresas empezaron a incluir como indicador de desempeño y proxy de productividad de los equipos el uso de tokens. Pero los costos y la factura de la IA empezó a inflarse rápidamente sin un correlato claro por el lado de los resultados. En primer lugar, porque los trabajadores empezaron a maximizar el uso de tokens más allá de lo necesario. En segundo lugar, una mayor productividad no garantiza mayores ingresos. Que un desarrollador pueda escribir código más rápido no implica que aparezcan automáticamente más clientes o que las empresas puedan vender soluciones más caras. Como ocurre en cualquier mercado, la oferta no crea por sí sola su propia demanda. Y por último, esa mayor productividad del trabajo depende del acceso a un insumo cuya provisión está altamente concentrada y sus costos se revelan crecientes con el uso.

Ese es el cambio verdaderamente importante. Durante décadas, el principal costo de una empresa de software eran los salarios de sus trabajadores (representaba alrededor del 70% de sus costos totales). Hoy una parte creciente de ese costo empieza a orientarse al pago de servicios digitales, incluyendo servicios de la nube e inteligencia artificial. Lo que antes remuneraba casi exclusivamente trabajo altamente calificado realizado en la Argentina comienza, cada vez más, a compartirse con quienes controlan los modelos, la infraestructura de cómputo y las plataformas digitales.

En otras palabras, la inteligencia artificial no sólo reorganiza el trabajo dentro de las empresas de software. También reorganiza la geografía de la captura de renta. 

4. Cuando la renta cruza la frontera

Estos cambios tienen implicancias especialmente profundas para países como la Argentina.

Durante las últimas dos décadas, una de las principales virtudes de la industria del software fue generar divisas. El conocimiento producido por miles de programadores se transformaba en ingresos que financiaban salarios, inversiones y nuevos proyectos dentro del país.

La inteligencia artificial empieza a alterar esa dinámica. Cada licencia corporativa, cada suscripción, cada consulta realizada mediante una API representa un pago hacia empresas que desarrollan y controlan los modelos fundacionales. Lo que antes era, principalmente, una masa salarial pagada en Argentina empieza a transformarse en pagos recurrentes por servicios digitales importados.

Hasta hace pocos años, la mayor parte del valor generado en el sector se distribuía entre salarios y ganancias de las empresas locales de software. Hoy una fracción creciente comienza a concentrarse en las empresas que controlan los modelos, los centros de datos, los chips y las plataformas tecnológicas.

Eso no significa que la industria argentina deje de exportar. Significa que necesita importar cada vez más para seguir siendo competitiva. Y esas importaciones pasan a formar parte de su estructura permanente de costos.

Todavía no existen estadísticas oficiales que permitan medir con precisión cuánto están gastando las empresas de software argentinas en inteligencia artificial. Sin embargo, estimaciones construidas a partir de consultas a especialistas y empresas del sector sugieren que el uso intensivo de modelos de frontera puede representar entre 100 y 500 dólares mensuales por desarrollador.

Si se toma un gasto de 500 dólares mensuales y se lo aplica a los aproximadamente 158.000 trabajadores del sector de software y servicios informáticos, la cuenta anual se acerca a los 1.000 millones de dólares.

No es una predicción. Es un orden de magnitud, que alcanza para poner en perspectiva el cambio que está ocurriendo. Una industria que durante años fue presentada como una fuente privilegiada de generación de divisas comienza, al mismo tiempo, a demandar crecientes cantidades de dólares para funcionar. Y ese puede ser el comienzo de una nueva forma de dependencia tecnológica.

5. Los números de una transformación

La hipótesis que venimos planteando todavía es difícil de medir con precisión. Sin embargo, la balanza de pagos ya empieza a mostrar señales compatibles con esa transformación.

Durante años, la Argentina construyó una industria capaz de exportar conocimiento y generar divisas. Pero, al mismo tiempo que crecieron las exportaciones de software y servicios informáticos, comenzaron a expandirse también las importaciones de servicios digitales indispensables para sostener esa misma actividad.

