El Concejo Deliberante de Villa Regina da a conocer el listado de beneficiarios de becas municipales e informa que se disponen de 5 días hábiles para realizar impugnaciones.
Este plazo rige a partir de hoy viernes 17 y se extiende hasta el jueves 23 inclusive, dándose cumplimiento a lo establecido en la ordenanza 041/2021.
Aclara además que los aspirantes que no resultaron beneficiarios no presentaron toda la documentación solicitada o no se encuadran en los requisitos establecidos en la mencionada ordenanza.
Juan Bautista Mahiques está a punto de incumplir el encargo más importante al que se comprometió ante Karina Milei para blindarla en la causa de las coimas de la Andis, por demorar el trámite para la continuidad de Martín Irurzun en la Cámara Federal porteña. La bronca del juez, cuyo pliego para prorrogar su cargo en la Sala II todavía no mandó el gobierno, amenaza con transformar la situación de la secretaria general de la Presidencia en un calvario.
En efecto, Irurzun cumpliría 75 años el 18 de julio próximo y tramitó la solicitud para renovar su lugar en el tribunal el año pasado, igual que Carlos «Coco» Mahiques. Sin embargo, Javier Milei envió al Senado el pliego del padre del ministro de Justicia en febrero, Patricia Bullrich ya le consiguió el dictamen para aprobarlo en recinto e Irurzun sigue esperando.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que el juez de la teoría del poder residual y las prisiones preventivas le habría puesto un ultimátum a Mahiques: si no se envía el pliego antes del próximo martes, el supuesto control político que el ministro había prometido a la Casa Rosada quedaría destrozado.
En Comodoro Py aseguran que Irurzun habría accedido a un pedido de Martín Menem para mantener abierta la causa que impugna los audios de Spagnuolo, una jugada que busca complicar la investigación del caso que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, en el juzgado que subrogó Sebastián Casanello hasta el último verano y ahora retomó Ariel Lijo. El argumento utilizado era que todo se había originado a partir de la obtención de los audios de Diego Spagnuolo de forma ilegal, lo que se conoce como la teoría del fruto prohibido.
En Comodoro Py aseguran que Irurzun habría accedido a un pedido de Martín Menem para mantener abierta la causa que impugna los audios de Spagnuolo, una jugada que busca complicar la investigación del caso que lleva adelante el fiscal Franco Picardi.
De hecho, Irurzun jugó a fondo y convenció a Roberto Boico de votar a favor para que esa denuncia se sostuviera en la cámara y condicionara el trabajo de Picardi, dejando a Eduardo Farah con un pronunciamiento en contra. El problema es que Mahiques jamás aceleró el trámite para garantizarle a Irurzun su continuidad más allá de su próximo cumpleaños y el juez empezó a inquietarse.
Un viejo adversario del ministro consideró que «Mahiques tuvo un grave error de cálculo sobre la situación del expediente y se sobregiró por su capacidad política para reacomodar los tantos en la Cámara, en medio de la tensión con Lijo» en la carrera hacia la Procuración General de la Nación, una puja que ya publicó LPO.
En efecto, Irurzun integra el eje de poder al interior de Tribunales que comandan entre Lijo y Ricardo Lorenzetti, quien a su vez decidió urdir mayoría con Carlos Rosenkrantz en la Corte para atormentar a Horacio Rosatti con la acordada del cambio de reglas para la selección de magistrados. La iniciativa es un pedido de las cámaras empresarias, como las que se agrupan en el G6.
Para colmo, LPO reveló en exclusiva que Lorenzetti se reunió con Mauricio Macri y pactaron el desplazamiento de Rosatti de la presidencia del máximo tribunal, mientras que el ex presidente especula con limar a Milei con fallos judiciales que lo debiliten políticamente antes de las elecciones de 2027.
En Casa Rosada se activaron las alarmas con la furia de Irurzun porque un operador judicial le habría enviado un mensaje a la legisladora porteña Pilar Ramírez, mano derecha de Karina, para que dé aviso a su jefa sobre el «descuido» de Mahiques. El cierre eventual de la causa sobre la legitimidad de los audios disolvería la única estrategia defensista del gobierno y dejaría el camino allanado para que Picardi profundice la investigación, apuntando a los responsables políticos de la trama.
Esa vulnerabilidad del gobierno podría haber sido el motor de un encuentro secreto entre otro juez poderoso de Comodoro Py y Karina, que estaría empezando a desconfiar del ministro que designó. «Juan vendió que resolvía todo pero se movió solo, eso cayó mal en ‘Py’ y la hipotética liberación de Irurzun de cualquier compromiso por el incumplimiento con él, es el punto ciego que estaría por arrastrar a Karina y los Menem a una profundización de sus problemas judiciales», explicó alguien que conoce al ministro desde hace tiempo.
