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LA DONACIÓN DE SANGRE ES UN ACTO ALTRUISTA

Sobre la donación de plasma de pacientes de covid19, la desinformación de los medios, investigación, la donación como acto altruista, las campañas de incentivación y la Ley de Sangre.

Lo primero que hay que dejar en claro cuando hablamos de donación de plasma de pacientes recuperados de covid_19 es que el plasma no es una cura contra el coronavirus, no es para todos los infectados y no se puede aplicar a demanda del paciente. Tampoco se sabe en quienes funciona mejor, en qué momento de la enfermedad y cuál es la dosis más acertada.

Un comunicado emitido por el Ministerio de Salud de la Nación sobre la DONACION Y USO del Plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos con fecha del 23 de julio dice en relación al plasma de convalecientes que “una última revisión muy completa (*) concluye que no se ha podido demostrar su efectividad y alienta a la espera de las conclusiones de los ensayos clínicos en desarrollo a nivel mundial. Un reciente trabajo sobre 20.000 pacientes transfundidos con plasma de pacientes recuperados (**) no pudo demostrar evidencia sobre su efectividad. No obstante sugiere que la moderada disminución de la mortalidad final en comparación con informes anteriores puede deberse, entre otras intervenciones, a la utilización del plasma en etapas más tempranas de la evolución de la enfermedad”.

El comunicado oficial también dirige sus cañones a la responsabilidad e importancia que los medios tienen de informar fehacientemente y de no generar mensajes confusos ni falsas expectativas en la gente: “Este tema ha tomado una enorme dimensión lo que ha motivado la aparición de mensajes confusos y contradictorios y, en algunos casos, confirmando el uso del plasma de convalecientes como tratamiento efectivo en múltiples pacientes, omitiendo informar que en realidad es un tratamiento experimental no exento de riesgos”.

Ante el surgimiento de iniciativas orientadas a implementar prácticas coercitivas o incentivación económica hacia los pacientes recuperados de COVID-19 con los fines de obtener su donación de plasma, el Ministerio aclara que están prohibidas en el Código Internacional de Ética para la Donación de Sangre y con las Leyes vigentes que regulan la Donación de Sangre y sus Componentes (el plasma en este caso) tanto de orden nacional (Ley Nacional 22990/83 y Decreto Reglamentario 1338/04) como internacional.

La donación de sangre es un acto altruista, conforma un acto solidario y voluntario, que realizatodo ser humano en su libertad de elección, siendo exclusiva y estrictamente actos de libre disposición autónoma.

Con el incentivo como herramienta se corre el riesgo de que no sean sinceros y oculten información importante en la entrevista como por ejemplo si han tenido relaciones sexuales de riesgo.

Por eso es imprescindible tener donantes voluntarios y habituales, porque las personas que son donantes altruistas saben cómo tienen que venir a donar, tienen conciencia de que tienen que estar en buen estado de salud porque saben todo lo que implica la donación de sangre.

En #VillaRegina se están empezando a recibir consultas en el Serivcio de Hemoterapia y animan a que consulten acerca del tema de la donación. Si bien el centro más cercano para donar es el hospital de Gral #Roca, acá se realizarían los primeros exámenes para determina si esos pacientes recuperados pueden donar.

Hemoterapia del Hospital de Villa Regina.- Tel 2984 59 96 83 –

*****

La asociación del fútbol argentino (AFA), comenzó a trabajar en una campaña en conjunto con los Gobiernos de la Provincia de Chaco, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires para incentivar la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid_ 19.

“Cada socio de un club del fútbol argentino que se haya recuperado del virus, podrá acercarse a donar hasta tres veces su plasma en un mes. Con el certificado de donación y todos sus datos personales, la Asociación del Fútbol Argentino le hará llegar indumentaria de la Selección Argentina o la camiseta del club de sus amores”.

A esta línea de campaña, se sumó el Atlético Regina, el Albo siempre tuvo el corazón grande. Pero tanto clubes como AFA deberán rever como volantear la campaña.

Sin desentonar, la empresa de materiales de construcción Carlos Isla y Cñía ofreció una orden de compra de $5.000 para los pacientes recuperados que donaran plasma.

Pero inmediatamente los directivos de la empresa fueron contactados por personal de Hemoterapia de la Provincia para ser anoticiados sobre la LEY. Esta fue la respuesta de la empresa de roquense:

“Luego de tomar conocimiento de que el artículo 4 de la ley 22990 prohíbe el lucro en la obtención de plasma, y que la intención de la empresa es mantenerse siempre dentro del margen de la ley, se decidió que por cada certificado de donación de plasma que se reciba en nuestro correo electrónico ([email protected]) se donarán $5.000 a comedores de la localidad de Plottier, Neuquén, Cipolletti y Gral Roca. Por lo tanto, NO se entregarán órdenes de compra personales a los donantes.

Lamentamos las confusiones ocasionadas. Desde la empresa siempre actuamos de buena voluntad y con la intención de colaborar con la sociedad”.

*****

LEY DE SANGRE 22.990

  • ARTICULO 4°. 
    Prohíbese la intermediación comercial y el lucro en la obtención, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, con las excepciones que se contemplan en la presente ley.
  • ARTICULO 15.
    Todo acto de extracción de sangre humana efectuada a donantes, se encuentra eximido de toda exigencia de pago alguno.
  • ARTICULO 43.
    La donación de sangre o sus componentes es un acto de disposición voluntaria, solidaria o altruista, mediante el cual una persona acepta su extracción para fines exclusivamente médicos no estando sujeta a remuneración o comercialización posterior, ni cobro alguno.

*****

 (*)Convalescent plasma or hyperimmune immunoglobulin for peaple with COVID-19: a living systematic review- PubMed

(**)(Safety Updat: COVID-19 Convalescent Plasma in 20.000 Hospitalized PatientsMayo Clinic Proceedings)

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    Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.

    El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.

    Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.

    Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.

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    Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.

    En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.

    Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.

    El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.

    En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.

    Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias

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    Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.

    Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo. 

    Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.

    Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.

    Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.

    El empresario Fernando Whpei.

    Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.

    Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».

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    Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.

    Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.

    Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.

    Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.

    El ex juez federal, Marcelo Bailaque.

    Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.

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    Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.

    El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.

     

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