Los datos muestran una aceleración llamativa. En 2024, las importaciones del rubro «servicios informáticos» alcanzaron los 2.086 millones de dólares. En 2025 ascendieron a 2.551 millones. Durante el primer trimestre de 2026 ya sumaban 777 millones de dólares, un 24% más que en igual período del año anterior. De mantenerse esa tendencia, el año cerraría con importaciones cercanas a los 3.000 millones de dólares, un máximo histórico. Para ponerlo en perspectiva, se estima que las exportaciones de litio serán 2.500 millones este año. Es decir, la extracción de litio récord, no alcanzará para pagar los servicios digitales.

Ese crecimiento no puede atribuirse exclusivamente a la inteligencia artificial. En este rubro también se registran pagos por servicios en la nube, plataformas digitales, videojuegos, publicidad en buscadores o streaming. Pero, justamente ahí reside el punto. La IA no crea una dependencia completamente nueva: profundiza una dinámica en la que la provisión de servicios digitales estratégicos se concentra cada vez más en un reducido número de empresas globales.

Mientras tanto, las exportaciones argentinas de software y servicios informáticos se ubican en torno a los 2.500 millones de dólares anuales. Dicho de otro modo, una proporción creciente de los dólares que el propio sector genera comienza a regresar al exterior para pagar los insumos digitales que necesita para seguir siendo competitivo.

Ingresos, egresos y saldo por el rubro de servicios informáticos en la cuenta de servicios de la balanza de pagos de Argentina (millones de dólares). Fuente: INDEC, Cuentas Internacionales y Balanza de Pagos.

Todavía es prematuro afirmar que estamos frente a un cambio estructural. Pero por primera vez desde la consolidación de la industria del software en el país aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando uno de los principales sectores generadores de divisas empieza, al mismo tiempo, a transformarse en un demandante creciente de dólares?

6. La IA hace más fácil lo fácil y más difícil lo difícil

Durante años, la industria del software argentina creció vendiendo capacidad para escribir código. Ese modelo permitió crear empleo de calidad, formar decenas de miles de trabajadores altamente calificados y construir uno de los sectores más dinámicos de la economía. Pero también dejó una deuda pendiente: desarrollar empresas capaces de crear productos propios y resolver algunos de los problemas tecnológicos más complejos de la industria, el Estado y el pueblo.

Durante esos años hubo una enorme inversión en formar programadores. Crecieron las carreras universitarias, aparecieron tecnicaturas, cursos intensivos y programas de capacitación impulsados tanto por el Estado como por las propias empresas. Miles de jóvenes eligieron estudiar informática porque encontraron allí una oportunidad de movilidad social.

Lo que nunca conseguimos con la misma intensidad fue construir una demanda capaz de desafiarlos. La mayor parte de las empresas terminó desarrollando soluciones definidas por clientes externos o participando en proyectos donde las decisiones estratégicas, los productos y los mercados se encontraban fuera del país. Hubo excepciones importantes, pero no alcanzaron para convertir ese aprendizaje en una plataforma sostenida de innovación.

La inteligencia artificial vuelve esa limitación mucho más evidente. Si escribir código deja de ser relativamente escaso, competir únicamente por la capacidad de programar será cada vez más difícil. La ventaja comenzará a desplazarse hacia quienes comprendan procesos productivos complejos, integren tecnologías, conozcan industrias específicas y sean capaces de diseñar soluciones originales para problemas que todavía no tienen respuesta.

Esto importa especialmente para un país como Argentina. Si nuestros desarrolladores participan únicamente de la programación de soluciones concebidas en otro lado, la IA tenderá a reducir el valor relativo de aquello que ofrecemos. Si, en cambio, participan del diseño de productos, de la resolución de problemas complejos y de la construcción de conocimiento específico, la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta que multiplique esas capacidades en lugar de sustituirlas.