Esa vulnerabilidad del gobierno podría haber sido el motor de un encuentro secreto entre Lijo y Karina, que estaría empezando a desconfiar del ministro que designó.
Tanto en Comodoro Py como en el Congreso observan que Mahiques actúa con «indolencia» y que habría convencido a los Menem que «dejar caer a Irurzun no tendría costo». Sus detractores cuentan entre las dotaciones del camarista el respaldo de Lijo en los tribunales de Retiro y Lorenzetti en el Palacio Talcahuano, razón por la cual suponen que la jubilación forzada abriría una seguidilla de pedidos de indagatorias contra Karina.
En rigor, Irurzun ya inició una cuenta regresiva que se le agota en menos de 90 días y es una pieza clave para resolver la causa Andis. Un cambio de criterio del juez puede convertir el 2 a 1 a favor del argumento defensista del gobierno en un 1 a 2 en contra, pero incluso se especula con que el voto que acompañó a Irurzun por solidaridad con su situación, el de Boico, también cambie de orientación debido al destrato a su colega.
Como sea, el fallo que permitió hasta ahora discutir la legitimidad de los audios funcionó como un compás de espera de los jueces, atentos a la complejidad del contexto político. Esa pausa puede cortarse con la recepción de los argumentos que propician la nulidad de la causa o como una indicación al fiscal Picardi para que profundice la investigación y que la densidad de los hallazgos desmonten el cuestionamiento de los audios.
El cumpleaños de Irurzun, que marca el deadline de este conflicto, cae justo un día antes de la final del Mundial.
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Conocí la historia de María Magdalena en enero de 2012, cuando volví de mis vacaciones. Llegué a mi casa, abrí mi casilla de correo y allí estaba el mail de Fernanda Mónaco, una psicóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de Tucumán.
Todavía faltaban tres años para el histórico Ni Una Menos, pero ya habían pasado otros tres de la aprobación de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley reconoció por primera vez a la violencia obstétrica como una de las formas de violencia. 2012 también fue el año del fallo conocido como F.A.L, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto de un embarazo producto de cualquier violación no es punible, independientemente de la salud mental de la persona gestante. Para que el aborto sea legal aún nos quedaba casi una década de armar redes, encuentros y luchas.
Un año antes de que me llegara ese mail de Fernanda, yo había empezado a estudiar secreto profesional y denuncias de aborto. En una capacitación sobre el “Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que el ministerio de Salud de la Nación vino a hacer a Tucumán, conocí a las psicólogas del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes (la Maternidad, como le decimos en Tucumán). A propósito de que yo cuestioné que Tucumán fuera una de las dos provincias que no había adherido a la ley 25.673, que asegura el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, se me acercó Silvia Landaburu, la jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad y nos pusimos a charlar sobre confidencialidad, derechos y violencias de género dentro de la estructura hospitalaria.
Esa primera conversación derivó en encuentros con mates en el sexto piso de la Maternidad junto a otras psicólogas que también querían saber cuáles eran los derechos que tenían sus pacientes. Ellas veían situaciones injustas, malos tratos y a veces objeciones de conciencia violentas que estaban naturalizadas en la atención de aborto. Ellas querían saber y yo quería que supieran de los fallos de “Natividad Frías” (un plenario de Cámaras Penales de 1966 que declaró la nulidad de una investigación de aborto iniciada con la denuncia médica) y “Baldivieso” (cuando la Corte Suprema de la Nación anuló una condena de narcotráfico en una causa también iniciada con la violación del secreto médico). Quería contarles de la Recomendación N° 24 de la CEDAW, “La mujer y la salud” (1999) que, entre otras muchas cosas pide “dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” y que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Y, sobre todo, quería que pensemos juntas por qué si había una ley, la 26.529, que reconocía los derechos de las pacientes a la confidencialidad, la intimidad, el trato digno, la información y el respeto por la autonomía, no se estaba cumpliendo con las mujeres que abortaban. Nos juntamos varios viernes, intercambiamos opiniones, risas, pero también angustias: ellas me contaron de las pacientes «fundidas», así les llamaban a las mujeres que llegaban con abortos sépticos, con miedo a ser denunciadas y cómo eso les podía costar la vida. Hablábamos de la angustia de ser pobre, porque las muertas por complicaciones por aborto siempre fueron las pobres. En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Volviendo a aquel enero de 2012, el mail de Fernanda me contaba la historia de una joven de 26 años, con 3 hijos que, al llegar a la Maternidad de Tucumán con dolores abdominales y una ginecorragia, había sido denunciada por las dos médicas que la atendieron: la jefa de Guardia, Claudia Callejas, y la residente Alejandra Berenguer. Además, le habían practicado un legrado sin anestesia, quizás como una forma sanitaria de castigo. Por suerte estaban ahí Fernanda, Daniela y Lourdes, las psicólogas que la atendieron. Ellas hicieron ese mismo día una nota escrita a la Dirección denunciando la violencia obstétrica y como la abogada, Daniela De Francesco, dijo en su dictamen que «era legal» lo que había pasado, ellas le dieron mi contacto porque temían que fuera procesada. Fue muy importante la intervención del Servicio de Salud Mental en este caso para evitar que se silenciaran estas prácticas, no sólo para acercarle un derecho a la paciente.
