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LA TENTACIÓN DE….

En la semana se hizo viral una imagen donde los usuarios de la empresa de colectivos koko debieron bajar a empujar una unidad que se había quedado en el camino. El viaje inconcluso terminó con clientes empujando un colectivo, y llegando a sus destinos a dedo.

Ante el decadente servicio, los precios altos y como contraposición de esta reacción bondadosa, pero sumamente pasiva de los usuarios, nos encontramos con un joven estudiante de derecho que por «redes» propone la idea reaccionaria de juntar a todos los estudiantes del valle para bloquear la salida de los vehículos hasta que la empresa, al menos, baje la tarifa, argumentando como pibes y pibas de la zona deben dejar de estudiar abandonando su realización personal porque no tienen guita para subirse a un bondi.

Vale recalcar que la empresa aumenta sus boletos semestralmente con la aprobación el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, este 2019 ya incrementó sus tarifas en un 20%. Precios caros y pésimas prestaciones son los reclamos constantes contra la empresa en defensa al consumidor en todas las localidades de la región.

¿Qué tan lejos estamos, como sociedad, de enfrentar y luchar con valentía contra las injusticias sociales que perpetran diariamente las empresas privadas contra sus usuarios?

Quien viaja en la empresa monopólica del transporte público del Alto Valle sabe de qué hablo. No hace falta mencionar ni una de sus falencias, sería hacerles perder el tiempo porque las conocen, las viven a diario.

Durante muchos años los afroamericanos debían ceder sus lugares a los blancos en el transporte público norteamericano, hasta que un día una humilde costurera negra encendió la mecha y desató el boicot al transporte público en los Estados Unidos, un boicot que duró más de un año.

A mediados del ‘50 seguían vigentes las leyes Jim Crow, herederas directas de la esclavitud del siglo XIX, redactadas para que los afroamericanos tomaran conciencia de su presunta inferioridad y se mantuvieran en situación de marginación social. De acuerdo con ellas, los negros no podían compartir con los blancos los espacios públicos.

Un 1ro de diciembre del ‘55 subieron muchos blancos al colectivo, por lo que el conductor exigió a cuatro pasajeros negros que cedieran su asiento. Sin embargo Rosa Parks se negó. El conductor había tratado de disuadirla, ella estaba obligada a acatar la ley, firme en su decisión Rosa pasó la noche en el calabozo, acusada de perturbar el orden público. Ese gesto valiente la convertiría en símbolo de la lucha por los derechos civiles. Tiempo después, el Tribunal Supremo de EEUU declaraba inconstitucional la ley de segregación racial en el transporte público.

El «koko» como los colectivos norteamericanos en los ’50 también tienen una delgada línea que divide. En este caso los que sufren son los que a la vez solventan las ganancias de la empresa sentándose inmutables detrás de la línea, por delante de ellos quienes se regocijan en la poluta comodidad política empresarial. Esto no deja de ser una precisa analogía de la Argentina cotidiana: El trabajador, el estudiante, el jubilado sufre y pierde; y los empresarios y políticos gozan de privilegios.

Mientras sigamos sentados en la miseria de quien calla, implosiona por dentro y escupe la basura por redes, este tipo de injusticias seguirán a la orden del día. Ante esto se debe alzar la voz, buscar la unidad en el enojo y consolidar la empatía por el prójimo. Luchar.

Las redes sociales pueden servir de punta pie inicial, pueden generar la comunicación de manera inmediata, sembrar redes, pero eso es solo el primer paso, el que da inicio a una batalla que luego debe continuar en la calle.

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https://latapa.com.ar/cambio-de-paradigma-revoluciona-tu-ciudad/

Intervención Portada: Emiliano Piccinini
Imagen: https://solidaridad.net/wp-content/uploads/2005/11/RosaParks.jpg
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    El Gobierno convierte al Estado en garante de financieras: salarios públicos cada vez más hipotecados

     

    El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.

    El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.

    La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.

    En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.

    Un Estado al servicio del cobro automático

    El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.

    Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.

    El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.

    La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.

    En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.

    Salarios débiles, deuda fuerte

    La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.

    Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.

    En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.

    El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.

    El trasfondo silencioso del modelo Milei

    La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.

    En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.

    Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.

    Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.

     

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