La conexión de Cerimedo con Losada y Bullrich en el negocio de la Hidrovía

La conexión de Cerimedo con Losada y Bullrich en el negocio de la Hidrovía

 

El desembarco de Fernando Cerimedo en el negocio de la Hidrovía, revelado por LPO, estuvo precedido por una serie de vínculos políticos que involucraron a un candidato de Carolina Losada y a dirigentes relacionados con el poderoso Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA).

Marcelo Molins, candidato a concejal de Puerto General San Martín por el espacio de Losada, fue dueño del 35% de Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que Cerimedo pretendía convertir en una empresa de servicios portuarios y abastecimiento de combustible para remolcadores y barcazas.

[Toto Caputo le otorgó a Cerimedo un negocio millonario en la Hidrovía

Molins es pariente de Herme «Vino Caliente» Juárez, quien condujo durante décadas el destino del negocio portuario desde el gremio de estibadores y la poderosa Cooperativa de Trabajo Portuario hasta que llegó Macri al gobierno y el dirigente terminó preso y afuera del sector.

Esa historia no impidió que Molins jugase en el 2023 en la interna para la lista de Losada para la gobernación. Antes, en 2021, había respaldado a la radical cuando ganó una banca en el Senado por Juntos por el Cambio: «Felicitamos a Carolina Losada, a quien acompañamos como referente de nuestro espacio», escribió entonces.

Losada fue la dirigente santafesina que más apoyó a Patricia Bullrich en la interna presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, mientras que la exministra de Seguridad fue la principal promotora de Losada en la interna contra Maxi Pullaro para la gobernación. En Santa Fe recuerdan que Patricia viajó a festejar el triunfo de la periodista, pero perdió por paliza contra Pullaro.

Al mismo tiempo, Patricia tiene vínculos con Cerimedo. El consultor libertario contó en una entrevista que ingresó a la política argentina a través de Bullrich en 2019 y continuó trabajando con ella hasta 2021. Nadia Beller, la mujer a la que Cerimedo habría mandado a asesinar, contó que el consultor decía que era «muy cercano» a Bullrich. Otro vínculo entre ambos sería el consultor «Andy» Rivas, un socio de Cerimedo que asesoró a la exministra.

Acciones de SANABRIA SRL

El Boletín Oficial de Santa Fe muestra que en junio de 2022 Molins tenía 175 de las 500 cuotas de Sanabria, equivalentes al 35% de la compañía, mientras Iván Alberto Sanabria concentraba las 325 restantes. En enero de 2023, Molins transfirió toda su participación a Sergio Ezequiel Amarilla y salió formalmente de la sociedad.

Ese mismo año, el dirigente aceitero Luciano Mandón compitió por la intendencia de Puerto General San Martín contra el peronista Carlos De Grandis. Fuentes al tanto del negocio portuario aseguraron a LPO que Sanabria tenía el compromiso de conseguir la habilitación municipal para entrar en el negocio portuario si Mandón lograba desplazar al histórico intendente.

 Marcelo Molins, candidato a concejal de Puerto General San Martín por el espacio de Losada, fue dueño del 35% de Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que Cerimedo pretendía convertir en una empresa de servicios portuarios 

«La promesa era que con un cambio de gobierno municipal se destrabara la habilitación que Sanabria no podía conseguir», explicó a LPO una fuente que conoce las gestiones realizadas alrededor del predio.

Mandón fue concejal de Puerto General San Martín entre 2017 y 2025, preside la Mutual AMPIAVA e integra la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros. Antes de llegar a Unidos había transitado por el peronismo y por Unidad Popular, el partido de Claudio Lozano.  

El SOEA es conducido por Daniel Succi que llegó a la secretaría general por un acuerdo con Mandón. En el sector agroexportador lo conocen como «el dirigente de Vicentin» por su histórica vinculación con la cerealera que entró en default el 2019.

El desembarco de Mandon en Unidos se produjo a través del sector evangélico que conduce el pastor y diputado Walter Ghione. Dentro del armado regional también contó con el respaldo de Mariano Soria, médico sanitarista, exsecretario de Salud de San Lorenzo y candidato a senador por el departamento San Lorenzo.

[Un empresario cercano a Cerimedo y Karina quiso comprar un puerto sobre la Hidrovía a una empresa boliviana ]

Soria y Mandón compartieron actividades políticas y vínculos con el sector aceitero. Fuentes al tanto del armado aseguran que ambos trabajaron para arrebatarle Puerto General San Martín a De Grandis, que gobierna la ciudad desde hace décadas.

Cuando la derrota de Mandón dejó sin efecto el compromiso para habilitar el negocio portuario a Sanabria, desembarca Cerimedo y a través de Surlibre Inversiones y aparece como directivo Vicente Quintanal, señalado como testaferro del consultor libertario preso en Bolivia acusado de intento de femicidio.  

