Comenzaron a cerrar locales de la cadena Tostado, que maneja el hijo de Patricia Bullrich. Ya bajó la persiana una sucursal en la zona más transitada de Buenos Aires y se suman a la crisis de Le Blé, que cerró 14 sucursales.
Tostado es una de las cadenas de mayor crecimiento en la Argentina. Según su página web, cuenta con 56 locales en el país y también en Brasil, España, Italia y EEUU.
La empresa funciona con un sistema de franquicias que está a cargo de Francisco Langieri Bullrich, hijo de la senadora.
La crisis, que en Buenos Aires ya arrastró a varios restaurantes de la Guía Michelin, también llegó a las cafeterías, el negocio que más proliferó en la Ciudad en la última década.
El Tostado de Corrientes 999, frente al Obelisco, dejó de funcionar la semana pasada. Según pudo comprobar LPO, el nombre del emprendimiento desapareció de la marquesina y las persianas no volverán a abrir. «Se fueron, cerraron, ya se llevaron casi todo», explicó el empleado de un local vecino.
«Fundió el Tostado del Obelisco, vuela el consumo», ironizó El Barón del Merval. «Cerró una que estaba en Vicente López. Creo que es bear market de Tostado», agregó Lady Market, que desde hace tiempo perdió la fe en el Gobierno. En La Plata
Le Blé, la cadena que existe desde 2008 y llegó a tener 39 locales, también redujo la cantidad de sucursales.
Según publicó IProfesional, pasaron a 25 y es posible que la cadena cierre definitivamente. La firma tiene 175 cheques rechazados por más de $205 millones y la mayoría corresponde al segundo trimestre de 2026. Además, acumula más de 500 millones de pesos de deuda financiera.
Además, en las últimas horas se sumó el cierre de Los Laureles de Barracas, que nació en 1893 como pulpería y que durante 137 años logró resistir a todas las crisis argentinas.
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El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.
Por Tomás Palazzo para NLI
Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.
La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.
Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables
La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen
La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.
En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.
La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.
Una excepción que amenaza con convertirse en regla
Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.
La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.
Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.
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