En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Al día siguiente me contactó ella, María Magdalena. Nos encontramos en mi estudio. Ella estaba aterrada: temía ir presa, temía morir, temía por sus familiares. Como pudo y a borbotones me explicó que ella no sabía que estaba embarazada, que “se cuidaba” y que cuando empezó a sangrar fue con su mamá y su esposo a la Maternidad para que la ayudaran. No comprendía por qué la habían acusado y mucho menos por qué los policías la habían interrogado en la sala de partos. Tampoco comprendía por qué razones le habían dicho, en medio de su legrado, que si moría de una infección su marido “no le llevaría ni flores a la tumba”. No comprendía por qué quienes debían atenderla, la maltrataron.
Tomé su defensa al mes siguiente, en febrero de 2012 y conseguí su absolución recién en septiembre de 2015. Si: ella estuvo procesada por “aborto provocado” en Tucumán, pero no estuvo presa porque, a diferencia de Belén, ella tuvo una abogada feminista.
Por supuesto que María Magdalena no es el nombre real. Elegí llamarla así porque la María Magdalena de la Biblia fue estigmatizada por puta. Quisieron apedrearla y al final de la historia estuvo al pie de la crucifixión de Jesús y hasta se le atribuye un evangelio gnóstico. Es fácil pensar que incomodaba porque era una mujer con poder.
Yo estaba terminando de cursar mi Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flacso y nunca había defendido a una mujer criminalizada por aborto. Podía imaginar que no sería fácil. Lo que no imaginé es que sería tan difícil encontrar justicia para ella.
Junto a mi equipo, denunciamos la violación del secreto profesional y las violencias obstétricas institucionales que sufrió María Magdalena. El Fiscal Arnoldo Suasnábar archivó la causa 2 meses después: sostuvo que “frente a maniobras abortivas es correcto hacer la denuncia” y remató su misoginia con clasismo al afirmar que “en el ámbito público, la relación médico-paciente es no formal”. De esta forma, el racismo judicial desbloqueaba otro nivel de discriminación y daño: el de habilitar que quienes reciben atención médica en sanatorios privados gozaran de todos los derechos que la Ley 26.529 le reconocía a los pacientes, y quienes iban al hospital –esas “menesterosas” de las que en 1966 hablaba el Plenario “Natividad Frías”- no tenían ninguno. Palabras más, palabras menos, el Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Esa decisión del Ministerio Público Fiscal fue confirmada por el Juez de Garantías, la Cámara de Apelaciones Penal —que ya no existe— y la Corte Suprema de Justicia tucumana. Este último Tribunal incluso me mandó a estudiar considerando que la perspectiva de género no decide nada en estos casos, sino que es el derecho penal el que manda. Esa sentencia me hizo saltar las lágrimas porque podía leerse como intertexto: lo que le pasó a María Magdalena no le interesaba a nadie.
El Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Impugné esa decisión judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de febrero de 2020 esta corte ordenó el desarchivo para que se investiguen las violencias de género que había sufrido María Magdalena y que el silencio judicial quería mantener en secreto. Ordenó además que se investigue por violación de secreto profesional y violencias a Claudia Callejas y Alejandra Berenguer.
En el medio conocí a la periodista Mariana Carbajal, quien escribió todas y cada una de las notas que no dejaron morir el caso. También fundamos una ONG feminista, Mujeres X Mujeres, desde donde defendemos los derechos de todas las mujeres, también los de las mujeres que abortan. Y escribí, junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro “Jaque a la Reina” (2014) donde contamos la historia de María Magdalena y revelamos que muchas de las 532 causas de aborto que tenía Tucumán entre 1992 y 2012 eran producto de la violación de la confidencialidad y el secreto profesional, pero ambos estaban naturalizados en casos de emergencias obstétricas. Un libro que, al parecer, nadie leyó, porque sino, Belén no hubiera estado presa ni un día.
El 5 de Abril de 2020, después de 11 años, el fiscal regional de Tucumán Mariano Fernández pidió la elevación a juicio oral de Claudia Callejas por el delito de violación de secreto, y el sobreseimiento de la residente Alejandra Berenguer por considerar que actuó bajo las órdenes de Callejas.