El aceitero Luciano Mandon junto a Clara García y dirigentes socialistas

A partir de ese momento, la antigua guardería aceleró las gestiones para reconvertirse en una prestadora de servicios navales. La empresa consiguió autorizaciones provisorias de Prefectura en tiempo récord, pese a que el municipio todavía no le había otorgado la habilitación definitiva por falta de documentación.

Fuentes del complejo agroexportador sostienen que esas autorizaciones son prácticamente imposibles de obtener sin contactos con las máximas autoridades. «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura te de luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en un negocio donde entran pocos jugadores», había explicado a LPO un empresario con décadas de experiencia en el sector.

De esta manera, Sanabria atravesó tres etapas. La primera asociada a Molins y al armado político de Losada; luego buscó apoyo en dirigentes vinculados al gremio aceitero para conseguir la habilitación municipal; finalmente, tras la derrota de Mandón, el proyecto llegó al entorno de Cerimedo y escaló hasta incluir la compra de uno de los mayores terrenos portuarios disponibles sobre el Paraná. La pregunta que queda flotando en el sector es ¿quién llevó el negocio al ex dueño de La Derecha Diario?

 

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    El proyecto impulsado durante el gobierno de Cristina Kirchner llega a su última etapa y puede cambiar la medicina nuclear

     

    El RA-10, proyecto iniciado en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, entra en su etapa final y podría transformar la producción argentina de radioisótopos para medicina nuclear.

    Por Ignacia Fratelint para NLI

    Un proyecto científico que comenzó hace 16 años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está entrando finalmente en su etapa decisiva. El Reactor Argentino Multipropósito RA-10, una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia reciente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), alcanzó un 96% de avance en su montaje y el Gobierno confirmó que antes de fin de 2026 comenzará el proceso de puesta en marcha, con el objetivo de completarlo durante los primeros meses de 2027. Detrás de esa obra hay una infraestructura destinada a producir radioisótopos para medicina nuclear, desarrollar tecnología para la industria y la ciencia y, potencialmente, convertir a la Argentina en uno de los principales proveedores internacionales de estos insumos estratégicos.

    El dato político y temporal es importante porque el RA-10 no nació durante la actual administración ni fue concebido como respuesta a una necesidad coyuntural. El proyecto comenzó en 2010, cuando la CNEA inició el diseño de un nuevo reactor multipropósito destinado fundamentalmente a ampliar la producción nacional de radioisótopos. En aquel momento gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y la Argentina atravesaba una etapa de fuerte impulso a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de capacidades nucleares nacionales. Cuatro años después, en 2014, la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia de construcción y en marzo de 2016 comenzó la obra civil en el Centro Atómico Ezeiza.

    Lo que está ocurriendo ahora, por lo tanto, es el cierre de un ciclo iniciado mucho antes. El reactor atravesó diferentes administraciones, etapas presupuestarias, modificaciones y períodos de distinto ritmo de ejecución hasta llegar al estado actual, en el que la obra civil ya está terminada y se realizan los ensayos preoperacionales necesarios para comprobar que todos sus sistemas funcionen de acuerdo con los parámetros previstos. La propia CNEA informa que el diseño demandó más de un millón de horas-hombre y más de 10.000 documentos técnicos, una dimensión que permite comprender que no se trata simplemente de levantar una construcción, sino de desarrollar y ensamblar una infraestructura tecnológica extremadamente compleja.

    De un proyecto de 2010 a una herramienta contra la dependencia sanitaria

    El RA-10 no es una central eléctrica. Es un reactor multipropósito de investigación y producción de 30 megavatios, diseñado para aprovechar los neutrones generados por la fisión nuclear en aplicaciones médicas, científicas e industriales. Una de sus funciones centrales será fabricar radioisótopos utilizados en medicina nuclear, entre ellos molibdeno-99, del que se obtiene tecnecio-99m, ampliamente utilizado para realizar estudios de diagnóstico por imágenes. También producirá lutecio-177, utilizado en terapias oncológicas dirigidas, e iridio-192, empleado tanto en medicina como en aplicaciones industriales.

    La importancia de esta capacidad aparece con claridad cuando se observa cómo funciona actualmente el mercado internacional. La propia documentación de la CNEA señala que la provisión mundial de molibdeno-99 está fuertemente concentrada y que cinco empresas dominan más del 80% de la producción, mientras buena parte de los reactores utilizados para obtenerlo tienen más de tres décadas de operación. Las fallas y paradas de esas instalaciones pueden generar episodios de escasez que afectan directamente a los sistemas de salud que dependen de estos radioisótopos. Argentina logró históricamente sostener su abastecimiento mediante el reactor RA-3 de Ezeiza, pero ese reactor ya tiene más de 40 años, de modo que el RA-10 fue concebido precisamente para garantizar y ampliar esa capacidad en el futuro.