Sin embargo, ese recorrido hoy aparece amenazado. Muchas empresas comenzaron a reducir la contratación de perfiles junior precisamente porque los desarrolladores con mayor experiencia pueden apoyarse en herramientas de IA para realizar tareas que antes delegaban. Al mismo tiempo, el deterioro de los salarios universitarios dificulta la formación de las próximas generaciones de profesionales.

El riesgo no es solamente perder empleo hoy. El riesgo es interrumpir la principal escalera de aprendizaje de la industria. La inteligencia artificial hace más fácil lo fácil: automatiza buena parte de las tareas rutinarias con las que tradicionalmente se formaban los programadores. Pero, precisamente por eso, puede volver más difícil lo difícil: si desaparecen los espacios de aprendizaje, también se vuelve más difícil formar a los programadores junior de hoy, quienes dentro de diez años deberán diseñar las soluciones que la IA todavía no puede imaginar. En otras palabras, si desaparecen los primeros escalones, tarde o temprano también desaparecerán los últimos.

7. ¿Qué estamos promoviendo?

Desde 2004 Argentina apostó por el sector de software. La Ley de Software promovió generosamente un sector basado en una tecnología clave. Había buenas razones para hacerlo. La industria creaba empleo calificado, diversificaba la estructura productiva, exportaba servicios y generaba divisas. Además, los beneficios estaban condicionados a invertir en capacitación, investigación y desarrollo, certificaciones de calidad y apertura de nuevos mercados. No era un subsidio sin condiciones, sino una política industrial orientada a construir capacidades tecnológicas.

Luego de una década, el sector había multiplicado sus empresas y el número de trabajadores. Pero flexibilizaciones inexplicables de las reglas del Régimen de Promoción y fundamentalmente una especialización en la venta de servicios de desarrollo al exterior llevaron a la concentración de los beneficios en grandes empresas y al divorcio del sector de las principales necesidades tecnológicas del país. 

El advenimiento de los grandes modelos de lenguajes hace necesario revisar estos regímenes promocionales. Si una parte creciente del conocimiento producido localmente depende de infraestructura, modelos de lenguaje y plataformas controladas desde el exterior, también cambian los efectos esperados de esas políticas. Los beneficios fiscales siguen financiándose con recursos públicos argentinos, pero una parte creciente del aprendizaje, de la innovación y del excedente económico termina desplazándose hacia las empresas que controlan esos activos estratégicos. 

Eso no significa que haya que abandonar la promoción del sector. Significa que hay que preguntarse qué capacidades queremos promover. ¿Tiene sentido seguir incentivando principalmente la exportación de horas de programación? ¿O conviene orientar esos instrumentos hacia el desarrollo de productos propios, aplicaciones de IA para sectores estratégicos, modelos abiertos, infraestructura nacional de cómputo y soluciones tecnológicas vinculadas con los problemas productivos, sociales y ambientales del país?

La discusión ya no debería limitarse a cómo hacer crecer la industria del software. La pregunta es qué papel queremos que esa industria desempeñe en una estrategia de desarrollo. Porque el desarrollo no consiste solamente en incorporar nuevas tecnologías. Consiste, sobre todo, en construir la capacidad de decidir qué tecnologías desarrollar, para resolver qué problemas y bajo qué prioridades. En la periferia, esa capacidad de decisión es, quizás, la forma más importante de autonomía.

8. El riesgo de confundir centros de datos con desarrollo

En este contexto aparece una nueva promesa. Si la inteligencia artificial necesita enormes cantidades de energía y capacidad de procesamiento, ¿por qué no convertir a la Argentina en un gran proveedor de infraestructura para esa economía?