Hoy María Magdalena tiene 40 años y no es la misma. Yo tampoco soy la misma porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ya no me señalan de modo juicioso, ni me tildan de militante y, aunque lo hicieran, lo que antes me despertaba temor, hoy es un motivo de orgullo. Esta es una causa que antes del juicio ya tiene cuatro sentencias de la Corte local. Una clara expresión de las resistencias judiciales para investigar las violencias que denuncian las mujeres. En este contexto, no es un dato menor que esclarecer la verdad en un caso de violencia de género te lleve 14 años de litigio.
María Magdalena fue el principio de mi segunda vida como litigante: antes fui abogada de Bancos y me dedicaba, en un estudio muy reconocido de Tucumán, al derecho privado.
Catorce años después, no sé a ciencia cierta si los operadores de la salud comprenden del todo cómo funciona su obligación de guardar secreto, ni sus compromisos legales y éticos con la intimidad de sus pacientes, porque además del juicio que comienza esta semana, el 13 de mayo próximo defenderé en Tribunales a Eva, una joven de 18 años que fue acusada de “homicidio agravado” luego de un parto en avalancha dentro del Hospital de Famaillá, después de que le diagnosticaran una “lumbalgia” y mientras la medicaban. La duda sobre cuánto de crueldad y cuánto de ignorancia tiene el personal de salud que la denunció y la Fiscalía que le pidió la prisión preventiva siempre está dando vueltas. Cuesta digerir el uso del poder más descarnado, con tanta obscenidad. La Campaña por el Aborto Legal, el Socorrismo, el Niunamenos, la Red de Profesionales y las distintas redes que los feminismos supirmos construir estos últimos años sacaron del closet la decisión de abortar. Porque abortar se abortó siempre, la injusticia es en qué condiciones. Y son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir. Hoy, frente al desguace de los recursos y las políticas, más que nunca.
Son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir.
Lo que si sé y no me deja ninguna duda, es que este 27 de abril existe una oportunidad histórica para que el Poder Judicial de Tucumán cierre un capítulo funesto para las mujeres y condene la denuncia de aborto como lo que verdaderamente es: un delito imperdonable que sólo se comete contra mujeres pobres.
La dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Villa Regina informa que debido a las recientes precipitaciones que se dieron en la región del Alto Valle y por los afluentes río arriba se generó una masa de turbiedad que va a afectar el servicio de agua de la ciudad. Asimismo, se anuncia que el…
En el mismo momento en el que Axel Kicillof asumía la presidencia del Partido Justicialista, Máximo Kirchner estaba de recorrida en Santa Fe. El líder de La Campora por la comuna María Teresa junto al presidente comunal, Gonzalo Goyechea, y la diputada nacional, Florencia Carignano.
En el marco de esa recorrida, el diputado nacional se reunió con dirigentes del kirchnerismo en donde propuso que un 30% de lo que se recaude por retenciones a la soja se reparta entre las provincias que tengan ese cultivo.
Esta iniciativa, en caso de aplicarse, le daría a la provincia de Buenos Aires 120.000 millones de pesos. Sin embargo la idea conspira contra los sectores productivos dado que lo dio en una zona de puertos sojeros, en un escenario en el que el un sector del peronismo busca acercamiento.
De todas formas, el hijo de Cristina logró juntar una importante representación territorial. Entre los dirigentes políticos presentes en la charla de Máximo en Santa Fe se destacaron los diputados nacionales Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano, junto al senador provincial Armando Traferri, en una muestra de fuerte respaldo institucional y territorial.
El diputado nacional se reunió con dirigentes del kirchnerismo en donde propuso que un 30% de lo que se recaude por retenciones a la soja se reparta entre las provincias que tengan ese cultivo.
También participaron referentes provinciales como Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Eduardo Toniolli, Leandro Busatto, Erica Bonfatti, Marilyn Sacnun y Alejandro Ramos, consolidando una amplia representación del peronismo santafesino.
Por parte de las autoridades partidarias del PJ Provincial estuvieron presentes su presidente, Guillermo Cornaglia, y la vicepresidenta María Luz Rioja, quienes acompañaron la actividad junto a intendentes y presidentes comunales de distintos puntos de la provincia.
Entre ellos se encontraban Carlos De Grandis, de Puerto General San Martín; Gonzalo Goyechea, de María Teresa; Martín Calori, de Oliveros; Federico Martello, de Andino; Daniel Cinalli, de Capitán Bermúdez; y María Laura Mozzi, de Mugueta, reforzando el carácter territorial del encuentro.
Máximo dijo que «acostumbrarse otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría».
«Estamos acá para escuchar lo que cada uno desde su experiencia tiene para aportar y para poder, desde las verdades relativas de cada uno y cada una, buscar esa síntesis que saque a la Argentina del lugar donde Milei la lleva cada vez de una manera más acelerada, y que a grandes luces se empieza a ver que es negativa para la gran mayoría», expresó.
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