    Ahí aparece una de las dimensiones menos visibles del proyecto: la soberanía sanitaria también depende de capacidades tecnológicas que casi nunca aparecen en las discusiones cotidianas sobre salud pública. Un hospital puede contar con médicos especializados y equipos de diagnóstico de última generación, pero determinados procedimientos requieren radioisótopos cuya producción depende de instalaciones nucleares altamente sofisticadas. Tener la posibilidad de producirlos localmente significa reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones internacionales y, al mismo tiempo, construir una capacidad científica que puede proyectarse hacia otros países.

    Las cifras proyectadas son particularmente importantes. El RA-10 podrá producir hasta 3.000 curies de molibdeno-99 por semana, una cantidad que la CNEA estima equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la demanda mundial; también tendrá capacidad para producir hasta 6.000 curies mensuales de lutecio-177 y hasta 20.000 curies mensuales de iridio-192 medicinal. La capacidad prevista supera las necesidades internas proyectadas, por lo que el reactor fue pensado desde su origen no solamente como una herramienta para garantizar el abastecimiento argentino, sino también como una plataforma capaz de exportar productos de alto valor tecnológico.

    La etapa que falta y el debate sobre la inversión privada

    El anuncio realizado esta semana introduce, sin embargo, una nueva discusión. El Gobierno confirmó que la puesta en marcha del reactor comenzará antes de fin de año, pero también explicó que para transformar la producción del RA-10 en una actividad comercial a gran escala será necesaria una planta asociada destinada a procesar los materiales irradiados y obtener los radioisótopos. Para financiar su construcción y desarrollar las actividades productivas y comerciales vinculadas con ella, la Secretaría de Asuntos Nucleares anunció un esquema que permitirá incorporar capital privado. El Estado conservará la conducción de la política nuclear y las funciones regulatorias, de seguridad y fiscalización.

    Es precisamente allí donde aparece una cuestión que merece discusión más allá de las posiciones políticas coyunturales. El RA-10 es producto de una acumulación de conocimiento científico y tecnológico desarrollada durante décadas por instituciones públicas, particularmente la CNEA, y cuenta además con la participación de INVAP en la gestión y los servicios especializados de ingeniería. Que una empresa privada participe posteriormente en la explotación comercial no borra ese origen, pero sí obliga a preguntarse de qué manera se distribuirá el valor generado por una tecnología que fue concebida, investigada y desarrollada con una fuerte participación estatal. La cuestión no es menor si el reactor efectivamente logra posicionar a la Argentina en un mercado internacional de altas barreras tecnológicas.

    La propia historia del proyecto ofrece, además, una respuesta frente a la idea de que las políticas científicas pueden medirse únicamente por resultados inmediatos. Desde el comienzo del RA-10 hasta su puesta en marcha habrán transcurrido alrededor de 17 años, atravesados por distintos gobiernos, ciclos económicos y decisiones presupuestarias. La construcción de capacidades estratégicas requiere precisamente esa mirada de largo plazo: un reactor nuclear no se diseña ni se construye en cuatro años, y tampoco se puede reemplazar de manera rápida el conocimiento acumulado por equipos científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores especializados. El RA-10 es, en ese sentido, también una muestra de cuánto tiempo puede demandar convertir una decisión de política científica en una infraestructura operativa.

    El reactor tampoco se limitará a la medicina. Entre sus capacidades figura la producción de silicio dopado mediante transmutación neutrónica, un insumo utilizado para fabricar semiconductores de alta potencia destinados a sistemas eléctricos, transporte, energías renovables y otras aplicaciones industriales. También podrá realizar irradiación y ensayos de materiales y análisis por activación neutrónica para investigación y desarrollo. Es decir, detrás de los radioisótopos que pueden terminar en un hospital existe una plataforma tecnológica mucho más amplia, capaz de vincular salud, industria, ciencia y formación de profesionales.

    El RA-10 llega así a su última etapa con una historia que permite mirar mucho más allá del anuncio de su futura inauguración. Fue concebido en 2010, comenzó a construirse en 2016 y ahora, en 2026, está a las puertas de su puesta en marcha, después de atravesar más de una década y media de desarrollo. La actual administración puede reivindicar haber llevado el proyecto hasta su fase final y tiene por delante la responsabilidad de ponerlo efectivamente en funcionamiento, pero la tecnología que está a punto de comenzar a operar pertenece a una trayectoria mucho más larga, en la que participaron sucesivos gobiernos, científicos, técnicos e instituciones del Estado argentino.

    Si todo el proceso culmina como está previsto, la Argentina tendrá una nueva herramienta para producir medicamentos e insumos esenciales para la medicina nuclear, reducir su dependencia de proveedores externos, abastecer a sus hospitales y competir en un mercado internacional de altísima especialización. Esa posibilidad es, quizás, la dimensión más importante de una obra que durante años permaneció lejos de los grandes titulares. El reactor que comenzó a pensarse durante el gobierno de Cristina Kirchner está finalmente a punto de entrar en servicio, y su verdadero resultado no se medirá solamente por la inauguración de una instalación científica, sino por la capacidad de transformar ese conocimiento acumulado en salud, tecnología, industria y soberanía para las próximas décadas.

     

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