En ese punto cobra importancia el debate alrededor del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y más recientemente con la propuesta de un «Super RIGI» orientado a centros de datos para inteligencia artificial. Tal régimen, vigente desde 2024, otorga condiciones extraordinarias a inversiones en actividades fundamentalmente extractivas, incluyendo beneficios fiscales, estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, la no liquidación de las divisas por exportaciones en el país, y la cesión de soberanía en materia de resolución de controversias. Lo hace sin establecer exigencias significativas de desarrollo de proveedores locales, investigación y desarrollo, transferencia tecnológica o agregado de valor en el país. Hasta el momento, los principales proyectos aprobados corresponden a energía, petróleo y gas, litio y minería metalífera. ¿Por qué? Porque el mundo demanda de forma voraz todos estos recursos.

En el caso de la inteligencia artificial, el razonamiento es similar. Los centros de datos buscan, sobre todo, energía abundante y barata, buena conectividad digital y estabilidad regulatoria. Argentina reúne varias de esas condiciones: Vaca Muerta, recursos eólicos y solares de clase mundial y una extensa red federal de fibra óptica. No sería extraño que grandes inversiones llegaran al país por esos motivos.

Si los centros de datos llegan por estas razones, Argentina habrá cambiado de lugar dentro de la cadena tecnológica, pero no su lugar periférico en la economía mundial. Los servidores estarán aquí. El conocimiento seguirá desarrollándose en otro lado. El riesgo es reproducir, en versión digital, un patrón conocido: aportar energía, recursos naturales e infraestructura mientras las decisiones tecnológicas, la investigación, la propiedad intelectual y el aprendizaje permanecen concentrados en los países que controlan las plataformas.

No tiene por qué ser así. Brasil, por ejemplo, también busca atraer inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, pero procura hacerlo incorporando exigencias de investigación y desarrollo, contratación local, desarrollo de proveedores e infraestructura de cómputo disponible para el sistema científico y tecnológico nacional. La diferencia no está en atraer inversiones, sino en utilizarlas para fortalecer capacidades propias.

Para una economía periférica, el desafío no consiste únicamente en participar de la nueva economía digital. Consiste en hacerlo reduciendo los márgenes de dependencia y ampliando la capacidad local para decidir qué tecnologías desarrollar, para resolver qué problemas y en beneficio de quién.

9. Una ventana que todavía está abierta

Nada de esto significa que el futuro ya esté escrito. La competencia tecnológica entre Estados Unidos y China está modificando rápidamente el mercado mundial de la inteligencia artificial. Si los modelos desarrollados por empresas chinas continúan acercándose al desempeño de los modelos estadounidenses con costos significativamente menores, la estructura de precios de los servicios de IA podría cambiar de manera importante durante los próximos años. 

La disputa por el liderazgo tecnológico también puede transformarse en una disputa por reducir el costo de acceso a estas herramientas. China también busca orientar un modelo de regulación global de la IA, mientras que su apuesta por las energías limpias y la electrificación dan sustento material a sus menores costos comparados. En este contexto, cambiar los  modelos de las gigantes tecnológicas por modelos chinos más baratos, puede ser una forma de reducir la dependencia tecnológica.

Por otra parte, la rápida expansión de modelos abiertos permite imaginar otra estrategia complementaria para la industria local. No todas las aplicaciones requieren utilizar permanentemente los modelos de frontera más costosos. En muchos casos es posible desplegar modelos abiertos en infraestructura local, ajustarlos para resolver problemas específicos e integrarlos a procesos productivos concretos. Las ventajas en el uso  de la IA  depende no sólo de la tecnología, sino también de cómo las organizaciones repiensan el trabajo, las capacidades humanas y el desempeño.

Estos caminos no eliminan la dependencia tecnológica, pero sí la pueden reducir, así como minimizar la factura de la IA que pagarán las empresas. Pero lo que es más importante, abre oportunidades para desarrollar empresas especializadas en integración de inteligencia artificial, fortalecer capacidades nacionales de cómputo y generar conocimiento aplicable a los problemas propios de la producción, la salud, la educación, la energía o la administración pública.

