La Dirección de Obras Públicas trabaja en la esperada obra del Km Nardini.

La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que la Ley 24449 en su artículo 18 establece que el titular de una Licencia de Conducir debe denunciar a la brevedad todo cambio de los datos que figuran en ella. En el caso de haber cambiado de jurisdicción, deberá solicitar…

Una cámara empresarial inscripta como asociación civil sin fines de lucro, que no paga IVA, Ganancias ni Ingresos Brutos, terminó montando un negocio millonario con las fotomultas en distintos municipios bonaerenses, sin licitaciones y con contratos directos. Esa fue la conclusión del Tribunal de Cuentas sobre el durísimo fallo que impuso al intendente de Tigre, Julio Zamora, por concederle el servicio de fotomultas a Cecaitra.

Cecaitra es la sigla de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina, que lidera Bernardino García, que suele alternarse en el cargo de presidente con su hijo Mariano.

En su fallo, el Tribunal de Cuentas destacó que Cecaitra, si bien se presenta como una cámara empresarial, en los hechos es una empresa que presta servicios de fotomultas a los municipios, es decir que opera radares y cobra multas como si fuera una concesionaria, pero legalmente no lo es. Es decir, no tiene capacidad jurídica para dar el servicio que presta. 

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En un pronunciamiento de una dureza inédita, el Tribunal de Cuentas responzabilizó al intendente Julio Zamora; a la contadora Municipal, Roxana Di Cola y al  secretario de Economía y Hacienda, Guillermo Gómez, entre otros funcionarios, que deberán responder con su patromonio personal a los cargos que fije el tribunal.

El fallo destaca que el objeto social de Cecaitra es representar a empresas del sector y promover buenas prácticas en seguridad vial. Pero en la práctica, pasó a operar como la beneficiaria directa del negocio de las fotomultas: provee equipos, administra el sistema, procesa infracciones y participa del cobro.   

El Tribunal de Cuentas condenó al intendente Julio Zamora; a la contadora Municipal de Tigre, Roxana Di Cola y al secretario de Hacienda, Guillermo Gómez, que deberán responder son su patrimonio personal los cargos que se impongan.

La estructura está controlada por Bernardino y Mariano García, que se presentan como referentes del sector de tránsito y tecnología vial. Comenzaron a expandirse durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia, cuando se instalaron radares en rutas y accesos municipales. Con el tiempo, fueron sumando convenios en Dolores, Lobos, Carmen de Areco y Tigre. En casi todos esos distritos la relación contractual se cayó, está suspendida o en vías de extinguirse por observaciones del Tribunal de Cuentas y la justicia.

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El sistema funciona así: el municipio firma un convenio con Cecaitra, la cámara instala los radares, procesa la imagen, administra la base de datos y envía las multas. A cambio, entrega un porcentaje del monto recaudado. En el sector, los especialistas afirman que la tecnología de Cecaitra está obsoleta, que no tiene capacidad de procesar todas las multas que supuestamente labra. Pero además se detectó un formidable circuito de coimas para borrar infracciones que incluiría a algunos jueces de falta, como se investiga en Hurlingham.

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Algo de esto se vio en el escándalo que se llevó puesto al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’ Onofrio, y que derivó en dos causas, una que investiga el fiscal de La Plata, Alvaro Garganta y la otra a cargo del fiscal, Adrián González Charvay. Por estas causas allanaron Cecaitra y el domicilio particular de Bernardino García.

En el caso de Tigre, el Tribunal de Cuentas condenó especialmente que Zamora haya otorgado un servicio estratégico del municipio a un privado de manera directa sin convocar a la obligatoria licitación, amparado en supuestas «urgencias operativas». 

Pero el escándalo no termina allí. Luego del fallo del Tribunal, Zamora suspendió el contrato con Cecaitra, convocó a una licitación y se volvió a presentar Cecaitra, que ya había sido excluida por no contar con la estructura jurídica necesaria para ser concesionaria.