La infraestructura pública de ARSAT, incluida su Red Federal de Fibra Óptica y su Centro de Datos, constituye un activo estratégico para un modelo de desarrollo autónomo. Aunque, bajo la lógica extractivista actual, también pueden ser espacios para subsidiar la acumulación privada con insignificantes beneficios sociales. Por eso es fundamental diseñar las políticas tecnológicas, de ciencia, de infraestructura digital y de capacitación. Es imprescindible que un nuevo modelo de política industrial reemplace al viejo régimen de economía del conocimiento, que ya no responde a la resolución de problemas estratégicos del país.

En definitiva, la inteligencia artificial no obliga a elegir entre importar tecnología o resignarse al atraso. La verdadera discusión consiste en decidir si queremos limitarnos a consumir una tecnología diseñada por otros o construir las capacidades necesarias para adaptarla, mejorarla y ponerla al servicio de una estrategia de desarrollo soberano.

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    Hoy en día, las fortificaciones de ambas ciudades simbolizan la desigualdad entre el sur global y el norte global, entre las antiguas potencias coloniales —que mantienen su hegemonía por otros medios— y sus antiguas colonias, que intentan, con mayor o menor éxito, mejorar su posición en la competencia estatal. En las montañas que rodean los enclaves se concentran miles de migrantes procedentes de toda África (y, en algunos casos, incluso de Asia Occidental) y aguardan la oportunidad para cruzar las fronteras a nado, trepando o escondidos en un vehículo y así pisar suelo europeo. Con frecuencia se producen víctimas mortales. Sin embargo, nunca antes se había dado una situación como la de finales de julio de 2026: hasta entonces, la violencia de la valla parecía insuperable, salvo contadas excepciones. Esto podría contribuir a explicar el resentimiento que, al parecer, estos acontecimientos provocan en la conciencia europea.

    ¿Por qué hay vallas?

    Quienes hoy tienen más de 40 años recuerdan una infancia sin vallas, en la que bastaba con cruzar a pie una barrera fronteriza más bien simbólica, una alambrada, para ir, por ejemplo, a las playas marroquíes o a la cordillera del Rif. Las economías de los enclaves también estaban interrelacionadas con las de las zonas colindantes, de modo que, por ejemplo, los agricultores marroquíes vendían sus productos en los mercados a los vecinos españoles, que tenían mayor poder adquisitivo y que, a su vez, contrataban a mujeres marroquíes como empleadas domésticas y a hombres marroquíes como trabajadores auxiliares. Sin duda, no se trataba de una convivencia en pie de igualdad, pero estaba muy lejos de la situación de exclusión militar que observamos hoy en día. Quienes son un poco mayores y aún pueden recordar los años 60 o 70 no solo hablan de una convivencia sin vallas, sino también de una convivencia igualitaria en los barrios de los enclaves, donde las familias cristianas, musulmanas y judías, aunque igualmente pobres, se mostraban solidarias entre sí a nivel vecinal. Parece una paradoja: cuando España aún era potencia colonial en el Sáhara Occidental y el dictador Franco aún vivía, se era, en general, más pobre, pero se convivía con los vecinos de forma menos segregada. La valla y la respuesta cuasi militar a la migración no son producto de la dictadura colonial, sino del capitalismo democrático poscolonial.

    Las causas de la construcción de las vallas no hay que buscarlas en el norte de África, ni en la convivencia entre musulmanes y cristianos en la región, sino en la estructura del sistema mundial capitalista. El periodo comprendido entre 1975 y 1985 estuvo marcado por varios cambios radicales. Por un lado, tras la muerte de Franco, comenzó la llamada Transición, la transformación de España de una dictadura católica y chovinista a una democracia orientada hacia Europa. Desde el punto de vista político-económico, esto supuso sobre todo la integración del país en las instituciones europeas, la adhesión a la Comunidad Europea, a la OTAN y al espacio Schengen. Esta integración vino acompañada de un enorme auge económico del que pudieron beneficiarse, en mayor o menor medida, todos aquellos que poseían la nacionalidad española.

    Sin embargo, al mismo tiempo que España ascendía a una posición central en el capitalismo global, este mismo sistema se encontraba inmerso en una transformación fundamental. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el norte de Europa experimentó un crecimiento económico sin precedentes gracias al Plan Marshall, a una producción industrial avanzada y a la importación de materias primas baratas procedentes de las periferias. La relación entre los centros industriales y las periferias se caracterizó por la diferencia de poder del mercado mundial, de modo que muchos acuerdos anteriormente coloniales se transformaron en acuerdos poscoloniales, en los que las antiguas colonias seguían siendo explotadas. Esta configuración de la relación entre los centros y las periferias cambió radicalmente en la década de 1970. La saturación de los mercados europeos, el fin del sistema de Bretton Woods y, sobre todo, la crisis del petróleo provocada por la creación de la OPEP marcaron un cambio radical. El capital respondió a la caída de la rentabilidad con la introducción de la denominada “nueva división internacional del trabajo”, es decir, la exportación de fases de producción a los países del sur global. Esto vino acompañado de los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI, muy conocidos en el hemisferio sur por  las aperturas forzadas de los mercados, privatizaciones y programas de austeridad fiscal. Estas medidas destruyeron a gran escala, en las décadas de 1970 y 1980, las economías de subsistencia, lo que puso en marcha una nueva dinámica migratoria: los antiguos pequeños agricultores se vieron privados de sus medios de vida y emigraron, en un primer momento, a las ciudades en busca de trabajo, pero más tarde también al norte global. Desde el punto de vista de los europeos, era necesario externalizar las fronteras europeas para detener este nuevo movimiento migratorio: así, a España, recién integrada en el centro del sistema mundial, le correspondió la tarea de retener en África a las personas que emigraban a Europa, en su mayoría procedentes de África Occidental. Por eso, en la década de 1990 se construyó una valla en Melilla y Ceuta, sobre la que un joven de Melilla explica: “Esta valla no es para los marroquíes. Esta valla es para los subsaharianos”.

    Nuevas desigualdades

    El establecimiento del régimen fronterizo europeo en Ceuta y Melilla generó nuevas y complejas formas de migración y de desigualdad estructural. En primer lugar, la ciudadanía española trazó una importante línea de desigualdad entre antiguos vecinos. Los españoles cristianos lograron rápidamente un ascenso social, mientras que a los habitantes musulmanes del enclave se les negó durante mucho tiempo la regularización. Así, desde la década de 1980 se fue gestando una segregación entre los grupos de población y los barrios de las ciudades que persiste hasta hoy. Sin embargo, esta desigualdad es especialmente evidente entre quienes viven en los enclaves y quienes tuvieron la mala suerte de encontrarse en el lado marroquí cuando se construyeron las vallas y se fortificaron las fronteras. Los acuerdos de “buena vecindad” entre España y Marruecos permitían a los habitantes de los enclaves y de sus ciudades vecinas marroquíes cruzar la frontera sin visado, siempre que abandonaran la ciudad antes de las diez de la noche. Así se creó una situación en la que los españoles de los enclaves solían ser funcionarios, empresarios y empleados de la administración, a quienes se pretendía atraer a Melilla para trabajar con lucrativas ventajas fiscales, mientras que prácticamente toda la clase trabajadora —artesanos, comerciantes, empleados domésticos, cuidadores— se desplazaban diariamente desde Marruecos a la ciudad. La policía hablaba, en aquel momento, de hasta 30 mil trabajadores transfronterizos al día. Las diferencias salariales entre los enclaves españoles y Marruecos eran tan elevadas que, aunque esta clase trabajadora móvil se veía abocada a una situación precaria y, a menudo, obligada a realizar trabajos en negro en condiciones de explotación extrema, muchas familias marroquíes de esta “población flotante” podían, a pesar de todo, vivir de los euros que ganaban en los enclaves.

    El régimen fronterizo supuso un especial sufrimiento para las llamadas “porteadoras”. Entre los enclaves y Marruecos existía un enorme comercio atípico. Las mercancías podían cruzar por la frontera, en el equipaje de mano, sin pagar aranceles. Empresas europeas se aprovechaban de ello transportando grandes lotes de mercancías hasta la frontera, que luego eran transportadas al otro lado por mujeres —las “porteadoras”— a cambio de un salario de miseria y poniendo en riesgo su salud. Este contrabando, tolerado por las autoridades, alcanzó proporciones enormes: así, desde Ceuta y Melilla se exportaba a Marruecos tanto como desde toda España a Australia.

    La migración de la población flotante y de las porteadoras, caracterizada por la desigualdad y la explotación, fue una consecuencia casi incidental del incipiente régimen fronterizo europeo y de la integración de España en el centro del sistema mundial capitalista. Sin embargo, el objetivo real era frenar la migración por pobreza generada por la globalización neoliberal, cuyo principal instrumento eran los programas de ajuste estructural. Esta migración se manifiesta en los enclaves de dos formas. En primer lugar, en forma de los llamados MENA (menores extranjeros no acompañados), generalmente marroquíes que proceden de zonas rurales de Marruecos o, más a menudo, de los barrios marginales de las grandes ciudades y que intentan escapar a Europa para huir de una situación de pobreza extrema. Estos jóvenes (a veces niños) llegan a los enclaves escondidos en coches o nadando, arriesgando sus vidas. Intentan matricularse en los centros educativos de los enclaves para obtener así un permiso de residencia temporal, o subir como polizones a un ferry con destino a Europa. A menudo viven en la calle y se ven expuestos continuamente a acosos y, en ocasiones, a actos de violencia por parte de la policía, que intenta disuadirles de continuar su ruta migratoria. Esto se aplica tanto a la policía española como a las autoridades marroquíes que, financiadas por la UE, se han convertido desde hace tiempo en cómplices decisivos en la lucha contra la migración: alrededor de los enclaves se han delimitado zonas en las que la policía marroquí actúa con violencia contra los migrantes y, en el peor de los casos, los lleva hasta el desierto para abandonarlos allí a su suerte.

    Esta cooperación de Marruecos con España y la UE queda especialmente patente en el caso de la migración subsahariana. Los africanos occidentales, y últimamente también muchos sudaneses, intentan emigrar a España y a Europa a través de Marruecos, donde a menudo se ven sometidos a una fuerte represión, dado que, por encargo de la UE, deben detener la “migración irregular”. Los migrantes denuncian atracos de los que las fuerzas de seguridad no los protegen y, en algunos casos, incluso robos perpetrados por la propia policía. Quienes son sorprendidos intentando cruzar la frontera hacia uno de los enclaves suelen ser víctimas de violencia e incluso de tortura. Como ya se he dicho, en las montañas que rodean los enclaves se concentran miles de migrantes en campamentos improvisados, ya que no pueden mostrarse abiertamente en la zona debido a la discriminación racial por parte de las autoridades marroquíes. Una y otra vez, estas personas intentan, en grandes grupos y de forma conjunta, cruzar la valla fronteriza y solicitar asilo en territorio español. Una y otra vez, muchos de ellos pierden la vida en el intento.

    Tanto la presión migratoria hacia Europa como el propio régimen fronterizo son, por tanto, de reciente data y se deben a la configuración actual del capitalismo tardío. El propio régimen fronterizo, con sus matices específicos —el acuerdo de buena vecindad, la posibilidad de exportar “equipaje de mano” libre de aranceles—, genera así estos tipos de migración y, con ellos, las desigualdades y la explotación propias de cada uno.

    La nueva normalidad

    En 2020, la situación cambió radicalmente. Hoy el Magreb se presenta con mucha confianza en sí mismo. Marruecos ha construido grandes complejos portuarios junto a los enclaves, entre los que destaca Tánger MED, el puerto más grande de África. Se prevé que los flujos de mercancías del futuro pasen por Marruecos, que se presenta con confianza como la «puerta de África». Además, se han designado zonas de libre comercio en las que las multinacionales pueden establecer sus capacidades de producción. Marruecos también es absolutamente consciente de su importante papel en la contención de la migración hacia Europa y se lo hace saber regularmente a los europeos. Cuando se aplicaron medidas contra el COVID-19 en todo el mundo, también se suspendió el acuerdo de buena vecindad. De repente, decenas de miles de familias marroquíes ya no pudieron desplazarse a los enclaves y así, de un momento a otro, perdieron sus medios de subsistencia. Y viceversa, muchas personas que se habían quedado ilegalmente en los enclaves se vieron de repente atrapadas. Desde entonces, la situación en la frontera se ha convertido en una prueba de fuerza diplomática. Aunque ahora se puede cruzar, se necesita un visado para hacerlo, algo imposible de conseguir para los marroquíes sin recursos. Las porteadoras, por su parte, han desaparecido. Aunque se les prometió encontrarles empleo en las nuevas zonas de libre comercio, cuando en 2023 pregunté por ellas en los enclaves, nadie sabía nada. Parece que comparten el destino de la gente humilde en tiempos de grandes cambios.

    Desde 2020 han surgido nuevas formas de migración y de conflictos en las fronteras. En primer lugar, en 2021 se produjeron protestas y auténticos disturbios, en los que los vecinos de ambos lados de la frontera se manifestaron a favor del restablecimiento de los acuerdos de buena vecindad. Ni los españoles ni los marroquíes estaban contentos con el cierre de la frontera. Por primera vez, también algunos marroquíes intentaron saltar la valla, que supuestamente es “solo para los subsaharianos”.

    Pero, sobre todo, se están multiplicando las incursiones masivas contra las instalaciones fronterizas, que tienen gran repercusión mediática y a menudo son sangrientas. En 2021, unos 9 mil marroquíes lograron llegar a Ceuta; en 2022, entre 2 mil y 3 mil sudaneses asaltaron la valla fronteriza de Melilla, en un incidente en el que la violencia policial en ambos lados produjo al menos 37 muertos. Ahora esta dinámica ha alcanzado su punto más álgido con las aproximadamente 60 mil personas que marcharon a Ceuta, donde también muchos perdieron la vida, sobre todo ahogados en el mar. La mayoría de ellos ya regresaron a Marruecos, principalmente, por la falta de perspectivas para conseguir techo y comida en España. De los que se quedaron, la situación de los menores es especialmente delicada porque no pueden ser deportados sin más. Acontecimientos de esta magnitud solo son posibles si Marruecos suspende su labor como vigilante fronterizo y permite el paso de los migrantes. Este hecho alimenta las especulaciones sobre los motivos geopolíticos de la Casa Real marroquí. Es verdad que no faltan motivos de conflicto: las visitas del presidente español a Argelia, rival de Marruecos; la presión para que se reconozca como legítima la ocupación marroquí del Sáhara Occidental; el castigo a España por su oposición a la guerra de Estados Unidos e Israel (aliados de Marruecos) contra Irán o a la intervención militar de Israel en Palestina y el Líbano, por mencionar solo algunos ejemplos. 

    Sin embargo, esta especulación no llega muy lejos. Ni siquiera Marruecos puede movilizar a sus ciudadanos para una invasión con solo pulsar un botón, como parece creer la derecha europea. Situaciones como esta solo son posibles porque la configuración actual del capitalismo global genera una presión migratoria a la que los europeos responden con muros y vallas, fuera de su continente, para asegurar su hegemonía. Ceuta no es un indicio de debilidad de la protección fronteriza europea, sino una prueba de que en el mundo impera una desigualdad fundamental que sólo puede mantenerse mediante la violencia.

    La entrada Quién gana con Ceuta se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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